mayo 18, 2015

La justicia fiscal y los derechos humanos

Representantes de organizaciones de derechos humanos, así como especialistas y activistas en el campo de la justicia fiscal, se dieron cita en la reunión estratégica ‘Avanzando la Justicia Tributaria a través de los Derechos Humanos’, realizada en Lima, Perú, el 29 y 30 de abril, para elaborar estrategias sobre cómo promover la justicia tributaria a través de los derechos humanos.[i]Ana Inés Abelenda, de AWID, estuvo presente para examinar los vínculos entre las políticas fiscales y la justicia social y de género utilizando instrumentos y compromisos en materia de derechos humanos como una herramienta poderosa.

© Center for Economic and Social Rights

Los sistemas de tributación, que son herramientas fiscales importantes para dirigir los procesos del crecimiento económico, se utilizan con el fin de redistribuir la riqueza y alentar un comportamiento socialmente aceptable mediante la revaloración de ciertos productos y servicios (por ejemplo, impuestos especiales sobre cigarrillos y alcohol). La movilización de los recursos públicos nacionales mediante la recaudación fiscal está volviéndose cada vez más difícil en un contexto que se caracteriza por competencia fiscal extrema para atraer inversiones corporativas, medidas de austeridad y flujos financieros ilícitos. Esto tiene un efecto negativo en los esfuerzos de los gobiernos por asegurar que se establezcan niveles mínimos de protección social para proteger y realizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

Las medidas neoliberales de austeridad están reduciendo drásticamente el espacio político para que los gobiernos nacionales diseñen regímenes tributarios progresistas. Abusos fiscales, flujos financieros ilícitos, evasión de impuestos y el peso de los pagos de la deuda desde los países en desarrollo hacia las naciones desarrolladas reducen los ingresos disponibles a los gobiernos nacionales para el desarrollo y la realización de los derechos humanos, incluyendo los de las mujeres. Un reciente estudio realizado por Eurodad reveló que los países en desarrollo están perdiendo el doble del dinero que ganan debido a cuestiones como evasión de impuestos, ganancias que se llevan los inversionistas extranjeros e intereses sobre el reembolso de la deuda.

Tendencias y panorama actual de los sistemas tributarios en relación con la justicia de género

Las políticas fiscales no tienen neutralidad de género. De hecho, los sistemas de tributación dependen de ciertos conceptos y supuestos que de por sí están marcados por el género (por ejemplo, ‘proveedor del sustento familiar,’ ‘hogar’). Estas suposiciones tienden a poner en desventaja a las mujeres pues refuerzan estereotipos acerca de que su ingreso es secundario al del hombre que provee el sustento familiar y no reconocen ni ayudan a distribuir el trabajo de cuidados no remunerado.

La actual “carrera hasta el fondo” en la cual se da la competencia fiscal entre los países en desarrollo para atraer inversiones extranjeras corporativas y extranjeras está teniendo un impacto negativo en los presupuestos gubernamentales necesarios para financiar el adelanto de los derechos de las mujeres. La reducción en los ingresos gubernamentales suele conducir a recortes del gasto social en áreas clave tales como salud, educación, empleos en el sector público y trabajo de cuidados, con efectos desproporcionados para las mujeres que a menudo asumen una mayor carga de cuidados no remunerados.

Las respuestas a la crisis financiera en 2008 resaltan los catastróficos e inequitativos impactos de las medidas de austeridad—incluyendo las de la política fiscal dirigidas a reducir el gasto público—sobre las personas más pobres y vulnerables. Los recortes en sectores vitales de protección social tales como cuidados de salud, educación, seguro de desempleo, pensiones y sistemas de cuidados han socavado las vidas de la gente y significan un retroceso y descuido en la realización de los derechos humanos. Las mujer es se han convertido en las redes de seguridad de último recurso para sostener a sus familias y la estructura social.

Políticas fiscales diseñadas deficientemente socavan los progresos hacia la igualdad de género. Pero los/as hacedores/as de políticas públicas aún no hacen la clara conexión, pese a crecientes preocupaciones respecto a que los sistemas tributarios están sesgados en contra de las mujeres y las reformas fiscales contemporáneas pueden incrementar la incidencia de imposición tributaria para las mujeres más pobres, además de no generar suficientes ingresos que permitan financiar los programas necesarios para mejorar sus vidas. 


Las actuales tendencias en la reforma fiscal indican un gran giro desde gravar el ingreso personal hasta gravar el consumo por medio de impuestos al valor agregado, lo cual es significativo en vista de los patrones de consumo en función del género—es decir, las mujeres se ocupan de una mayor proporción de gastos domésticos y, por lo tanto, el grado al cual el impuesto al valor agregado (IVA) se aplica a artículos de consumo básico tales como alimentos las afecta desproporcionadamente. Los/as hacedores/as de políticas deberían considerar detenidamente el conjunto de bienes y servicios que a nivel nacional deben ser del tipo impositivo cero o estar exentos.

La evaluación de los impactos de la política fiscal—con datos desglosados por sexo y grupo social—es esencial para asegurar que estas y otras políticas económicas no hagan daño sino más bien tengan efectos positivos generales, inclusive para mujeres de diversos orígenes.

