agosto 31, 2013

Chile. Derechos de la Mujer Migrante


En Chile, índices macroeconómicos altos y estabilidad política son factores que atraen inversiones y expanden el mercado de trabajo, aunque lo segundo en condiciones no necesariamente óptimas. Mujeres y hombres atraviesan fronteras en busca de oportunidades que escasean en sus lugares de origen. En décadas recientes se ha incrementado la migración masiva de mujeres en busca de trabajo, confirmando una suerte de ‘feminización de las migraciones’.

Durante los últimos cinco años en Chile no sólo ha ido en aumento la cifra de inmigrantes extranjeros; también se ha diversificado su origen. En la actualidad se estima la población total de inmigrantes en cerca de 400.000 personas. En la última década la cifra absoluta casi se duplicó, al pasar de 184.464 personas en 2002, a 339.536 en 2012, según datos desagregados del Censo 2012. La población de origen peruana continúa encabezando el ranking de nacionalidades, con más de 103.624 personas; pero ya no llegan trabajadores migrantes de países fronterizos como Bolivia (25.151) o Argentina (57.019), sino que hay se suma una presencia equivalente de colombianos (27.411), ecuatorianos (16.357) y dominicanos en el país. Aunque el peso relativo de cada una de esas nacionalidades se mantiene por debajo del de la migración peruana, su tasa de crecimiento es importante.

Otro dato de interés proviene del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Las visas sujetas a contrato hasta finales de octubre 2012 fueron lideradas por peruanos (50%), seguidos por colombianos (22,6%), y luego por dominicanos (7%). Sin embargo, aún es mayor la cantidad de chilenos viviendo fuera del país, con un pico del éxodo generado por la dictadura militar durante los años 70 y 80.

En el caso de la migración femenina, en la primera mitad del siglo XX su presencia era poco visible, al llegar como esposa, hija o familiar. Esto significó que durante muchos años la migración fuera considerada como un fenómeno esencialmente masculino, compuesta por hombres que iban a buscar trabajos solos o acompañados de sus familias. Ese paradigma cambió. La precarización del núcleo familiar, el aumento de la jefatura femenina de hogar, la violencia doméstica y la búsqueda de autonomía, son factores sociales que pesan en la decisión de emigrar de las mujeres.

Existen en la Región otras razones que no deben ser soslayadas. Están los desplazamientos en respuesta al conflicto armado y violencia política, como los producidos en Colombia, a los cuales en México se suma el femicidio. Las catástrofes naturales también han golpeado de manera particular la vida de las mujeres. Todas estas se convierten en poderosas razones para emigrar hacia otras latitudes.

¿Migrantes emancipadas o postergadas?

Hoy en Chile las mujeres constituyen un 52% de la población inmigrante, según consigna el Instituto de la Mujer. Esta cifra puede aumentar, como en el caso de las peruanas, que representan el 60,2% del total de migrantes de ese país. Carolina Stefoni, directora del departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y editora del libro Mujeres inmigrantes en Chile. ¿Mano de obra o trabajadoras con derechos? (2011), indica que se habla de feminización de la inmigración cuando se constatan dos factores. Por un lado, el aumento de la migración femenina, que produce una visibilización de la mujer en las estadísticas. Por otro lado, el rol de las mujeres en el proceso migratorio. “Dejan de ser acompañante, si es que alguna vez lo fueron, y se las ve hoy día como mujeres trabajadoras. Eso las pone en un estatus a la par del hombre”, sostiene. A veces su rol es protagónico, continúa la académica, ya que algunas mujeres inician su proyecto migratorio solas; otras lo hacen con parte de sus familias, donde llega ella primero y después el marido, los hijos o la pareja.

A este nuevo escenario, la abogada Helena Olea, profesora de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, añade una serie de cambios que se han producido respecto de la migración en sí misma. Estábamos acostumbrados a nivel global a pensar en fenómenos de migración circular, interna o internacional, y en ese contexto era el hombre que iba a trabajar afuera y regresaba, indica la experta. Las mujeres se quedaban en el país de origen y era sólo la cabeza masculina del hogar quien salía. Esos flujos cambiaron dramáticamente sobre todo cuando se hizo más estricto el control fronterizo, precisa la experta. “Hoy día tanto hombres como mujeres jóvenes resuelven migrar en busca de nuevos horizontes, siendo habitualmente los más inteligentes, con más recursos y posibilidades de buscar alternativas fuera de su país”, señala.

Paralelo a eso, hay otro sector de mujeres de 30, 40 a 50 años con familia que comienzan un proceso migratorio solas, dejando a sus hijos, si son pequeños a cargo de sus madres, hermanas u otras personas. Todo eso ha propiciado que muchas mujeres ya no vayan detrás de sus parejas, sino que éste sea “un proyecto migratorio femenino autónomo en su gran mayoría. Por eso hablamos de la feminización de la migración. Esto es una tendencia global que evidencia también otros cambios poblacionales y dinámicas de los mercados laborales”, afirma Helena Olea.

