Lucrecia Wagner, Investigadora Argentina de conflictos ambientales: "Buscar alternativas a la minería sigue siendo una tarea pendiente".

Los debates sobre extractivismo, desarrollo y ecologismo suelen caer en unos círculos argumentales de los que resulta casi imposible salir. ¿Justifica el 'desarrollo' de 'la mayoría' los daños al medioambiente? ¿Qué hacemos con los pueblos originarios que no quieren abandonar sus territorios? ¿Hasta dónde va a aguantarnos la naturaleza? Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, Lucrecia Wagner alimenta con datos, referencias y leyes [1] la solidez de los debates en torno a los conflictos socioambientales generados por la llegada de proyectos mineros a gran escala, abordando la naturaleza de los intereses y estrategias de las empresas, las diferentes formas de contestación social y las respuestas de las instituciones locales, provinciales y estatales.

Fotografía: Alba Onrubia.

- En el artículo “Las paradojas del extractivismo” [2], resaltas que la megaminería no comenzó a implantarse en Argentina hasta los años 90. ¿Por qué ha sido diferente Argentina de otros países de la zona andina?

– En Argentina, al igual que Ecuador y Colombia, la minería no es una actividad históricamente implementada. Ha habido algunos momentos de auge de la minería moderna (por ejemplo, en las provincias de Catamarca y La Rioja, en la segunda mitad del siglo XIX), pero es en la década de 1990 cuando llegan al país proyectos que representan lo que actualmente se denomina “megaminería”. Se trata de minería a gran escala, principalmente metalífera (cobre, oro) y a cielo abierto (ya no se explotan vetas de mineral, sino minerales diseminados, porque los yacimientos son de baja ley). Por eso, entre los impactos ambientales destaca que hay que separar grandes cantidades de roca del mineral que se extrae. Es una situación diferente a la de Argentina, Ecuador o Colombia, si se compara con otros países en los que la minería es una actividad histórica, como Perú, Bolivia o Chile. La actividad llega de otra manera y la gente la recibe de otra manera, y los conflictos igual. En Argentina se cuestiona si la actividad debe instalarse o no y qué implica frente a otras actividades existentes, y en Perú, Bolivia o Chile, el debate en general pasa por la regulación y los controles ambientales que necesita, pero no se cuestiona que la minería sea una actividad se deba llevar adelante, porque gran parte de la actividad de estos países depende de ella.

- Esta emergencia de la megaminería coincide con cambios importantes legislativos en Argentina, con desregulaciones. ¿Era necesaria esta desregulación para los grandes proyectos mineros o simplemente coincidió con un cambio de ciclo?

– Argentina tiene un código de minería del siglo XIX, de 1886. Este código fue teniendo renovaciones, algunos cambios para introducir nuevas tecnologías y nuevos parámetros que regulaban la actividad. La mayor parte de estos cambios se hicieron en la década de los noventa, cuando se sancionó una serie de leyes que permitieron la llegada al país de una mayor inversión extranjera hacia la actividad minera, a partir del otorgamiento de beneficios. Por ejemplo, la ley 24.196, de 1994, que es la Ley de Inversiones Mineras, establece el tope de regalías que puede tener la actividad, y algunas exenciones impositivas, que favoreció la consideración de Argentina como uno de los países donde convenía invertir en minería. Y también hubo algunos cambios en torno a la magnitud de la explotación minera. Se daban permisos que implicaban una mayor extensión territorial, y esto favorecía a esta minería que trabaja sobre yacimientos diseminados, que necesitan una mayor extensión para que el proyecto sea rentable.

- La política extractivista se justifica como una decisión imprescindible para el desarrollo de los países con recursos naturales, ¿qué beneficios puede tener la megaminería?, ¿representa una parte importante de los ingresos para el presupuesto nacional?, ¿es importante para el empleo de determinadas zonas?

