América Latina: Avances y obstáculos en las luchas de las mujeres
La llegada de gobiernos progresistas en América Latina en la última década ha permitido reducir la brecha y la desigualdad social que existía en estos países como consecuencia de la implementación de los programas de ajuste estructural. La eliminación del analfabetismo, la reducción de la pobreza y el acceso a la educación y a la salud, son algunos de los logros que han permitido la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que, en países como Venezuela y Bolivia, cuentan con una gran participación en apoyo los procesos transformadores. Sin embargo, aunque las políticas sociales han tenido un impacto positivo en la lucha por la igualdad, los gobiernos progresistas de la región -a excepción de Uruguay- siguen oponiéndose al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
“La revolución socialista debe ser feminista”. La consigna que habitualmente acompaña a los movimientos feministas, fue pronunciada por el presidente Hugo Chávez durante la mayor parte de su mandato. Consciente del papel protagónico de la mujer en la Revolución Bolivariana, el mandatario venezolano tuvo en las mujeres de las clases populares a las principales aliadas de este proceso de transformación social. La participación del 70 por ciento en las organizaciones de base ha permitido que las voces de las mujeres se escuchen desde los Consejos Comunales, asambleas que articulan a las organizaciones, movimientos y ciudadanía de las comunidades, hasta los máximos órganos de decisión, con representantes elegidos en candidaturas en las que ningún género cuenta con una participación mayor del 60 ni menor del 40 por ciento.
La reducción de las brechas sociales y de los índices de pobreza tuvo un importante impacto para las mujeres venezolanas, especialmente, para las madres sin pareja que, según el último censo poblacional, son la mayor parte de las mujeres con hijos e hijas en Venezuela[1]. Mujeres cuidadoras con personas dependientes a su cargo y sin ingresos económicos constituyen el perfil de familias en riesgo de exclusión social. Para paliar esta situación, la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, creada en el marco de las Misiones Socialistas, ofrece una ayuda mensual para equilibrar los ingresos de las familias y, además, capacita a las mujeres para que se integren en el tejido productivo en asociación con otras beneficiarias del programa.
La buena relación que existió entre el presidente Hugo Chávez y el movimiento de mujeres permitió que desde el Gobierno se asumieran muchos puntos de la agenda feminista, como las creaciones del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y del Banco de la Mujer; el reconocimiento constitucional del trabajo del hogar como actividad económica creadora de valor agregado, riqueza y bienestar social; o la aprobación de las leyes sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Promoción y Protección de la Lactancia Materna.
Daniella Inojosa forma parte de la Red Araña, la red de colectivos feministas socialistas en Venezuela, y recuerda el acercamiento del presidente Chávez, un militar que había crecido en una zona campesina, a los principios feministas: “Ideológicamente, siempre andaba en una búsqueda constante de la justicia y la libertad. Así fue que Chávez entendió qué era ser feminista, fue aprendiendo y nosotras lo fuimos enseñando, acompañando y revolucionando. Así, terminó siendo uno más de nuestros militantes”.
Bien distinto al trato afectuoso que recuerdan en el movimiento venezolano respecto al presidente Chávez, ha sido la relación entre las organizaciones feministas, y el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Aunque, en un principio, el movimiento formó parte de las alianzas que apoyaron la candidatura de Alianza País, la posición conservadora del primer mandatario respecto a temas fundamentales para la emancipación de las mujeres ha provocado diferentes enfrentamientos durante su última legislatura. El más sonado de ellos tuvo lugar en medio de la discusión del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando el presidente amenazó con abandonar su cargo en caso de que se llevara a la Asamblea Nacional el debate sobre la despenalización del aborto que, en la legislación ecuatoriana, solo se autoriza cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación, pero únicamente para los casos en los que la víctima presenta una discapacidad mental.
La sustitución de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) por el denominado Plan Familia provocó la indignación del movimiento feminista que acusa al presidente Correa de trasladar su moral católica a las políticas públicas. El informe sombra al Comité de la CEDAW presentado desde Ecuador identifica directamente un “retroceso” en la situación de los derechos de las mujeres, específicamente, “en cuanto a violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, maternidad gratuita, personas privadas de libertad, entre las más importantes”[2].
