junio 13, 2014

Sin justicia, injusticias

Las balas cruzan el aire mientras un pueblo, un grupo de personas atemorizadas se refugia donde puede, otras curiosas se levantan e intentan descubrir qué es lo que pasa mientras el traqueteo de las armas sigue como si viniera de todas partes. Sin que se sepa bien de dónde salen, algunas balas atraviesan los cuerpos, matan pobladores, matan hombres, matan niños, niñas y mujeres. Las llaman eufemísticamente balas perdidas, para de esta forma liberar de responsabilidad a quien apretó el gatillo, a quien está detrás de estos operativos que terminan enlutando las familias campesinas, indígenas, en lugares alejados de la gran capital, de nombres impronunciables para quienes no hablamos el quechua, como Ranrapata y Uchuy Sihuis, por poner algunos ejemplos, lugares del país en donde, debido a operativos de las fuerzas armadas, murieron o sufrieron heridas pobladoras y pobladores, sin que luego hayan logrado que nuestro sistema de justicia ubique y juzgue a los culpables. Se emitirán luego declaraciones justificando la sinrazón, se abrirá una investigación que poco a poco quedará en el olvido. Desaparecen sus historias de los diarios en donde alguna mención hubo en algún momento inicial y sólo queda la memoria como forma de justicia, como dijo hace poco Gisela Ortiz [1], refiriéndose a las víctimas del conflicto armado, la memoria de sus familiares, de su comunidad.

Zoraida Caso Asparre es una de estas víctimas que murieron injustificadamente en tiempos de democracia, supuestamente para salvar la democracia y liberar a las comunidades del horror que significa el terrorismo. Tenía sólo 8 años cuando, el 8 de setiembre del 2012, una bala penetró su espalda y la mató en la llamada “Operación Mantaro”, realizada por las fuerzas armadas en Ranrapata, distrito de Santo Domingo de Acobamba, en Junín. Según nos informa la prensa, el acta de levantamiento del cadáver escrito a mano por cinco autoridades de la zona señala que presentaba “signos de violencia en el occiso: herida de bala en el tórax, arrastre, sangre en la escena y cuerpo del occiso; nariz con presencia de golpes y heridas; dedos con laceraciones y heridas; precisan que el cuerpo fue encontrado en medio de arbustos, plantas de chilca y palo, con los pies hacia arriba”.[2] Quizá la mayoría no recuerde el nombre de la niña, pero si recordaremos a la primera dama y la ministra de la Mujer de ese entonces que aparecieron en los medios con niños en los brazos supuestamente salvados de los terroristas, cosa que sería desvirtuada posteriormente por las propias autoridades de la localidad, como el alcalde Jorge Camarena, quienes señalaron que “César Caso (padre de Soraida [sic]), su esposa Aquila Paucarcaja Vega (28) y sus tres menores hijos forman parte de la comunidad agrícola de Ranrapata y no tienen vinculación subversiva”. [3] 

Pasado el escándalo inicial, levantado por la prensa principalmente para lanzarse contra la esposa del presidente y la ministra de la Mujer, quienes también aparecieron en el escenario para aprovechar el momento y los flashes, el nombre de Zoraida no volvió a ser escrito en los grandes medios. No hubo un mayor seguimiento de su caso y menos de un año después, en junio del 2013, la Fiscal Adjunta Provincial encargada de la Fiscalía Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco ordenó el archivamiento de su caso dando como razones que “no ha sido posible determinar la forma y circunstancias en las que la menor agraviada recibió el impacto del proyectil que le causó la muerte, así como determinar de dónde provino el mismo (…) pues durante la diligencia se han producido intercambio de disparos con presuntos narcoterroristas”[4]. En Lima, casi ni nos enteramos de que ya no se continuarían las investigaciones. Otra vida segada inútilmente, otra muerte que queda impune como si su familia no tuviera el derecho que debemos tener todas las personas de obtener justicia, de conocer de dónde salió la bala asesina. Reinó entonces el silencio y la impunidad nuevamente sin que nos escandalicemos.

Hace unos días, en otro operativo, esta vez en el centro poblado de Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Punco, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Olinda Martha García Huaroc, quien estaba embarazada de siete meses, murió también por el impacto de otra bala perdida producto de un operativo de las fuerzas armadas para capturar a terroristas que supuestamente se encontraban en esa localidad. Al oír los disparos, se asomó a mirar lo que pasaba y cayó al piso con el cráneo destrozado y así la encontró su hijo mayor. La enterraron unos días después y a su hijo no nacido en otro cajón. No se sabe de dónde salió la bala que la asesinó y con bastante probabilidad, igual que el caso de Zoraida, seguirá el mismo camino, el archivamiento, como suele suceder en los casos en que están inmersos operativos policiales. Un elemento que no puede dejar de mencionarse es que en este caso también se ha hablado de que se rescató a una mujer con sus hijos, también apareció la ministra de la Mujer en la fotografía, como dando fe del rescate y del compromiso del Estado. Es como si luego de los fracasados operativos y de la muerte de inocentes, se pretendiera aliviar o subsanar los hechos sobreponiendo la salvación de otros, de niños, niñas y mujeres, que aparecen como los más vulnerables y cuya supuesta salvación serviría para atenuar el impacto de la muerte de una mujer, de una niña, de un hombre inocente.

