enero 21, 2014

Protestan ante PGJDF y acusan “misoginia” en sistema judicial. Sustentan activistas injusticia en proceso contra Yakiri



Foto: César Martínez López

Una decena de cartas, mensajes de solidaridad y denuncias de violencia de género fueron leídas hoy frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para repudiar la criminalización de las mujeres que, como Yakiri Rubio Aupart, son acusadas por ejercer la legítima defensa e impedir ser víctimas de violación sexual o feminicidio.

Mujeres, feministas y activistas integradas en el Comité Ciudadano por la Libertad de Yakiri organizaron un plantón afuera de la sede de la PGJDF, para denunciar que el caso de la joven –acusada del homicidio de Miguel Ángel Ramírez Anaya, su presunto violador– es una alerta para la sociedad porque ejemplifica la “justicia misógina”.

La fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade; la directora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Karla Micheel Salas, y las artistas del colectivo Las Reinas Chulas, Ana Francis Mor, Marisol Gasé y Nora Huerta, entre otras personalidades, encabezaron la protesta.

En el acto, las defensoras dijeron que se conformó un Comité que realizará diversas acciones a favor de la libertad de Yakiri, y presentaron un análisis jurídico del caso, a través del cual se desprenden 10 irregularidades que muestran la deficiente actuación de la PGJDF y del Tribunal Superior de Justicia del DF.

IRREGULARIDADES

El pasado lunes 9 de diciembre, alrededor de las 8 de la noche, Yakiri se dirigía a ver a su novia cerca de la colonia Doctores, pero en el trayecto fue amagada y secuestrada por dos desconocidos que la llevaron a un hotel, según la declaración de la joven y la información difundida por su familia en los medios de comunicación y las redes sociales.

En ese lugar, relataron, Miguel Ángel Ramírez Anaya la violó sexualmente y estuvo a punto de acuchillarla, pero ella logró torcerle la muñeca y dirigir el cuchillo al agresor. El criminal salió herido y escapó. Acto seguido, Yakiri huyó del hotel semidesnuda, gritando y pidiendo ayuda.

La joven logró ir a una nevería donde explicó lo ocurrido y pidió apoyo para llamar a la policía. Al llegar la policía, de nuevo explicó el ataque al que sobrevivió. Sin embargo desde entonces las declaraciones de la defensa y la familia se contradicen con los dichos de la Procuraduría, que la acusó de homicidio.

Para disipar las dudas y las contradicciones del caso, el Comité Ciudadano hizo un análisis del expediente y encontró irregularidades avaladas por la Agencia 50 del Ministerio Público (MP) que conoció de los hechos, por ejemplo, que a decir de los agentes Yakiri ingresó a un hotel por su voluntad y sin que nadie la obligara.

Asimismo las activistas acusaron que para las autoridades no importa si una mujer dice que fue violada ni que en su cuerpo presente diversas lesiones, traumas psicológicos o crisis emocionales, porque las autoridades sostienen que el presunto agresor en realidad estaba aletargado en la cama después de un orgasmo y por ello fue ventajosamente agredido a sangre fría.

Al fijar el posicionamiento del Comité, la abogada Karla Micheel Salas precisó que un peritaje oficial señala que las lesiones que presentó la joven “son coincidentes con aquellas que se provoca uno mismo”, y por ello afirman que provocó moretones en la parte trasera del muslo derecho, lesiones en la entrepierna izquierda, en la espalda y en ambos antebrazos.

La abogada cuestionó que desde la PGJDF se sostenga la afirmación de que Yakiri hizo un “montaje” para encubrir su crimen y cuando dice que salió corriendo ensangrentada, herida, en “shock” y con poca ropa buscando auxilio y gritando que había sido agredida. Por ello Salas espetó: “¿No hubiera sido más fácil simplemente salir del hotel e irse a su casa tranquilamente?”.

Otra irregularidad fue cuando Yakiri llegó ante elementos de la policía ministerial herida y denunciando la violación, y en vez de ser presentada ante un médico o el MP, los policías la llevaron a “recorrer” la colonia Doctores en busca de sus agresores.

Estos hechos muestran que en ningún momento los policías ministeriales de la PGJDF creyeron la versión y la denuncia de la joven, y por lo tanto nunca fue tratada como víctima de violación, pues incluso cuando la trasladan a la Agencia 50 la presentan como “presunta responsable”.

De acuerdo con la información del expediente, el Comité señala que una vez en la Agencia 50 Yakiri narró los hechos y presentó su denuncia formal por violación en contra de dos sujetos hasta ese momento no identificados, mientras que a la par y al mismo tiempo uno de esos sujetos presentaba una denuncia contra ella por matar a su hermano, que moribundo dijo “que lo había herido la güera de negro”.

Por tanto la PGJDF hizo caso a la denuncia del hermano del occiso y cómplice en la violación, así que integró la indagación y consignó a la joven al Juzgado 68, a cargo de Santiago Ávila Negrón, quien para las activistas es un juzgador de consigna, que no es ni objetivo, ni imparcial, ni incorpora la visión de género en su actuación.

Esto se evidenció cuando minimizó las lesiones sufridas por Yakiri a manos de su agresor, y en su resolución de 170 fojas sólo dedicó dos para analizar la posibilidad de la legítima defensa. Por ello, el pasado 17 de diciembre le dictó auto de formal prisión para recluirla en Santa Martha Acatitla y después en Tepepan, donde permanece hasta ahora.

Para las integrantes del Comité Ciudadano resulta extraño que ahora la PGJDF diga que a Yakiri se le trató como víctima si la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales se tardó ocho días en tomar su ampliación de declaración, recabándola hasta el 17 de diciembre, horas después de haberse dictado la formal prisión.

Por lo pronto, durante la manifestación que reunió además a otras mujeres víctimas que acusaron no ser atendidas de manera adecuada, las defensoras mencionaron que durante la integración de la indagatoria se “perdieron” varios indicios que no fueron recibidos por el MP, entre ellos, una colilla de cigarro de mariguana encontrada en el cuarto número 27 del hotel y que podría ser clave para encontrar huellas de ADN.

La familia de Yakiri agradeció la solidaridad y Oscar Kin y José Luis Rubio, hermano y padre de la joven, respectivamente, dieron un mensaje para llamar a sumarse en contra de la violencia de género que no sólo afectó a Yakiri, sino que sigue cobrando la vida y la libertad de miles de mujeres que son acosadas o víctimas de violación y feminicidio.

Otras mujeres que se han sumado a la exigencia de libertad son la periodista y feminista Lydia Cacho, la sobreviviente de violencia Grettel R., las activistas Alma Ugarte y Edith López, y las organizaciones civiles Pan y Rosas y Escuela de Señoritas, entre muchas otras.

En tanto, este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo propuesto por la bancada de Movimiento Ciudadano, para exhortar a la PGJDF y a Beatriz Santamaría Monjaraz, titular del Instituto de las Mujeres del DF, a resolver con estricto apego a la ley el caso de la joven.

Por Anayeli García Martínez
Fuente: Cimac Noticias