S:O:S América Latina

Una durísima avanzada fundamentalista se expande sobre América Latina, especialmente América Central, desde hace tres años. Nicaragua, México y República Dominicana son los primeros países en los que los sectores conservadores están logrando minar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada el Parlamento de República Dominicana aprobó, en el marco de un proceso de reforma de la Constitución, un artículo que consagra que ''el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte''. Más de 170 diputados y diputadas le dieron el visto bueno a la propuesta del Poder Ejecutivo, y sólo 30 se opusieron, pero existe aún la posibilidad de que este voto minoritario por el momento se expanda si, en una segunda lectura del proyecto, se logra el apoyo de la mitad del Congreso.

Apostando a que en la segunda instancia la medida pueda ser revertida, se conformó la Coordinación Nacional de Asistencia al Retroceso, que reúne a numerosos sectores de la sociedad civil que en estos días están intentando que sus voces trasciendan las fronteras y así lograr un apoyo que presione sobre el Poder Ejecutivo.

Si bien el aborto está prohibido en todos los casos en República Dominicana –al igual que en El Salvador, Honduras, Chile y Nicaragua-, la consagración del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional sería un antecedente que dificultaría enormemente cualquier intento de apertura en la legislación.

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''. Los proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ya presentaron iniciativas similares en otros siete estados que serán tratadas en los próximos meses. Esta fue la articulada y enérgica respuesta de la derecha política ante la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal de México hace exactamente 2 años (el 24 de abril del 2007).

En Nicaragua, donde el aborto terapéutico estaba permitido desde 1893, la prohibición llegó arropada con el traje del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo campaña para las elecciones nacionales del 2006 incluyendo como una de sus banderas la penalización total del aborto, hasta lograr la reforma del Código Penal en junio de ese año. Una vez en el poder, Daniel Ortega amplió su ofensiva a todas las personas y organizaciones que se opusieran a su gestión, iniciando una persecución que sigue hasta le fecha y que incluye a muchas feministas y organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Por S.CH.

Fuente: Artemisa Noticias

Histórico caso contra el Estado de México en Santiago

El 28 y 29 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en Santiago la última audiencia pública en el caso contra el Estado Mexicano llevado por los familiares de tres jóvenes mujeres que fueron brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez en 2001.

Amnistía Internacional considera que la audiencia ofreció una oportunidad importante a los representantes de las víctimas de demostrar la falta de cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas en prevenir y castigar con eficacia el patrón bien documentado de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez que ha dejado a más de 450 mujeres asesinadas desde 1993, muchas de las cuales fueron secuestradas y violadas.Los cuerpos de dos niñas y una mujer joven, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, fueron descubiertos en un antiguo campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de Noviembre del 2001 junto con los cuerpos de otras jóvenes mujeres. Al menos cinco de las víctimas tenían menos de 18 años de edad. Sus familias habían denunciado su desaparición en 2000 y 2001. Uno de los cuerpos nunca fue correctamente identificado.

En 1993 había comenzado una seguidilla de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. De manera displicente, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, señalando a menudo que “las víctimas tenían la culpa” por los crímenes cometidos en su contra y tratando a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos crímenes fueron llevados a la justicia, lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres.

A pesar de haber identificado a al menos a 177 funcionarios estatales posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos. Las autoridades mexicanas han sostenido que en recientes años se han tomado medidas para enfrentar la violencia contra mujeres en México e investigar con eficacia los asesinatos de mujeres. Sin embargo, el impacto de muchas de las medidas permanece poco claro: las mujeres siguen siendo objeto de violencia en el estado de Chihuahua, y los datos oficiales y las medidas para identificar y procesar a todos los autores siguen siendo insuficientes.Tras cerrar la última audiencia pública del caso este miércoles, la Corte dictaminará si México es responsable de no garantizar varios derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocido como la “Convención de Belém do Pará”. Amnistía Internacional seguirá haciendo campañas por la verdad y la justicia para las familias y para que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua, y en todos los lugares donde se produce.

Fuente: AI Chile