– En el caso actual de Argentina, la megaminería no representa una parte importante de los ingresos del presupuesto nacional porque es incipiente. El primer proyecto megaminero es del año 1997, que es la mina La Alumbrera. Había generado grandes expectativas de empleo y de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Creo que uno de los errores fue, precisamente, hacer grandes promesas con respecto a la actividad. La población local, finalmente, no vio esto luego plasmado en sus condiciones de vida, porque gran parte de los beneficios se fueron hacia el gobierno nacional y, sobre todo, a las empresas. Gran parte de la resistencia posterior en la provincia en la que se instaló la minera, Catamarca, tiene que ver con esta desilusión. Actualmente la megaminería no es la fuente más importante de puestos laborales en el rubro minero. En cambio, en la minería en general sí hay un porcentaje amplio de la población trabajando, estamos hablando de otro tipo de minería, la de rocas de aplicación, granito, lajas, que es la de tercera categoría. Es importante aclarar que en Argentina, según el Código de Minería, hay diferentes categorías de actividad minera, y la mayor parte de los empleos existentes en Argentina son de la minería de tercera categoría. Si bien esta minería también genera impacto ambiental, éste es mucho menor. Está localizada en determinadas regiones, como el interior de Buenos Aires, o algunas zonas de provincias del interior, como San Juan. La minería metalífera a gran escala está sobre todo en la cordillera de los Andes, y ésa es minería de primera categoría.

- ¿Cómo afecta al mapa de explotaciones de este tipo en Argentina el que sean las provincias las que puedan o no aprobar estos proyectos? ¿Hay grandes diferencias por zonas por este motivo? ¿O las diferencias se deben más bien a la disponibilidad o no de recursos explotables?

Mapa de conflictos en Argentina y encuentros UAC. (Para ampliar, pinchar en la imagen).--->

– Sí, esta es una de las particularidades del caso argentino. Según la reforma constitucional de 1994, el dominio de los recursos naturales lo tienen las provincias. Es decir, que son ellas quienes tienen que dar los permisos para que se exploten los recursos naturales. Esto impactó directamente en el tema de la minería. En algunas de las provincias, donde se ha dado el mayor conflicto y el rechazo a la actividad tiene mayor peso, se han sancionado leyes más restrictivas. Hay siete provincias argentinas que tienen legislación restrictiva hacia la actividad minera. Algunas tienen leyes que han complementado la ley de ambiente de la provincia, y tienen leyes de evaluación ambiental específicas para la actividad minera y/o extractiva. Sin embargo, en otras provincias la actividad está totalmente permitida y avalada por el gobierno provincial, lo que en general repercute en un menor control.

- ¿Hay conflictos entre las provincias por este motivo, por estas diferencias? ¿Qué ocurre con las explotaciones, o proyectos de explotaciones, en zonas limítrofes?

– Ha habido algunos casos de este tipo, sí. Por ejemplo, un proyecto que se pretendía instalar en Mendoza, de extracción de sales de potasio que dejaría como residuo una pila de cloruro de sodio, de sal común, que quedaba cerca del Río Colorado. Este río es compartido por cinco provincias argentinas, y las provincias que están aguas abajo de la zona del proyecto reclamaron porque consumen agua de ese río y temían una posible salinización. Hubo quejas de la provincia de La Pampa pidiendo explicaciones a Mendoza y solicitando participar en el procedimiento de evaluación ambiental. El COIRCO, el comité interjurisdiccional que tiene poder sobre ese río, intervino en la evaluación ambiental. La presión social en Mendoza se juntó con el reclamo del gobierno de La Pampa y se logró un cambio en el proyecto. El pasivo ambiental, esta pila de sal, se proyectó más lejos del río: se planteaba originalmente a cinco kilómetros y quedó a más de diecisiete.

Suele suceder que si hay dos provincias limítrofes, una con leyes más restrictivas que la otra, se intenta trasladar las actividades ambientalmente más impactantes a la provincia con menos restricción, cuando esto es posible. Hay un proyecto de cobre en el norte de Mendoza, por ejemplo, que ha sido rechazado por la legislatura provincial, y que tenía limitaciones desde sus inicios, porque esta provincia tiene una ley que prohíbe el uso de determinadas sustancias que se habían planeado utilizar. Tras el rechazo, la empresa, que ha cambiado de dueños, está pensando en trasladar la parte del procesamiento del mineral hacia la provincia de San Juan, que queda al norte y donde el gobierno es totalmente favorable a la instalación de proyectos mineros, incluso defensor, y con minas de oro ya funcionando en la provincia.

- Pero esto afectará también mucho a las infraestructuras.

– Esto hará necesarias agregar infraestructuras, como un mineraloducto. Son rumores, no se ha presentado el proyecto oficialmente, pero se piensa que también tienen la intención de tomar agua de Mendoza, por lo que además se sumaría un acueducto, y como el proyecto estaría en ambas provincias, más infraestructuras de transporte. En este caso, también podría afectar a un área protegida, está la incertidumbre de qué podría pasar con esto, ya que el traslado de esa parte del proyecto no resuelve la totalidad de los condicionamientos por los cuales el proyecto fue rechazado.

