marzo 31, 2016

Zika: viejas y nuevas inequidades en salud sexual y reproductiva


Hay inequidades viejas e inequidades nuevas en salud sexual y reproductiva. En América Latina (AL), se estima que 23 millones de mujeres en edad reproductiva –y aproximadamente una de cada dos adolescentes sexualmente activas– tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción.

Se calcula que sólo seis de cada 10 embarazos son deseados y planeados; los otros cuatro son inoportunos, no deseados o de plano impuestos.

Al menos una de cada cinco mujeres a lo largo de su vida sufre violencia sexual, sin derecho efectivo a la justicia ni a servicios integrales de prevención y atención, incluyendo la anticoncepción de emergencia; no existe acceso oportuno y universal a servicios de salud materna accesibles, aceptables, disponibles y de calidad.

Y sobre todo, esta región es la que exhibe el acceso más restringido a servicios de aborto seguro y legal, que permitan a todas las mujeres, independientemente de su edad, raza, etnia, nivel de escolaridad, marginación o pobreza, interrumpir un embarazo no deseado o forzado, que ponga en riesgo su vida y su salud, o que resulte en un producto sin posibilidad de sobrevida o sin una calidad de vida digna.

Hay virus viejos y virus nuevos. El virus del zika es un virus “nuevo”, por lo menos en AL, que se trasmite por la picadura de un mosquito, el ya tristemente famoso Aedes aegypti, mismo que también trasmite la malaria, el dengue y el chikungunya.

El problema con el zika no es tanto la “enfermedad” que ocasiona: un síndrome febril poco específico y en tres de cada cuatro personas infectadas, totalmente asintomático.

En realidad, la gravedad de esta “nueva” virosis depende de las consecuencias potenciales que tiene sobre las mujeres embarazadas y sus productos, en particular la microcefalia.

La microcefalia ocurre cuando la cabeza del bebé es más pequeña de lo esperado. Los bebés con microcefalia suelen tener cerebros más pequeños que no se desarrollan adecuadamente. En pocas palabras, bebés con daño cerebral de gravedad impredecible.

Desde finales del año pasado, el Ministerio de Salud de Brasil lanzó la alarma, al establecer la relación entre el incremento de los casos de microcefalia en el noreste del país y la infección por zika.

Los casos pasaron de 150-200 por año a casi 6 mil notificados (y más de 600 confirmados) en pocos meses, entre finales de octubre y principios de marzo de este año. A la fecha, se han realizado diversas investigaciones para esclarecer la causa, los factores de riesgo, y las consecuencias de la microcefalia. 

Se ha estudiado –y aparentemente descartado– que esta epidemia se debiera al pesticida utilizado desde hace años en el control del mosquito.

Se ha confirmado la presencia del virus en el líquido amniótico y aún más en el tejido cerebral de los fetos afectados (así como en otros líquidos corporales, incluyendo la saliva, la leche materna y el semen). 

Se ha confirmado en recientes experimentos in vitro la capacidad del virus del zika de infectar y dañar de manera irreversible cultivos de células neuronales, precursoras de tejidos cerebrales adultos.

En suma, las evidencias epidemiológicas y la plausibilidad biológica y experimental, apoyan de manera cada vez más sólida la relación de causa-efecto entre la infección por zika y las malformaciones cerebrales en el producto. 

Ante eso, son retóricas, tibias y en el fondo inaplicables, las recomendaciones que han surgido de los gobiernos de la región, incluyendo a México, y de los mismos organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.

Estas recomendaciones incluyen: 1) erradicar los criaderos del mosquito; 2) prevenir la picadura del mismo, y 3) prevenir el embarazo.

Mientras las consecuencias recaen todas en las mujeres embarazadas, la mayoría de estas acciones deberían ser responsabilidad del Estado, que en la región es con frecuencia débil y con insuficiente capacidad de implementación.

No se trata sólo de usar repelentes e indumentos de manga larga, sino de distribuir mosquiteros y de efectuar medidas masivas de sanitación ambiental capaces de prevenir que comunidades enteras, sobre todo pobres y rurales, sean criaderos de mosquitos y otras plagas.

No se trata de imponer ahora un “embargo” temporal de embarazos, sino de proveer siempre y a todas y todos, educación, información y métodos anticonceptivos seguros y efectivos para que las mujeres se embaracen sólo si así lo deseen.

Pero finalmente, estas recomendaciones se quedan inexplicablemente cortas ante la situación de las mujeres con la infección cuando ya están embarazadas.

“La OPS/OMS recomienda a las mujeres gestantes y a aquellas que están planificando su embarazo que hayan estado expuestas al virus del zika, que acudan a las consultas prenatales para recibir información y controlar su embarazo, según las políticas de salud y prácticas nacionales.” 

En pocas palabras, “consulte a su médico”. De nuevo, una respuesta individual, no una respuesta estructural de los sistemas de salud.

Un problema adicional, en toda esta historia, es que el diagnóstico intrauterino de microcefalia por ultrasonido es complejo y tardío. ¿Cuántas mujeres tendrán acceso a un ultrasonido? ¿Cuántos profesionales de la salud tienen la capacidad de realizar USP de calidad y de proveer consejería perinatal a las mujeres?

¿Cuántos ginecólogos en la región se están entrenando para realizar abortos terapéuticos en etapas tardías del embarazo? Pobres de nuestros médicos, a quienes el Estado delega la responsabilidad de atender estos casos; pobres de nuestras mujeres, que buscarán atención en estos sistemas de salud tan insuficientes.

En realidad, ¿cuál es la diferencia entre el virus del zika y otros virus, como la rubeola o el sarampión, que han ampliamente demostrado causar malformaciones en el producto de una mujer embarazada e infectada?

¿Cuál es la diferencia entre este pesticida y cualquier otro agente, radioactivo, medicamentoso o tóxico ambiental, que hemos aprendido ser teratogénicos? Ninguna.

Este “nuevo” virus no es diferente a todos los demás agentes que atacan y dañan la salud en general, y en especial la salud de las mujeres y de sus hijas e hijos.

El zika cruza con todas las inequidades arriba señaladas, y las hace aún más dolorosamente patentes. Las mujeres pobres y marginadas son las que están sufriendo las consecuencias.

Las mujeres y las parejas con acceso a información, a servicios y a profesionales de la salud éticos y capacitados, las mujeres con capacidad y poder (incluido el poder económico) en la toma de decisión, tendrán la posibilidad de decidir qué hacer.

Apoyándose en su libertad de conciencia, podrán seguir con la gestación, realizarse las pruebas diagnósticas más sofisticadas, enfrentar el grado más elevado de riesgo aceptable para ellas, de acuerdo con sus valores, religiosos y personales; o podrán decidir interrumpir el embarazo si consideran que no tienen la fortaleza, personal y familiar, emocional y social, para llevarlo a término.

“No sólo durante esta crisis de salud pública, sino siempre”, como escribió la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) en su boletín de marzo de 2016.

Como acaba de afirmar el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el único enfoque posible, justo y ético ante estos retos (viejos y nuevos) en salud es un enfoque de Derechos Humanos, de empoderamiento de las mujeres: proveerlas de toda la información científica, basada en evidencias, y reconocerle su autoridad moral y sus Derechos Humanos para tomar decisiones complejas para la protección de su salud y de su bienestar. 

Sólo de ellas, y de todas ellas, sin diferencias, debe de ser la decisión, no del Estado. 

Por Dra. Raffaela Schiavon Ermani es directora general de Ipas-México A.C.
Ipas-México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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