mayo 16, 2014

La soledad de un Apu

Desde hace un tiempo, al recorrer diferentes zonas rurales del país, en las capitales de provincia especialmente, se puede ver a cientos de mujeres o de ancianos que en camionetas repletas bajan de sus comunidades a cobrar las transferencias que les hacen en el marco de la política de alivio a la pobreza, a través de programas como Juntos o Pensión 65. Se les ve luego haciendo largas colas para cobrar el beneficio utilizando modernas herramientas como la tarjeta del banco y mostrando su DNI, asunto que no es poca cosa si tomamos en cuenta que el documento de identificación con el que cuenta desde hace muy poco la población rural, especialmente las mujeres, es un elemento clave para el goce de otros derechos ciudadanos.

Hace unos días, en un medio de comunicación nos llegó la noticia de que José Rodríguez, un anciano en extrema pobreza, lo que lo hace beneficiario de Pensión 65, había recibido su cheque y mostraba en la foto su tarjeta de banco y su DNI. Esta información no tendría nada de especial ahora que encontramos como algo natural en el paisaje que los ancianos y ancianas reciban este beneficio, que suponemos en algo les ayuda para su sobrevivencia, si no fuera porque José, como ahora aparece en su DNI, fue un gran curaca, un Apu, un líder de un grupo de indígenas que vivían voluntariamente aislados, situación a la que probablemente había llegado, como en gran parte de la historia de expoliación de la Amazonía, después de escapar de las correrías a las que eran sometidos por los caucheros.

Vistiendo su camisa de cuadros, Don José aparece al lado de algunos operadores de la política, que sonríen con orgullo por la labor cumplida, mientras el anciano dibuja una mueca en su rostro cansado. Durante 50 años de su vida, vivió el así llamado Don José Rodriguez, recién bautizado con españolísimo nombre, que seguramente, como sucedió históricamente, fue impuesto por la decisión de algún solicito funcionario. Es muy improbable que él haya sido reconocido por su pueblo con éste o con un nombre semejante.

No sabemos cuál habría sido la trayectoria de Don José, expulsado de su territorio, quizá por presiones de grupos que empezaron a incursionar en él para extraer madera o por la demanda de proyectos extractivos, que ven en los indígenas voluntariamente aislados un obstáculo para las inversiones, o por alguna enfermedad que atacó a su grupo o por enfrentamientos con otros. Lo que nos informa el artículo es suficiente como para preguntarnos lo que significa para un ser humano perder sus referentes materiales y simbólicos y enfrentarse a un mundo tan diferente a los 70 años, sin su selva, sin familia, sin su grupo de referencia, sin la autoridad que detentaba como jefe y guía de un colectivo, conocedor de los secretos del bosque. Según nos narra el artículo, el llamado Don José se quedó solo, enfrentado a un mundo desconocido y hostil en donde sus conocimientos y sus experiencias seguramente no le servían, debiendo pasar a depender de otros para sobrevivir, enfrentando la soledad más absoluta. “Pero al final sucumbió a la presión, poco a poco su clan se fue integrando a las comunidades de los ‘poblanos’. José, el poderoso curaca yaminahua, se fue volviendo viejo sin entender la vida de la ciudad. Dejó de ser la autoridad. Sin familia y sin hogar, llevó sus pies cansados a una pequeña comunidad cerca de Sepahua. Ni nombre ni identificación tenía. Recién hace cinco años sacó su DNI. Don José lo utilizó por primera vez para inscribirse en Pensión 65”, dice el reportero.[1] 

Sin dejar de reconocer la importancia de que las personas en extrema pobreza cuenten con recursos económicos para mejorar sus condiciones, cabe preguntarse cuántos Josés serán bautizados a los 70 años para que puedan acceder a una política pública que tiene serios límites, especialmente en casos como el de nuestro personaje, que amerita un tratamiento culturalmente pertinente, tomando en cuenta la situación y la historia de vida de los hombres y mujeres indígenas, sus concepciones del mundo y sus culturas.

