Mata, mata a esa chola

“La que está con huaraca, la que está con huaraca, mata, mata, mátala a la chola de mierda” (1), gritan reiteradas veces un grupo de policías que intentan detener la toma del aeropuerto de Juliaca por un grupo de pobladores en su mayoría venidos de la provincia de Azángaro. Habían llegado a esa localidad para protestar por la contaminación de la cuenca del río Ramis, un problema que viene arrastrándose desde hace más de 10 años y que, pese a las continuas demandas de la población azangarina, no ha tenido respuesta. “Mata, a la chola, mata a la chola” sigue ordenando el que parecería ser el oficial de la DINOES.

Dice el diario La Primera que los policías habrían recibido la orden de matar si se intentaba ingresar al aeropuerto (2) lo cual de hecho hicieron, muriendo seis personas en este enfrentamiento. En otro video podemos escuchar claramente a otro policía ordenar “métele bala en la cabeza” (3), como corroborando lo afirmado por el diario.

Pero nos preguntamos: ¿Por qué en este caso se priorizaba matar a la chola? ¿Qué miedos ancestrales se les movilizaron a los policías? ¿Temerían acaso la furia de la mujer guerrera? Quizá vieron en la mujer indígena con huaraca en mano ― el arma letal según el ministro del Interior ― a su antecesora, Mamá Huaco, que con su experticia en el manejo de la boleadora les abriría el pecho para extirparles el bofe como cuentan los cronistas.

No creo que los policías tengan referencias sobre el rol que han tenido desde el inicio de los tiempos las mujeres indígenas, especialmente de Puno y Cusco, en las luchas por la liberación de sus pueblos, por mejorar las condiciones de vida, por vivir, sobrevivir, por tener derechos o también en la conquista. Lo que se expresa en esta intención de matar a la “chola” primero es el profundo racismo y sexismo que está impregnado en los servidores públicos y en las instituciones del Estado. No podemos dejar de retraernos a los tiempos del conflicto armado interno en donde el apelativo despectivo de chola, india, ignorante o sucia estuvo presente en las torturas y violaciones sexuales a las mujeres. Han pasado muchos años desde que terminó el conflicto armado interno y no ha desaparecido esta pulsión tanática que se activa frente a las mujeres que desafían el orden de género instaurado, rompen con el mandato social para ellas y no se quedan en su casa o usando su huaraca en el pastoreo de sus animales, sino en la protesta pública. Es que, como lo señala Gabriela Castellanos, el sexismo es aquel “complejo sistema de ideas, discursos y actitudes que hacen más fácil, ideológica y jurídicamente hablando, matar a una mujer que matar a un hombre, negarle sus derechos a ella que a él (cuando ella y él están en igualdad de condiciones de clase y de raza).” (4)

Doña Petronila Coa Huanta fue la única mujer dentro de los seis muertos en estos enfrentamientos. Cuando salió de su casa, seguramente no pensó que dejaría en la lucha por vivir su propia vida. Salió para volver a gritar con los miles de otros pobladores y pobladoras que su agua seguía contaminada, que sus animales morían, que ellas también estaban enfermando. Y es que el río Grande (Río Carabaya), que nace en el distrito de Ananea, sigue su recorrido para convertirse en el Azángaro y al encontrarse con el Ayaviri forma el Ramis, que llega finalmente al Lago Titicaca, está contaminado por los relaves que vienen de las minas informales de arriba desde los campamentos de La Rinconada, Cerro Lunar y Ancoccala. Los sólidos en suspensión que llegan a la cuenca del Río Ramis generan la turbidez del agua, impidiendo que los rayos solares lleguen al fondo del río e imposibilitando el desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas.