- Algunos estudios inciden en los diferentes impactos que la megaminería provoca sobre los hombres y las mujeres. ¿Qué opinas al respecto?

– Uno de los aspectos más cuestionados de la actividad minera es que a los lugares a los que llega, sobre todo durante la construcción, va una gran cantidad de población masculina. Todo esto suele dar lugar a la instalación de prostíbulos y a un cambio también en las condiciones generales de vida. Muchos de estos proyectos son cercanos a poblaciones muy pequeñas, y la llegada de, por ejemplo, dos mil hombres para la construcción del proyecto, de pronto cambia totalmente el lugar. No sólo por los prostíbulos, sino por otro tipo de actividades, como los casinos. Mucha población que vivía muy tranquila, o que se fue a vivir buscando tranquilidad alejada de la ciudad, de pronto ve los riesgos de que esto pueda llegar.

- Los grandes proyectos mineros comparten graves impactos sobre el medioambiente. ¿Podrías hablarnos de algún caso concreto?

– Una de las características que ha marcado el conflicto en Argentina es que estos proyectos se instalan cerca de fuentes de agua o aguas arriba de las poblaciones. Como estas poblaciones dependen directamente de los ríos que bajan de la cordillera, se transforma en un potencial de riesgo sobre la fuente de agua del lugar. Esto ha marcado en gran parte el rechazo social.

Por otra parte, y para centrarnos en un caso, voy a hablar de La Alumbrera, que es la mina de más años en Argentina. Por un lado, se le promete a la población local que puede tener un trabajo. Si bien esto se da, no se cumplió con la cantidad de puestos que se habían propagandeado, sumado a que los cargos más altos no están generalmente ocupados por población local. Hay algunos trabajos de antropología que han demostrado esta bifurcación entre los altos cargos, que necesitan más preparación, especializados en determinado tema técnico; y población local, que se dedica a actividades de menor rango. Por otro lado, lo que suele producir la llegada de estos proyectos, aunque no es algo exclusivo de la minería, es una subida de los precios generales de la zona. Aunque en la minería se logren buenos sueldos, la población que no quede vinculada a la actividad sufre toda la subida en el sector inmobiliario, en servicios, en precios de insumos. Los sueldos no acompañan este cambio. Por eso se habla muchas veces de la minería como proyectos y actividad de enclave, porque el territorio queda separado, excindido, de la mayor parte de la población cercana.

8ª UAC y marcha en vendimia marzo 2012. Fotografía: Mariano Nadalich (diseñador gráfico, UNCuyo).

8ª UAC y marcha en vendimia marzo 2012. Primer corte en Uspallata. 11 de septiembre de 2009. Fotografía: Mariano Nadalich (diseñador gráfico, UNCuyo).

- ¿Cómo ha reaccionado la población en cuanto a la Alumbrera? ¿Ha habido oposición clara, o división? ¿Cómo ha evolucionado la situación?

– En el caso de la Alumbrera hubo mucha expectativa inicial, y luego una gran desilusión. A esta zona han ido llegando proyectos nuevos. Estaba La Alumbrera, luego llegó Agua Rica, y hay otro proyecto, Pilciao 16. Este último implicaría mover un pueblo, Andalgalá. Estos proyectos han tenido mucha más contestación social que el primero. La Alumbrera, como fue el primero a nivel argentino, pasó más desapercibido, y estos últimos han tenido oposición frontal férrea, incluso se han dado casos de enfrentamientos violentos y de criminalización de los pobladores que estaban en contra. En esta provincia, Catamarca, se ha producido una gran criminalización de aquellas personas que forman parte de las asambleas, como la del Algarrobo, en Andalgalá, que interrumpe el paso hacia el proyecto Agua Rica, y fue violentamente dispersada en febrero de 2010. Se han dado cortes de rutas, de carreteras, también con enfrentamientos graves. Esto fue posterior a la instalación de La Alumbrera. En otros casos, como el de Esquel, en el 2002, en una provincia de la Patagonia argentina, en Chubut, la población rechazó el proyecto antes de la instalación. En Argentina hablamos del efecto Esquel porque esta movilización fue la primera de muchas otras en la misma provincia y en otras.

- Frente a los proyectos de megaminería que se presentan como una vía para el empleo y el desarrollo de algunas áreas, ¿hay propuestas de un desarrollo alternativo por parte de las comunidades?, ¿en qué consisten?

