Chile La violencia sexual como violencia política

Luego de 24 años del fin de la dictadura militar, el Estado chileno sigue en deuda con las y los sobrevivientes de tortura y violencia sexual en materia de verdad, justicia y garantías de protección. Los nombres de la mayoría de los torturadores permanecen ocultos, las condenas por dichos actos se han hecho esperar y, pese a las reiteradas denuncias de estas agresiones y a su documentación por parte organismos oficiales y civiles, las mujeres que participan en manifestaciones públicas, como las protestas estudiantiles de 2012, siguen siendo objeto de abusos sexuales por parte de agentes del Estado.

En junio de 2014, el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció un proyecto de ley que buscaría incluir el delito de tortura en el Código Penal chileno. Ante esto, la Asociación de Memoria y Derechos Humanos ‘Venda Sexy’ (nombre con el que se conoce a uno de los centros de detención y tortura que operó durante la dictadura) le exigió al gobierno atender las recomendaciones internacionales sobre el tema y tipificar la violencia política sexual como delito autónomo.

Por otro lado, sobrevivientes y organizaciones sociales instauraron el año pasado la primera querella por violencia política sexual. Además de buscar justicia y reparación, con esta medida exigen al Estado abordar dicha violencia en su especificidad, es decir, como un crimen diferente a otros en cuyas figuras suele ser subsumido y de hecho invisibilizado.

Beatriz Bataszew es feminista y sobreviviente de tortura y violencia política sexual en el centro de detención Venda Sexy. En entrevista con el CLAM habla sobre el lugar que ha ocupado dicha violencia en las investigaciones judiciales y su ingreso en el debate público. Detalla también las estrategias activistas para revertir ese panorama.

¿Cómo ha abordado la justicia chilena las denuncias por violencia sexual durante la dictadura militar?

Hasta hoy, la justicia chilena no lo ha hecho. Organizaciones como la Corporación Humanas han trabajado con varias querellas de mujeres por detención, desaparición y ejecución. Pese a que en ellas se han mencionado y verificado las prácticas de violación, desnudez forzada y otras formas de violencia sexual, los procesos judiciales no han condenado a nadie por ese delito.

Sin embargo, el tratamiento del tema ha evolucionado. En mayo de 2014 hubo un cambio en la estrategia y se empezó a plantear la violencia política sexual como un crimen autónomo, de lesa humanidad y distinto al de tortura. Hasta entonces, la violencia política sexual era planteada bajo el rótulo de tortura, pero en Chile este delito no está tipificado; sólo son reconocidos los tratos degradantes, inhumanos, crueles. Los juicios al respecto no han tomado como marco la jurisprudencia internacional.

¿Cuál es la relevancia de este cambio?

Al ser consideradas tortura, las agresiones sexuales eran abordadas sólo en términos de violencia, desconociendo la sexualidad de las mujeres como un elemento específico de la misma y como uno de los mecanismos empleados de manera diferencial por el terrorismo de Estado en hombres y mujeres. Aunque no hay estudios al respecto, grosso modo podría decirse que el 95% de las mujeres que estuvimos detenidas o secuestradas y aproximadamente un 10% de los hombres en esa situación fuimos objeto de violencia política sexual. Al plantear la violencia política sexual como un crimen autónomo también se señala su especificidad, es decir, que fue ejercida contra las mujeres por ser mujeres. Asimismo, pone de relieve el modo como un poder sexual se expresa en una sociedad desigual como la chilena en el contexto de dictadura.

Ahora bien, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres son agredidas sexualmente; pero en contextos de conflicto y situaciones represivas esto se exacerba, sobre todo contra las mujeres que contravinimos normas políticas y culturales tradicionales. Nosotras rompimos con la división de los espacios y la jerarquía entre ellos y salimos al mundo público. Éramos actoras públicas. En el contexto del golpe, donde se asignaba un rol fundamental para las mujeres, correspondiente al espacio privado, a ser madre, esposa y cuidadora, esa actitud fue duramente castigada. Esto se evidenciaba en el lenguaje de los torturadores, donde era muy fácil pasar de ser santa a ser puta.

