agosto 12, 2015

Mujeres aplauden logro parcial contra la dote en Uganda

Una ceremonia matrimonial en Uganda conocida como ‘kuhingira’, en la que el novio ofrece una dote a la familia de la novia. La Corte Suprema dictaminó en agosto de 2015 que en caso de disolución del vínculo, es inconstitucional devolver esa dote. Crédito: Wambi Michael/IPS

Tras años de lucha contra la costumbre de la dote en Uganda, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó esta semana que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial, aunque no llegó a declarar la práctica inconstitucional.

En un país donde la mayoría de los matrimonios se rigen por costumbres tradicionales, las defensoras de los derechos de las mujeres consideraron el dictamen como un paso que acerca el objetivo de lograr una mayor igualdad en las relaciones de pareja.

Ello pese a que fracasaron en que el alto tribunal declara la inconstitucionalidad de la dote.
"El reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”: juez Bert Katureebe.

El “precio de la novia”, como se llama a la dote, es el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de su aprecio. Tradicionalmente eran vacas o cabras, además de dinero. Pero en algunos pueblos ahora se estila regalar otros artículos como sofás y refrigeradores.

La batalla legal por la dote se remonta a 2007, cuando la organización defensora de los derechos de las mujeres Mifumi, con sede en Kampala, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.

Mifumi, cuyo trabajo se centra en la protección de mujeres, niñas y niños que sufrieron violencia y otros tipo de abusos, sostiene que si se las empodera, las mujeres pueden elevarse por encima de muchas tradiciones culturales, como la dote, que las mantienen rezagadas, coartando su contribución al desarrollo.

El recurso de Mifumi sostenía que el reclamo o el pago de la dote por el novio a los padres de la novia crea las condiciones para la desigualdad dentro del matrimonio, en contra de lo que dispone la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el matrimonio y en su disolución.

Pero en 2010, el Tribunal Constitucional dictaminó que la dote era constitucional, con un solo voto en contra, el del magistrado ya fallecido Amos Twinomujuni, quién arguyó que lo que estaba en juego era la igualdad de la mujer y que la dote era una fuente de violencia doméstica.

Sin intimidarse, Mifumi decidió recurrir a la Corte Suprema, que por seis votos contra uno dictaminó que el reembolso de la dote atentaba contra la Constitución nacional en lo que respecta a la igualdad al contraer matrimonio, durante el mismo o en caso de disolución.

El magistrado Jotham Tumwesigye observó que era injusto para los padres de la mujer que se les pidiera reembolsar la dote tras años de matrimonio y que, de todas maneras, era poco probable que conservaran algo vinculado a ella como para hacerlo efectivo.

Además, señaló que una de las consecuencias de que los padres ya no tuvieran el efectivo o los bienes de la dote era el riesgo de que la mujer casada tolerara abusos por temor a causar problemas a sus padres, que no estaban en condiciones de afrontar.

El presidente del alto tribunal, Bert Katureebe, observó que “el reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer”.

Los seis magistrados de la Corte Suprema coincidieron por unanimidad que referirse a los regalos de bodas como dote reduce su significado al mero valor de mercado.

Tras el dictamen, Solomy Awiidi, asesora legal de Mifumi, dijo a IPS que se alegraba de que el dictamen limitara una práctica cultural que mantiene a las mujeres rehenes de matrimonios abusivos.

Mifumi hubiera preferido que directamente se aboliera la dote, pero el hecho de que el alto tribunal emitiera un dictamen contra el reembolso de la misma era algo digno de celebrar tras 15 años de lucha.

“Hay padres y hermanos de novias con demandas civiles porque no pudieron devolver la dote, mientras miles, sino millones, de mujeres en todo el país han sufrido abusos por no poder devolverla. Este dictamen liberará a muchas de ellas”, se alegró Awiidi.

El abogado de derechos humanos Ladislaus Rwakafuzi, quien estuvo al frente del recurso presentado por Mifumi, dijo a IPS que “no logramos todo lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que la gente comenzará a tener cuidado de no pagar demasiado si saben que no habrá devolución en caso de que se disuelva el matrimonio”.

Rita Achiro, directora ejecutiva de la Red de Mujeres de Uganda, comentó a IPS que el dictamen mostró que las mujeres de este país pueden recurrir a la justicia contra las leyes que las mantienen oprimidas.

Además, instó al gobierno y al parlamento a promover una ley que garantice el cumplimiento del dictamen judicial, porque si no se penaliza, se seguirá reclamando la devolución de la dote.

Hay antecedentes de tribunales que anulan leyes que discriminan a las mujeres, recordó, pero el gobierno y el parlamento no han aprobado las leyes necesarias para que se cumplan los dictámenes judiciales.

Achiro citó el ejemplo del dictamen del Tribunal Constitucional de marzo de 2004, cuando se derogaron 10 artículos de la Ley de Divorcio porque contravenían el artículo constitucional que garantiza los mismos derechos a las mujeres que a los hombres.

La Ley de Divorcio permitía que hombres abandonaran a sus esposas en casos de adulterio, pero las mujeres no tenían el mismo derecho porque tenían que probar la culpabilidad del marido, no solo de adulterio, sino de otros delitos como bigamia, sodomía, violación y abandono.

Un panel de cinco jueces constitucionales confirmó que las causales de divorcio se deben aplicar por igual a hombres y a mujeres en el matrimonio.

Entonces, defensoras de los derechos femeninos aplaudieron el fallo, que consideraron histórico y que apuntaba a la igualdad entre hombres y mujeres, pero 11 años después, todavía no se aprueba ninguna ley que lo haga cumplir.


Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
Fuente: IPS