julio 15, 2016

Un Estado no viola



Más de 30 años de silencio, dolor, recuerdos, intentos de olvido, miedo, vergüenza, culpa, desprecio, autodesprecio, más silencios, intentos de recobrar la vida, de vivir, de respirar, de quitarse el ardor del cuerpo, arrancarse la piel, ponerse otra, nueva. “Toda la noche me he llorao, todavía desde esa fecha que me ha violao hasta ahora siento adentro, parece ovario arde”, dice Paty[1]. Toda una noche, que se convierte en toda una vida, es la consecuencia de lo que les pasó a miles y miles de mujeres que fueron violadas sexualmente durante el conflicto armado interno.

Miles de mujeres en su mayoría indígenas quechuahablantes, rurales, sobre todo de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, las ajenas, sin derechos, que no eran consideradas ciudadanas en un país que siempre vivió de espaldas a los pueblos indígenas. Miles de peruanas víctimas del olvido y la indiferencia, sospechosas por vivir en los lugares tomados por los grupos subversivos, consideradas terroristas por las fuerzas militares, castigadas, torturadas, por si acaso, por si lo eran, por si pensaban serlo. Porque la violación sexual, como dice Rita Segato, no tiene que ver con el placer, sino con la dominación.“Las violaciones son crímenes por medios sexuales pero no son crímenes para la sexualidad”, anota.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, si bien todos los actores involucrados en el conflicto violaron mujeres, lo hicieron más las fuerzas contrasubversivas; según se calcula, un 83% de los casos son imputables al Estado y 11% a los terroristas. Señala la CVR que:

“tiene evidencias que le permiten concluir que la violencia sexual fue una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada pero en ciertos casos abiertamente permitida por los superiores inmediatos, en determinados ámbitos. Tuvo lugar en el desarrollo de incursiones militares pero también en el interior de ciertos establecimientos del Ejército y de las Fuerzas Policiales. Esta práctica generalizada, sin embargo, puede haber alcanzado en determinadas provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac un carácter sistemático vinculado a la represión de la subversión.”[1]

Los distritos de Manta y Vilca en Huancavelica son casos emblemáticos para este tipo de violencia. Allí, entre los años1983 y 1998, se instalaron tres bases militares: una en Vilca, en donde funcionaba la posta de salud, otra en Manta, en el colegio, lo cual también da cuenta de que ya no habría colegio posible, y otra en la escuela del distrito de Ccoricocha, que solo funcionó durante ocho meses. Iban a combatir a los subversivos, decían, que habían declarado a Manta zona liberada. Los militares tomaron el control de las comunidades, nadie entraba o salía sin su autorización y todo el mundo vivía bajo sospecha. Fue un tiempo en el que los hombres militares pudieron hacer gala de su dominio total sobre las mujeres, con la complicidad de los otros hombres a quienes reconocían autoridad, sus superiores. Aunque a veces se daban señales de que algunos tenían conciencia de que estaban rompiendo el pacto patriarcal, como cuando un suboficial, después de violarlas, les dijo: “no vayan a avisar a sus esposos porque sino otra vez les va a ocurrir y peor”.[2] Quizá era también parte del disciplinamiento y del control que imponían porque sabían que también eran dueños de la vida de los otros hombres, los vencidos. La violación sexual es un arma muy eficaz para el control y la dominación en una comunidad. No requiere mucha inversión, solo se trata de exacerbar el sentido de masculinidad y potencia con que se socializa a los hombres y que se refleja en lo difícil que es cuestionar la violencia sexual en una sociedad patriarcal, en donde muchas veces las víctimas son las culpabilizadas.

Allí en Manta y Vilca, en los testimonios recogidos, se puede visualizar tan meridianamente lo que Sagato señala en relación al papel que cumplen las violaciones sexuales en grupo, sobre todo en contextos de guerra, en los cuales se supone que debe mostrarse la hombría. Dice Segato que “el mandato de masculinidad obliga al hombre a comprobar, a espectacularizar, a mostrar a los otros hombres para que lo titulen como alguien merecedor de esta posición masculina: necesita exhibir potencia”. Y, al menos en Occidente, matiza la antropóloga, “poder y sexualidad están muy relacionados entre sí”.[3] Entonces hicieron mancha para demostrarse unos a otros que podían, porque ahí eran dueños y señores, cómplices, en esos espacios en los cuales, seguro pensaban, nadie más que ellos, como en una cofradía secreta, sabría lo que hicieron, porque la impunidad es la principal aliada del miedo. Un informe de lo que sucedió en Manta narra el testimonio de una de las víctimas, María, que tenía en aquellos tiempos solo 15 años, estudiaba secundaria, soñaba que podría tener un futuro y vio destrozada su vida al ser violada en varias ocasiones. Dice el informe:

