octubre 01, 2009

Bosnia y Herzegovina: A las mujeres violadas durante la guerra se les siguen negando sus derechos


Esta nación lo olvida todo. Nos olvida a las víctimas. Pero yo nunca olvidaré lo que me sucedió. Sabiha, entrevistada por Amnistía Internacional.

No sé si se puede castigar este delito. ¿Existe acaso la justicia?... A lo mejor en algún otro sitio, pero no aquí, en Bosnia.Bakira, entrevistada por Amnistía Internacional.

Los gobiernos sucesivos de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado justicia a las miles de mujeres y niñas que fueron violadas durante la guerra de 1992 a 1995. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy, 30 de septiembre.

“Durante la guerra, miles de mujeres y niñas fueron violadas a menudo con una brutalidad extrema; muchas fueron recluidas en campos prisión, hoteles y domicilios particulares donde fueron sometidas a explotación sexual. Muchas mujeres y niñas fueron asesinadas. Hasta hoy a las supervivientes de estos crímenes se les ha negado el acceso a la justicia. Los responsables de su sufrimiento –miembros del ejército, la policía y los grupos paramilitares– andan libres. Algunos incluso ocupan cargos de poder o viven en la misma comunidad que sus víctimas”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central.

“El gobierno de Bosnia y Herzegovina tiene la obligación de proporcionar a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y de crímenes contra la humanidad acceso a la justicia y a la reparación plena a la que tienen derecho.”

“Para que esto suceda, las autoridades deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones completas que conduzcan a enjuiciamientos de crímenes de guerra de violencia sexual cometidos en el país. Sin una justicia significativa y una reparación completa y efectiva, las víctimas siguen sufriendo los efectos de estos espantosos crímenes.”

El informe, titulado Whose justice? Bosnia and Herzegovina’s women still waiting, describe los defectos del sistema de justicia del país. También se centra en el hecho de que las autoridades no proporcionan a las mujeres reparación, incluida una indemnización por los delitos cometidos contra ellas y por las violaciones de sus derechos.

“Muchas mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual durante la guerra no consiguen obtener indemnización alguna a causa de las complejas estructuras de los sistemas judicial y de ayuda social del país. En comparación con otras víctimas de guerra, sufren discriminación en el acceso a los beneficios sociales”, ha manifestado Nicola Duckworth. Jasmina, superviviente de la violencia sexual durante la guerra, dijo a Amnistía Internacional: “No puedo dormir sin pastillas. Aún me altero fácilmente cuando alguien menciona la guerra. Una imagen, un recuerdo, un anuncio de televisión, pueden ser la chispa. No lo soporto [...] Necesito ayuda”.

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina no han proporcionado a estas mujeres acceso a ayuda adecuada psicológica o médica, una ayuda que sólo proporcionan organizaciones no gubernamentales con recursos limitados. Una ONG bosnia dijo a Amnistía Internacional que la gran mayoría de las víctimas de crímenes de guerra de violencia sexual no reciben ninguna ayuda psicológica.

Miles de mujeres supervivientes han perdido también a familiares. A muchas les es imposible encontrar o mantener empleos a causa de su estado psicológico. Muchas carecen de una fuente de ingresos estables y viven en la pobreza, sin poder comprar las medicinas que necesitan.

Puesto que la violación sigue siendo un tema tabú, en la mayoría de los casos las mujeres se ven estigmatizadas, en lugar de recibir el reconocimiento y la ayuda fundamental que necesitan para poder rehacer sus vidas.

“Las autoridades deben trabajar con las ONG para elaborar una estrategia global con la que garantizar que las supervivientes reciben reparación, incluidas pensiones adecuadas, ayuda con la acceso al trabajo y el nivel más alto posible de asistencia médica. El gobierno debe ayudar a las supervivientes de crímenes de guerra de violencia sexual, debe darles voz para reclamar sus derechos y para combatir la discriminación y el estigma que sufren a diario”, ha declarado Nicola Duckworth.

Información complementaria Durante la guerra de 1992 a 1995 en Bosnia y Herzegovina, se cometieron violaciones y otros crímenes de violencia sexual en una escala masiva. En 1993 se estableció el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, encargado de enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual. Sin embargo, el Tribunal sólo pudo enjuiciar un número limitado de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante las guerras de la ex Yugoslavia. Hasta julio de 2009, el Tribunal había enjuiciado 18 casos relacionados con la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina.

En 2005 se creó la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, encargada de investigar y enjuiciar los delitos que no podían ser enjuiciados por el Tribunal. Hasta la fecha, sólo se ha condenado a 12 hombres por delitos de violencia sexual.

Ficheros:

Más información

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional,
Telf., 91 310 12 77

Foto: LaTribuna.es
Fuente: AI España

MUJERES-ZIMBABWE: Vírgenes para aplacar malos espíritus

El ritual de la etnia shona destinado a apaciguar a un espíritu vengativo entregando niñas o jóvenes vírgenes a la familia de la víctima de un crimen es una práctica generalizada en Zimbabwe.