En su libro Stefoni detalla las transformaciones del mercado laboral y los procesos de crecimiento desigual de las regiones, que operan como disparadores de la migración femenina. La socióloga explica que para la mujer chilena el incorporarse, lenta pero progresivamente, al mercado laboral implica la necesidad de resolver el tema del cuidado. En una sociedad en que las tareas no se distribuyen de manera equitativa ni el Estado asume un rol como regulador, donde las chilenas prefieren trabajar en el mercado minorista, incluso por menores ingresos pero con mayor estatus, se genera un nicho laboral donde es otra mujer la que se hace cargo del cuidado de los niños, la familia y las tareas domésticas. En la medida en que comienza a mejorar la situación económica del país y las trabajadoras locales aspiran a mejores puestos, se genera una demanda por mano de obra que el imaginario cultural tradicionalmente asocia particularmente con mujeres migrantes extranjeras.

Ese nicho es hoy llenado por mujeres migrantes –en particular peruanas–, quienes además pueden trabajar puertas adentro y ahorrar mucho más dinero para enviar a sus familias. Según el censo 2002, un 70% de las inmigrantes peruanas se desempeñaban en el trabajo doméstico. Para ellas, a pesar de los bajos salarios, sus ingresos son mayores que los que recibirían en su país de origen.

A su vez, el mercado para ese tipo de trabajo es más pequeño que en el otro país, explica Olea. A su juicio, al analizar el rol de las migrantes en el trabajo doméstico se observa que se ha logrado formalizar una relación de trabajo que antes era mucho más informal. Paradójicamente, la exigencia de un contrato escrito notarizado, con cláusulas especiales para regularizar su situación de migración, es lo que ha llevado también a que se empiece a regularizar y formalizar la relación con todas las labores domésticas, explica la abogada. “Son mujeres que están mucho más dispuestas a reclamar y exigir sus derechos laborales que muchas nacionales. Creo que ellas han cambiado el estándar y eso es muy importante”,afirma la abogada.

Dentro de la región, Chile es uno de los países donde se ha regularizado el trabajo doméstico. No existe tanto trabajo “en negro”, como sucede por ejemplo en Argentina. Es en este contexto donde las mujeres migrantes se han apropiado sus derechos laborales, en particular en el empleo doméstico. Este es un proceso de aprendizaje que no habían tenido en sus países, comenta Carolina Stefoni.

Sin embargo, el hecho de ser mujeres migrantes implica condicionamientos particulares. La mayoría cuenta con una familia que está lejos, muchas veces con hijos, y la obligatoriedad del envío periódico de remesas de dinero. Entonces, argumenta Stefoni, no es tampoco un proceso de “liberación de las mujeres migrantes que salen a trabajar”. Explica que son otras formas de quedar “presas en este trabajo en que reciben el sueldo y envían el 80% al país de origen y se quedan con algo mínimo. De nuevo viene la postergación”, comenta. Sin embargo, si avanza y logra una trayectoria positiva que implique reunir a la familia, reorganizar y traer a los niños, en el largo plazo se pueden ver procesos más que de emancipación, de reorganización de familia, de pensar y tener proyectos para adelante, reconoce la profesional. No obstante observa que en el caso de las mujeres migrantes ese ‘final feliz’ es mucho más difícil de lograr. “No es el mismo final feliz que pueden tener las mujeres chilenas, y por otra parte, sigue tensionado a lo largo de toda la trayectoria por esto de estar situado acá y allá. Persiste la idea de origen y es una situación que se mantiene abierta y se hace parte de la experiencia de la migración”, concluye.

Olea comenta que hay también una generación más joven de mujeres que vienen solas y solteras a Chile buscando otro tipo de alternativas, que están más interesadas en ingresar al sector de servicios y aspiran a tener un trabajo como vendedoras en el comercio, como meseras o en el comercio minorista. Paralelo a eso hay un sector de mujeres profesionales que buscan alternativas laborales de mayor jerarquía.

Redes de tráfico y prostitución

El 8 de abril de 2011 entró en vigencia la Ley Nº 20.507 que modifica el Código Penal Chileno y elimina el tipo penal “Trata de personas para fines de explotación sexual”, incorporando nuevos articulados que describen similar figura, pero que además considera la trata para otros fines y el delito de tráfico de inmigrantes. Chile también firmó el Protocolo de Palermo que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Stefoni explica que en Chile hay mucho desconocimiento sobre lo que significa la trata con fines de explotación sexual y laboral. Es un fenómeno poco visible, con escasos datos e investigaciones. Es un delito que está asociado al norte del país y a la agricultura, donde hubo denuncias de casos de trata.

