junio 15, 2016

Reclaman mujeres con discapacidad más espacios



  • Piden a gobiernos e instituciones reconocer y diseñar políticas afirmativas 

Para que las mujeres con discapacidad logren un efectivo liderazgo deben ser reconocidas como sujetos de derecho, concluyeron en La Habana asistentes al Primer Seminario-Taller Regional de Mujeres Líderes con Discapacidad de México, Centroamérica y el Caribe, realizado del 7 al 9 de junio.

En la declaración final de la cita, se insta a instituciones y gobiernos a hacer ese reconocimiento y a diseñar normas afirmativas, desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para su verdadera participación.

La inclusión de las mujeres con discapacidad es, en primer lugar, un tema de derechos humanos, suscribieron participantes procedentes de Belice, México, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil y Nicaragua.

Apostaron, además, a la unidad que “nos permitirá el empoderamiento para poder hacer valer nuestros derechos y poder construir un futuro certero y seguro para nuestros hijos y nuestras familias”, afirma la declaración.

Igualmente demandaron la inclusión participativa, sin vestigios de acompañamiento simulado; se pronunciaron por denunciar cualquier forma o tipo de discriminación y por proponer a gobiernos y organismos regionales el enfoque de estos temas en sus políticas y programas.

“Nos interesa que Estados y gobiernos inviertan en el fortalecimiento de nuestro movimiento asociativo nacional y regional de las personas con discapacidad y sus familias”, señaló Ana Lucía Arellanos, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familiares (Riadis), que agrupa a 49 organizaciones en 19 países.

Arellanos reconoció avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, así como una mayor presencia del tema en la agenda pública.

Sin embargo, no son pocas las personas que viven algún tipo de discapacidad en la región latinoamericana y caribeña: más de 100 millones, según datos de la Comisión Económica de América Latina (Cepal), y sus vidas siguen marcadas por una profunda desigualdad.

“Hablar de personas con discapacidad implica referirse a un colectivo que encuentra numerosas barreras en el camino hacia su integración social”, consideró la panameña Ana Eliseda Fisher, secretaria de la Riadis en Panamá.

Fisher precisó que las mujeres en esta situación viven una doble discriminación, dada por su condición de personas con discapacidad y por su género.

Apuntó que las mujeres representan las tres cuartas partes de quienes viven con alguna discapacidad en países de renta baja y media, y entre 65 por ciento y 75 por ciento de ellas habitan en zonas rurales.
Tienen, además, mayor riesgo de sufrir enfermedades, pobreza y aislamiento que los hombres con discapacidad y que otras mujeres, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Excluidas en su mayoría de la fuerza laboral, una gran parte contribuye al trabajo y sustento familiar cocinando, limpiando y cuidando de hijos y familiares. En tanto, la tasa de alfabetización de las mujeres y niñas con discapacidad es del uno por ciento, según reportes del Programa de Naciones Unidas par le Desarrollo (PNUD).

“Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y segregar a las mujeres con discapacidad. A pesar de los logros y avances obtenidos en los últimos años, esta discriminación sigue representando un problema grave y alarmante”, advirtió Fisher.

Otra cara menos visible de la existencia de estas mujeres se relaciona con el hecho de que la discapacidad produce un mayor riesgo de violencia para ellas.

“La falta de acceso a los recursos y a la educación es una forma de violencia”, sostuvo la experta y añadió que “existe una forma de violencia institucional ejercida por causa de discapacidad”.

La subestimación, el aborto coercitivo y la esterilización forzosa son algunas de esas formas de violencia que se ejerce contra las mujeres con discapacidad. 

Igualmente padecen malos tratos y violencia cuando no se les valora para estudiar y trabajar ni se les permite hacerlo; cuando tropiezan a diario con barreras arquitectónicas insalvables o carecen de transporte adecuado para trasladarse por la ciudad.

Fisher abundó en ejemplos al respecto: “se dirigen a la persona que nos acompaña en vez de hablarnos a nosotras”, “no podemos tener revisiones ginecológicas adecuadas porque las consultas no están adaptadas a nuestras necesidades”, “el personal de las administraciones nos habla como si fuéramos tontas” y “debemos ver la película en primera fila del cine”.

“Si hablamos de violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres con discapacidad es una violencia invisible”, resumió.

Como argumento, aludió a la falta de recursos adaptados a sus necesidades, la escasa investigación y estudios al respecto y la falta de formación en materia de discapacidad de profesionales que atienden los servicios de atención e información a mujeres víctimas de violencia de género.

Fisher no es partidaria de que se hagan planes, programas o leyes específicos para ese colectivo, sino de tener en cuenta la discapacidad en todo lo que se haga: estudios, investigaciones, planes y proyectos. “Es decir, incluir la perspectiva de la discapacidad de manera transversal”.

Abogó por rectificar las relaciones verticales, basadas en la dominación, y transformarlas en verdaderas relaciones horizontales, centradas en la equidad, la reciprocidad, el compartir y el servicio mutuo.

Para lograr el cambio social que arremeta contra las desigualdades y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, es necesario que cada una sea consciente de su rol personal en la sociedad y como multiplicadora de cambios para romper barreras, esquemas, estereotipos y lograr la transformación social, apuntó.

“Las mujeres con discapacidad debemos perder el miedo y asumir los riesgos que conlleva estar de frente en la lucha por los derechos humanos”, sostuvo.

Fuente: SemMéxico/SEMlac.