"Las brechas de desigualdad no se superarán sino se renuevan los esfuerzos"

Foto: Mujer y Salud Uruguay

Mujer y Salud Uruguay (MYSU) es una organización no gubernamental feminista cuya misión es la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones. Sus principales líneas de acción están dirigidas al desarrollo de estrategias de incidencia política, a la generación y difusión de estudios sobre género y salud, al monitoreo de políticas públicas y a la capacitación y formación de recursos humanos integrantes de equipos profesionales y de organizaciones sociales. En articulación con otros actores sociales realiza campañas de sensibilización y difusión de derechos.

En esta entrevista Lilián Abracinskas*, Directora de esta organización uruguaya, destaca como el Consenso de Montevideo permitirá, entre otras cosas, priorizar en las mujeres de todas las edades y condiciones para superar las inequidades por razones de género.

Pregunta: ¿Cuál es el balance que hacen desde su organización de esta I Conferencia Regional de Latinoamérica y el Caribe sobre Población y Desarrollo que se celebró en Montevideo?

Respuesta: El resultado de la Conferencia ha sido muy positivo. Concluyó con un documento que avanza en el reconocimiento de derechos, acuerda su definición, reconoce la necesidad de redoblar esfuerzos para implementar políticas, programas y servicios, así como exhorta a los Estados a superar las barreras que obstaculizan el ejercicio de estos derechos, particularmente para quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad. Priorizar en las mujeres de todas las edades y condiciones destinándolos principales esfuerzos para superar las inequidades por razones de género fue reconocida como uno de las deudas que deben ser subsanadas a la mayor brevedad porque las situaciones de violencia y subordinación son inaceptables. Niños/as, adolescentes y jóvenes deben también ser respetados en su condición de sujetos de derechos asegurándoles acceso a educación, salud, información y protección social para que su desarrollo y socialización estén libres de abusos, explotación y discriminación. Lo mismo para personas que por su orientación sexual, identidad de género, por ser vih positivos, por pertenecer a pueblos originarios o por ser migrantes o trabajadoras sexuales siguen expuestos al estigma, la pobreza, el maltrato, la exclusión, el desplazamiento forzado o son víctimas de la trata y el tráfico de personas.

La Conferencia hizo énfasis en los avances logrados en algunos países de la región pero recalcó las brechas de desigualdad que no lograrán ser superadas sino se renuevan los esfuerzos y se cumple con los compromisos que hace 20 años cambiaron el paradigma sobre la población y el desarrollo. El bienestar de las generaciones presentes y futuras –sin exclusión de ningún tipo- debe ser el cometido de los modelos de desarrollo en sintonía con el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Ese es el acuerdo asumido por representantes de 38 países de la región. Esos son los compromisos que impulsaron centenares de organizaciones, redes y movimientos sociales de la más amplia diversidad, que han hecho de esta agenda un asunto ineludible para gobiernos y agencias del Sistema.

P: ¿Qué temas se han posicionado en el debate y en los acuerdos y qué temas han quedado en su opinión marginados o postpuestos?

R: Sin dudas la región se ha posicionado de manera contundente en el campo de los derechos sexuales entendiendo la educación en sexualidad, los servicios integrales en salud sexual y reproductiva y la modificación de los marcos legales como herramientas imprescindibles para enfrentar muertes prevenibles, embarazos no deseados, violencia sexual, infecciones de transmisión sexual, así como las consecuencias negativas del aborto realizado en condiciones de riesgo. Pero también fue muy importante reconocer que la laicidad de los Estados, la profundización de la democracia, la transparencia de las gestiones, la participación ciudadana en la definición de prioridades y el fortalecimiento de mecanismos que aseguren la efectiva rendición de cuentas, son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos.

La vinculación entre desarrollo sustentable y derechos humanos fue reafirmada como marco ético desde el cual abordar los asuntos de población, resaltando su importancia y su necesaria inclusión en la agenda post 2015. Pero no se profundizó en cómo asegurar que estas propuestas y los compromisos alcanzados en la región tengan incidencia en el debate global de Naciones Unidas, el próximo año en Nueva York.

