septiembre 06, 2013

Violencia sexual e impunidad

El 28 de agosto se cumplieron 10 años de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara su informe sobre lo sucedido durante el conflicto armado que vivió el país y en el que daba cuenta de sus hallazgos.

Luego de recoger cientos de testimonios de víctimas, algunos públicos dados en audiencias abiertas en distintas regiones y otros dados en privado para mantener la confidencialidad de los casos, el resultado nos confrontó con la dimensión que el conflicto había tenido en el país y especialmente en Ayacucho y la Selva Central para asháninkas y quechuas, que resultaron ser el 75% de la población afectada. Pese a los años transcurridos, las víctimas de la violencia y sus familiares, especialmente madres, hermanas y esposas, aún siguen exigiendo una justa reparación, que no llega, mientras la vida se les va sin encontrar aún a sus familiares, sin poder tener por lo menos el consuelo de llevarles una flor un domingo cualquiera o saludarles el día de los muertos para que sigan descansando en paz. Muchas de ellas tienen 30 años ya con el dolor a cuestas, como Mamá Angélica y las otras mujeres de ANFASEP, que en estos días de su aniversario nos recuerdan su valentía y dignidad pese a la dureza de vivir buscando a un hijo desaparecido o la desazón que puede producir saber que pronto se puede morir sin encontrarlo.

En los últimos días, en relación al informe, en algunos espacios y medios de comunicación la discusión se ha centrado en que si la proyección de víctimas dadas por el informe era la correcta, que si era un conflicto armado, una guerra o terrorismo. Sin embargo, más allá del número de víctimas o de la denominación que le demos a este período, hay una forma de violencia que vivieron muchas mujeres (y muchos hombres, cabe señalar), que continúa siendo silenciada, salvo por la acción de colectivos feministas como DEMUS, que han denodadamente insistido en investigar lo que le sucedió a miles de mujeres durante el Sasachacuy tiempo, como sabiamente le dice la población quechuahablante ayacuchana a este período. Las violaciones como arma de guerra, como instrumento de control y de poder fueron utilizadas por todos los actores armados. Kimberly Theidon menciona que:

“En su investigación sobre las violaciones sexuales durante la violencia política en el Perú, Falconí y Agüero (2003: 12) constatan que ‘En casi todos los casos, los responsables de cometer violaciones sexuales habrían sido miembros de las fuerzas del orden, especialmente del ejército y en menor medida efectivos policiales y sinchis’. De igual modo, de nuestro trabajo de campo queda claro que aunque los senderistas y, en algunos casos, los ronderos violaron, el uso sistemático de la violencia sexual fue una práctica desplegada por las ‘fuerzas del orden’. En pocas palabras, donde había soldados, había violaciones.” [1]

Aunque en los momentos actuales se ha logrado identificar más de 4 mil casos de violencia sexual durante este período, aún no se puede tener una idea exacta de la dimensión que alcanzó esta forma de violencia, que sin duda ha dejado profundas e invisibles huellas en quienes la sufrieron. Como se sabe, no se ha dado ningún tipo de reparación a las víctimas de violencia sexual y la ley que proponía la reparación para otras formas de violencia sexual fue observada en junio del 2012 por el presidente.

¿Cómo es que el silencio sobre estos hechos ha logrado mantenerse en la mayoría de las reflexiones que se han hecho sobre el informe a los diez años? ¿Cómo es que la prostitución, el embarazo y el aborto forzado no logran ser considerados como execrables formas de violencia sexual dignas de reparación por los políticos de turno? ¿Por qué tantas otras víctimas, que seguramente existieron, siguen manteniendo el silencio de los hechos? 

Creo que las razones son muchas, pues frente a la violencia sexual existe el temor a volver a vivir el dolor al recordar, el miedo a ser juzgada por la familia o por la sociedad y el pánico a que se sepa lo que nos ha sucedido, ya que de alguna forma cuando hemos sido violentadas en lo más íntimo, sentimos una responsabilidad, como si nosotras hubiésemos hecho algo para que nos suceda, como si el hecho de ser mujer ya pudiera per se constituir el motivo, porque aunque de eso no se hable mucho y aunque cada vez sean más frecuentes o se conozcan más las violaciones y la violencia sexual hacia los hombres, las mujeres seguimos siendo las principales víctimas. 