Cinco niñas y adolescentes del valle de Honde, vecino de esta oriental ciudad zimbabuense, fueron obligadas a casarse y mantener relaciones sexuales con adultos para expiar un delito cometido por familiares suyos. Felicitas Nyakama, Nesta Maromo, Juliet Muranganwa, Precious Maboreke y Perseverance Ndarangwa fueron entregadas en 1999, cuando tenían entre siete y 15 años de edad, a la familia de Gibson Kupemba, que había sido asesinado por familiares de las niñas.
El crimen tuvo el propósito de preparar "muti", una poción de la medicina tradicional que a veces incluye entre sus ingredientes partes del cuerpo humano. Las adolescentes abandonaron la escuela, son esposas y madres y llevan una vida empobrecida, vendiendo verduras para contribuir al ingreso de su nueva familia.
El ritual shona obliga a la familia del homicida a calmar el espíritu del muerto con vírgenes, que pueden ser de hasta seis años, y que deben mudarse con los parientes de la víctima sin importar su edad. Al llegar a la adolescencia las casan con los varones de su nueva familia.
El nieto de Kupemba dijo que su abuelo se le apareció en sueños y le reclamó una virgen por cada uno de los asesinos. Según él, las niñas no fueron obligadas, fue su propia decisión salvar a sus familiares del mal espíritu. "Vienen a confesar por voluntad propia. Cada niña debe ir acompañada de 22 cabezas de ganado", señaló el nieto de Kupemba, de 28 años, quien se casó con Precious Maboreke en 1999, cuando tenía 15.
La pareja ahora tiene tres hijos.
La familia de Kupemba ya recibió a cinco adolescentes, pero el nieto del asesinado reclama 12 vírgenes más para vengar la muerte de su abuelo. Entregar niñas y adolescentes es un delito contemplado en la ley de violencia doméstica, pero es una práctica generalizada en todo el país y nunca se ha procesado a nadie por ello.
La saga de las cinco adolescentes comenzó en 1995, cuando Kupemba fue asesinado por cuatro hombres dueños de una tienda de alimentos, con ayuda de otras 13 personas. Su cuerpo mutilado y descompuesto fue encontrado en el lecho de un río seco. Poco tiempo después, varios miembros de la comunidad dijeron que el espíritu de Kupemba comenzó a provocar enfermedades y muertes, lo que llevó a algunos de los implicados a confesar.
Los tenderos reconocieron haber mutilado sus partes íntimas, dedos, lengua y un mechón de pelo para preparar una posición que mejoraría sus negocios. No hubo ninguna detención pese a las confesiones.
Los parientes de Kupemba sostienen que los asesinos compraron el silencio de la policía. A partir de 1999, los implicados entregaron las primeras cinco vírgenes a la familia de Kupemba para aplacar su espíritu. Pero el proceso se interrumpió en 2006, cuando la organización de defensa de los derechos infantiles Girl Child Network (Red de niñas: GCN, por sus siglas en inglés) presionó a la policía y al Departamento de Bienestar Social para que investigaran el asunto y devolvieran las jóvenes a sus familias.
Las investigaciones se interrumpieron poco después, cuando el jefe tribal del valle de Honde, Samanda, decidió ponerles fin porque las familias de los implicados lo acusaban de no permitirles resolver sus asuntos domésticos. "En esta zona, todo el mundo está convencido de que el problema sólo puede solucionarse con la entrega de niñas vírgenes. Fui el único que se opuso a la práctica.
Las familias decían que estaba entorpeciendo su intento de solucionar las transgresiones", dijo Samanda a IPS. Finalmente, la policía, que había rescatado a cuatro de las niñas, puestas bajo custodia de GCN, ordenó devolverlas a sus familias y éstas volvieron a entregarlas a los Kupemba. Sólo Anna Ndarangwa, madre de una de las jóvenes, dijo que trató de salvar a su hija del ritual. "Tuve una dura pelea con los Kupemba", relató, pero no logró que se la devolvieran. Ndarangwa cree que a las niñas les "lavaron el cerebro" para convencerlas de que la salud y el bienestar de sus familias dependían de su sacrificio. "No quiero que mi hija pague por un delito que no cometió. Moriré peleando por ella", aseguró. Temerosas de la prensa, ninguna de las jóvenes aceptó hablar con IPS.
Por Nyarai Kachere
Fuente: IPS

La Procuradora Delegada para la Mujer: ¿juez y parte en el caso de la Clínica de la Mujer en Medellín?

Después de la tempestad creada alrededor de la construcción de la Clínica de la Mujer en Medellín no vino la calma. Quedaron los sermones de los curas los domingos en contra del centro de salud y la pregunta sobre la imparcialidad de la Procuraduría en este caso, y en particular la de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

A raíz de las protestas de la Iglesia, del diario El Colombiano y de grupos organizados en contra del aborto, la delegada Ilva Myriam Hoyos se reunió en Medellín con el alcalde Alonso Salazar y creó mediante una resolución un Grupo Especial de Trabajo para “hacerle seguimiento y acompañamiento permanente en las diferentes fases o etapas del proyecto Clínica de la Mujer de la ciudad de Medellín”.