Ya en los ríos no hay sapos ni ranas que regulen la agricultura y anuncien la llegada de la lluvia, la mejor buena nueva para las y los agricultores, no, no tienen cómo vivir en esas aguas. La reducción de las posibilidades de vivir de lo que producen o de la crianza de los animales implicará que las familias campesinas tengan que buscar otras salidas, generalmente asociadas a la migración del hombre a las capitales de provincia o fuera de la región. Serán las mujeres las que deberán quedarse a cargo de la tierra y de los animales, lo que hace que ellas sientan con más intensidad los efectos de esta contaminación, frente a la posibilidad de que todo lo que conocen y que forma parte de su mundo sea desestructurado. En sus testimonios, ellas hablan de múltiples enfermedades que están sufriendo los niños y niñas, y la palabra cáncer como un fantasma se yergue permanentemente en sus relatos, evidenciando el temor que tienen ante el impacto de la contaminación en sus vidas. Si tomamos en cuenta lo que señala Carmen Feijoo en relación a que en poblaciones populares pobres las dimensiones subjetivas de la pobreza, si bien no son la causa de la misma, “con frecuencia éstas actúan como factores que profundizan y empeoran las condiciones objetivas de vida”, (5) podremos imaginar la angustia que viven las mujeres indígenas campesinas de Azángaro.

La pobreza que se acrecienta con la contaminación se convierte en un círculo vicioso, pues algunas familias terminan viendo como salida irse arriba al cerro de donde baja la contaminación para sobrevivir. Allí llegan a otro círculo del infierno, especialmente para las mujeres. “Soy María y trabajo en el “pallaqueo” en la Mina de La Rinconada. Llegué aquí hace 10 años. Nos vinimos con mi esposo y mis tres hijos desde Azángaro porque no había mucha cosecha en nuestra chacra y mi esposo ganaba muy poco trabajando como triciclero. Teníamos muchas necesidades.” (6)

Pallaquear viene de pallay, que en quechua significa elegir, escoger, y es lo que hacen en las peores condiciones las mujeres acompañadas muchas veces de sus hijos e hijas pequeños y de algunos hombres que ya no pueden entrar a los socavones en el caso de La Rinconada. Las mujeres, que por el mito existente no pueden entrar a las minas, pues dicen que ahuyentan los minerales, recogen el desmonte del minado, lo lavan y lo muelen en batanes, usando grandes cantidades de mercurio, y ahí en el mercurio, en el frío implacable, en los derrumbes o en la molienda, van dejando la vida, como Felicia Ccama Quispe y Francisca Mamani Madani en marzo del 2007. Sólo una pequeña nota en la prensa daba cuenta de estas muertes, pues esas son vidas y muertes que apenas cuentan en el país, ya que ellas, al igual que Petronila Coa Huanta, son las mujeres invisibles, que no merecen ser noticia. Estas tres mujeres encontradas en la pobreza y en la muerte, que no podrán ya hablar y que quizá nunca pudieron escribir para enviarnos un mensaje que ayude a conocer y entender lo que están viviendo, son un reflejo de lo que viven miles y miles de mujeres en Puno, cuyas historias, vivencias, cuyos dolores y luchas apenas conocemos.

En estos tiempos en que los sucesos de Puno se discuten tan asiduamente en la prensa en Lima y en que se intenta posicionar imágenes de los sectores de la población movilizados, aymaras y quechuas, como violentistas, bárbaros, promotores del retraso, ciudadanos y ciudadanas de menor jerarquía y prescindibles, por lo que es más fácil decidir apuntar el arma y disparar, vale detenernos y acercarnos a conocer estas realidades, lo que viven, temen y proponen, conocer la historia de un pueblo que desde hace más de un siglo envía a Lima mensajeros con sus memoriales para contar lo que les pasa y exigir la atención de las autoridades.

“Soy un desgraciado, soy el presidente del Perú y no puedo comprender a mis conciudadanos,” dijo Eduardo López Romaña cuando los mensajeros de Santa Rosa se presentaron ante él, hablándole en aymara allá por 1901. (7) Luego de un siglo, la incomprensión y la falta de respuesta a las demandas y múltiples problemáticas de Puno continúan, sólo que a diferencia de ese tiempo, el presidente actual ya no se lamenta de no comprenderlos. Al contrario, para él, son parte de los que considera despectivamente los perros del hortelano.

¿Cuántas muertes más de hombres y mujeres agricultores que ven cómo se deteriora su tierra y mueren sus animales, y de hombres y mujeres que van dejando su vida en el duro trabajo que realizan en la minería informal sin derechos, sin garantías de ningún tipo, tendremos que contar para que realmente se atiendan las problemáticas de Puno?

Finalmente cabe preguntarnos qué clase de formación se está dando a quienes son los encargados de protegernos, cuando tan fácilmente pueden ordenar “matar cholas”. ¿Podremos sentirnos seguras las mujeres al escuchar estas expresiones y ver que se aplican?

