agosto 12, 2016

Pueblos indígenas, otro día, la lucha sigue



Ayer se celebró el DíaInternacional de los Pueblos Indígenas instaurado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1994. Esta fecha conmemora el día en que se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.Contar con un día específicamente dirigido al reconocimiento de los pueblos indígenas del mundo fue considerado importante para visibilizar a los pueblos que durante siglos han enfrentado permanentes esfuerzos de homogenización cultural, desaparición o etnocidio.

En el país, durante estos años, se han dado importantes avances en relación a los derechos de los pueblos indígenas, avances que no han sido dádivas de nadie sino producto de sus luchas, gracias a las cuales han logrado en cierta medida visibilizar sus problemáticas en la agenda pública y que se los considere como sujetos de derechos y no solo objetos de políticas, que en general han sido homogeneizadoras e integradoras. Por otro lado, también es cierto que sigue primando la mirada colonial sobre los pueblos, que se expresa en las políticas desarrollistas y en expresiones de quienes detentan el poder, que plantean que hay que civilizarlos y sacarlos de su ignorancia, haciéndolos entender el desarrollo, negándoles incluso la categoría de ciudadanos. Un patente ejemplo de ello es lo declarado por el presidente Alan García en junio del 2009, a los pocos días de los infelices sucesos ocurridos en Bagua, conocidos como el Baguazo:

“Esas personasno son ciudadanos de primera clase, que puedan decir, 400 mil nativos, a 28 millones de peruanos: ‘ustedes no tienen derecho de venir por aquí’. ¡De ninguna manera! Ese es un error gravísimo. Quién piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo.”[1]

Esta mirada sobre los pueblos indígenas, si bien es particularmente grave porque la manifestó un presidente, es aún persistente en un país en el que el racismo es tan cotidiano e interiorizado y lo viven todos los días los hombres y las mujeres indígenas. Se hace evidente en las escasas políticas públicas con enfoque intercultural, en la mirada que el funcionariado público tiene sobre la población indígena, en la intolerancia e indiferencia con la que les tratan, en la escasa presencia de indígenas en el aparato del Estado, en la vida pública cotidiana, en los medios de comunicación y también en la propia autopercepción de muchos indígenas, que, como respuesta a la exclusión y discriminación que han vivido, intentan dejar de serlo para poder acceder a más derechos. 

Aún pese a los pasos que se han dado en torno al reconocimiento ciudadano de los pueblos indígenas, tenemos que la imagen que se transmite a nivel masivo sobre éstos, está llena de estereotipos del indígena “puro” que sirve para la marca Perú, desarticulado de su vida cotidiana, de sus expectativas y de su visión del mundo. Otra de las imágenes que solemos ver es la de los indígenas contrarios a un modelo de desarrollo propuesto desde los gobiernos y que se considera como el válido, impuesto sin consulta a los propios pueblos, que al oponerse y exigir respeto, consulta y consentimiento, son presentados como anti peruanos, ignorantes o gente sin visión de futuro, sin neuronas, como lo mencionó en el CADE 2006 el actual presidente del Perú: “Esto de cambiar las reglas, cambiar los contratos, nacionalizar, que es un poco una idea de una parte de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro, eso es fatal y funesto”[2]. Suponemos que esta visión de los pueblos andinos que tenía el presidente ha variado. Pensando en las imágenes que se transmiten, sería idóneo que alguna vez señalara su error de percepción, por decir lo menos.

Celebramos otro año, con algunos innegables avances como la Ley de Lenguas y su reglamento, el plan nacional de educación intercultural bilingüe, el hecho de que, con todos sus bemoles, se hayan celebrado consultas previas, incluso en minería, lo cual es un paso trascendental, que se cuente con espacios de diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado, por lo menos a nivel nacional, y que haya también traductores indígenas oficiales en varios de los idiomas por mencionar algunos. Sería mezquino no reconocer estos logros, que, vale señalar, han sido gracias a la confluencia de esfuerzos entre algunos sectores del Estado, organizaciones indígenas y la cooperación internacional y nos demuestran que es posible entablar diálogos entre diferentes. Esto constituye un gran primer paso, faltando aún por demostrar la utilidad de estos diálogos y lo que se puede lograr gracias a esta confluencia de actores que, se supone, interactúan en una relación de horizontalidad.

