América Latina. Más allá de la paridad
Este año culmina el plazo dado por la ONU para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Ocho propósitos que, en el período 1990-2015, buscan erradicar la pobreza extrema y el hambre, universalizar la educación primaria, promover la igualdad entre hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil y mejorar las condiciones de vida y salud de mujeres gestantes o parturientas. También enumeran a la detención de enfermedades como el VIH/Sida y la tuberculosis, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y sentar las bases para una alianza mundial orientada al desarrollo.
Aunque el plazo aún no está vencido, los avances actuales han permitido desde hace algún tiempo barajar hipótesis sobre qué países y regiones lograrán el cometido y qué objetivos serán alcanzados. Desde el año pasado algunos gobernantes han anunciado importantes victorias, pese a que sus países siguen estando marcados por una profunda desigualdad social, económica y cultural. Esto ha suscitado la preocupación de organizaciones sociales que temen que los indicadores de cumplimiento sean capitalizados con fines políticos, enmascarando graves problemáticas que deben ser atendidas.
A pesar de los desatinos en la construcción de algunas metas e indicadores, que no darían plena cuenta del objetivo propuesto; de las dificultades propias de la recopilación de información y a la naturaleza de la misma, que en su mayoría proviene de fuentes oficiales; y del tono desarrollista-civilizatorio que en ocasiones define la marcha en una misma dirección que naciones y regiones cultural y políticamente diferentes deben emprender; es claro que los ODM constituyen un hito en la visibilización de problemáticas que profundizan las desigualdades entre distintas poblaciones, así como en el compromiso de los gobiernos, algunos más que otros, con el abordaje de las mismas. En 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, motivado por los logros alcanzados con los ODM conformó un equipo asesor de alto nivel para elaborar una Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015, que está siendo debatida y será sometida a aprobación este año.
Una mirada a los ODM que tenga en cuenta tanto los balances de la ONU y sus organizaciones adscritas, como las lecturas críticas de sectores activistas y académicos, permite hacer un balance de los principales avances y retrocesos a nivel regional en equidad de género, derechos sexuales y acceso a la salud en los últimos 25 años; así como situar el camino recorrido en el panorama internacional.
En este primer reportaje sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región, el CLAM se focalizará en el objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. En notas posteriores serán analizados los objetivos 5 Mejorar la salud materna y 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Entre la paridad y la equidad de género
El último Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentado el año pasado por la ONU, destaca entre los principales logros alcanzados en estos 25 años la reducción de la pobreza extrema a la mitad, el incremento en el acceso a las fuentes mejoradas de agua potable y el combate del paludismo y la tuberculosis a nivel mundial. También exalta los grandes avances en materia de género, suficientes para afirmar el cumplimiento de las metas correspondientes al objetivo sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque amplio en su formulación, el tercer ODM contempla una única meta: la eliminación de “las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015”. Para medir dichos avances, la ONU empleó el Índice de Paridad entre Géneros (IPG), que consiste en la división del número bruto de matrículas de niñas y mujeres en primaria, secundaria y educación superior sobre el número correspondiente a niños y varones. Entre más cercano a 1 sea el resultado (entre 0,97 y 1,03), el índice expresaría mayor igualdad de género en el ámbito educativo. Las cifras superiores a 1 darían cuenta de una disparidad de género a favor de las mujeres.
Luego de comparar todos los países y regiones a partir del IPG, la ONU concluyó que a 2012 el mundo había hecho importantes avances en la materia y señaló que ese año todas las regiones en desarrollo habrían alcanzado, o estarían próximas a hacerlo, la igualdad de género en la matrícula escolar, por lo menos en la educación primaria. En este panorama prometedor destaca América Latina y el Caribe, cuyos indicadores muestran una importante participación femenina en la educación secundaria y terciaria, que contraría la tendencia observada en el resto del mundo según la cual a mayor nivel educativo, mayor es la disparidad de género.
En 2012, la región registró un IPG de 1,07 en enseñanza secundaria y 1,28 en superior, siendo en ambos casos la región en desarrollo con el índice más alto y aquella en la que la disparidad entre géneros favorecía más a las niñas y mujeres que a los niños y varones. Esta situación se expresa incluso a nivel de posgrado, donde, según el Informe Mundial de Educación 2010 de la UNESCO, la participación de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en programas de doctorado y en investigación es única respecto a otras regiones del mundo, incluso las ‘desarrolladas’. La región ostenta la mayor proporción de investigadoras del mundo: 45%, mientras que el promedio global apenas alcanza el 25%.
