México sobresale reforma que ordenó paridad en candidaturas. Aprobaron 29 iniciativas a favor de las mexicanas
La 62 Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó 29 iniciativas a favor de las mexicanas; entre ellas: la paridad de género en candidaturas, el derecho al permiso por paternidad, la no discriminación por preferencias sexuales, y sobre los derechos de madres reclusas y las mujeres embarazadas en estaciones migratorias.
De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara baja, durante los dos primeros años de trabajo de la 62 Legislatura –que comenzó en septiembre de 2012 y concluye en agosto próximo– también se aprobaron reformas para garantizar financiamiento a las empresas de mujeres, y prohibir que los empleadores pidan prueba de no gravidez a las trabajadoras.
Al inicio de labores en 2012, el recinto de San Lázaro estaba conformado por 185 mujeres y en ese momento ellas representaban 37 por ciento de la Cámara de Diputados, según información del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), lo que significó el mayor número de parlamentarias hasta esa fecha.
Las y los legisladores aprobaron reformas a favor de las mujeres, entre las que se encuentran la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, a través de la cual los partidos están obligados a garantizar la paridad de género (50 por ciento de abanderadas) en las candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales.
Otros de los temas avantes fueron iniciativas en materia laboral, dos dictaminadas como parte de la reforma laboral para modificar la Ley Federal del Trabajo, y otorgar permiso por paternidad durante cinco días con goce de sueldo a los trabajadores ante el nacimiento de sus hijas o hijos, contribuyendo así a las tareas de cuidado.
Asimismo, con esta propuesta se prohibió al patrón negarse a aceptar trabajadores por razón de preferencia sexual, edad, género, credo religioso, afiliación política, estrato socioeconómico, o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a discriminación.
También se aprobó una reforma integral sobre derechos sexuales y reproductivos y educación sexual, por medio de la cual se modificaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y otras leyes a fin de prohibir la discriminación por preferencias sexuales.
En materia de migración, la Cámara de Diputados avaló una iniciativa que reformó la Ley de Migración para mandatar a las estaciones migratorias a atender los requerimientos alimentarios de la personas migrantes, en especial las mujeres embarazadas o que están amamantando, y mantenerlas en lugares separados y con medidas que resguarden su integridad física.
En cuanto a los derechos de las mujeres privadas de la libertad, se avaló una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para obligar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a velar por el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años bajo el cuidado de sus madres presas.
En concordancia con las iniciativas avaladas por el Senado, las y los legisladores aprobaron una minuta para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y otros ordenamientos para aumentar la pena hasta en una mitad, cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, cuando además la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.
En materia penal, también se reformó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para sancionar como delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen para realizar delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el título segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Otras reformas fueron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer la capacitación y fomento de la lactancia materna, y para erradicar la práctica empresarial de exigir a las trabajadoras pruebas de no gravidez como condición para ingresar o permanecer en el empleo; así como una modificación a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para facilitar financiamiento público y privado a las empresas encabezadas por mujeres.
Por Anayeli García Martínez
Foto: César Martínez López
Fuente: Cimac