Sin embargo, es importante también evidenciar que hay aún una agenda pendiente con los pueblos indígenas, que tiene que ver, por una parte, con la necesidad de modificar profundamente la visión sobre el país, sobre el desarrollo, debiéndose incluir las perspectivas que plantean los pueblos indígenas en todas las políticas públicas, interculturalizándolas, de modo que respondan a las demandas y visiones de los pueblos y las mujeres indígenas. Por otra parte, aún no se cuenta con una institucionalidad indígena fuerte con capacidad de decisión, como lo han exigido desde hace mucho tiempo las organizaciones indígenas, cuya propuesta de creación de una entidad con nivel ministerial, elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Institucionalidad Pública en materia de Pueblos Indígenas u Originarios en el 2012,duerme el sueño de los justos en la PCM. El actual presidente ha prometido la creación de un viceministerio de pueblos originarios y la titulación de tierras comunales, que es otro de los puntos clave en la agenda indígena en el país.

La representación política es otro asunto pendiente, que no se ha logrado superar con la Ley de cuota indígena. En un país en el que existen 55 pueblos indígenas según el Ministerio de Cultura y 85 según la CEPAL, con un 24% de población indígena, es un insulto que solo haya una congresista indígena, por lo que se requieren nuevos mecanismos, como el Distrito electoral indígena que ha propuesto la Congresista Tania Pariona el día de ayer, que realmente garanticen la representación política indígena en todos los espacios,

La consulta previa debe ampliarse y mejorarse. Es preciso revisar lo que propusieron las organizaciones indígenas y las críticas que hicieron en la discusión del reglamento, críticas que han caído en el olvido, parece. Deben los procesos de consulta garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, que se lleven de buena fe, que se realicen también en las zonas en que se quieren iniciar proyectos mineros y que se cumpla la finalidad de la consulta. La consulta legislativa también es parte de esta agenda prioritaria, lo que permitiría que se consulte a los pueblos indígenas sobre las nuevas normas que pueden afectarlos. Es esto un asunto primordial que deberá impulsar el Frente Amplio, que preside la Comisión de Pueblos en el Congreso.

El fortalecimiento de las organizaciones indígenas en el país es fundamental para que puedan colocar sus propuestas, demandas e intereses en la agenda pública. Esto pasa también por el fortalecimiento de su identidad como integrantes de los pueblos indígenas, asunto que es preciso zanjar con varias organizaciones, las cuales siguen colocando su identidad campesina y negando la indígena como si fueran antagónicas. Esto abona a la invisibilidad estadística que viven los pueblos indígenas y que es necesario resarcir, siendo el censo del 2017 una buena oportunidad para debatir y colocar la identidad y autoidentificación como parte de la agenda pública.

Finalmente, hay que mencionar que aun la agenda específica de las mujeres indígenas no es muy visibilizada pese a los esfuerzos de las organizaciones de mujeres indígenas, especialmente de ONAMIAP, de colocar en los debates las demandas, necesidades e intereses específicos de las mujeres indígenas. Cabe señalar que las mujeres viven las problemáticas de forma diferente que los hombres o que los no indígenas y exigen políticas públicas y programas específicos en todas las áreas que tomen en cuenta su especificidad. Asimismo, demandan participar en los diferentes espacios y temas que les compete como integrantes de los pueblos indígenas, como los procesos de consulta o de negociación, la toma de decisiones en relación a los territorios, la aplicación de la justicia, la participación política, etc.. Es tiempo de que en el país los pueblos y las mujeres indígenas dejen de ser considerados como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase y que gocen realmente de una ciudadanía intercultural, que es la máxima expresión de la democracia en un país pluricultural.


Por Rosa Montalvo Reinoso