julio 05, 2015

Aborto: tiempo de decisiones legislativas

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se encuentra ad portas de votar la idea de legislar el proyecto gubernamental de despenalización del aborto en tres causales. Ello, luego de tres meses de debate a la iniciativa, en que se ha recibido a decenas de académicos/as, gremios y organizaciones de la sociedad civil que han podido expresar a los/as legisladores/as su posición favorable o en contra de dicha reforma y sin perjuicio de continuar escuchando a entidades que aun están pendientes de asistir.

Así se acordó por mayoría en la última sesión de la Comisión de Salud, por lo que el próximo martes 7 de julio se recibirá al Ministro Eyzaguirre –recientemente a cargo de la SEGPRES- junto a las Ministras Claudia Pascual de SERNAM, Carmen Castillo de Salud y Javiera Blanco de Justicia, en forma previa a dicha votación.

La propuesta de reformar el Código Sanitario para regular la posibilidad de las mujeres y niñas de acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, riesgo vital e inviabilidad fetal corresponde a uno de los principales compromisos sobre derechos de las mujeres contenido en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría y fue presentado por la Presidenta Bachelet a comienzos del presente año.

Su presentación responde a una creciente demanda de la ciudadanía por marcos normativos que resguarden la protección de las mujeres, al menos en las tres causales específicas que se contemplan. En los últimos años son numerosas las encuestas de opinión que dan cuenta de esta demanda ciudadana situando entre un 60% y un 80% el acuerdo en legislar el aborto en caso de violación, inviabilidad o necesidades de salud, y entre un 20% y 30% a decisión libre de la mujer.

Por citar solo uno de dichos estudios de opinión, la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014de Corporación Humanas muestra que el 79,2% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, el 74,2% en caso de graves malformaciones fetales y el 72,9% si el embarazo es producto de una violación.

En tanto el 22,4% expresa su acuerdo con la legalización si la mujer tiene muchos hijos y no puede hacerse cargo de más, el 20,9% por cualquier razón que la mujer decida, y el 19,1%, en cambio, no está de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Además, la referida Encuesta da cuenta que el 28,5% de las mujeres consultadas ha conocido a alguna mujer que se ha realizado un aborto y que el 52% considera que las mujeres que se han practicado un aborto no deben ir a la cárcel (Corporación Humanas, Diciembre de 2014).

Asimismo el proyecto procura enfrentar la responsabilidad internacional del Estado de Chile comprometida con la vigencia de la legislación punitiva que vulnera los derechos humanos de las mujeres en el país y que numerosos organismos internacionales desde hace 15 años sistemáticamente vienen reprochando en diversos foros mundiales de que Chile participa.

De hecho, solo el año pasado el Estado de Chile debió afrontar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas las recomendaciones de reforma a la normativa penal formulada por una decena de países, oportunidad en que el Estado refirió el Programa de Gobierno y el compromiso de legislar al menos en tres casos específicos.

Igualmente, en julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos se vio en la necesidad de reiterar sus recomendaciones previas (1999 y 2007) en relación a la problemática de la clandestinidad del aborto y legalizar el aborto terapéutico y en caso de violación. En tanto, en septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer del Consejo de Derechos Humanos, tras su primera visita al país se manifestó en similar sentido, enfatizando en la necesaria protección que debe brindarse a las adolescentes y las niñas frente a la violencia sexual.

Pese a que en la inmensa mayoría de naciones desarrolladas la legislación permite el aborto a decisión de la mujer dentro del primer trimestre del embarazo –e incluso en períodos más extensos en importante numero de países–, garantizando su acceso a la atención sanitaria requerida para ello e igualmente la interrupción del embarazo por causal terapéutica e inviabilidad fetal (modelo mixto de plazo e indicaciones), en Chile se debate únicamente respecto de tres causales (modelo de indicaciones). De ahí que preocupe el retraso en la discusión legislativa y el conjunto de argumentaciones morales y religiosas esgrimidas para oponerse a ello.

La criminalización total del aborto es incompatible con un estado democrático de derecho. El respeto a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, pilar de la democracia, contenido en los tratados internacionales de que Chile es signatario importa el resguardo de todas las creencias y que no pueda el Estado imponerse a las conciencias individuales.

Por ello no puede mantenerse vigente una legislación punitiva que ampara únicamente las creencias de un determinado sector, imponiéndose ésta al conjunto de la población chilena que puede legítimamente profesar otras creencias morales o religiosas. Más aun, cuando se trata solamente de regular situaciones especificas y puntuales que afectan a las mujeres cuesta entender que la protección de derechos tan básicos como una vida libre de cualquier forma de violencia y el derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres y las niñas no sean el centro del debate y que en cambio se sigan planteando reparos a una reforma legal a todas luces necesaria.

El proyecto que plantea legislar sobre aborto en tres causales es un mínimo ético que cuenta con amplio respaldo ciudadano, que los y las parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres apoyan, que las instituciones internacionales de derechos humanos demandan y que organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país valoran por lo que se espera sea aprobado en general por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y avance prontamente en su tramitación legislativa.

Por Camila Maturana Kesten
Abogada
Corporación Humanas
Fuente: Cooperativa


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