Tras el último revés jurídico en la Contraloría General de la República, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió este martes un proyecto al parlamento para autorizar por ley la entrega gratuita de los anticonceptivos de emergencia por parte del Estado.
Nos parece muy bien que el gobierno insista en este tema y lo lleve al parlamento, aunque nosotros tenemos serias dudas acerca de la votación de los legisladores, comentó a IPS la antropóloga Angélica Wilson, subdirectora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (Cedem).
Para las organizaciones feministas, el hecho de que el Tribunal Constitucional y la Contraloría hayan prohibido la distribución de las llamadas píldoras del día después en los servicios públicos de salud y otras instituciones atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y resulta discriminatorio hacia las de menos recursos que no pueden comprarlas en las farmacias.
Por ello, la mandataria socialista firmó este martes el proyecto de ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, al que le impuso el carácter de "suma urgencia" para que sea discutido en un plazo no mayor a 10 días en cada cámara legislativa.
"Es mi deber asegurar que todas las mujeres de mi país tengan acceso a los mecanismos de anticoncepción aceptados por la comunidad médica mundial. Es mi deber pensar siempre en la equidad, y esto es lo que buscamos con este proyecto de ley", declaró Bachelet. Enfatizó, además, que "el Estado no impone nada a nadie, son las personas las que deciden por sí mismas", agregando que la salud pública sólo "asegura condiciones de equidad en el acceso" a la píldora.
La iniciativa legal establece el derecho a la información sobre todas las alternativas eficaces de regulación de la fertilidad, así como de prevención del embarazo precoz, de las infecciones de transmisión sexual y de la violencia sexual y sus consecuencias. De igual manera, el proyecto señala que hombres y mujeres tienen derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos anticonceptivos a utilizar y, al mismo tiempo, poder acceder efectivamente a ellos.
Además, estipula que los órganos de la administración del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población todos los métodos anticonceptivos disponibles, entre ellos los de emergencia. Las pastillas anticonceptivas de emergencia se toman en dosis especiales dentro de las primeras 120 horas o cinco días después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo. Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación.
La Organización Mundial de la Salud estableció que no son abortivos, ni afectan un embarazo ya iniciado. No obstante, sus detractores, tanto en Chile como en otros países, insisten en lo contrario, postulando su inconstitucionalidad porque atentarían contra el derecho a la vida.
La distribución de estos medicamentos en los servicios públicos de salud fue impulsada por Bachelet pocos meses después de asumir en marzo de 2006 la presidencia de este país con casi 17 millones de habitantes. Pero desde entonces no cesaron los obstáculos. Primero, el Ministerio de Salud dictó las llamadas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, que autorizaban a los consultorios y hospitales a entregar gratuitamente a cualquier adolescente mayor de 14 años cualquier método anticonceptivo, incluyendo los de emergencia, sin tener que contar con la autorización de sus padres, previa consejería. Pero estas normas fueron impugnadas por sectores conservadores, lo que obligó a Bachelet a firmar un decreto supremo para asegurar su aplicación. Sin embargo, 36 parlamentarios derechistas presentaron en marzo de 2007 un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que fue acogido en abril de 2008.
Luego de esta derrota, algunos alcaldes anunciaron que distribuirían la píldora del día después en los municipios y a través de organizaciones no gubernamentales, opción que se diluyó cuando la Contraloría General de la República falló negativamente al respecto este mes. Considerando que la mayoría de la población aprueba la entrega de estos medicamentos, según diversas encuestas, los candidatos presidenciales para las elecciones de diciembre ya dieron a conocer sus posturas sobre este tema.
El postulante de la gobernante y centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), se alineó con la postura de Bachelet. Pero dentro de su propio partido, la Democracia Cristiana, hay visiones disonantes, lo cual podría hacer naufragar el proyecto de ley.
El abanderado de la derechista Coalición por el Cambio, el empresario y ex senador Sebastián Piñera, también coincidió con la idea de que los anticonceptivos de emergencia deben estar a disposición de todas las mujeres, sin importar sus recursos económicos. No obstante, los parlamentarios de su sector que firmaron el recurso ante el TC tienen libertad de acción para votar el proyecto enviado por Bachelet al Congreso legislativo.
Algunos de ellos inclusive acusaron a la mandataria de aprovechamiento político-electoral por esta nueva ofensiva por la píldora. "Resulta increíble que mientras haya gente agonizando y los servicios de urgencia de los hospitales están colapsados, el gobierno hábilmente distraiga a la opinión pública hablando de un tema que hoy no tiene ninguna relevancia", dijo este martes Juan Lobos, diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente.
Los detractores de la píldora ya anunciaron que recurrirán a todas las instancias para impedir que ésta se distribuya gratuitamente en el aparato del Estado y que su objetivo es que la prohibición se extienda a las farmacias.
Por Daniela Estrada
Fuente: IPS
