Solidaridad con las mujeres obligadas a abortar en el extranjero
La Red Europea para el Acceso Seguro al Aborto Federica Montseny está formada por grupos de personas en diferentes países con el objetivo de ayudar a las mujeres residentes en el Estado español que lo deseen a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en el extranjero, en caso de que se apruebe la nueva ley propuesta por el Partido Popular sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
“No somos profesionales sanitarios, tan solo somos personas que quieren que, en caso de que decidas que quieres abortar, puedas hacerlo con profesionales y en las mejores condiciones posibles”, aclaran en su recién creada página web.
La iniciativa ha sido impulsada inicialmente por el grupo de Feminismos del 15M en Berlín, pero aspira a establecer una red de nodos asistenciales en distintos lugares; de momento se han sumado grupos en Londres, Viena, Bruselas y Portugal.
La Red Montseny surge como reacción al anteproyecto de Ley de Protección de Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, propuesto por el Partido Popular, cuya aprobación se prevé inminente, y su objetivo es facilitar el acceso a un aborto libre y seguro en el extranjero a todas las mujeres que se vean obligadas a trasladarse fuera del Estado español para someterse a la intervención en países con legislaciones más permisivas en materia de salud reproductiva. La red dispone de una bolsa de alojamientos en hogares de personas voluntarias, ofrece acceso a personas que informan sobre requisitos legales y procedimientos médicos, y realiza servicio de acompañamiento y traducción.
La nueva ley del aborto proyectada por el Gobierno español, popularmente conocida como ley Gallardón, es mucho más restrictiva que cualquiera de las legislaciones anteriores sobre el tema aprobadas en el Estado español. El anteproyecto vuelve a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y vuelve a introducir un sistema de supuestos, eliminando en este caso el de malformación del feto. También requiere el permiso de dos médicos especialistas de centros diferentes que autoricen la intervención, y autorización paterna o materna en el caso de las menores de edad de 16 y 17 años.
Todos estos factores han provocado un intenso rechazo de la opinión pública contra la ley, al considerar que limita enormemente la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
"La Red Montseny no tiene sentido en sí misma, y debe ir estrechamente ligada a una labor de denuncia contra la nueva ley", afirma Marta Cazorla Rodríguez, una de las impulsoras de la red. "Lo que pretendemos es llevar a cabo de modo práctico nuestra libertad reproductiva y sexual, la misma que gobiernos machistas se empeñan en negarnos. Nosotras mismas somos las garantes de nuestra propia libertad".
Las integrantes de la red Montseny también aspiran a reducir en el mayor número posible los casos de intervenciones clandestinas que ponen en peligro vital a las mujeres que a ellas se someten. Estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que la restricción del acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo no reduce el número de abortos, pero sí que provoca un aumento en los casos de ingresos hospitalarios y muertes derivadas de operaciones ilegales.
El nombre de la iniciativa rinde homenaje a Federica Montseny, una de las primeras mujeres europeas que alcanzaron el cargo de ministra. Esta dirigente anarquista redactó en 1936, cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad, el primer proyecto de ley para despenalizar el aborto en España. La iniciativa nunca entró en vigor. Su rápida salida del Gobierno y la guerra civil y posterior dictadura lo impidieron. Pero, como vemos, su obra continúa a través de estas jóvenes que, obligadas a abandonar su país por una crisis creada por un sistema caduco, se solidarizan con tantas y tantas mujeres cuya libertad está amenazada por un proyecto de ley que nace dictado por la moral de una minoría.
Di no a la nueva ley del aborto
La Red explica en su web cual ha sido el proceso del reconocimiento legal del derecho al aborto en España y cuáles son las razones para oponerse a la llamada Ley Gallardón. En el Estado español tan sólo existe una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo desde 1985. Ésta se caracterizaba por su alto carácter restrictivo en la cual la voluntad de la mujer estaba sujeta a la decisión de un médico, figura considerada de autoridad. Por ello, muchas mujeres se veían obligadas a viajar al extranjero o a someterse a peligrosas operaciones en sus propias casas, en clínicas ilegales o a manos de personal no cualificado y con escasos medios.
Ya en el año 2010 se aprobó una ley de plazos que introduce por fin el derecho al aborto, en la cual se producen algunos avances hacia una política de salud sexual y reproductiva más amplia, integral y progresista, aunque disponía de algunas lagunas legales. Desde la aprobación de esta ley (Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo) las mujeres gozan de un plazo de 14 semanas en el que libremente, sin tutela alguna de jueces o profesionales médicos, pueden tomar la decisión de continuar con su embarazo o interrumpirlo.
Tres años más tarde y en plena crisis derivada en un sinfín de recortes sociales, en los que los derechos de las mujeres se han visto especialmente afectados, el gobierno del Partido Popular pretende imponer una nueva ley aún más restrictiva que la primera del año 1985. La redacción de esta nueva ley se está haciendo de forma opaca, en contra de la voluntad de la mayor parte de la población y gracias al apoyo de una comisión de expertos compuesta exclusivamente por hombres. Esta ley no tiene más que un carácter puramente ideológico y defiende un modelo de mujer infantilizada sin capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Esta ley es defendida por los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica y es impulsada por un gobierno de derechas dentro de un estado supuestamente aconfesional.
Ejemplos del carácter retrógrado de esta nueva ley son:
- se cambia de plazos a supuestos, siendo los únicos supuestos válidos para llevar a cabo una IVE los siguientes: supuesto de peligro de la vida de la madre; supuesto de malformación, solo en casos que ellos consideren "incompatibles con la vida".
- se elimina de la oferta educativa el contenido relacionado con la educación sexual.
- se reimpone la necesidad de prescripción de receta médica para la adquisición de la "píldora del día después".
- se elimina la formación sobre la IVE al personal médico.
- se deja de cubrir la IVE a través de la Seguridad Social.
- es necesaria una autorización del tutor legal en los casos de menores.
No podemos aceptar esta injerencia sobre nuestros cuerpos y por ello reivindicamos una ley en la que:
- se despenalice la IVE y se elimine del Código Penal.
- la IVE esté cubierta por la Seguridad Social en una sanidad pública de calidad con los mejores recursos técnicos.
- se amplíe la cobertura sanitaria post-aborto, mediante apoyo e información para la mujer.
- se elimine la necesidad de autorización de los tutores legales en caso de menores. • se erradique el periodo de reflexión previo a la operación.
- la educación sexual esté incluida en los programas educativos de Primaria y Secundaria.
- se garantice el acceso libre y gratuito a anticonceptivos.
Fuente: AmecoPress