Un problema que enfrentamos en el país con relación a determinadas políticas es precisamente que no se toman en cuenta los factores culturales en su proceso de diseño e implementación, tratando a todos y todas como si sus experiencias de vida y sus visiones del mundo fueran las mismas. Cabe preguntarse qué otras acciones se están llevando a cabo en situaciones similares y cómo se incorpora las visiones y perspectivas de los pueblos indígenas en las diferentes medidas que se toman para enfrentar situaciones nuevas a las que se ven sometidos los pueblos, sus hombres y sus mujeres, muchas de las cuales significan pérdida de su identidad, desarraigo y un fuerte impacto en su salud psicosocial, que no se cura con medir la presión o con medicamentos que tienen al alcance cada vez que se acercan a cobrar su cheque, como parece ser que sucede, según un reporte periodístico que habla precisamente de Pensión 65 y del cobro de la mensualidad por indígenas shipibos: “‘Me han revisado los doctores, y me han hecho exámenes, además me han dado medicamentos para el estómago’, contó Leovina, quien tiene 77 años y es usuaria de Pensión 65 desde el año pasado”.[2]

Si bien es cierto que no se pueden tener políticas diferenciadas para todos los casos, se debe hacer un esfuerzo mayor para elaborar políticas que respondan a las características de los pueblos indígenas en el país y que realmente cumplan sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de Pensión 65, que busca con la transferencia mensual no sólo hacer visibles a las personas adultas mayores, reduciendo su vulnerabilidad, sino también que sean revaloradas por su familia y su comunidad, si esto no se acompaña de otras acciones más integrales que aporten a lograr este objetivo, que respondan a las propias visiones de la gente sobre su situación, que no se centren en la pobreza como el elemento definidor y que tomen en cuenta sus trayectorias de vida, como en el caso de Don José, seguirán profundizándose el desarraigo y el olvido, la pérdida de identidad y de sus sentidos de pertenencia, que son claves para el desarrollo, que es finalmente lo que se quiere lograr.

Según la Constitución, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación, lo cual, frente a la situación que estamos narrando, suena a un bonito enunciado. En momentos en que nuevas amenazas se ciernen sobre pueblos indígenas voluntariamente aislados y en contacto inicial, que probablemente los obligarán a abandonar sus territorios, vale tomar en cuenta lo que Frederica Barclay y Pedro García Hierro mencionan en su informe “La batalla por los Nantis”. En este señalan que se está tratando de crear condiciones para forzar su integración, lo que implica ligar su situación de aislamiento o contacto inicial con la categoría de pobreza extrema. “Desde la perspectiva de equivaler a los pueblos en contacto inicial con la condición de ‘marginados’ o ‘excluidos' no sorprende que se esté construyendo una ideología de la necesidad de integración y una equivalencia entre contacto reciente y pobreza extrema.”[3] Se ha llegado a esta definición, según lo señalan en el informe, utilizando las mismas variables que en cualquier otra situación, vale decir: “hacinamiento (i.e. miembros por habitación); nivel educativo del jefe de hogar; combustible que usan para cocinar, tenencia de teléfono fijo; tenencia de cocina a gas; tenencia de refrigeradora; tenencia de TV a color; tenencia de plancha; tenencia de equipo de música; número de artefactos en el hogar; material que predomina en las paredes; material que predomina en los pisos; material predominante en los techos; abastecimiento de agua en el hogar; tipo de servicio higiénico; tipo de alumbrado.”[4] 

Un país con el nivel de crecimiento que tiene actualmente el Perú tiene como principal responsabilidad eliminar las brechas que existen, ya sean de género, étnicas o geográficas, respetando todos los derechos que tienen sus ciudadanos y ciudadanas, como la identidad cultural, garantizando una vida digna a todos y todas. En este momento en que se inicia el juicio por lo sucedido en Bagua en el 2009, que fue el resultado de decretos inconsultos que afectaban seriamente la vida de los pueblos indígenas, deberíamos reflexionar sobre lo que para estos pueblos significa la pérdida de su identidad, de sus modos y medios de vida, de sus territorios y pensar en casos como los de Don José y su terrible soledad para entender lo que temen los hombres y mujeres indígenas en el país y las razones por las que siguen luchando.

Por Rosa Montalvo Reinoso


NOTAS:

1. “Fue un nativo no contactado y ahora es usuario de Pensión 65”, La República, 3 de mayo del 2014. http://www.larepublica.pe/03-05-2014/fue-un-nativo-no-contactado-y-ahora...
2. “Beneficios de Pensión 65 llegan a usuarios de distrito ucayalino de Iparía”, Andina, 26 de marzo del 2014.
3. Frederica Barclay y Pedro García, La batalla por “Los Nanti”: Intereses y discursos superpuestos a favor de la extinción de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti, Perú Equidad – Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, 2014.
4. idem