septiembre 24, 2013

Partidos políticos y grupos de base religiosa continúan oponiendo resistencia a los DSR de las mujeres en el Brasil

En el Brasil se ha estado debatiendo una posible legislación conocida como "Estatuto do Nascituro"-Estatuto del No Nacido. AWID conversó con Rosângela Talib, Coordinadora Ejecutiva de la sección brasileña de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/BR), acerca de cómo esta y otras propuestas similares afectarán la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre los retos particulares que los partidos políticos de base religiosa representan para la lucha de las mujeres por estos derechos.

AWID: ¿Cuál legislación sobre el aborto existe actualmente en el Brasil?

Rosângela Talib (RT): El Código Penal de 1940, que aún está vigente, define el aborto como un crimen en la Sección Especial, Título I, Capítulo I, Delitos contra la vida. Sin embargo, el Artículo 128 exime de castigo a la mujer cuando el aborto es necesario debido a los riesgos para su vida o si el embarazo fue producto de una violación y la interrupción del mismo es realizada por médicos. La Ley No. 12.845/2013, aprobada el 1 de agosto de 2013 por la Presidenta de la República, dispone en estos casos servicios para la atención del aborto que son proporcionados en el sistema nacional de salud.

AWID: ¿Qué rol han jugado los grupos religiosos en promover o impedir los derechos de las mujeres en el Brasil?

RT: Los fundamentalismos religiosos han sido una fuente de obstáculos para la promoción de los derechos humanos de las mujeres brasileñas. Esto se debe a sus constantes esfuerzos por violar la laicidad del Estado, empezando por una ideología en la cual tanto la vida familiar como la organización política están sujetas a la creencia ultraconservadora de que las mujeres y las niñas deberían ser controladas y sus derechos rechazados. Los fundamentalismos se reflejan en las acciones de grupos conservadores organizados dentro de la política partidista (incluyendo la formación de grupos parlamentarios) que interfieren en la aprobación de leyes y la implementación de políticas públicas. Actualmente estamos viendo un recrudecimiento de estos fundamentalismos religiosos y, por ende, el resurgimiento del conservadurismo moral, rigidez en las costumbres y una cristalización de la desigualdad de género.

Están tratando de criminalizar a las mujeres, violando sus derechos e impidiéndoles que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos (DSR). Existen muchos ejemplos del uso de estas estrategias: esfuerzos por prohibir la distribución de anticonceptivos de emergencia en algunas partes del país; una propuesta sobre el aborto por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación; el intento de criminalizar aproximadamente a diez mil mujeres en Mato Grosso do Sul[1] por supuestamente haber tenido un aborto en una clínica privada; el impacto y controversia en torno a la publicación del 3r. Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH3); así como la presentación del Estatuto del No Nacido en la Cámara de Diputados y su aprobación por la Comisión sobre Seguridad Social y Familia.

También es importante señalar que el propio Gobierno Federal brasileño ha sido el agente de violaciones a la laicidad del Estado. Un ejemplo reciente es el acuerdo firmado entre el Brasil y el Vaticano que otorga privilegios a la religión católica institucionalizada tales como, entre otros, la imposición de educación religiosa en las escuelas públicas, que con frecuencia ha sido usada para el proselitismo religioso cristiano (católico o evangélico), en flagrante desconsideración a la laicidad del Estado. Asimismo, en mayo de 2011 la Presidenta Dilma Rousseff cedió ante la presión de grupos fundamentalistas religiosos que se oponían a los paquetes de incidencia contra la homofobia (consistentes de materiales educativos específicos como cuadernillos y videos), los cuales iban a ser distribuidos en escuelas públicas para combatir los prejuicios contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales/transgénero. Se prohibió la distribución del paquete. Un claro desacato a la laicidad del Estado del Brasil. 

AWID: ¿Qué es el Estatuto del No Nacido?

RT: Los autores del Estatuto del No Nacido (PL 478/2007) son del Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida[2] (Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida) y está pendiente un debate en la Comisión sobre la Constitución, la Justicia y la Ciudadanía para que el anteproyecto de ley pase al Senado. El anteproyecto fue aprobado en 2010 por la Comisión sobre Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados. En 2013, la propuesta avanzó de nuevo y fue aprobada por la Comisión de Finanzas y Tributos de la Cámara.[3]

El anteproyecto de ley reconoce al embrión con un ser humano. Asegura la protección de los fetos fertilizados in vitro prohibiendo la manipulación, el congelamiento, desecho y venta de embriones humanos. Establece medidas para garantizar asesoramiento psicológico a mujeres embarazadas víctimas de violación que deseen continuar con el embarazo, orientándolas hacia una posible adopción. En el caso de un atacante-“padre” identificado, él será obligado a pagar manutención; si se trata de un atacante no identificado, el Estado será responsable de pagar la pensión hasta que el niño o la niña llegue a la mayoría de edad (“fondo de ayuda por violación”). En casos de malformación fetal, el anteproyecto garantiza “todos los medios terapéuticos y profilácticos existentes para compensar o minimizar la discapacidad, independientemente de la supervivencia extrauterina esperada”. 