Olea cuenta que desde siempre ha habido redes de tráfico y de trata de mujeres, en especial, peruanas y bolivianas, incluso para el servicio doméstico. Sin embargo, en el imaginario local es la inmigrante afrodescendiente la que se dedica a la prostitución. La lujuria viene asociada al color de piel en la mentalidad de los chilenos, asegura la abogada. Indica que el gran problema es “el imaginario tipo película norteamericana” que se ha construido en torno a estos delitos versus la realidad de los delitos como son. Explica que al existir un desconocimiento general del tema, se trata de perseguirlos de manera muy torpe. “Lo que sí existe masivamente es trabajo en prostitución; no sé si como redes de trata o tráfico”, aclara.

La investigadora explica que hay una red muy grande de mujeres inmigrantes que se dedican a eso. Por lo general, son mujeres que vienen autónomamente al país y se conectan con redes de prostitución que les arriendan un departamento en barrios acomodados, les sacan fotos, las suben a Internet, y se transforman en sus intermediarios. No sólo son mujeres afrodescendientes. “Todas ellas corren un gran riesgo porque se encierran en departamentos con sujetos que no conocen, ni siquiera podemos hablar que el proxeneta está afuera cuidando, porque no es un lugar en que se dedica a eso”, revela la experta. Advierte que hay una idea de que al ser un departamento en barrios más acomodados, va a operar el autocontrol social del mismo cliente, y no va a pasar nada; sin embargo, “nadie puede garantizar eso”,reconoce la profesional.

Corporación Humanas, que expuso recientemente en Ginebra el Informe Alternativo de la Sociedad Civil ante el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de la ONU, abordó las problemáticas de discriminación racial que afectan a las mujeres indígenas y migrantes. Los desafíos que se mantienen están en relación a la legislación que sanciona la trata de personas, el condicionamiento de la protección de las víctimas a la judicialización de los casos; las dificultades para tramitar permisos de residencia; el escaso número de centros de acogida estatales; la mínima cobertura de rehabilitación psicológica y reinserción laboral y la falta de medidas de reparación para las víctimas.

Diferencias culturales

Otro aspecto importante para las mujeres migrantes tiene que ver con el acceso a la salud. El informe presentado por Humanas insta a garantizar el acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente cuando están embarazadas, con independencia de que su situación migratoria sea regular o irregular. Helena Olea reconoce que es poco lo que se ha investigado. Poco se sabe sobre la eficiencia del acceso a métodos anticonceptivos, y si la situación migratoria les permite a las mujeres tener acceso a los consultorios.

La profesional ha constatado que muchas de las mujeres inmigrantes jóvenes son madres a muy temprana edad. Lo que llama la atención –según la especialista–, y no ha sido tema de discusión entre organizaciones feministas, es que la mayoría de las organizaciones que trabajan con inmigrantes son de la Iglesia. “Y eso genera que el tema de la anticoncepción sea un tema que no se discute, no está sobre la mesa”, afirma.

Cuando las mujeres migrantes llegan a ser atendidas en consultorios y hospitales chilenos, advierte Stefoni, uno de los problemas relacionados con sus derechos sexuales y reproductivos es que en de la atención no está incorporada la dimensión cultural. Existe un fenómeno de infantilización, explica. Los profesionales plantean que estas mujeres “no entienden nada, que no se cuidan”; pero no se establecen los mecanismos para una intervención culturalmente eficaz, que supere el “simplemente tratar de aplicar a la fuerza lo poco y nada que tenemos de derechos reproductivos en Chile”, afirma la especialista.

Por otro lado, las mujeres migrantes están obligadas a cotizar en el servicio de salud, pero ni las migrantes ni las refugiadas dan el paso siguiente, que es inscribirse en el consultorio. “Acá tampoco se dice que las inmigrantes contribuyen al sistema de salud y lo usan muy poco”, precisa Olea.

La realidad de las migrantes indígenas es un fenómeno que recién se empieza a hacer visibile en Chile. Las aymara, ashaninka, shipibo, awajún, guajiro, yecuana, tabaleña, nasa, cayapó no existen para el imaginario nacional, aunque en el norte del país, donde las fronteras son particularmente ficticias respecto de la realidad de los pueblos originarios, hay una aproximación más clara. Sin embargo, la abogada Helena Olea reconoce que “siempre está la idea de clasificarlo en una u otra categoría. Sobreponer las dos categorías cuesta mucho”, explica la académica.