Notas:

1. “Enfrentamiento en el aeropuerto de Juliaca”.http://www.youtube.com/watch?v=1PSs73X70aY&feature=player_embedded#at=95

2. “Policía tenía órdenes de matar a manifestantes”, La Primera, 28 de junio del 2011.http://diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=89216#.TgnvE...

3. “Masacre policial de DINOES en Juliaca nº 2”.http://www.youtube.com/watch?v=IkRgBFZpPcs&feature=related

4. Gabriela Castellanos, “Aproximaciones a la articulación entre el sexismo y el racismo”, Nómadas No 6, Género: balance y discursos, abril de 1997, Medellín, Colombia.

5. Citada en De la Paz López, María y Salles, Vania (coord.), Conceptos y caracterizaciones: antecedentes para la acción, INDESOL / COLMEX / UNIFEM, Mexico, 1998.

6. Testimonios de mujeres pallaqueras de La Rinconada.http://larinconada.awardspace.com/testimonios.htm

7. Citado en José Luis Renique, La Batalla por Puno, IEP / CEPES, 2004.

Por Rosa Montalvo Reinoso

madamrosa1@gmail.com

Noticias Ser Perú

La Ciudad de las Diosas

Educación ambiental, género y biodiversidad: una fusión dinámica y multidimensional hacia la sostenibilidad

Te proponemos este texto que apunta líneas interesantes de reflexión para la educación ambiental con perspectiva de género.

La autora ha realizado una investigación para la clarificación de los criterios y el reconocimiento de las diferencias de género en cuanto a los saberes y prácticas relacionadas con los recursos de la biodiversidad y su manejo en zonas de sierra y selva del Perú, así como su contribución a la seguridad alimentaria, partiendo de la existencia de conocimientos, experiencias, contenidos y necesidades específicas y diferenciadas de mujeres y hombres, así como de relaciones diferenciadas entre unas y otros.

Cada vez se siente con mayor vigor y claridad la necesidad de que los conceptos de género y ambiente se acerquen, tanto desde planteamientos teóricos como prácticos, debido a sus implicaciones para la sostenibilidad y el futuro de nuestros pueblos. Cada concepto ha tenido su propia construcción pero sin duda tanto el género como el ambiente tienen bases sistémicas y se relacionan mutuamente. En el enfoque de género predominan los análisis sistémicos acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y las consecuencias que de ellas se derivan para la sociedad y el desarrollo. En los estudios ambientales predominan los análisis sistémicos acerca de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y las consecuencias que de ellas se derivan para el desarrollo humano y para la conservación y buen uso de la naturaleza.

Por lo tanto, para el mejoramiento ambiental, para la buena gestión de los recursos naturales, es clave que las relaciones internas en la sociedad, que se caracterizan notablemente por las relaciones y los roles de género, sean equitativas y apropiadas de modo que esta sociedad actúe a su vez de manera consecuente con la naturaleza. Y, por obvias razones, para que exista una mejor situación en las relaciones y roles de género, se requieren bases sociales y naturales que permitan un verdadero desarrollo con equidad.

Por Eloísa Tréllez Solís

Fuente: Educando en Igualdad

Un pueblo a punto de violentarse por una mujer

Se llama Evic Julián Estrada. Ha sido electa por su pueblo como presidenta municipal de San Juan Lalana, un municipio indígena del estado de Oaxaca, a unos 600 kilómetros al sur

de la capital mexicana.

Evic recibió el primero de enero de 2011 el Bastón de Mando, el más simbólico y trascendente símbolo en los pueblos indígenas del poder de representación de la comunidad, y actualmente ella está en el local de la presidencia municipal, pese a que los tribunales electorales, por razones no claras e ilegales, le revocaron el mandato.

San Juan Lalana, donde conviven indígenas Chinantecos, Mixes y Zapotecas, es considerado un municipio de alta marginalidad, cuenta con más de 15.000 habitantes y más de 6.000 con derecho a decidir sus autoridades. Ese pueblo está en rebeldía, contra de las instituciones que no aceptan la decisión mayoritaria, y hay tensión y barruntos de violencia.