Desde el lado del oficialismo se defienden los avances realizados por la Revolución Ciudadana para la construcción de la igualdad de género, como la participación de un 40 por ciento de mujeres en la Asamblea Nacional; el reconocimiento de la afiliación a la Seguridad Social para las trabajadoras del hogar, y la tipificación del delito de feminicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), una medida esperada en un país en el que seis de cada diez mujeres declara haber vivido algún tipo de violencia de género[3].
La violencia convertida en pandemia
La violencia machista en sus múltiples formas es una de las principales lacras que sufren las mujeres en América Latina. El informe “Patrones de Violencia Contra las Mujeres en América Latina y el Caribe”[4] revela que casi un tercio de las mujeres del continente han sufrido violencia en el interior de sus hogares, mientras que dos tercios de ella han sido victimizadas fuera del domicilio. Además, entre el 17 y el 15% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad, en doce países de la región, ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja en alguna ocasión. Respecto a los crímenes de feminicidio, más de la mitad de los 25 países con tasas altas y muy altas de estos homicidios se sitúan en América Latina y el Caribe. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, los asesinatos de mujeres alcanzan unas tasas que permiten hablar de una pandemia caracterizada, además, por la impunidad de los victimarios.
Pero el informe presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres no sólo contempla los casos de violencia ocurridos a manos de parejas o ex parejas. La desigualdad social, la discriminación y la pobreza que se sufre en la región, son algunos de los factores en los que se multiplican las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Los proyectos extractivistas que amenazan los territorios, la militarización, la existencia de grupos armados al margen de la ley, la existencia de crimen organizado vinculado al narcotráfico o a la trata de personas, la impunidad y las limitaciones en el acceso a la justicia, se convierten en graves obstáculos para que las mujeres puedan ejercer y disfrutar sus derechos humanos y libertades fundamentales.
La penalización del aborto
América Latina es una de las regiones del mundo con la legislación más severa respecto a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La Constitución salvadoreña reconoce el inicio de la vida en el mismo instante de la concepción y penaliza la interrupción del embarazo en cualquier supuesto, aunque éste haya sido producto de una violación, o en caso de que esté en riesgo la vida de la madre o del feto. En este momento existen 16 mujeres cumpliendo condena en cárceles salvadoreñas acusadas de delitos relacionados con el aborto, a pesar de que existen pruebas que demuestran que la interrupción del embarazo se produjo por problemas obstétricos y no de manera intencionada.
Junto a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam son los países de América Latina y el Caribe que criminalizan la interrupción del aborto en cualquier caso. Más de cuatro millones de mujeres se practican abortos cada año en el continente. Sin embargo, en base a los casos que terminan siendo judicializados, se evidencia que la tipificación del aborto como delito no afecta a todas las mujeres por igual. Las que terminan siendo acusadas y condenadas son, de forma mayoritaria, mujeres jóvenes, sin estudios, sin pareja y con escasos recursos, lo que supone la criminalización de mujeres socialmente vulnerables.
La lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos continúa presente en la agenda de los movimientos feministas, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. La aprobación del Código Orgánico Integral Penal en Ecuador eliminó la posibilidad de la despenalización por esta vía, pero se estudia la presentación de una nueva propuesta en el marco de la discusión de nuevas leyes. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos es uno de los temas prioritarios para el movimiento en Venezuela, donde aún no se ha logrado avanzar, no por oposición del Parlamento, sino por influencia del discurso de las iglesias evangélicas, según explican desde la red feminista.
En el lado de los países que sí han dado pasos para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentran Chile, cuyo Parlamento tramita en la actualidad un proyecto de ley presentado por el Gobierno para la despenalización del aborto en tres supuestos. Durante el Gobierno de José Mujica, el Parlamento de Uruguay aprobó la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras semanas de gestación. Tres años después de su entrada en vigor, se han logrado eliminar las muertes de mujeres y las complicaciones derivadas de las interrupciones realizadas en lugares no autorizados.
Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.
NOTAS:
Boletín Demográfico, 2013. Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela.
Coalición Nacional de Mujeres para la Elaboración Nacional de Mujeres para la Elaboración del Informe Sombra de la CEDAW (2014). Informe Sombra al Comité de la CEDAW. Ecuador.
Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. INEC.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM (2015). Patrones de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe.
