septiembre 26, 2016

Colombia. La infancia como símbolo y moneda de cambio

La educación se ha convertido en un escenario de disputas particularmente álgidas en materia de política sexual. Si por un lado se trata de un ámbito fundamental para la formación de las nuevas generaciones, por otro la escuela se constituye, en la práctica, como un sitio privilegiado de reproducción de relaciones sociales y desigualdades. Es por ello del interés de actores públicos y privados, oficiales y civiles, de Estado e Iglesia, y de diversas instituciones, incidir en sus procesos ejerciendo su poder e imponiendo sus intereses.

Es también en el cotidiano y en los contenidos de la formación escolar que impactan las condiciones estructurantes de violencias y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Por ello el ámbito de la educación ha sido foco de interés de políticas en ese sentido, con proyectos que abordan directamente la cuestión, en diversos formatos, prevaleciendo el marco de protección de los derechos humanos, inclusive los de niños y adolescentes, que marca la legislación internacional. No obstante, en los países donde comenzaron a ser implementadas, aunque defendidas por especialistas y profesionales de la educación, estas iniciativas han sido objeto de campañas de desprestigio y de bloqueos parlamentarios por parte de políticos y líderes religiosos que hacen de la protección del orden patriarcal un bastión en sus batallas culturales.

En Colombia, como en otros países, las propuestas de abordar género y sexualidad en la escuela han suscitado ardientes reacciones por parte de sectores conservadores que no han dudado en sembrar un pánico moral entre padres y madres de familia, así como entre educadores, frente a las amenazas que representarían lo que –indistinta pero eficazmente– denominan ‘ideología de género’ o ‘dictadura gay’, que contribuirían para la destrucción del ‘bien supremo de los niños’.

El más reciente episodio tuvo lugar a principios de agosto, cuando circularon a través de redes sociales imágenes del cómic In bed with David & Jonathan, del ilustrador belga Tom Bouden, en las que se observa a dos hombres besándose y acariciándose apasionadamente como antesala al acto sexual. De acuerdo a quienes las divulgaron, dichas imágenes corresponderían a unas cartillas que el Ministerio de Educación colombiano estaría entregando a estudiantes de todo el país con el objetivo de ‘colonizarlos’ con las ‘ideas y costumbres’ de la comunidad LGBTI y así ‘imponerles su forma de vida’.

Las protestas no se hicieron esperar. Aunque la Ministra de Educación, Gina Parody, desmintió el uso de dicho material y denunció su uso tendencioso por parte de opositores al gobierno de Juan Manuel Santos, el cardenal Rubén Salazar dio una rueda de prensa el 8 de agosto en la que convocó a la ciudadanía a protestar contra la ‘ideología de género’. Miles de padres de familia, fieles de iglesias católicas y cristianas e incluso miembros de la clase política marcharon el 10 de agosto en varias ciudades del país. Empuñando biblias, los manifestantes exigieron la renuncia de Parody, quien es lesbiana.

Las raíces de la controversia

Dos años antes, en agosto de 2014, Sergio Urrego, un joven de 17 años, se había lanzado del último piso de un centro comercial en Bogotá, a raíz del matoneo homofóbico del cual fue víctima por parte de la dirección del colegio Gimnasio Castillo Campestre, en el que cursaba sus estudios . El hecho tuvo repercusión nacional y dio lugar a investigaciones, que en el ámbito judicial llegaron al Tribunal Superior de Bogotá, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Aunque el proceso penal contra la rectora del colegio, Amanda Castillo, aún está en curso, a través de la Sentencia T-478 de 2015 la Corte Constitucional ratificó que Urrego había sido víctima de discriminación. Asimismo, obligó al Colegio a realizar un acto público de desagravio en memoria del joven y ordenó al Ministerio de Educación a llevar a cabo, entre otras medidas, “una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

Para tal fin, el Ministerio elaboró un cuestionario para que rectores y secretarías de educación de los distintos municipios evaluaran de forma autónoma sus manuales de convivencia y establecieran si había algún contenido discriminatorio. Asimismo, el Ministerio suscribió un convenio con tres agencias del sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA y el PNUD), para brindar herramientas a las instituciones educativas del país que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía en niños y niñas. En el marco de dicho convenio, se elaboraron una serie de cartillas entre las que se encuentra Ambientes escolares libres de discriminación: Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la Escuela. Aspectos para la reflexión , en cuya elaboración participaron organizaciones LGBTI (entre ellas la Fundación Sergio Urrego, creada por Alba Reyes, la mamá del joven) y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional.

Una vez conocida la verdadera cartilla, políticos locales como Marco Fidel Ramírez –ex pastor cristiano y concejal de Bogotá conocido por haber exigido al gobierno de la ciudad revelar la lista de sus funcionarios LGBTI– y Ángela Hernández –diputada en la Asamblea del departamento de Santander, que en el mes de julio insinuó una asociación entre homosexualidad y zoofilia, además de sugerir la creación de colegios separados para menores LGBTI – expresaron su malestar con estos avances. Hernández señaló que “lo que sentimos es una colonización de sus costumbres e ideas sobre las nuestras y de alguna manera trata de imponer su forma de vida”.

La cartilla del Ministerio era un material destinado a docentes y directivos de los colegios, no a estudiantes; y no había sido implementada dado que se encontraba en fase de revisión por parte del Ministerio de Educación. Aunque su contenido no guardaba relación alguna con el material gráfico de índole sexual de la falsa cartilla, las aclaraciones poco importaron. Los defensores del ‘modelo original de familia’ continuaron viendo las acciones dirigidas a transformar la violencia escolar institucionalizada contra niños y niñas LGBTI como una amenaza. Amenaza que hablaba de un lobby gay internacional el cual, según algunas versiones, habría hecho de la Corte Constitucional su instrumento para promover la homosexualidad entre los estudiantes.