Presupuestación con enfoque de género

La presupuestación con enfoque de género requiere que los gobiernos inviertan más en los sectores que tendrán un impacto directo positivo en el acceso a necesidades básicas. Dicha presupuestación también debería ser construida e implementada en formas que respeten, protejan y realicen los derechos humanos de todas las personas y garanticen la participación democrática de las partes interesadas, incluidos los movimientos por los derechos de las mujeres. La presupuestación con enfoque de género también tiene mucho más potencial de ser exitosa cuando se involucra a las/os ministras/os de finanzas en las decisiones relacionadas con las políticas. 

Al mismo tiempo, es importante tener en mente que la presupuestación con enfoque de género, por sí sola, no logrará la igualdad de género ni los derechos de las mujeres. La financiación en su conjunto, incluyendo asuntos tales como la coherencia de las políticas para el desarrollo, tiene que contribuir a este fin.

Otra cuestión clave es que la asignación de fondos para la igualdad de género no es suficiente. Los gobiernos tienen que rastrear cómo se gasta el dinero y las organizaciones de la sociedad civil deben exigir rendición de cuentas. Además, para que la presupuestación con enfoque de género sea efectiva, tiene que haber voluntad política y compromiso por parte de los gobiernos con la igualdad de género mediante la asignación de recursos a sus políticas, programas y leyes nacionales; desarrollo de capacidad en análisis de género para quienes trabajan en presupuestación; sistemas apropiados establecidos a fin de asignar el dinero de manera eficiente y efectiva, así como participación de organizaciones por los derechos de las mujeres. 

Algunas estrategias propuestas

Los gobiernos deberían establecer mecanismos robustos para gravar al sector corporativo y reformar la estructura financiera a través de medidas redistributivas progresistas—por ejemplo, incorporar impuestos a las transacciones financieras (que, según los cálculos, podrían recaudar hasta $650 mil millones) y al mismo tiempo regular mercados que tienden a tener prácticas comerciales desestabilizadoras.

Sin embargo, gravar al 1 por ciento conformado por la más rica, aunque es crucial para aumentar la renta, sólo se ocupa de las consecuencias de la desigualdad, no de las causas fundamentales que para empezar propiciaron que ocurriera tan exorbitante concentración de riqueza en manos de esas pocas personas. A fin de abordar la desigualdad social y los derechos humanos, es esencial cuestionar la falta de regulación de la creciente economía financiera que permite a grandes compañías y personas acaudaladas pagar impuestos mínimos o ningún impuesto.

Tiene que haber un giro desde los impuestos indirectos hasta los directos, lo cual será un sistema de tributación más progresista y equitativo. Los gobiernos deberían abstenerse de aplicar impuestos adicionales a ciertos bienes y servicios, por ejemplo, en la forma del IVA.

Se necesita una mayor cooperación internacional en materia tributaria, algo que podría lograrse mejorando el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, de las Naciones Unidas, de modo que los gobiernos puedan coordinar los regímenes tributarios nacionales para asegurar que las tasas fiscales corporativas se ocupen de la manipulación de precios comerciales y otras tácticas utilizadas por las corporaciones multinacionales para evadir el pago de impuestos.

La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para evaluar si los recursos prometidos de hecho se desembolsan y adónde están siendo dirigidos. Ya existen algunas experiencias de rastreo de asignaciones financieras. Por ejemplo, GENDERNET, en colaboración con ONU Mujeres, desarrolló el indicador sobre igualdad de género[ii]de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo que “proporciona datos acerca de si los gobiernos rastrean asignaciones para la igualdad de género y hacen pública esta información. Es un punto de entrada para asegurar que las asignaciones de recursos nacionales beneficien a las mujeres y a los hombres de manera equitativa”.[iii]

El uso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) puede ser una herramienta muy importante para que las políticas fiscales rindan cuentas por su impacto sobre las mujeres. Podría integrar mecanismos que rastreen el financiamiento para los derechos de las mujeres como parte de examinar la obligación de los Estados Miembros de financiar la realización de esos derechos.

En suma, es esencial fortalecer el papel de los marcos de derechos humanos en la adopción de decisiones relacionadas con la política fiscal. Los instrumentos y mecanismos de derechos humanos deberían ser la base de marcos éticos y para rendición de cuentas, desafiando el estrecho enfoque actual en la eficiencia que sólo nos ha llevado a desmantelar los niveles mínimos de protección social, lo cual ha tenido consecuencias nefastas para los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres.

Por Ana Inés Abelenda y Susan Tolmay
Fuente: Awid


Más información:

Impuestos para la justicia económica de género, Corina Rodríguez Enríquez y Diane Elson, 3 de diciembre de 2012
La justicia fiscal es imprescindible para lograr unos servicios públicos de calidad, Internacional de Servicios Públicos, 29 de mayo de 2013
[ii] Ver ‘Indicador 8: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer’ en Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz, Informe de avances 2014, Capítulo 3, pág. 72.
[iii] O’Neill, P., Resources for gender equality: Good practices and strategies for action/the way forward [Recursos para la igualdad de género: Buenas prácticas y estrategias para la acción/el camino a seguir], Debate en panel, 13 de marzo de 2015.