Sin desconocer la importancia de dichas cifras, activistas e investigadoras han formulado críticas al modo en que estas han sido interpretadas. María del Carmen Feijoó, representante del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación – IIPE de la UNESCO, sede regional Buenos Aires, afirma en artículo que, desde la perspectiva de género, la situación educativa en América Latina “ya no responde a la caracterización lisa y llana de las mujeres en el acceso a la educación”, y cuestiona las posturas triunfalistas que ven en el alto número de mujeres matriculadas un avance en la materia. En su opinión, esto implica desconocer la persistencia de patrones discriminatorios que se expresan de otras formas y que se articulan, además del género, con la etnicidad, la procedencia urbana o regional y la pobreza. Feijoó explica que la información cuantitativa recogida sólo permite ver la cobertura en materia de educación, pero no las demandas de calidad académica que, en el panorama actual latinoamericano, deben ser consideradas si se quieren ponderar avances reales. La experta señala que la inclusión de temas relacionados con la equidad, entre otras la de género, en los contenidos educativos, ayudaría a dar cuenta de la dirección en la que avanza la región.
En términos estadísticos la balanza con la que se mide la igualdad entre hombres y mujeres parecería inclinarse a favor de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. No obstante, “la discriminación se sostiene a nivel del curriculum, de las prácticas escolares y, más avanzado el nivel, en las orientaciones que las chicas toman en el marco de las ofertas de especialización de los sistemas educativos. Adicionalmente, la discriminación también se reproduce en la forma en que las prácticas no visibles del sistema educativo refuerzan estereotipos de género que retroalimentan los modelos de división sexual del trabajo, que definen como mundo propio de las mujeres principalmente el doméstico, incluyendo en el mismo no sólo la vida de ‘las familias’ sino también opciones laborales ligadas a la economía del cuidado”, afirma. Es por ello que hablar sólo del derecho de las niñas a la educación, sin tener en cuenta a qué tipo de educación están accediendo, resulta insuficiente, aclara Feijoó. La representante del IIPE recalca la importancia de luchar contra la discriminación no sólo por fuera del sistema educativo, sino también desde dentro; y concluye señalando la urgencia de que estas cuestiones sean consideradas en la Agenda Post-2015.
Teniendo en cuenta lo anterior habría que distinguir a qué hace referencia la expresión ‘igualdad entre géneros’, que suele ser empleada como sinónimo de equidad entre hombres y mujeres, pero que en este contexto se limita únicamente a la paridad. La UNESCO define la paridad de género como un mayor equilibro en la participación de hombres y mujeres en educación, teniendo en cuenta las proporciones de uno y otro sexo en cada franja etaria. Equidad de género, en tanto, es un concepto más amplio y más complejo, se refiere tanto al derecho de hombres y mujeres a acceder y participar en educación y al beneficio que les reportan ambientes educativos y logros sensibles al género, como a los resultados que se obtienen en este ámbito y que suponen beneficios en la vida económica y social de hombres y mujeres.
Las mujeres en el mercado laboral
En La mirada de América Latina y el Caribe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Post-2015 – informe elaborado por la ONG Committee on the Status of Women – CSW (Comisión sobre la Condición de la Mujer) en coordinación con más de 93 redes y organizaciones sociales de la región, así como por 26 investigadoras/es y activistas que participaron a título personal– las autoras afirman que el ODM 3 es uno de los más problemáticos en su formulación e indicadores. Los logros en la cobertura educativa, señalan, distan de dar cuenta de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; aún más si son abordados en relación con el ámbito productivo, es decir, con la situación de las mujeres después de la escuela o la universidad.
Aunque la ONU no contempló en el tercer objetivo una meta relacionada con la situación laboral de las mujeres, ésta es considerada en la ponderación de avances del primer ODM: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sobre este punto, el organismo internacional reconoce la difícil situación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, tanto a nivel mundial como regional, pese a que en América Latina y el Caribe muchas de ellas cuentan con la formación necesaria para desempeñarse en cargos o áreas de alto nivel de las cuales siguen siendo excluidas. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres que accedió a un empleo remunerado en sectores no agrícolas aumentó muy poco. Entre 1990 y 2012 pasó de 35% a 40%. A nivel regional este porcentaje alcanzó el 44%, que es la cifra más alta registrada en todas las regiones en desarrollo.