Cuando señalamos esta diferencia de la violencia política sexual también estamos retomando el legado de las luchas de otras mujeres en el mundo. En los juicios de Núremberg fue testificada violencia de este tipo contra mujeres de uno y otro bando, pero no fue condenada. Asimismo, hemos examinado experiencias como la del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, así como los debates en la Corte Penal Internacional, la Convención Belém do Pará, CEDAW y consideramos que es necesario exigirle al Estado chileno que actúe de acuerdo a la jurisprudencia internacional. Esto es lo que estamos pidiendo en la actualidad.

Durante algún tiempo, la crítica feminista al Derecho Internacional Humanitario señaló la importancia de reconocer la violencia sexual en contextos de guerra o de conflicto como una forma de tortura, para evidenciar su uso como arma. No obstante, ustedes señalan el riesgo de ocultar el carácter de género de dicha violencia. ¿Cómo proponen resolver esta dificultad a partir de la ley que tipificaría dicha violencia?

Eso forma parte de las discusiones que se están dando en el país. Nosotras integramos un colectivo llamado Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, y nos orientamos más por esta última línea. Otras compañeras asumen una postura distinta. Nosotras queremos que se aborde el tema de la violencia, pero también el de la sexualidad, y eso ha sido entendido por quienes buscamos la promulgación de la ley que tipifique el delito de violencia política sexual. Hemos recorrido un largo camino pidiéndole al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) que se haga cargo de esta problemática y planteamos que cualquier tipificación al respecto que se haga en nuestro país cuente con la participación y la aprobación de nosotras, las sobrevivientes. Eso ha sido aceptado. Actualmente tres sobrevivientes estamos trabajando con la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con un grupo de abogados de nuestra confianza. Mi impresión es que la ley que se promulgue va a ser muy cercana a lo que estamos planteando.

El legado de otras luchas al que hacía alusión es muy importante en este sentido. En noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que declaró responsable al Estado peruano por la detención, violación y tortura de Gladys Carol Espinoza Gonzáles durante la dictadura de Alberto Fujimori. Yo siento que el Estado chileno, que ha hecho muy poco con relación a la Justicia y a la Verdad, siente que le va llegando la hora de hacerlo, porque si no va a ser cuestionado internacionalmente. Este Estado tiende a mostrarse como muy democrático. El presidente de la Corte Suprema de Chile señaló hace poco que el Estado estaba en deuda con relación a los temas de tortura y de violencia sexual. Luego, un juez de la Corte de Apelaciones declaró que se iba a aplicar la jurisprudencia internacional para que Chile no fuera sancionado por la Corte Interamericana. Tengo la impresión de que Chile está buscando responder a eso, pero también a la presión que nosotras hemos ejercido como movimiento con gran respaldo de la ciudadanía.

¿A qué atribuye la menor visibilidad que ha tenido dicha violencia, pese a las reiteradas denuncias al respecto y a que el informe de la primera Comisión Valech recogía relatos de este tipo, frente a otros crímenes cometidos durante la dictadura que han sido investigados?

Que quede claro que han sido investigados pero no sancionados, porque los realmente sancionados han sido los ejecutados y los desaparecidos. Los investigados no han cumplido penas por dichos crímenes, lo que da lo mismo.

Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, a que en las declaraciones que dábamos era borrado lo que tenía que ver con la violencia sexual. Muchas de nosotras hicimos declaraciones en las que manifestamos haber sido objeto de tortura y de violencia política sexual desde 1976. Después de muchos años fuimos a buscar los informes judiciales que se habían elaborado a partir de nuestros testimonios y encontramos que no aparecía nada de lo que habíamos dicho. En su lugar aparecía la expresión “trato degradante”. También hicimos declaraciones en un organismo de la Iglesia católica chilena que apoyó a presos y presas políticas llamado Vicaría de la Solidaridad. Buscamos estas declaraciones y ocurría algo similar.

