diciembre 18, 2014

La realidad de la infancia en Filipinas a la zaga de la legalidad



El embarazo adolescente involucra a 1,4 millones de jóvenes filipinas de entre 15 y 19 años. Crédito: Stella Estremera/IPS

Filipinas tiene una buena imagen entre organizaciones de derechos humanos por su avanzado marco legal en materia de protección infantil, pero activistas como Mae Baez se lamentan de la persistencia de varias violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en este país de Asia Pacífico.

“Los embarazos adolescentes aumentan, a los niños de la calle los tratan como delincuentes castigados y no se atienden a los menores en conflicto con la ley ni a los afectados por desastres y, ahora, con la prevalencia de la pornografía infantil, niñas y niños saben cómo usar vídeo llamadas”, señaló Baez, de la Secretaría de la Coalición para la Convención sobre los Derechos del Niño.

El último caso sonado de este flagelo ocurrió a principios de este año en la isla de Cebu, 570 kilómetros al sur de Manila, donde la Policía Nacional de Filipinas detuvo y procesó a varios extranjeros por pedofilia y pornografía infantil en un gran negocio de cibersexo.

Baez se lamenta de que “persisten violaciones”, como el generalizado castigo corporal en el ámbito doméstico, en la escuela y en otros ámbitos.

El movimiento Bata Muna (niños primero), que supervisa la implementación de los derechos de la infancia en Filipinas, dijo que esas violaciones están previstas en las recomendaciones de expertos y revisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno de Filipinas.

Bata Muna está integrado por 23 organizaciones dedicadas a asuntos de la infancia, junto con Save The Children, Zone One Tondo y Children Talk to Children.

El movimiento enumeró varios logros en materia legal entre las políticas de protección a la infancia.

También está el Programa Pantawid Pamilyang Pilipino, que se propone erradicar la extrema pobreza concentrándose en la salud y la educación infantil. Además del Marco Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Infancia 2001-2005 y el Plan de Acción para la Infancia, junto con los crecientes esfuerzos colectivos de la sociedad civil en defensa de los derechos de niños y niñas.

Pero Baez dijo que las leyes y los programas no están totalmente implementados y, de hecho, se ven enturbiados por propuestas legislativas como la reforma del Código Penal para elevar la edad del estupro de los actuales 12 años a 16 para alinear al país con los estándares aceptados internacionalmente sobre la edad de consentimiento.

La Ley de Salud Reproductiva y Paternidad Responsable, promulgada hace poco pero que llevó 15 años de idas y venidas, tampoco se ha implementado. Muchas organizaciones de la sociedad civil tienen puestas sus esperanzas en esta norma para mejorar muchos de estos problemas.

El embarazo adolescente afecta a unas 1,4 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años en todo el país, según el Instituto de Población de la Universidad de Filipinas, responsable de la Encuesta sobre Sexualidad y Fertilidad entre Jóvenes Adultos, de 2013.

Hay unos 43 millones de menores de 18 años en Filipinas, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas, y necesitan, en especial los de hogares más vulnerables y con poco acceso a la educación formal, información sobre su cuerpo, su salud y sus derechos para evitar el embarazo precoz, que impide a las niñas el goce total de sus derechos humanos básicos, pues, entre otras cosas, impide que dejen la escuela.

En materia de educación, el gobierno todavía debe concretar un mayor acceso para todos desde jardinera hasta el grado 12, indicó Baez.

Mark Timbang, coordinador del Grupo de Acción de Mindanao para la Protección y los Derechos de la Infancia, en el sur de Filipinas de mayoría musulmana, coincidió y dijo que el gobierno debe mostrar sus intenciones de garantizar la educación a los jóvenes.

Además, “el gobierno no interviene para proteger a los menores del matrimonio temprano ni para poner fin a la guerra de décadas entre musulmanes y cristianos, y lograr una paz verdadera y duradera”, añadió, para que niñas y niños puedan crecer en un ambiente seguro.

Sheila Carreron, responsable de participación infantil de Save the Children, dijo que otro proyecto de ley que busca elevar la edad, de entre 15 y 17 a 18 y 24, en que pueden integrarse al Sangguniang Kabataan (consejo de jóvenes), un órgano político y un mecanismo para fomentar la participación de este sector de la población.

“Urgimos al gobierno a que no borre a los muchachos del consejo. Que los deje experimentar los asuntos que los conciernen. El consejo es su única plataforma”, remarcó Carreon.

Angelica Ramírez, del Comité de Legisladores de Filipinas para Población y Desarrollo, dijo que las leyes actuales no garantizan la protección de la infancia, y citó como ejemplo proyectos de ley pendientes que buscan métodos de corrección positivos en vez del castigo corporal.

El más destacado es el proyecto de Disciplina Positiva y contra el Castigo Corporal, que busca enseñar a los niños que la violencia no es aceptable ni una estrategia adecuada para resolver conflictos.

Promueve una paternidad no violenta que pauta el comportamiento infantil a la vez que se respetan sus derechos a un desarrollo saludable y a su participación en el aprendizaje, a desarrollar una comunicación positiva y la capacidad de escucha, además de ofrecer oportunidades para evaluar las elecciones que hacen.

Ramírez mencionó el eslogan de una campaña que muestra a niños diciendo: “No necesitan lastimarnos para que aprendamos”, para remarcar que el castigo físico es “rampante y prevalece” en los hogares filipinos, pues se lo considera un comportamiento normal.

Además, mencionó una encuesta de la firma de estudios sociológicos Pulse Asia, de 2011, que concluyó que ocho de cada 10 niñas y niños filipinos reciben castigos corporales, y dos de cada tres padres no conocen otros métodos para educar a sus hijos.

Atender este problema eliminando la violencia física puede tener un efecto multiplicador sobre las futuras generaciones, remarcó Ramírez, pues nueve de cada 10 padres que aplican correctivos físicos arguyeron que lo mismo hicieron sus padres con ellos.

La ONU define castigo corporal como el castigo físico, emocional y psicológico de niñas y niños con el pretexto de disciplinar. Además recomienda que todos los países, incluido Filipinas que es signatario de la Convención, implementen leyes que prohíban todas las formas de castigo corporal en la escuela, en instituciones públicas y privadas, en el sistema de justicia de menores, en el de atención alternativa y en el ámbito doméstico.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme
Fuente: IPS