Sobre la mejora de condiciones en la inserción laboral de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, el documento de la CSW señala que tuvo lugar en un período (2003-2008) caracterizado por el crecimiento económico de la región. Cuando dicho crecimiento llegó a su fin con la crisis de 2008, los avances en materia de género se interrumpieron o disminuyeron. En otras palabras, dichos cambios obedecieron más a una coyuntura económica que a una transformación perdurable de los nichos de trabajo a los cuales las mujeres pueden acceder, lo que plantea serias dudas respecto a que estos constituyan verdaderos avances. Esto constataría la ineficacia de las políticas públicas para mejorar la calidad de los empleos femeninos.
En el informe de la CSW, las autoras afirman que, a nivel regional, las brechas por género en la participación en el mercado laboral siguen siendo profundas y que estas se acentúan todavía más en el caso de mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes, LBT y aquellas que viven con VIH. En Chile, por ejemplo, la tasa de participación económica de la población indígena llega al 55,2%, pero sólo 40,1% de las mujeres indígenas se emplea de forma remunerada. En México, Centroamérica y el Caribe la participación de los hombres casi duplicaba a la de las mujeres en 2012, con entre 70-80% de la participación laboral masculina y 40-50% de la femenina. En el Cono Sur y Brasil se reportaron mayores avances, aunque la subocupación horaria y el trabajo en puestos poco calificados seguía aquejando a las mujeres.
A lo anterior se suma la brecha salarial entre mujeres y hombres, que en América Latina oscila entre el 10% y el 25%, según el país. Aunque dicha diferencia puede explicarse por la mayor participación de mujeres en empleos de menor remuneración y duración, también está presente entre mujeres y hombres que alcanzaron el mismo nivel educativo y desempeñan cargos similares.
Aparte de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para obtener un empleo con respecto a los hombres, las probabilidades de que éste sea estable son aún más reducidas. Datos de la ONU apuntan a que en la mayoría de países el número de mujeres que tienen un empleo a tiempo parcial duplica al de hombres. Esto se debe, afirma la ONU, a que la desigualdad de géneros se extiende a la esfera familiar, así como a la ausencia de instituciones para el cuidado de ancianos y niños, por lo que las mujeres deben emplear más tiempo en tareas de cuidado y menos en la esfera laboral.
Si se aborda la disparidad entre géneros en el mercado laboral a partir de la tasa de subempleo por carencia de horas disponibles para trabajar de forma remunerada, el lugar que ocupa América Latina y el Caribe en el mundo pierde todavía más relieve. La región cuenta con una tasa de subempleo por carencia horaria correspondiente al 8,8% en el caso de hombres y 10,4% en el de mujeres, que la sitúa en un lugar intermedio frente a otras regiones en desarrollo. De ahí que sea necesario formular políticas que atiendan la igualdad entre hombres y mujeres y generen un equilibrio entre el trabajo y la familia, pero que también mejoren la calidad de los trabajos a tiempo parcial y consideren cuestiones relacionadas con la flexibilidad horaria, los permisos para que los padres, y no sólo las madres, puedan ausentarse, y que modifiquen prácticas laborales sexistas, concluye la ONU.
Participación política
Examinar los progresos en igualdad entre géneros a la luz de la participación política revela una situación similar a las anteriores, donde paridad y equidad parecen enfrentadas. La ONU señala que la participación política de las mujeres en el mundo ha aumentado significativamente y que sólo entre 2013 y 2014 el número de mujeres que ocupaban escaños parlamentarios aumentó del 20,3% al 21,8%. En enero de 2014, 46 países tenían más del 30% de mujeres parlamentarias en al menos una de las cámaras. Nuevamente, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo con el mayor porcentaje de mujeres en puestos parlamentarios. “En 2014, las mujeres ocupaban el 26% de los escaños de los parlamentos nacionales, lo cual supone un aumento frente al 15% registrado en 2000. Este porcentaje es también más elevado que la participación media de los países desarrollados, donde fue de 25% únicamente”, reza el informe de ODM 2014 para la región.
