mayo 04, 2016

“Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe”

El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Muchas de ellas tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes –niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad–. 

A pesar de que llevan la peor parte de las políticas punitivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo (distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familiar. Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento. 

El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. En ausencia de redes de protección social fuertes, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, el encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tráfico. Todo esto incrementa la demanda de protección social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida. 

Es hora de reconocer que las actuales políticas de drogas han dado lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres. Por ende, es necesario revisar estas políticas y reducir la población femenina privada de libertad. Las políticas de drogas deben desarrollarse de acuerdo con el principio jurídico fundamental de que la herramienta penal debe ser utilizada solo como recurso de ultima ratio. Se necesitan reformas fundamentales a las leyes de drogas en toda la región para que los delitos de bajo nivel, cometidos por mujeres u hombres, se penalicen con alternativas a la cárcel y para asegurar la proporcionalidad de las penas. 

Adicionalmente, se debe dar especial atención al enfoque de género en el desarrollo, la implementación y la evaluación en las reformas de la legislación y las políticas de drogas. Los sistemas de justicia penal deben ser capaces de tomar en consideración circunstancias atenuantes como, por ejemplo, las de aquellas mujeres que tienen personas dependientes a su cargo o la situación de aquellas que están embarazadas. En ningún caso, mujeres acusadas o condenadas por delitos de drogas no violentos deberían ir a la cárcel; para ellas, en cambio, se deben implementar medidas alternativas a la prisión. De hecho, las medidas alternativas al encarcelamiento son respuestas menos costosas y dañinas, y más efectivas para enfrentar los delitos de drogas. 

Esta Guía para gestoras y gestores de políticas ofrece una hoja de ruta de reformas en políticas basadas en salud pública, respetuosas de los derechos humanos y con perspectiva de género. Incluye una síntesis de orientaciones generales básicas que son fundamentales para toda la región, y ofrece una gama de recomendaciones categorizadas en siete temas específicos: políticas de drogas más incluyentes, reformas a las políticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, cultivo o procesamiento de drogas, programas de inclusión social, mujeres embarazadas o con personas dependientes, y generación y recopilación de datos. Esta guía es una herramienta para quienes quieren desarrollar e implementar políticas de drogas más humanas y más eficaces.




Fuente: CIM