“El soldado la condujo al interior de la base y le propuso: ‘vamos a bailar, ya que estamos haciendo fiesta’. En la base, se encontraban dos chicas, una de ellas era Beatriz Araujo Pallarco quien obligó a tomar licor a María. Por lo cual María se embriagó y fue conducida por ‘Rutti’a un cuarto donde la violó sexualmente y, además, fue ultrajada por todos los soldados de la tropa.”[4]

Hace unos días, se inició el juicio oral para el caso de las violaciones sexuales en Manta y Vilca luego de largos años de lucha y de exigencia de justicia, ya que, pese a que la CVR presentó el caso en el 2003, recién en el 2008 se presentó denuncias contra los efectivos militares y solo a inicios del 2015 la Tercera Fiscalía Superior formuló la acusación contra 14 militares implicados. Allí, el día de la audiencia,estuvieron siete de los catorce: Sabino Valentín Ruti, Arturo Simarra García, Raúl Pinto Ramos, Dionisio Alvaro Pérez, Rufino Rivera, Epifanio Quiñones Loyola y Amador Gutiérrez. Los otros siete, Pedro Pérez López, Martín Sierra, Vicente Gabriel Carrasco Vásquez, Yance Callahuacho, Julio Meza García, Diómedes Gutiérrez Herrera y Lorenzo Inga Romero, no asistieron.

Cuando una los ve allí, tan compuestos, tan señores, tan honorables, no puede imaginárselos cometiendo delitos de tamaña magnitud, y esa es la trampa de imágenes que nos trae la violencia y la violación sexual, pues los cometen hombres como ellos, que parecen tan inocentes, hombres con familia y que siguen su vida como si estos hechos fueran anecdóticos. Reclaman además que se cuide su imagen, como lo hizo la defensa, exigiendo que se aplique irrestrictamente el artículo 218 del Código de Procedimientos Penales, que señala que en casos de delito contra la violencia sexual, las audiencias se realicen en privado. Claro que este artículo se hizo para proteger a las víctimas y evitar que sean revictimizadas, pero la defensa de los imputados exige su aplicación porque la publicidad puede afectarles de “manera negativa”. Por su lado, la abogada Rossy Salazar de DEMUS y el abogado Carlos Rivera de IDL, que defienden a las víctimas, solicitaron flexibilidad para que sean las propias víctimas las que puedan definir si quieren que las audiencias sean públicas, pues algunas han señalado que quieren ser escuchadas como una forma de reparación. Y es que muchas veces, como ya sucedió en Guatemala, romper el silencio resulta liberador, y no solo para ellas, ya que también emite un poderoso mensaje a otras mujeres que han vivido una violación sexual para que rompan el silencio, que es parte de ese infame pacto patriarcal que se teje en torno a las violencias que vivimos las mujeres y hace posible, soñar que nunca más historias como esta se repitan, que nunca más las mujeres sean instrumento de la guerra, como lo dijo una de las hijas de las víctimas de violación sexual en Guatemala

“Porque ellas no quieren que sus hijas, sus nietas, vivan lo mismo. Entonces las mujeres dijeron: ‘El día que dé mi testimonio, ese día voy a ser libre, ese día voy a romper el silencio. Voy a sentir que quito ese nudo de la garganta”.[5]

Que se conozcan estos sucesos, que se haga justicia es lo que quieren estas mujeres, para que nunca más ninguna mujer sea violada por el Estado, porque como dice un slogan de la campaña que lleva adelante DEMUS, Un Estado NO viola.

Rosa Montalvo Reinoso


[1] Mercedes Crisóstomo Meza, Mujeres y fuerzas armadas en un contexto de violencia política: los casos de Manta y Vilca en Huancavelica, Documento de trabajo N° 210, IEP, 2015.
[2]Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe final, Tomo VI, Sección cuarta: Los crímenes y violaciones de los derechos humanos, Capítulo 1, 1.5 “La violencia sexual contra la mujer”, 2003.
[3]CVR, Unidad de Investigaciones Especiales, Huancavelica, 12 de noviembre de 2002, Citado en: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú,Informe en derecho sobre el caso de violación sexual de mujeres del distrito de manta por parte de miembros del ejército peruano durante los años 1984 y 1994, abril del 2015.
[4]“La antropóloga Rita Segato reflexiona…”, loc. cit[5]Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú,op. cit.