Hace cinco meses que Evic recorre las oficinas, levanta actas, hace gestiones, muestra cómo se votó a su favor, enseña los documentos que en dos ocasiones la reconocieron como elegida legalmente y, sin embargo, resume a SEMlac: "no me quieren los caciques, por ser mujer, abogada, tener 30 años y estar fuera de los intereses económicos y de partido".

Todo comenzó en diciembre de 2010, cuando en San Pedro Tres Arroyos, de donde es originaria, los Principales del pueblo --hombres que ya fueron autoridad, ancianos y propietarios-- deciden pedirle que sea su representante ante las anunciadas elecciones, conocidas como "de usos y costumbres" porque se hacen a la forma tradicional.

Enseguida reaccionaron quienes siempre se impusieron a las autoridades, contrarios a una mujer. "Dijeron que quiero ser autoridad porque no sé hacer tortillas", cuenta Evic. Incluso pretendieron que no participara porque es costumbre en los pueblos que las mujeres no intervengan en política, agrega. Entonces el tribunal electoral dijo que ella sí tenía derecho.

Ese derecho, sustentado en la Constitución, lo defienden 10 organizaciones de mujeres, coordinadoras feministas y asociaciones, incluida la denominada CIARENA, A.C., que trabaja a favor de las mujeres y se ubica en aquellas comunidades donde ellas "han empezado a saber que son iguales que los hombres y quieren participar y desarrollarse", comenta Evic.

Pueblo de alta marginalidad

¿Qué hay detrás de este obstáculo? La cuestión es sencilla: se trata de dinero y poder, dice la joven pasante de derecho que pudo terminar sus estudios gracias a que dos de sus hermanas que emigraron a Estados Unidos le enviaron recursos; a sus padres, que se ocuparon de enviarla a la escuela y a su trabajo de más de tres años en diversas labores en la capital de Oaxaca para poder ser universitaria.

Pero no sólo se trata, como dice el comunicado de las asociaciones, de un acto claro de discriminación femenina. Otro ingrediente es que, en San Juan Lalana, un diputado del Partido Acción Nacional, antes militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Lorenzo, y el ex diputado y funcionario Reyes Lázaro siempre tuvieron el control de un pueblo de indígenas dedicado a la ganadería, al cual destina el gobierno federal 40 millones de pesos mexicanos anuales -tres millones 500.000 dólares--, además de los cuantiosos recursos que envían a sus familias quienes viven en Estados Unidos.

Ambos personajes se benefician hace años del control de esos recursos y, según cuenta Evic, "no invierten en las mejoras del pueblo y de la gente", y están acostumbrados a imponer a las autoridades municipales.

Evic es inteligente y audaz. Explica con claridad que en su pueblo, durante años, a pesar de los recursos del gobierno federal y ante la situación de pobreza, se reciben ayudas de fundaciones internacionales y nacionales.

Sin embargo, no existe un solo hospital, las mujeres mueren de parto y no hay caminos. Apenas disponen de unas escuelas primarias que se llaman incompletas --varios grados en un único salón, con un solo maestro--, cinco telesecundarias --sin plantel y con clases por televisión-- y tres bachilleratos.

Tampoco hay trabajo y el aislamiento hace a los indígenas presa de intereses de unos cuantos. Hay mucha migración, precisamente por falta de oportunidades.

Eso explica que "en las primeras elecciones, casi fiesta democrática, donde se creía que las cosas iban a cambiar, no podían aceptarlo", apunta Evic.

El entramado jurídico

En Oaxaca, distante de la capital y sin carreteras, se ubica casi la cuarta parte de los municipios del país. Es una región mayoritariamente indígena, con 570 municipios, de los cuales en 418 eligen a sus autoridades en forma tradicional, lo que se conoce como "por usos y costumbres".

Allí lo que vale es la palabra y la decisión de la mayoría de personas, encargadas de designar a sus autoridades en una asamblea, que es vigilada por las autoridades y validada por los tribunales electorales. De la asamblea se guarda la memoria colectiva.

Evic fue elegida por su comunidad para competir con ocho pre candidatos. "Durante varios meses se discutió cómo se harían las elecciones, en la etapa de conciliación", cuenta a SEMlac.