Este tipo de intervención está permitida por la ley, pero no es usual que la Procuraduría, y más la de la Mujer, decida hacer un control preventivo de los planes y presupuestos de construcción de una clínica.

Entre las consideraciones para justificar esta intervención, la Procuradora Delegada dice en la resolución “que la Procuraduría General de la Nación ha tenido conocimiento por informes de ciudadanos y de algunos medios de comunicación sobre la creación y la puesta en funcionamiento de la Clínica de la Mujer por parte de la Alcaldía de Medellín”, y que en dichas comunicaciones “se hace referencia a que la Clínica será destinada para la práctica de abortos y que el proyecto carece de las garantías de salud y bienestar para las mujeres. Así mismo, los ciudadanos cuestionan la utilización que se dará a los recursos presupuestales que se han autorizado para la creación de la Clínica de la Mujer.”

Los grupos anti-aborto y la Iglesia sacaron a la gente en Medellín a marchar contra la construcción de la clínica, a la que caricaturizaron como "la clínica de abortos".

La reacción de estos sectores fue tan fuerte que Alonso Salazar, un acérrimo defensor de esta clínica, decidió ceder a la presión y ordenar que los abortos fueran realizados por el Hospital de Medellín y no por la Clínica de la Mujer.

Lo debatible de su intervernción es que los líderes de esos “ciudadanos” que menciona la procuradora Hoyos son personas con las que ella ha trabajado en el pasado. La campaña de cuestionamiento fue liderada por Beatriz Campillo desde su blog 'Ciencias Políticas, Bioética y Bioderecho' y por 'Esto es Conmigo'.

Según aparece en el perfil de su blog, Campillo es una estudiante de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Bolivariana, miembro de Antioquia Pro Vida y colaboradora de la Red Futuro Colombia, que es la coalición contra el aborto que presidía Hoyos antes de ser nombrada procuradura delegada.

La organización Esto es Conmigo que recogió firmas en contra de la clínica, promovió en el 2008 públicamente la candidatura de Ilva Myriam cuando su nombre fue incluido por el presidente Uribe en una de las ternas para elegir magistrado en la Corte Constitucional.

¿Es válido que la Procuradora intervenga invocando denuncias de grupos de la sociedad civil que en el pasado han trabajado con ella en su cruzada contra la despenalización del aborto? ¿Existe un conflicto de intereses?

La Silla Vacía trató varias veces de comunicarse con Hoyos pero no lo logró porque ella estaba de viaje. En la Procuraduría en Medellín dijeron que no estaban autorizadas para hablar.

Sin embargo, sin dar el nombre, defendieron la intervención de Hoyos con dos argumentos: que dentro de las funciones de la Procuraduría está hacer este tipo de seguimientos. Aunque no lo han hecho a otras clínicas si han vigilado otro tipo de procesos. Y segundo, que la procuradora Hoyos no forma parte del comité de seguimiento. Éste está integrado por miembros de la procuraduría de Medellín y representantes de otras entidades.

Los antecedentes

La Clínica de la Mujer - que comenzará a operar en 2011 - arrancó como un proyecto de la Alcaldía de Medellín y varias organizaciones privadas, para el cuidado integral de la salud de las mujeres. La polémica empezó después de que trascendiera que en ese centro de salud se practicarían abortos.

La Iglesia Católica y grupos - como la organización Pro Vida que lidera Campillo - alegaron que era inadmisible que un centro asistencial financiado por la administración, a un costo de 17.000 millones de pesos, se dedicara a “separar a la mujer de la maternidad”.

Del otro lado, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo de instituciones que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, defendió que se trataba de una clínica “con enfoque de género que trabajará la salud sexual y reproductiva, la salud mental y la violencia de género”. Además, reivindicó la sentencia de la Corte que en el 2006 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos concretos: violencia sexual e incesto, riesgo para la vida o la salud de las mujeres e inviabilidad del feto.

Dando cumplimiento a la sentencia, el Ministerio de Protección incluyó la interrupción voluntaria del embarazo en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y reguló la objeción de conciencia, entre otros. Y, lo más importante, ordenó a los municipios, los departamentos y las Empresas Promotoras de Salud (EPS), garantizar el servicio.

Es en este contexto en el que se decidió la construcción de la Clínica de la Mujer. Sin embargo, por cuenta de las presiones, el alcalde Salazar cambió su posición inicial y en un comunicado manifestó que allí no se practicarían abortos, y que éstos se harán a través de la red pública y privada de la ciudad. Además, le aceptó la renuncia a sus secretarias de Salud y de Igualdad, quienes habían estado al frente de este proyecto.

“La intervención de la Procuraduría, con todo el derecho que le asiste para hacerlo, por el momento en que lo hizo y por la manera como lo hizo sumó en contra”, dijo Rocío Pineda, la ex secretaria de Igualdad de la Alcaldía. “El proyecto se hizo con toda la transparencia y fue concebido dentro del marco de una política pública de salud. Ahora se entregó esta política pública a la Iglesia Católica”.

Fuente: lasillavacia.com

Videos de la Ciudad de las Diosas

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