Colombia. ¿Una coyuntura favorable?
Los modos en que las violencias ancladas en el género y la sexualidad se articulan con aquellas que tienen lugar en contextos de militarización, dictadura o conflicto armado vienen cobrado gran visibilidad en los últimos años. Pese a que la desmesurada vulnerabilidad de las mujeres y personas LGBT en situaciones de conflicto armado no es algo nuevo –de ello dan cuenta testimonios sobre violencia sexual en campos de concentración nazi,así como en los centros de detención y tortura del régimen militar de Pinochet–, sólo en los últimos dos decenios los tribunales internacionales (como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional), organismos internacionales (ONU) y regionales (OEA), organizaciones de derechos humanos e investigadoras/es sociales han empezado a mirar este cruce como una problemática que merece ser abordada.
En Colombia, la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” ha articulado durante 14 años organizaciones de mujeres, derechos humanos y activistas tanto nacionales como internacionales en torno al abordaje sistemático de las lógicas e impactos de la violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en el contexto colombiano. Después de dos años de receso y de un debate alrededor de los sentidos y perspectivas de esta labor, la Mesa lanzó el pasado 25 de febrero, en la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la edición décimo segunda de su informe, que mediante un enfoque diferencial busca dar cuenta del impacto específico de la guerra en mujeres indígenas y afrocolombianas haciendo énfasis en la violencia sexual.
Al igual que en otros contextos de guerra, la violencia sexual contra mujeres en Colombia es perpetrada de forma sistemática y continuada por todos los actores armados, incluyendo la Fuerza Pública. No obstante, la ausencia de un sistema oficial de registro de violencia sexual hace particularmente difícil estimar los alcances de dicho fenómeno. Ante esta situación, las investigadoras de la Mesa acudieron a informaciones oficiales de distintas fuentes como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Registro Único de Víctimas, así como a informes producidos por organizaciones sociales, como la Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual, impulsada por Oxfam Internacional y llevada a cabo por la Casa de la Mujer. A partir de estos datos, el documento revela un panorama de violencia sexual continua aunque con distintas intensidades en los últimos 20 años.
La Encuesta de Oxfam-Casa de la Mujer señala que durante el período 2001-2009, en los 407 municipios del país donde hay presencia de la Fuerza Pública, guerrilla y paramilitares, la prevalencia de la violencia sexual es del 17,58%. Es decir que 489.687 mujeres fueron agredidas sexualmente en 9 años, lo que equivale a 54.410 cada año. A nivel general, los exámenes practicados por Medicina Legal en los casos de presunto delito sexual han disminuido entre 2011 y 2013, no obstante en 2011 se registró la tasa más alta del último decenio, estimada en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Al cruzar esta información con variables que vinculan dichas agresiones con la violencia sociopolítica y con los actores armados se observa, sin embargo, un incremento en esos tres años: en 2012 se efectuaron 81,69% más exámenes asociados a la violencia sociopolítica que el año anterior y en 2013 hubo un aumento respecto a 2012 de 32,88% en el número de exámenes que presumen como agresor a un actor armado. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, desde el 1 de enero de 1985 al 1 de octubre de 2014 se habrían registrado 6.743 ‘delitos contra la libertad e integridad sexual’. Aunque las fuentes arrojan información fragmentaria, por lo que resulta difícil aventurar hipótesis sobre los picos en violencia sexual, las cifras dan cuenta de dos momentos especialmente críticos en los que se habría recrudecido esta forma de violencia en los últimos años: el período comprendido entre 2000 y 2005, y entre 2012 y 2013.
Ante esta situación, la respuesta del Estado colombiano ha estado marcada por la profusa expedición normativa y jurisprudencial para garantizar la vida y los derechos de las mujeres, darle celeridad a los procesos judiciales y priorizar las investigaciones de estos actos al concederles estatus de crimen de lesa humanidad; pero también por una incapacidad manifiesta en hacer efectivas tales medidas. Entre las razones dadas por las integrantes de la Mesa que explicarían esta situación se cuentan “1) dilaciones injustificadas de los procesos para establecer la responsabilidad de los paramilitares en los hechos de violencia sexual; 2) la negación de los procesados a aceptar el uso sistemático de la violencia sexual en el conflicto armado; 3) la priorización de la mirada en las confesiones de los actores armados ilegales para la construcción de la verdad judicial, sin prestar atención a las voces de las mujeres víctimas que revelan la dimensión de los crímenes cometidos”.