Aunque cada vez más países promulgan leyes de cuotas electorales, así como otros mecanismos de participación paritaria, estos no necesariamente redundan en un número similar de escaños para hombres y mujeres o en una mayor influencia de ellas en la toma de decisiones. Al respecto, la CSW cita el caso de República Dominicana, donde pese a existir una ley de cuotas, sólo 10% de las mujeres integran el Senado y 21% la Cámara de Diputados. Colombia, por su parte, cuenta desde 2000 con una ley de cuotas electorales que busca garantizar una representación de las mujeres no menor al 30% en las distintas ramas del poder público, pero hasta ahora, dicha representación no ha logrado que las mujeres tengan una participación superior al 14% en el poder legislativo.
Los casos exitosos de paridad en participación política no muestran una mejora en la situación de las mujeres. En Bolivia, las leyes de cuotas llevaron al país a ocupar en 2014 el el segundo lugar en el mundo con mayor participación de mujeres en la rama legislativa, según el Mapa de las Mujeres en Política de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. Sin embargo, el país andino es también el segundo de la región que registra el mayor número de agresiones contra las mujeres. En materia de participación política, investigadoras y activistas han denunciado múltiples prácticas que limitan el acceso de las mujeres al poder político y las disuaden de aspirar a posiciones en el gobierno. Cuando logran sortearlas y son electas, las mujeres enfrentan violencias que van desde el acoso hasta el secuestro, con las cuales se busca subordinarlas y coartar su capacidad de tomar decisiones u obligarlas a firmar su renuncia y permitir la toma de su cargo por parte de un hombre.
Nicaragua es otro país que daría cuenta de los avances señalados por la ONU: “El porcentaje de mujeres con cargos ministeriales de nivel ejecutivo en el gobierno del país alcanzó el 17,2% en 2014; en 2008 era del 16,1%. […] A nivel mundial, Nicaragua estuvo al frente pues el 57 % de los puestos ministeriales estuvieron ocupados por mujeres, seguido de Suecia, Finlandia, Francia, Cabo Verde y Noruega”. Al respecto, la organización internacional destaca el papel desempeñado por el compromiso político y la adopción de políticas para el avance de las mujeres en dicha esfera.
Este y otros avances pusieron a Nicaragua en el sexto lugar de los países donde “el género es más neutral”, de acuerdo con el último Informe Global de la Brecha de Género. El documento elaborado por el Foro Económico Mundial afirma que en 7 años Nicaragua ascendió 84 posiciones en materia de equidad de género. Las felicitaciones dadas al país centroamericano por organismos internacionales autorizados para señalar qué naciones avanzan por la senda de la equidad y cuáles no suscitaron las reacciones de organizaciones sociales de derechos en el país, que desde hace varios años vienen denunciado la persecución de organizaciones feministas por parte del gobierno de Daniel Ortega, así como la penalización total del aborto durante su segundo mandato. En lo relativo a la alta presencia de mujeres en política, feministas nicaragüenses señalaron que dicha cifra se contradice con su poca capacidad de participar efectivamente en la toma de decisiones.
Ante este panorama, activistas por los derechos de las mujeres e investigadoras de la región han cuestionado el modo como la “igualdad entre géneros” fue abordada en la formulación de los objetivos, metas e indicadores de desarrollo del milenio. El documento de la CSW señala que si bien dos de los ocho ODM tocan cuestiones de género (tanto el tercero como el quinto sobre salud materna), la equidad de género no fue incluida de forma explícita. Al limitar los derechos de las mujeres a dos objetivos se desconoció el papel de la igualdad de género en el desarrollo y la interdependencia de esta con todos los objetivos, afirman. También es cuestionada la ausencia de metas e indicadores sobre violencia contra las mujeres en un objetivo que busca la igualdad de género, sobre todo cuando se ha mostrado de forma abundante el lugar que las agresiones, tanto sutiles como letales, ocupan en el mantenimiento de relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres al rededor del mundo.
Es por ello que las organizaciones, activistas e investigadoras latinoamericanas y caribeñas que suscribieron el documento de la CSW le piden a los países miembro de la ONU formular un objetivo específico que aborde la equidad de género en su complejidad en la Agenda Post-2015, y que sean incluidos indicadores en los otros objetivos para darle transversalidad a la perspectiva de género en el nuevo plan de trabajo. Asimismo, recalcan la importancia de darle centralidad a problemas graves en el escenario global como la violencia contra las mujeres, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, cuya obliteración haría imposible avanzar en la transformación real de las relaciones entre hombres y mujeres.
Fuente: Clam