Oronccoy está a 3800 msnm. Es una zona con muy difícil acceso, ubicada allá en Chungui, Ayacucho, una zona que vivió las más duras experiencias en la guerra interna, en donde hay aún más de 40 fosas por desenterrar, en donde las historias de violencia están presentes cotidianamente y en donde se dieron hechos de una crueldad inenarrable, como lo recoge el informe de la CVR:

“En varios de los campamentos de ‘Oreja de Perro’ obligaban a las madres a matar a sus propios niños, algunas los ahogaban en su pecho, pero cuando la madre no quería acatar la orden del mando político del campamento, éste agarraba los niños pequeños de los pies y les golpeaba la cabeza contra una piedra”.[5] 

Allí, en esa zona, donde la memoria de la guerra es aún latente, vivían Carmen Carrasco y su hija Esperanza, de 11 años. Un día, ambas fueron encontradas muertas, asesinadas, ejecutadas con tres tiros en la cabeza, no se sabe por quién, aunque se presume que fueron narcoterroristas que se desplazan por esas zonas transportando droga.[6] Con seguridad no se atrapará a los culpables y, como en tantos otros casos en el sasachacuy tiempo y ahora en democracia, la impunidad seguirá reinando y seguirán olvidados esos hombres y mujeres, reafirmando que en este país la búsqueda y el logro de justicia no es igual para todos y todas.

Eso es tan evidente en el caso de Lizeth Vásquez, una joven cajamarquina que fue agredida por la policía, arrastrada por las calles, como se puede ver en un video [7] , cuando intentaba defender a su madre que cocinaba una olla común en las movilizaciones contra del proyecto minero Conga. Ella, en lugar de ser indemnizada, de que se le pida disculpas, está siendo enjuiciada y acusada de impedir el libre tránsito y haber agredido a un policía. Para ella una fiscal está pidiendo 10 años de prisión y una reparación civil para el policía. Parece que en términos de justicia viviéramos en un mundo al revés, donde la agredida es denunciada y donde los culpables son liberados, como también sucedió hace poco con militares involucrados en el asesinato en 1991 del periodista Luis Antonio Morales Ortega, de los testigos de este asesinato, la pareja de esposos Francisco Solier García y Celestina Huallanca Hinostroza, su hijo Waldyn de 14 años y su sobrino Rubén Gallo de 17 años, y de la ex alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha. Está también el caso de Lester Verau, cuya familia esperó treinta años para obtener justicia, cuando en 2013 la Sala Penal Nacional condenó a los policías que lo ejecutaron en 1983 junto a otras personas. Sin embargo, hace un par de semanas, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el proceso señalando que el delito habría prescrito, omitiendo que crímenes de lesa humanidad no prescriben.[8]

En estos días también hemos sido testigos del inicio del juicio contra 52 indígenas y mestizos que están siendo juzgados por los trágicos hechos ocurridos en Bagua en 2009, mientras no se ha formulado acusación contra los policías ni contra quienes tuvieron serias responsabilidades políticas en los hechos. Esto abona a esta constatación de injusticia en el país, especialmente para quienes siguen siendo considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría por un sistema de justicia que se ensaña con quienes representan la oposición a un modelo extractivista o que exigen sus derechos, mientras tranquilamente archiva los casos de muertes de personas rurales, indígenas, de personas inocentes en nombre de la lucha antisubversiva. Lo más terrible de todo es que siguen pasando estos hechos y la gran mayoría ignora o calla como si miles de balas perdidas nos hubieran silenciado también a nosotras y nosotros.

Por Rosa Montalvo Reinoso

Notas:

1. Dany Valdez, “La memoria es, quizás, la única forma de justicia que tenemos las víctimas”, Discurso de Gisela Ortiz durante la inauguración del Museo de la Memoria de Huancayo, en la región Junín, Lamula.pe, 4 de junio del 2014.
2. “Archivan investigación sobre muerte de niña en operativo en el VRAEM”, tuteve.tv, 20 de junio del 2013. http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/155540/2013/06/20/archivan-inves...
3. “Denuncian que cadáver de niña Soraida Caso fue manipulado”, Spacio libre, Web de noticias, 14 de septiembre del 2012. http://www.spaciolibre.net/denuncian-que-cadaver-de-nina-soraida-caso-fu...
4. “Archivan investigación por muerte de niña en operativo antiterrorista”, RPP, 19 de junio del 2013. http://www.rpp.com.pe/2013-06-19-archivan-investigacion-por-muerte-de-ni...
5. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe final, TOMO V, Capítulo 2: Historias representativas de la violencia, 2.3. Los casos de Chungui y de la Oreja de Perro.
6. Dánae Rivadeneyra y Marco Sifuentes, “Oronccoy, un pueblo entre la guerra de narcos y el olvido”, La República, 22 de abril del 2014. http://www.larepublica.pe/22-04-2014/oronccoy-un-pueblo-entre-la-guerra-...
7. “La justicia al revés”, video, Cajamarca Reporteros, 26 de marzo del 2014.http://cajamarcareporteros.com/video-la-justicia-al-reves/
8. María Elena Castillo, “Juicios de DDHH en peligro por fallo de Corte Suprema que admite prescripción”, La República, 11 de junio del 2014. http://www.larepublica.pe/11-06-2014/juicios-de-ddhh-en-peligro-por-fall...