Asimismo, algunas normas orientadas a la llamada ‘justicia transicional’, como la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz –mediante la cual se desmovilizaron miembros de grupos paramilitares–, no sólo no han garantizado los derechos de las víctimas de estos grupos, sino que en algunos casos han profundizado la impunidad al conceder beneficios a dichos actores, como penas de entre 5 y 8 años de cárcel por delitos graves. Al respecto, las autoras del informe manifiestan su preocupación por la próxima salida de la cárcel de varios ‘postulados’ a dicha ley, quienes sin haber satisfecho los derechos de las víctimas podrían tomar represalias contra ellas y contra las mujeres que han participado en los procesos judiciales denunciando esta situación. Si se tiene en cuenta que muchos de los ex paramilitares han continuado sus actividades ilegales desde la cárcel y perpetrado desde allí ataques e intimidaciones a distintas poblaciones, no se excluye la posibilidad de que la violencia sexual sea un mecanismo empleado en dicha venganza.
Frente a las leyes que han sido formuladas en el marco de las actuales negociaciones con las FARC, el informe también llama la atención sobre el posible agravamiento de la impunidad. Este es el caso del llamado Marco Jurídico para la Paz, que con el fin de facilitar el fin del conflicto armado establece que no todas las violaciones de derechos serán investigadas. Aunque la violencia sexual sería uno de los crímenes priorizados en tanto crimen de lesa humanidad, debido a la naturaleza de dichas agresiones puede resultar difícil demostrar su carácter sistemático y su conexión con el conflicto armado.
Los modos como violencia sexual y conflicto armado se entrelazan son complejos y, aunque relacionadas, no todas las agresiones sexuales en dicho contexto son perpetradas por actores armados. En sus análisis de diversos contextos de guerra la Women Human Rights Defenders International Coalition (Coalición Internacional de las Defensoras de los Derechos de las Mujeres) ha mostrado los impactos culturales que puede tener la militarización en las relaciones de género, entre los que se cuentan la adopción de valores y patrones de comportamiento militares por parte de la sociedad civil. Aunque llamativas, no resultan sorprendentes las altas tasas de agresiones sexuales cometidas por actores no armados en áreas rurales, ni el hecho de que sean familiares, vecinos y conocidos los principales agresores identificados por niñas y adolescentes en departamentos como Putumayo, donde los enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas son frecuentes.
En el caso de mujeres indígenas y afrocolombianas, el informe destaca tres condiciones que las tornan vulnerables a graves violaciones de derechos por causa del conflicto armado: la localización de las comunidades a las que pertenecen en territorios ricos en recursos disputados por actores armados, lo que las expone a frecuentes incursiones militares; procesos socioeconómicos vinculados al conflicto armado como el narcotráfico, que contribuyen al despojo de sus tierras y al desplazamiento forzado hacia los principales centros urbanos, donde son objeto de discriminación; y los riesgos a los que están expuestas en cuestión de género, como la prostitución forzada, la violencia sexual y el uso de mujeres como elementos estratégicos de guerra.
Con respecto a este último punto, las autoras describen las múltiples formas en las que la violencia sexual es empleada por los actores armados. Entre ellas señalan cómo a través de la violación buscan expulsar a las personas de sus tierras o disuadirlas de que luchen ante el Estado para la devolución de las mismas. En el caso de las mujeres afrocolombianas, que han adquirido particular visibilidad a partir su activa resistencia frente a la realización de megaproyectos energéticos y mineros, ese activismo es castigado tanto por los objetivos que persigue como por el cuestionamiento que implica a los roles tradicionales de género. Así, las autoras concluyen que la ‘feminización’ de los movimientos de víctimas y de derechos humanos, y el respaldo que han tenido gracias a medidas de protección como las emitidas por la Corte Constitucional, pueden contribuir, paradójicamente, a una mayor exposición a la violencia sexual.
La alta presencia de la Fuerza Pública en zonas aledañas a los territorios indígenas para proteger las inversiones y el personal de empresas que participan en proyectos energéticos ha deteriorado las condiciones de seguridad de las poblaciones. En lo referente a violencia sexual, organizaciones indígenas han reportado raptos y violaciones de mujeres por parte de integrantes del Ejército Nacional, siendo las principales víctimas menores entre 11 y 16 años de edad. “En cuanto a las modalidades de violencia sexual, la violación ocupó un lugar central en los relatos. En otros fue frecuente la ocurrencia de actos como manoseos, tocamientos o desnudez forzada por parte de los agentes del Estado colombiano”, reza el informe.
Las autoras destacan la gravedad del llamado ‘enamoramiento’, mediante el cual los distintos actores armados buscan obtener información estratégica sobre el enemigo. Para tal fin someten a mujeres y menores de edad a prácticas de coerción y control que van acompañadas de violencia sexual. Además de derivar en embarazos no deseados y en la transmisión de ETS a mujeres indígenas, conlleva la estigmatización de ellas tanto por sus comunidades como por los grupos armados, quienes suelen declararlas objetivos militares. El informe señala que el año pasado, en el departamento de Arauca (que se encuentra ubicado en el oriente del país y limita con Venezuela), fueron asesinadas 12 mujeres por tener ‘vínculos sentimentales’ con soldados. Al respecto, el relato de un líder de la región citado en el documento es rotundo: “las mujeres son enamoradas y utilizadas y los asesinatos tienen lugar en el contexto de esa utilización [...] Como al soldado le da miedo ingresar a esos sitios donde están los otros, la información la traen de ellas, las enamoran y ni siquiera les pagan. Esa es la ‘inteligencia’ del Ejército”.