En cambio, en el centro y sur del país las migrantes indígenas virtualmente no existen. La explicación, para Olea, es que en la zona centro-sur de Chile el concepto de ‘indígena’ solamente está pensado en función de los nacionales, no de los extranjeros. Es cosa de analizar el Censo aplicado este año, que sólo preguntó por los grupos originarios de Chile. “En materia de migración, eso es no entender que la gente puede ser extranjera e indígena”, afirma.

Para Carolina Stefoni el mercado de trabajo impone a los migrantes de ciertas comunidades indígenas la necesidad de ocultar su identidad étnica. Es probable que entre ellos se reconozcan, pero para los demás es un migrante sin apellido. “Los migrantes aprenden rápidamente a leer el contexto, entonces saben que si lo que está en juego es su trabajo, no exponen una identidad indígena. Prefieren invisibilizarse para conseguir trabajo. Es más, hay que chilenizarse en el proceso”, sostiene Stefoni.

Es un hecho que la gente sigue llegando al país y la migración se va a consolidar. Es difícil anticipar lo que sucederá con las segundas y terceras generaciones de inmigrantes establecidos en Chile. Para Stefoni, en 10 años más estaremos en una situación similar a lo que se advierte con las nuevas formas de pobreza asociadas a la migración en Estados Unidos, en Francia con la migración argelina y en Alemania con la migración turca. “Se empiezan a enquistar ciertas comunidades y eso hace que sea mucho más difícil salir de ahí”, explica la profesional.

Nueva ley en año de elecciones

Hay lugares y formas de entender la migración que son comunes en América Latina, que se explican por las fechas de promulgación de sus respectivas leyes. En especial están los casos de Chile y Argentina. Ambas leyes migratorias fueron creadas y promulgadas en tiempos de dictadura. La ley actual chilena data de 1974.

A juicio de la abogada Olea, “son monstruos de la guerra fría, con esta idea de la ideología del amigo/enemigo, las doctrinas contrarias y, en el caso chileno, es una norma dictada por una junta militar con un concepto nulo de debido proceso”. En el caso argentino fue la llamada Ley Videla, que el país trasandino modificó. Hoy existe la Ley 25.871, promulgada en 2003, que considera a la migración como un derecho humano. Se trata de un ejemplo a ser emulado.

En Chile, en plena campaña electoral, se encuentra en discusión en el parlamento una nueva ley de migraciones, que ingresó formalmente al Congreso el 4 de Junio de 2013 y actualmente se inicia su debate parlamentario. Esta iniciativa fue promesa de campaña de todos los gobiernos de la Concertación, conglomerado que reúne a los partidos de centro izquierda, que gobernó por 20 años. Sin embargo, es poco probable que cuente con las urgencias necesarias para apurar su tramitación y publicación para este año.

La socióloga Carolina Stefoni explica que el proyecto de ley diferencia dos tipos de inmigrantes. Unos son los del Convenio MERCOSUR. A los demás se les aplicaría distintas normativas. En el primer caso, Chile aún no ha ratificado el Convenio. En el segundo caso, el cambio más significativo que se introduce es la imposibilidad de regularizar la situación habiendo ingresado al país como turista, desconociendo la dinámica del flujo migratorio. A juicio de la académica Helena Olea, el proyecto de ley parece dictado por personas que se sienten parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y viven en Europa. “Entonces se imaginan que el trabajador extranjero es un profesional que por Internet o en un viaje lo contratan, se vuelve a su país y tramita la visa. Muy el esquema europeo y norteamericano”, argumenta. El problema es que ese esquema está planteado para un tipo de migración, que es la calificada y que no se puede desconocer. Pero no es la migración mayoritaria ni la que termina en situación irregular, pese a existir muchos profesionales que terminan haciendo el trabajo no calificado en el país. Ambas especialistas aventuran que, de aprobarse el proyecto de ley, generaría cifras mucho más altas de personas en situación irregular.

También se critica la ausencia de representantes de los ministerios del Trabajo, Educación, Salud y de la sociedad civil en la mesa de trabajo del proyecto, actualmente está compuesta por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Economía. A esto se suma un cuestionamiento a la falta de eficiencia y planificación al no considerar lo que sucede en los consulados chilenos, que no dan abasto.

Sin embargo, el tema de fondo y más transversal, según Stefoni, es la visión del gobierno actual respecto de la migración. El actual proyecto de ley reconoce la importancia y plantea mecanismos para que ingrese mano obra; pero incluye restricciones al reconocimiento de residencia y ciudadanía para esas personas. Para la experta, la propuesta gubernamental desconoce un principio de reconocimiento de derechos. Este, aunque evocado, “no permea el espíritu de la ley. El espíritu del proyecto está mucho más basado en principios de seguridad, de restricción en el ingreso, multas y establecer las sanciones, pero no el principio positivo de integración y de reconocimiento de derechos y de ciudadanía”, alerta.




Fuente: Clam