– Ésta es una de las grandes discusiones en este momento. En el caso de Esquel y de otras movilizaciones que se han dado, como las de la provincia de Mendoza, hay actividades ya existentes que la población percibe que podrían estar en riesgo con la llegada de la minería. Actividades agrícolas, turísticas… Ante el “no” de muchas comunidades, justamente, las mismas organizaciones que han rechazado los proyectos actualmente se preguntan qué hacer. El gran caballo de batalla de las empresas es precisamente la gran necesidad de empleo de la mayor parte de la población. Es por esto que el tema de las alternativas centra el debate. En algunas zonas hay una gran creatividad por parte de las poblaciones, e incluso un reclamo de la poca productividad por parte de los gobiernos provinciales y municipales, que pretenden concesionar un proyecto para salvar los años que estarán en la gestión, y no plantearse cuestiones a más largo plazo para el lugar. Hay algunos movimientos que sí plantean alternativas, como la creación de áreas naturales con un mayor aprovechamiento turístico, o la defensa de las actividades ya existentes. En otros casos, los movimientos son conscientes de que hay que pensar alternativas y ya han creado espacios participativos. Pero buscar alternativas a la minería sigue siendo la tarea pendiente.

-¿Logran coordinarse los diferentes movimientos argentinos en contra de la megaminería? ¿Y a nivel internacional, qué coordinaciones son fuertes ahora mismo?

– Algunas provincias tienen coordinaciones a ese nivel. Mendoza, por ejemplo, tiene la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP), que coordina varias asambleas y asociaciones. También están activas las asambleas de la provincia de La Rioja, que están bastante coordinadas entre sí, y las de Córdoba, que se reconocen con el lema “despierta” (Córdoba despierta, Traslasierra despierta, Ongamira despierta, etc). También hay asambleas regionales, como en la Patagonia. La asamblea de Esquel, por ejemplo, estuvo acompañada por otros grupos, otras localidades, porque son extensiones territoriales muy grandes. Hay una coordinación nacional, la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que coordina la mayor parte de los movimientos que resisten. No incluye sólo a los que rechazan proyectos mineros, sino también a los que se oponen a otras actividades, como los monocultivos, el negocio inmobiliario, las papeleras en la zona litoral, el avance de la frontera extractiva sobre territorios campesinos e indígenas. Nuclea una gran cantidad de problemáticas ambientales. Se hacen encuentros de la UAC cada tres o cuatro meses, y se va cambiando el lugar de encuentro. Luego la actividad se mantiene por redes de contacto. Esto facilita mucho la respuesta a los sucesos importantes, o a las criminalizaciones. Facilita la visibilización de los conflictos. A veces los conflictos se dan en pueblos alejados de la capital del país, Buenos Aires, en puntos aislados. Por ejemplo, el caso de Famatina. Es una barrera que instaló la población y que lo único que corta es la entrada al proyecto minero. Este corte no está en la capital de La Rioja, ni en el poblado de Famatina, está montaña arriba. Si se produce violencia, esta red actúa como una gran cadena de difusión, contención y acompañamiento, incluso con apoyo de intelectuales y medios de comunicación en Buenos Aires y otras provincias.

- Supongo que en todo esto el papel de los medios comunitarios y alternativos será importante.

– Sí, es un proceso interesante. En muchos casos, las radios locales han sido favorables a las empresas y los gobiernos, pero en 2009 se aprobó una ley de medios que ha favorecido a estas organizaciones. Si bien existen cuestionamientos a las limitaciones de esta ley de medios, concretamente se han podido formar radios comunitarias, y los medios alternativos que ya tenían más trayectoria han ido a capacitar a las personas de estos nuevos medios. Así que muchas de estas organizaciones locales cuentan con un medio alternativo que las acompaña.

- Los medios convencionales, ¿cómo están abordando tanto los proyectos como la contestación social?

– Son muy sinuosos, se comportan según la conveniencia del momento. El tema ambiental es, por decirlo así, el tema “débil” de un gobierno que en otros aspectos ha sido muy progresista. Esto es aprovechado también por medios que quieren atacar al gobierno. A veces un medio contrario al gobierno es, por esto, el único que cubre lo que tiene que ver con este tipo de problemáticas. En general, los medios de comunicación alineados al gobierno han publicado sobre estos temas en contadas ocasiones, aunque esto va en aumento; mientras que los medios contrarios lo hacen de una manera totalmente favorable a sus intereses. A nivel provincial el mapa es algo diferente, porque hay diarios que sacan el tema de una manera o de otra, o favoreciendo un sector o a otro, de acuerdo a contextos locales que en ocasiones son complejos de comprender si una no está en el lugar. Es bien amplio el tema de los medios y sus posicionamientos.