A esta situación se agrega el hecho de que no hay ningún indicio de que si hablamos, se logrará por lo menos iniciar el camino de la justicia, pues queda la convicción de que romper el silencio no va a servir de mucho. En muchas ocasiones, la violación sexual dejó no sólo secuelas internas, sino hijos e hijas, como lo narra el testimonio que aparece en el texto anteriormente citado:

“Ahora mi prima está con un hijo, ahora de ahí acá abajo Olga Morales. Los que dicen de ella, también tiene un hijo del militar, a ella también. Ella iba a Hualla con naranjas y le habían hecho entrar como comprar naranja nomás. En eso la habían violado hasta que no podía levantarse; bastante militares, bastante militares señorita. ¡Acaso uno no más, dos nomás! No, bastante fila hacían. No podía levantar la señora. Hay señoras, señorita, ahora hay señoras abajo en la pampa. Fortunita Quispe, a esa señora también.” [2] 

Hijos e hijas que mientras crecían tuvieron que vivir el dolor y quizá la rabia que su madre llevaba a cuestas, su miedo y la vergüenza, la inseguridad y vulnerabilidad que puede quedar para siempre tatuada en el cuerpo y el alma de una mujer frente al poder y la dominación que se ejerció sobre su cuerpo, sobre su vida.

La impunidad que reina sobre la violencia y la violación sexual a las mujeres es una forma de ejercer violencia simbólica y es un mensaje a toda la sociedad, como bien lo señala Paula Escribens:

“Usamos el término violencia simbólica porque consideramos que si el Estado y la sociedad toleran la falta de justicia en casos de violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado así como en tiempos de paz, es porque en el imaginario social impera la idea de que ciertas mujeres son ciudadanas de segunda clase o que la violencia sexual es un delito menos grave de lo que en realidad es.” [3] 

Quizá sea por eso que el Perú es el país latinoamericano con mayor cantidad de denuncias de violación sexual, de las cuales el 90% queda impune, siendo las víctimas el 95% mujeres y el 76% niñas menores de edad.[4] La alta prevalencia en menores de edad debe llamar profundamente la atención sobre lo que está sucediendo con las niñas en el país, en los hogares y en las posibilidades que tienen ellas de acceder a la denuncia para romper el silencio. Al respecto, encontramos terribles datos estadísticos en el reciente estudio sobre la prevalencia y el impacto de la violencia sexual contra las mujeres realizado por Jaris Mujica, Nicolas Zevallo y Sofía Vergara en Mazán, un distrito de Loreto. En éste se señala que 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, 2 de cada 3 mujeres de la muestra dicen que tuvieron una iniciación sexual forzosa y el 56% de las mujeres que tuvieron un hijo entre los 14 y 17 años declaran que fue producto de violencia sexual.[5] 

Mientras la impunidad siga prevaleciendo en los casos de violencia y violación sexual, mientras la sociedad siga haciéndose de la vista gorda sobre lo que significa esta forma de violencia, mientras sea naturalizada, mientras no hayan acciones decididas para cambiar la visión que persiste de las mujeres como objeto, propiedad privada de los hombres, sujetas a su libre disponibilidad, y mientras no se difundan ampliamente campañas de sensibilización como la que viene desarrollando Demus, llamada “Mujer que se escuche tu voz: UN HOMBRE NO VIOLA”, millones de mujeres, niñas y adolescentes en el país seguirán viviendo las secuelas y el dolor de ser violentadas, manteniendo el silencio, mientras los gritos en su interior estallan incontrolables todos los días, todos los días, todos los días.

Por Rosa Montalvo Reinoso

NOTAS:
1. Kimberly Theidon, Entre prójimos: El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú, Estudios de la Sociedad Rural 24, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004
2. Idem
3. Paula Escribens Pareja, Dialogando con mujeres de Huancavelica: DEMUS y su apuesta por la salud mental comunitaria, DEMUS, Lima, 2011.
5. Jaris Mujica, Nicolas Zevallo y Sofía Vergara, Estudio de estimación del impacto y prevalencia de la violencia sexual contra mujeres adolescentes en un distrito de la Amazonía peruana, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX),, Lima, 2013.