Luego, cuando los caciques intentaron violar la ley y pretendieron hacer elecciones en las urnas, el 26 de diciembre de 2010 se hizo una asamblea con 3.000 personas mayores de 18 años, de 35 comunidades.

Evic recibió, voto por voto dicho en voz alta y rayado en un pizarrón, 2.211 votos. Su contrincante más cercano, Salvador Enríquez, apenas sumó 826. De modo que ella ganó.

La madrugada del 31 de diciembre los tribunales le revocaron el mandato, señalando que hubo "irregularidades" y que un grupo de personas se inconformó. En solo 24 horas tomaron la decisión.

Se obligó a la comunidad a repetir el procedimiento, esta vez con otro candidato contrario, Celestino Pérez Cardoza. No hubo una asamblea, como la de diciembre y como dicta la ley, sino nueve.

Se dividió a los votantes "para controlarlos", se amenazó a los participantes con quitarles sus tierras, expulsarlos de su comunidad, ponerles multas; todo ilegal, fuera de la Ley de Usos y Costumbres, asegura la joven antes elegida.

Tampoco hubo notarios en las asambleas, ni se perforaron las credenciales o las actas de nacimiento. Se abultó la votación y Cardoza tuvo mayoría. Evic asegura que con "esta maniobra", la quieren eliminar.

"Usaron el miedo, lo que siempre hicieron, y controlaron por años a nuestro pueblo", afirma. Ahora Evic pide a los tribunales que resuelvan. Se han tardado ocho semanas, no 24 horas como cuando "a mi me recovaron", dice, y por ello crece la tensión.

Según el comunicado de las feministas, cuando los pueblos están emprendiendo un camino hacia la igualdad, es absurdo que sean las instituciones gubernamentales, los órganos electorales, los que obstaculicen este avance.

El caso de Evic Julián, agregan, no es aislado, y remite a otros ocurridos este año, como los casos de Telma Chávez, Antonia Guzmán, Soledad Blas y Evitelia Pacheco., que también vivieron acciones discriminatorias en el proceso electoral.

Las feministas piden a los tribunales actuar conforme a la ley. Estos grupos firmantes son la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, la asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, CIARENA, Equidad y Género, Ciudadanía, Familia y Trabajo; Gener@ndo- Equidad y Libertad en Colectivo y Mujeres en Plural, más 14 personalidades.

Las firmantes especifican que de los 418 municipios que eligen de modo tradicional en Oaxaca, dos son gobernados ya por una mujer, para el 0,48 por ciento. En general, en la entidad hay 15 presidentas municipales, o sea, sólo 2,6 por ciento del total de esos cargos, lo que muestra la enorme brecha de desigualdad frente a una población donde 54 por ciento son mujeres y un millón 800.000 mayores de 20 años.

"Lo que toca ahora es un largo camino, el del derecho y la igualdad", dice Evic, quien pretende devolver algo al pueblo que le permitió ir a la escuela, y en el que ha sido instructora alfabetizadora, ayudante en asuntos jurídicos, impulsora de CIARENA y de las mujeres del pueblo, quienes están solas, a cargo de sus familias, porque sus maridos están en Estados Unidos.

Ese pueblo donde ella apenas estudió hasta el quinto de primaria, y del que salió un día, para volver en 2006, a trabajar.

Dice que ha tocado todas las puertas oficiales, todas las instancias, mientras a quien se hizo ganar por "mañas y malos caminos", ya el gobierno le dio los recursos. Sin embargo "anda a salto de mata porque el pueblo no lo quiere", sostiene. Lo que sigue, insiste, es que el tribunal decida, por eso los grupos que la apoyan, piden que decida en legalidad.

El gobierno estatal no ha querido intervenir. Lo grave es que puede haber violencia y "no sé si ese gobierno quiere más muertos en Oaxaca", se pregunta. Se refiere al gobierno presidido por Gabino Cué, quien llegó hace apenas un año al poder, por una coalición distinta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el viejo partido de Estado que en Oaxaca tuvo por decenas de años el poder completo.

Ahora quiere seguir controlando desde los pueblos. Nada más contrario a la democracia, dicen las feministas que firman el comunicado, muchas de ellas activistas por los derechos políticos de las mujeres y ex diputadas y funcionarias de la oposición.

Por Sara Lovera.

Fuente: Semlac