- ¿Qué te llevó a escoger los problemas ambientales y la minería como objeto de estudio?

– Soy del interior de Buenos Aires, que es donde se da toda la actividad de minería de cantera, de tercera categoría. Me tocó escuchar desde muy de chica este tema de la actividad minera como una actividad temporal, de poblados que se habían abandonado cuando las canteras de agotaron… En este tipo de canteras, hace algunos años atrás no estaba tan presente el tema del debate ambiental, en parte porque hablamos de canteras que no tienen la magnitud de las otras, de la megaminería que pretende instalarse en la cordillera. Estudié Gestión Ambiental, y en el tercer año cursé una materia que tenía que ver con conflictos ambientales. Me gustó mucho esa parte social, ver cómo la población se apropiaba de las temáticas ambientales. Me interesó el tema de los conflictos, de los diferentes posicionamientos en torno al tema ambiental, analizar cómo esto generaba disputas por esos recursos o bienes naturales. Cuando presenté mi beca para hacer el doctorado estaba muy en boga en Argentina el conflicto que se generó por la potencial instalación de las pasteras Ence y Botnia en Uruguay, en la margen del río Uruguay, compartido con Argentina. Del lado argentino hubo un rechazo muy fuerte por la posible contaminación del río, y hubo un conflicto diplomático entre los dos países. Finalmente sólo Botnia se instaló. El año en el que ese conflicto se visibilizó en los medios, cuando se hicieron las protestas masivas, fue el 2005, año en el que inicié mi doctorado. Estuve muy tentada a abordar este tema, que era muy reciente, pero por esto que comentaba sobre mi lugar de origen, y porque aparecía como antecedente el conflicto de Esquel, que estaba ya bastante documentado, me empecé a interesar por la creciente conflictividad en torno a proyectos mineros, y llegué al caso de Mendoza. Esta provincia fue de las primeras en contar con una legislación ambiental. Tiene una trayectoria en legislación de agua, tiene una institucionalidad muy fuerte en lo ambiental. Me interesaba ver cómo el conflicto social interactuaba con este marco institucional. Así que ese fue el tema de mi tesis doctoral.

- ¿Puedes hablarnos de alguna investigación en la que te encuentres trabajando, o en la que tengas en mente poder trabajar en un futuro?

– Ahora ingresé como investigadora en el organismo que me dio la beca doctoral y la postdoctoral, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Tengo la intención de continuar con investigaciones acerca de conflictos ambientales. Por ahora voy a continuar con conflictos mineros, pero puede ser que posteriormente tome otra actividad. Siempre tiene una que estar al tanto de lo que está pasando en otros temas, cómo interactúan los diferentes conflictos. Me voy a trasladar un poco de Mendoza, hacia el sur, y voy a tomar un caso en Neuquén, donde se realizó la segunda consulta popular (un referéndum) por el tema minero, en la localidad de Loncopué (“lonco” es “cacique” en lengua mapuche, jefe comunitario de los mapuches). Es un caso muy interesante porque se trata de una empresa minera de capital chino que pretende instalarse en un territorio de una comunidad mapuche. La idea es tomar este caso para hacer comparativas entre provincias, por la importancia que comentábamos que tiene el tema provincial, y también para incorporar la perspectiva de una comunidad indígena cuando ésta es parte de los actores en conflicto. En estos casos entra en juego toda la cosmovisión del territorio, una legislación específica que me interesa ver cómo influye. En Chile tengo muchos antecedentes para ver el caso de los conflictos mapuches, aunque en el caso chileno se han dado principalmente conflictos con empresas forestales.

Por Andrea Gago Menor coordina Pueblos – Revista de Información y Debate.

Notas

Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y ha sido docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Congreso y Universidad Nacional de Cuyo. Ha participado en obras colectivas como el libro 15 mitos de la megaminería transnacional, publicado en Argentina, Uruguay y Ecuador, y ha publicado recientemente Conflictos Socioambientales: La Megamineria en Mendoza, 1884-2011 (Universidad Nacional de Quilmes Ed., 2014). En noviembre de 2014 participó en varias actividades organizadas en Bizkaia por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, www.omal.info.

Wagner, Lucrecia: “Argentina en debate: las paradojas del extractivismo”. En: Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Cochabamba, pp. 111-129.