Lo anterior se ve agravado por los múltiples obstáculos en el acceso a la justicia que enfrentan indígenas y afrocolombianas. Según el informe, en algunos grupos indígenas las dificultades empiezan por la escasa información sobre derechos e incluso por el desconocimiento de que la violencia sexual es tipificada como delito en el país. La vergüenza asociada a estas agresiones, el bajo nivel educativo, el miedo a las respuestas de los actores armados, entre otros, son factores que convergen y contribuyen a mantener en silencio dicha violencia. Las mujeres que deciden denunciar tales agresiones se enfrentan a mayor estigmatización en función de su raza o su pertenecía étnica, a la falta de garantías en los procedimientos para establecer las denuncias e incluso a la normalización de la violencia sexual a nivel institucional, afirman las autoras. Dicha normalización se extiende incluso a los servicios de salud, donde no es inusual que los embarazos de niñas menores de 14 años sean atendidos de forma rutinaria, sin indagar la posibilidad de abuso sexual pese a que ellas se encuentran por debajo de la edad mínima legal de consentimiento para tener relaciones sexuales.
Aunque el panorama resulta sombrío, las autoras destacan el momento coyuntural de negociación de la paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se lleva a cabo desde 2012 en La Habana, Cuba. De concretarse los acuerdos, es claro que el conflicto armado no llegaría a su fin, puesto que involucra a otros actores armados como guerrillas, sucesores de grupos paramilitares y narcotraficantes. No obstante, podría constituir un punto de inflexión en el desescalamiento de la violencia y de las vulneraciones de derechos humanos conexas.
En este sentido, el balance presentado por la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” es positivo, aunque no está exento de críticas. Para empezar, las autoras reconocen el eco que han tenido algunas propuestas de organizaciones sociales para posicionar los impactos particulares de la violencia sociopolítica en la vida de las mujeres. Entre ellas cabe destacar la designación de dos mujeres en calidad de negociadoras plenipotenciarias en la mesa de diálogo de La Habana. Aunque en el seno del movimiento de mujeres las opiniones sobre los alcances de dicha designación difieren, ésta puede contribuir al reconocimiento de las mujeres no sólo como víctimas sino también como sujeto político activo en la construcción de paz. Por otro lado, el informe celebra la creación de una subcomisión de género que asegure la perspectiva de derechos de las mujeres en los acuerdos a los que eventualmente lleguen FARC y gobierno. También consideran positiva la respuesta de las organizaciones de mujeres a nivel nacional, que pese a su heterogeneidad y diferencias, han logrado articularse y trabajar de forma conjunta en torno a esta oportunidad de avanzar en la resolución de una crisis humanitaria que cumple varias décadas.
Lo que no resulta muy esperanzador es el tratamiento dado a la violencia sexual en la mesa de negociaciones. Al respecto Pilar Rueda Jiménez, una de las autoras, afirma que si bien la violencia sexual suele generar rechazo colectivo, el tratamiento institucional y social de las víctimas no ha sido el adecuado. Esto se evidenciaría en el proceso de negociación de La Habana, donde “este crimen y otros de lesa humanidad como el reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, frecuentemente asociado a la violencia sexual, están siendo usados más con fines de propaganda que con el interés de prevenirlos y sancionarlos”. En opinión de Rueda Jiménez “se ha buscado responsabilizar a la guerrilla de tener la mayor responsabilidad en los casos de violencia sexual”, desconociendo la evidencia aportada por numerosas investigaciones respecto al papel de las Fuerzas Armadas al respecto. Asimismo, las FARC se han mostrado renuentes a reconocer su responsabilidad en la comisión de estos delitos.
Aunque las negociaciones con las FARC han avanzado hasta un punto nunca antes visto en el país, distan de estar próximas a concluir, por lo que el tratamiento dado a la violencia sexual aún puede cambiar. Es por ello que, además del reconocimiento de las propias responsabilidades, las autoras señalan la importancia de que estos delitos sean tratados en su complejidad en la mesa de negociaciones, considerando que las víctimas también se encuentran en las filas de los actores armados y que según lo relatado por niñas y niños vinculados a grupos ilegales, varios de ellos decidieron unirse a la guerra como un modo evadir situaciones de violencia intrafamiliar y violencia sexual en sus familias y comunidades.
“El Estado, la sociedad y los actores armados tienen una deuda histórica con las mujeres, las niñas y las adolescentes, que puede ser saldada reconociendo la violencia sexual como el crimen que evidencia de forma más precisa las relaciones inequitativas de poder, y el uso abusivo del poder masculino en la casa y en la guerra”, concluyen las autoras.
Fuente: Clam