La plena participación de todos los actores involucrados se reconoció como el camino más apropiado para mejorar en la eficacia de las respuestas. Promover la presencia de las y los involucrados en la definición, monitoreo y evaluación de las políticas debería estar estrechamente vinculado a la gestación de estrategias intersectoriales que incursionen en acciones innovadoras. Pero el problema de los recursos económicos sigue siendo un gran obstáculo para esta región que va perdiendo cooperación internacional. Los acuerdos Norte-Sur, Sur- Sur o multilaterales planteados como alternativas de apoyo entre los Estados deberían incluir necesariamente el fortalecimiento de la participación ciudadana y el desarrollo autónomo de las organizaciones sociales como pieza fundamental para asegurar la proyección de los compromisos, pero sobre este asunto no hubo acuerdo.

P: ¿Cuáles considera que han sido los principales avances en los últimos años en nuestra región en materia de la implementación del Programa de Acción de El Cairo?

R: A nivel de marcos normativos, se ha avanzado en el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la promulgación de leyes para erradicar la violencia contra las mujeres y de género y en la protección de los derechos de niños/as, adolescentes y jóvenes. Los Estados han creado institucionalidad de género y se han promovido planes para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ha habido una mayor intervinculación entre las dimensiones demográficas de las políticas de población y las problemáticas relativas a la vida sexual, a los derechos reproductivos y a las condiciones de vida de las personas, reconociéndose progresivamente en tanto sujetos de derechos a sectores de la población que han sido marginadas, excluidas y discriminadas.

A nivel social y cultural, las relaciones interpersonales transitan por cambios género-generacionales tendientes a equiparar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los modelos femenino/masculino hegemónicos han sido puestos en cuestión así como el sistema de sexo-género y la división sexual del trabajo.

P: ¿Cuáles serían las áreas prioritarias en las que deberían centrarse los Estados de la región en el marco del Programa de Acción de El Cairo después de 2014?

R: La revisión de legislaciones y la generación de marcos normativos que respeten los principios y acuerdos definidos por el sistema internacional de derechos humanos. La implementación de políticas y programas que promuevan el bien vivir, protejan el medio ambiente y estén transversalizados por la equidad de género y de generaciones. Fortalecer la producción de conocimiento desde los diversos actores que nutran la definición de políticas informadas, basadas en evidencia y evaluables en función de los acuerdos asumidos por los Estados. Mejorar el acceso a la justicia y la gestión de los poderes judiciales en la protección de los derechos. Asegurar servicios universales e integrales que garanticen condiciones para que las personas ejerzan sus derechos. Fortalecer los sistemas de protección social y de cuidado. Erradicar toda forma de violencia, sometimiento y explotación.

P: Y las organizaciones de la sociedad civil, ¿dónde cree que deberían continuar enfocando sus esfuerzos?

R: En el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, en la ampliación de base social crítica y con capacidad de control ciudadano, en el desarrollo de liderazgos que promuevan la participación y el involucramiento activo de la población en los procesos de transformación económica, social, política y cultural.

P: ¿Algún mensaje final que quiera compartir?

R: A pesar de los graves problemas que persisten en la región, el trabajo realizado en todos estos años por parte de gobiernos, movimientos sociales, Agencias del Sistema y otros actores involucrados con esta agenda, permite auspiciar posibilidades de mayores avances si se articulan mejor los esfuerzos. Apostar por erradicar la pobreza, la violencia y la discriminación, promover la igualdad desde el respeto a la diversidad y la superación de la injusticia, no son metas inalcanzables. Muchas ya están consagradas en acuerdos, sólo hay que implementarlas.

* Lilián Abracinskas es directora de Mujer y Salud Uruguay (MYSU)

Fuente: América Latina Genera