Es atroz forzar una relación parental obligatoria entre la mujer y su atacante. El Estatuto reduce a la mujer sólo a su rol reproductivo, sin considerar su salud ni sus derechos sexuales y reproductivos, incluso el derecho a la autonomía corporal, mandando que en caso de un embarazo no deseado ella debería dar a su hija o hijo en adopción.

AWID: Recientemente, un anteproyecto de ley relacionado con el protocolo que debería ser seguido en hospitales con víctimas de violencia sexual y/o violación fue aprobado por el Senado y espera el respaldo de la Presidenta. ¿En qué consiste este anteproyecto? ¿Quiénes son los principales actores que lo están promoviendo y rebatiendo?

RT: El anteproyecto de ley PLC 03/2013, del 1 de agosto de 2013, fue aprobado por la Presidenta Dilma Rouseff como Ley 12.845/2013, que dispone la atención obligatoria y completa de personas que han sido víctimas de violencia sexual.[4]

A fin de impedir la aprobación de esa ley, grupos religiosos (incluyendo la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, evangélicos y espiritistas representados por parlamentarios), así como representantes de la sociedad civil, solicitaron que se vetaran los párrafos IV y VII del Artículo 3.[5] Oponentes de la ley aducen que el término “profilaxis del embarazo” contenido en el párrafo IV sería una forma disfrazada de despenalización del aborto. La provisión de información a víctimas respecto a sus derechos legales mientras son tratadas en centros de salud, contenida en el párrafo VII, fue considerada un procedimiento inapropiado. 

Personas católicas, organizaciones feministas, feministas independientes, representantes parlamentarias/os del grupo de acción de mujeres en el Congreso Nacional y representantes de la Junta Escolar de Psicología y Antropología se reunieron dos veces con ministros/as del Estado para proporcionar razones por las cuales sería inapropiado no aprobar la ley en su totalidad. En primer lugar, ésta sería una oportunidad que permitiría regular la atención del aborto para víctimas de violencia sexual en los servicios públicos de salud, una atención que fue regida por las Regulaciones Técnicas del Ministerio de Salud debido a la falta de regulación legislativa. En segundo lugar, las razones aducidas para el veto del párrafo IV son falsas, ya que éste se refería a la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia y, finalmente, el párrafo VII engloba un derecho adquirido de las personas, porque es imposible privarlas de información legal a la cual tienen derecho. 

También tuvimos éxito en nuestra estrategia para difundir información a los medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo. 

AWID: ¿Con cuánta frecuencia entra la retórica religiosa en el debate sobre el aborto y cuáles son los retos relacionados con el involucramiento de instituciones religiosas en los procesos de formulación de leyes?

RT: Hay una constante retórica religiosa referida al debate sobre el aborto. Actualmente están el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida contra el aborto y el Frente Evangélico Parlamentario (de 73 miembros), establecidos en 15 estados con más de cien legisladores estatales. Este grupo ha planteado propuestas para que se revoque la legislación vigente, con miras a convertir el aborto en un crimen bajo cualquier circunstancia. También ha impedido el progreso de la legislación en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las y los trabajadores del sexo. 

En la sociedad civil, el Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil sem Aborto (Movimiento Nacional de la Ciudadanía por la Vida Brasil sin Aborto) ha orientado a los medios de comunicación conservadores.

Militantes que se autodenominan “pro-vida”—además de su poder económico, su creciente agresividad y sus acciones de cabildeo junto a parlamentarios/as y jueces—están cada vez más utilizando estrategias que incluyen, entre otras: a) planteamientos complejos contra el derecho a decidir que usan un discurso seudo-científico (a menudo basado en premisas falsas) y argumentos con una lógica interna más sofisticada; y b) el uso del aparato policial y del Poder Judicial para intimidar y restringir a las mujeres, privándolas de sus derechos humanos.

Es necesario seguir el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en los medios de comunicación, con jóvenes y la población general, así como continuar la promoción y defensa en el Parlamento, para asegurar que los grupos religiosos fundamentalistas no logren que la ardua lucha de las mujeres por la salud y los derechos sexuales y reproductivos dé marcha atrás.

Notas:
Luiz Bassuma, Michael Martini, Odair Cunha, Sueli Vidigal, Jusmari de Oliveira, Henrique Afonso, Flavio Bezerra y Cleber Green.
Ver: Rousseff rubrica ley de atención a víctimas de abuso sexual, Fabiana Frayssinet, IPS, 2 de agosto de 2013.
El cuidado inmediato requerido en todos los hospitales de la red del Sistema Único de Salud, que abarca los siguientes servicios: IV) profilaxis del embarazo; VII) provisión de información a víctimas sobre sus derechos legales y todos los servicios de salud disponibles. 

Por Gabriela De Cicco
El aborto no debe criminalizarse.
Foto: Gabby De Cicco 
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 20 de septiembre de 2013. Título original: Religious-Based Political Parties and Groups Continue to Resist Women’s SRHRs in Brazil. Traducción: Laura E. Asturias