Un segundo elemento es que hace 40 años la violencia sexual hacia las mujeres formaba parte de la cotidianidad. Por ende, muchas mujeres tendían a normalizarla y a verla como algo que te podía pasar, sin asumirla en su gravedad. Para muchas mujeres no era algo tan significativo, porque ya tenían experiencias anteriores de violencia sexual. El imaginario social de la tortura es masculino: el golpe, la cachetada, la patada, la electricidad… Así que esto tendía a aparecer como un daño colateral.

En tercer lugar, los sobrevivientes, hasta el día de hoy, no tenemos asesoría jurídica ni asistencia legal. Estamos sumidos en la más absoluta indefensión. Los abogados con los cuales hemos presentado querellas por tortura y por violencia sexual lo hacen de manera solidaria, así que no pueden llevar los casos del conjunto de la población. Y muchos de esos abogados no tenían formación en género. La justicia, tampoco. Hay muchas razones que se confabulan con esta dificultad, que a su vez se cruza con otras que afectan a las mujeres en materia de acceso a la justicia en cuestiones como violencia intrafamiliar, amenazas, etcétera. En este sentido, la violencia política sexual no es tan diferente de otras problemáticas que han afectado a las mujeres. Lo que pasa es que es una práctica sistemática. En el caso de violaciones que no tienen un carácter político, éstas también se enmarcan en patrones hegemónicos heterosexuales androcéntricos.

Este ha sido un tema difícil de posicionar no sólo en tribunales y medios de comunicación, sino también en organizaciones de derechos humanos. El planteamiento general es que “a los hombres también nos violentaron”. Pero la violencia es distinta. Esta es una lucha que también hemos tenido que dar. No obstante, hay que señalar que pese a las dificultades de posicionar la violencia política sexual como un crimen autónomo en organizaciones de derechos humanos, se ha logrado. Se ha avanzado en este trabajo.

¿Cómo ingresó el tema en el debate público y judicial de Chile?

Anteriormente habían sido interpuestas querellas donde aparecía el tema de la violencia sexual, pero en mayo del año pasado se hizo la primera de ellas por violencia sexual como crimen autónomo. En este caso participaron cuatro compañeras. Dicho proceso está en curso. Ha avanzado, pero aún no tiene condena. Es preciso esperar la respuesta de la justicia.

Con respecto al modo como ha sido posicionado el tema en el debate público, yo siento que también se produjo un cambio en nosotras. No sabría decir cuáles son las razones. Nosotras somos mujeres de 60 años, ya criamos nuestros hijos, estamos consolidadas en nuestras vidas, pero de repente nos juntamos y esto fue como un renacer político también. Habíamos intentado hacerlo antes, porque las mujeres sobrevivientes tenemos un nexo muy profundo. Pero es como si hoy estuviéramos decididas a llevar esto hasta el final. Para muchas de nosotras significó recuperarnos como sujetos políticos. Cuando concedimos las primeras entrevistas sobre el tema, nuestro discurso cambió y floreció el de la mujer resistente y empoderada que lucha por la justicia. Esto generó, desde mi perspectiva, una gran aceptación. La gente tenía la imagen de la victimización, el llanto y el dolor que aunque cierta, es sólo una parte de la historia. Nosotras vivimos esa historia porque éramos rebeldes y luchadoras. Este cambio en el discurso fue valorado por la población y por los medios de comunicación. Nosotras llevamos a cabo pequeñas acciones que convocan. Cosas cotidianas. Los jueces y las autoridades del Estado ya nos conocen, saben quiénes somos.

¿Qué alcances pueden tener las querellas, las reuniones que han sostenido con funcionarios del gobierno y la tipificación de la violencia política sexual?

En materia de judicialización queremos que el Estado chileno cumpla su compromiso con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. Esa es una reivindicación insoslayable. Es un derecho que tenemos quienes fuimos torturadas y violentadas sexualmente. No permitiremos algo distinto así nos demoremos 40 años más. Chile no ha alineado su legislación con los tratados internacionales de derechos humanos. En el país todavía está vigente la ley de amnistía. Nosotras queremos que esos tratados tengan carácter constitucional o supra constitucional. Si la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema no aplican la jurisprudencia con relación a la violencia política sexual contra las mujeres, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, o adonde sea necesario. El Estado sabe que lo vamos a hacer. Para nosotras el camino está claro. Resta esperar el resultado de la querella de las cuatro compañeras y de las muchas que van a venir.

