La ley y el orden patriarcal
Un reciente estudio del Banco Mundial, que analizó las legislaciones vigentes de 173 economías, concluyó que en el 90 por ciento de los países existe al menos una ley que discrimina a las mujeres.
Independientemente de su masa muscular, en Francia, las mujeres no pueden realizar trabajos que requieran levantar más de 25 kilogramos, restricción que les impide, por ejemplo, entregar paquetes FedEx. ¿El colmo de la ironía? Cualquier madre con un pebete de 5 años cotidianamente carga tal peso. En Rusia, las restricciones locales impiden que hagan todo tipo de labores: conducir camiones o vinculados a la industria agrícola, operar equipos de perforación minera, instalar antenas en altura, ejercer de fontaneras en la reparación de redes de alcantarillado, controlar la velocidad de trenes, hacer las veces de marineras en variopintos buques, etcétera (el “etcétera”, en este caso, implica más de 450 potenciales tareas). En Madagascar, en cambio, es la impresión, manipulación o venta de literatura, carteles, dibujos, grabados o pinturas “contrarios a la moral” la que está restringida por ley… Al menos, Jamaica suprimió la ordenanza –con más de 7 décadas de vigencia- que negaba a las doñas laburar de noche. ¿Albricias?
En fin, apenas unos pocos ejemplos expuestos por el Banco Mundial en su reciente informe “Mujer, Empresa y Derecho 2016”, donde la autora Sarah Iqbal -miembro de la mentada institución- arriba a tamaña conclusión: que en el 90 % de los países analizados (173, ni más ni menos) existe al menos una ley que discrimina a las mujeres y les significa trabas directas para desarrollar su capacidad total en el campo laboral, los negocios, la vida pública. Trabas como necesitar el visto bueno de los maridos –en verdad, un permiso firmado- para salir a trabajar, como acontece en 18 sitios (Irán y Qatar, entre ellos). Como su exclusión absoluta en recintos industriales (41 países). O la negativa a que laburen cuando baja el sol (29); el no poder elegir dónde vivir (30) o sencillamente obedecer absolutamente la voluntad de los esposos (19 sitios). De más está decir, lo rico no hace lo justo; finalmente, “la discriminación legal existe tanto en países ricos como pobres”. Qué va: Estados Unidos es uno de los cuatro sitios sin leyes nacionales que exijan licencia por maternidad paga para nuevas madres.
En resumen, el informe estima más de 950 situaciones de desigualdad, contemplando siete indicadores: el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, la obtención de empleo, los incentivos para trabajar, la capacidad de generar un historial crediticio, el acceso a la justicia y la protección de la mujer contra la violencia. A partir de aquello, se desprenden conclusiones varias. Conclusiones como el insólito hecho de que, “en pleno siglo XXI, solo 18 países no tienen restricciones legales que impidan a la mujer alcanzar su potencial”. Repetimos: de 173, solo 18; entre ellos, España, Canadá, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana, Países Bajos… De allí, el interrogante que se repite en sitios y diarios a lo largo y ancho: ¿es la ley masculina? En teoría, ejem, no conoce sexo, género, religión, etcétera; pero evidentemente la ceguera es (sigue siendo) teledirigida.
No sorprende que sea en Medio Oriente y el Norte de África donde se hayan encontrado el mayor número de restricciones. O, para el caso, en Asia Meridional. Tampoco, como destaca el informe, que “la región de Europa y Asia central destaque como una de las más avanzadas en términos de derechos de propiedad y de sucesión, acceso al crédito y licencia por maternidad y paternidad”. Luego, continuando la nota más positiva, 65 países –la mayoría en vías de desarrollo- realizaron casi 100 reformas a sus estatutos en los últimos dos años, amén de mejorar la paridad en sus huestes; y, en lo que a violencia de género refiere, 127 tienen hoy legislaciones que protegen a la mujer (a diferencia de los solo 7 que las tenían hace 25 años). Ergo: habemus progreso. Sin más, destaca el mentado estudio que “en América Latina y el Caribe, continúa la actividad de reformas y casi todas las economías de la región ahora tienen leyes que protegen a la mujer contra la violencia doméstica”. Aunque, aclara cómo “su implementación sigue siendo un desafío”.
Resulta significativo que el lanzamiento del informe coincida con el 20° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, donde 189 países concordaron unánimemente la aprobación de una plataforma de acción -que persiste en calidad de fuente y referencia-. En ella, los estados participantes se comprometían a garantizar misma paga por mismo trabajo, una vida libre de violencia, acceso a educación y salud… En fin, los derechos de la mujer, el empoderamiento en la esfera pública y privada. Campos donde, sin duda, ha habido avances, aunque queden brechas por achicar entre las promesas de papel y las realidades diarias. En ese sentido, ofrece el medio brit The Guardian: “Dos décadas después de la declaración de Beijing sobre igualdad de género, las oportunidades económicas y los derechos laborales femeninos siguen siendo ampliamente sometidos a una legislación restrictiva”. A lo cual cabría sumar palabras de Iqbal, autora principal del informe: “A pesar que las leyes no garantizan un trato igual para las mujeres, son el primer paso hacia la creación de un terreno de juego parejo, donde las mujeres tengan la oportunidad de prosperar”.
Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, también se expresó al respecto, hablando de “injusticia cabal”, subrayando que “las mujeres, al igual que los hombres, merecen tener oportunidades para desplegar su potencial, sin importar dónde vivan. Estas restricciones son además perjudiciales desde el punto de vista económico. Las mujeres representan más de la mitad de la población mundial. No podemos darnos el lujo de desaprovechar ese potencial, ya sea porque las leyes no logran protegerlas contra la violencia o porque las excluyen de las oportunidades financieras, de la posesión de bienes o del ejercicio de una profesión”. Y luego: “Cuando las mujeres pueden trabajar, administrar ingresos y dirigir empresas, los beneficios se extienden mucho más allá del nivel individual y alcanzan a los hijos, a las comunidades y a las economías en su totalidad”. O sea: más inclusión, más riqueza. En todo sentido.
Por Guadalupe Treibel
Fuente: Página/12
