38 Estados firman una declaración a favor de la intervención para proteger la vida de la mujer. Varios de esos Gobiernos niegan que vayan a levantar el veto.
En El Salvador se llama Beatriz, en Costa Rica Aurora; en México, Hilda; en Chile, Belén. En América Latina, el aborto es una mala palabra. Y cuando lleva un nombre, representa una historia de persecución, de mujeres que se han enfrentado a la justicia por el derecho a interrumpir su embarazo. Delegados de los mismos países de América Latina que tienen abiertas decenas de causas penales contra estas mujeres, firmaron el pasado 15 de agosto un documento inédito en el que suscriben, por primera vez, la necesidad de instar a los Estados a “modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”. Un total de 38 países suscriben el texto y la mayoría se oponen al aborto libre. Entre ellos Chile, El Salvador u Honduras, ejemplo de los que por ahora no han manifestado intenciones de modificar sus leyes. El texto, que contiene más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de las Naciones Unidas realizado en El Cairo en 1994, no es vinculante, pero supone un avance con respecto a los acuerdos anteriores.
Aunque “la declaración no es un tratado, sí resulta un consenso importante que puede arrojar luz sobre cuál va a ser el empuje de Latinoamérica en la agenda de El Cairo”, dice Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de la organización Grupo de Información en la Reproducción Elegida (GIRE). Otros comités ya habían mencionado la necesidad de revisar las legislaciones que castiguen la interrupción voluntaria del embarazo, subraya, pero “nunca se había mencionado en términos de salvaguardar la vida de las mujeres”. El texto contempla además otros aspectos como la anticoncepción de emergencia, métodos anticonceptivos modernos y la atención integral en salud reproductiva, y pide que se reconozca el derecho a una “sexualidad plena”, así como a “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, sin coerción, discriminación ni violencia”.
El texto, bautizado como Consenso de Montevideo, es el resultado de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Pese a lo acordado sobre el papel el avance real parece complicado.
En México, que será la sede de la segunda reunión del organismo, 151 personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de aborto entre 2007 y 2012, 41 han sido encarceladas de forma preventiva en ese tiempo y la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre solo es posible en el Distrito Federal. “La brecha entre ricos y pobres a la hora de acceder a servicios de salud reproductiva y a una atención médica integral es grandísima en México”, afirma Beltrán y Puga. “La diferencia entre las leyes de cada Estado complica el cumplimiento de estos objetivos”.
En el año 2011, varios Estados Federales de la República reformaron sus constituciones protegiendo la vida desde la concepción, lo que ha restringido el acceso al aborto. La interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación es legal en todo el país y, sin embargo, las autoridades dificultan el acceso y criminalizan a las mujeres. Según datos de GIRE, en el último lustro solo se han emitido 39 autorizaciones en todo México y 30 de ellas han sido en el Distrito Federal, única región que, desde 2007, practica el aborto libre hasta las 12 semanas. La cifra contrasta con el número de abusos sexuales que se denuncian cada año en el país: 131.400.
Pero ni de lejos, el caso de México es de los más restrictivos. Un total de ocho países prohíben el aborto bajo cualquier concepto en América Latina. Son Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. Todos ellos suscribieron el acuerdo de Montevideo hace unos días, sin embargo, o bien todavía no se han pronunciado públicamente sobre el mismo, o bien han reafirmado su postura.
Consultada por EL PAÍS, la ministra del Instituto Nacional de las Mujeres de Honduras, María Antonieta Botto, informó este viernes que el Ejecutivo “no” tiene previsto promover reformas legislativas que despenalicen el aborto. “El Gobierno de Honduras no está de acuerdo con el aborto”, dijo Botto a este diario.