En la entrevista que sostuvimos con el Ministro de Justicia en diciembre del año pasado, él se comprometió públicamente a conformar un equipo jurídico, con abogados de nuestra confianza, con perspectiva de género y con presupuesto para que las mujeres podamos presentar nuestras querellas. Actualmente están trabajando en la conformación de dicho equipo.

Con respecto a la ley que busca la tipificación, la encontramos valiosa. En 2012, cuando se hicieron las movilizaciones estudiantiles en Chile, 30 niñas y estudiantes mujeres fueron detenidas y sometidas a violencia sexual por agentes del Estado, por policías. No pasó nada con ellos. Entonces, así como nosotras las mujeres sobrevivientes hemos recibido legados de otras mujeres, para nosotras la tipificación también sería un legado para las mujeres más jóvenes, para que tengan derecho a protestar, a tener vida y opinión política sin por ello ser objeto de violencia sexual. Sabemos que esto no cambiaría sustancialmente la situación, ya que son necesarios cambios culturales profundos. También es importante que Chile forme en género a los operadores judiciales, como lo señaló la Corte IDH a raíz del caso de la jueza Atala, lo cual no ha hecho. Para la tipificación estamos exigiendo operadores judiciales que puedan entender las demandas de las mujeres. Creemos que si no se incorpora la perspectiva de género, no hay posibilidad de que las humanas tengamos derechos humanos.

Aparte de este trabajo ustedes avanzan en otras acciones como la recuperación del inmueble donde funcionó el centro de tortura ‘Venda Sexy’. ¿Qué otras medidas demandan al Estado?

En los años noventa funcionó en Chile la Comisión Rettig, que expuso la situación de los detenidos, desaparecidos y ejecutados, pero los nombres de los victimarios quedaron ocultos. Con la Comisión Valech, por ley, los nombres de los victimarios se mantendrán ocultos durante 50 años. De este modo el Estado no está dando señales claras de que esté por la justicia y contra la impunidad. Esos nombres deben ser públicos. De acuerdo con lo que dicen los tratados internacionales, esa verdad es nuestra, de las personas sobrevivientes.

Por otro lado, Venda Sexy tiene una particularidad: la mayoría de los centros de tortura en Chile fueron espacios públicos, pero en este caso, la casa es propiedad privada. Muchos de los otros locales han sido recuperados por el Estado siguiendo una política patrimonial de memoria. Cada uno de estos sitios ha adoptado características propias. Algunos, como Villa Grimaldi, se convirtieron en un parque por la paz; otros se transformaron en memoriales. El año pasado nos entrevistamos con el Ministro de Bienes Nacionales, quien señaló explícitamente el compromiso del Estado en recuperar la casa donde funcionó Venda Sexy como bien patrimonial. Hay un tema legal y presupuestario relacionado con la propiedad de la casa, que es necesario resolver. Pero el gobierno de Bachelet se comprometió a hacer de esa casa un lugar de memoria. Las características de este sitio serían diferentes, porque nosotros queremos llevar a cabo una construcción de memoria más activa, con visión de futuro. El gran éxito de los regímenes dictatoriales consiste en cercenar la memoria y dejarla mirando hacia atrás, hacia las víctimas. Nosotros queremos traer al presente y llevar al futuro la visión que teníamos como luchadores políticos, con proyectos sociales, como personas que seguimos pensando en la necesidad de un cambio profundo de la sociedad. Por ende, creemos que debería ser un espacio que se engarce con las luchas de los movimientos sociales actuales, de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento ecológico, etcétera. Queremos establecer una ligazón entre esto y los cambios que, desde nuestra perspectiva, es importante llevar a cabo en el país, como el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Fuente: Clam