Paola García Rey, coordinadora de Amnistía Internacional en Argentina, que asistió a la conferencia de la CEPAL en Uruguay, advirtió que los países que prohíben el aborto en todas las circunstancias “suscribieron el acuerdo, pero en los debates en las negociaciones se opusieron fuertemente a que se incluyera un lenguaje progresivo”. García Rey descarta que el tema sea abordado en el Congreso argentino antes de las legislativas de octubre.
En el caso de Chile, la delegación de la CEPAL rechaza comentar el documento (“ninguno de los delegados que acudieron a la reunión está en el país”) y por parte del Gobierno no se le ha dado ninguna publicidad al acuerdo. La tercera economía más grande del continente arrastra aún el legado de Augusto Pinochet: el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia y el divorcio no fue legislado hasta 2004. Sin embargo, las próximas elecciones de noviembre podrían dar un giro a la situación si la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien estuvo al frente de ONU Mujeres hasta hace unos meses, decide tomar cartas sobre el asunto. La candidata presidencial ha dicho que está a favor de despenalizar el aborto, “particularmente en casos vinculados a violaciones”.
En todo caso, las reticencias de determinados sectores de la sociedad a avanzar hacia una legislación que permita el derecho de la madre a decidir se extienden por toda América Latina. Este viernes, miles de personas, sobre todo vinculadas a las iglesias Católica y Evangélica, según informan las agencias, se manifestaron en varias ciudades de Bolivia contra la posible despenalización del aborto que estudia el Tribunal Constitucional. El país sudamericano impone actualmente condenas de entre uno y seis años de cárcel a quienes practican el aborto. La excepción son los casos en los que el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la madre.
En otro ejemplo de oposición a este tipo de posturas, el pasado lunes, la puerta de la sede de las oficinas del Grupo de Información en Reproducción Elegida apareció empapelada con cartulinas que contenían mensajes intimidantes. El grupo asocia el incidente a la posición que ha tomado en la defensa del caso Hilda, una joven del Estado de San Luis Potosí que fue condenada a prisión por abortar en 2009. La pena fue impuesta sin pruebas que la inculparan, solamente una confesión de la muchacha obtenida bajo la presión de la médico, que se negaba a atenderla si no le explicaba qué había sucedido, según el testimonio de la propia Hilda.
Tampoco resultan alentadoras las experiencias de El Salvador y Nicaragua, cuyas normativas han dado marcha atrás en los últimos años. Hasta 2008, Nicaragua tenía una de las legislaciones más avanzadas del continente. La ley, con más de 100 años de antigüedad, consideraba al aborto como un proceso legal, legítimo y necesario. Todo cambió en 2008. Bajo el visto bueno del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, se aprobó un nuevo Código Penal que prevé duras condenas contra niñas y mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sea cual sea la circunstancia.
En El Salvador, los cambios llegaron en 1997, cuando el Parlamento prohibió el aborto terapéutico aunque ello significara poner en riesgo la vida de la madre. Una modificación que Beatriz, una mujer de 22 años embarazada de un feto anencefálico —sin una parte del cerebro—, recordó con dolor en junio de este año.
“El debate fue inmenso. Evidenció la cruel realidad de las mujeres salvadoreñas”, afirma Morena Herrera, líder de la organización local Agrupación para la Despenalización del Aborto. Afirma que hay decenas de mujeres encarceladas porque los hospitales y las clínicas han sido denunciadas por sospechas de haberse practicado un aborto. “La reunión de Uruguay es una buena noticia para El Salvador”, afirma. “No podemos vivir en el oscurantismo vigente, junto con otros países como Nicaragua y República Dominicana, donde no se respetan los derechos de las mujeres”.
Con información de Mabel Azcui (Bolivia), Rodrigo Cea (Chile), Soraya Constante (Ecuador), Juan José Dalton (El Salvador), Jacqueline Fowks (Perú), María Martín (Brasil), José Meléndez (Panamá y Honduras), Álvaro Murillo (Costa Rica), Alejandro Rebossio (Argentina, y Uruguay) y Elizabeth Reyes (Colombia).