Poco importó, asimismo, una noticia divulgada por el diario El Espectador sobre la aparición de una organización privada que, capitalizando de forma oportunista la sentencia de la Corte Constitucional y el pánico moral suscitado, ofreciera su ayuda a los colegios para ‘resolver el problema de los manuales de convivencia’, a cambio de dinero. Según relata El Espectador, la empresa familiar Colegio al Derecho habría accedido a las bases de datos oficiales de colegios y les habría enviado propuestas para reformar o redactar en su totalidad manuales de convivencia que pasaran el filtro de la revisión hecha por el Ministerio de Educación sin hacer cambios sustanciales en sus políticas discriminatorias. Los servicios ofrecidos por dicha empresa son ilegales, ya que la ley establece que en la elaboración de los manuales de convivencia deben participar todos los miembros de la comunidad educativa. Agravando el flagrante atropello de derechos, adjunto a propuesta constaba el documento Consideración jurídica de los adolescentes en condición de homosexuales, lesbianas y bisexuales en instituciones educativas, que cuestionaba la sentencia de la Corte Constitucional. Acusaba al tribunal de exaltar la homosexualidad y bisexualidad de los jóvenes y de no indagar sobre la posible comisión de delitos por parte de los mismos –señalando un presunto abuso de menores de 14 años en el que podría haber incurrido Sergio Urrego, el adolescente que se había suicidado a raíz de la violencia sufrida en su entorno escolar. Irónicamente, Diego Steve García, fundador de la empresa y redactor del documento citado, purga una condena en prisión por violar a una menor de 14 años, señala el periódico.

Los resultados del escándalo fueron contundentes. Tras la divulgación de la falsa cartilla y al día siguiente de las multitudinarias marchas, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el cardenal Rubén Salazar, el arzobispo y embajador de la Santa Sede Ettore Balestrero y el obispo Fabio Suescún . Sin cuestionar los términos del debate, apareció en televisión y trató de calmar la ira de sus opositores:“reiteramos a los jerarcas de la Iglesia católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado ni promovido, ni van a promover la llamada ideología de género”. También desaprobó públicamente el uso de la cartilla.

Pero el escándalo no paró allí. En las siguientes semanas, la campaña contra la ‘ideología de género’ se amplió y cobró más fuerza. El 16 de agosto, la Ministra Parody fue citada a una sesión de control político en el Congreso de la República, convocada por el senador cristiano Jimmy Chamorro (Partido de la U) y la senadora María del Rosario Guerra (del Partido de derecha Centro Democrático, cuyo líder es el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez) para que aclarara lo sucedido. En el evento, Chamorro increpó a la Ministra porque la cartilla afirmaba que la diferencia sexual es construida y “esa es la definición justamente de ideología de género”. La senadora Guerra retomó dicho punto y acusó al Ministerio de sobrepasarse en sus competencias, denunciando además que la ONU y la OEA estaban promoviendo la mentada ‘ideología de género’ en América Latina y el mundo. Parody se defendió argumentando que en el gobierno del ex presidente Uribe se invirtieron cuantiosos recursos para diseñar un programa de educación sexual en los colegios del país. Agregó que, si ella estaba siendo cuestionada, era por su orientación sexual. Uribe, quien por redes sociales señaló que la cartilla implicaba un “irrespeto a la naturaleza y la familia” y llegó a considerarla una forma de “abuso de menores” por parte del Estado, señaló que lo grave no era educar a los estudiantes en respeto a otras orientaciones sexuales sino “destruir la familia heterosexual”, creando confusión en los niños.

Parody fue acusada de mentir sobre sus verdaderos intereses y encubrir una agenda personal a través de las medidas implementadas por el Ministerio contra la discriminación. La senadora cristiana Viviane Morales –quien adelanta una recolección de firmas para convocar un referendo y derogar la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo permitida por sentencia de la Corte Constitucional – le exigió a Parody no “esconder la realidad”. Así, la historia de la sustitución del material educativo desarrollado por el Ministerio de Educación junto a UNICEF, UNFPA y el PNUD fue tergiversada, transformada en una supuesta mentira de la ministra y en una agenda oculta por destruir la familia y convertir a niñas y niños colombianos en homosexuales.

Poco importó sacar a la luz la verdad de lo ocurrido porque, contrario a lo que parece, lo que está en juego en este debate nada tiene que ver con la veracidad o falsedad de las cartillas, así como tampoco con el ‘bien supremo de los niños’. Si alguna verdad parece relucir en el polvo es que el sintagma nominal ‘los niños’, que aparece con frecuencia en los discursos conservadores, más que aludir a sujetos concretos, constituye un símbolo que es usado como moneda de cambio en el marco de la política electoral.

Poética y política de una mentira

El escándalo por las cartillas tiene lugar en un contexto de importantes avances en los derechos de personas LGBTI en Colombia. Los más notorios son los fallos de la Corte Constitucional que extienden el matrimonio a parejas del mismo sexo y permiten la adopción igualitaria. Pero no todos implican cambios legales. La representación política de las personas LGBTI ha aumentado de forma notoria, particularmente de las mujeres. Dos mujeres lesbianas fueron electas en las últimas elecciones parlamentarias: Claudia López, como senadora, y Angélica Lozano, como representante a la Cámara. Dos mujeres lesbianas ocuparon altos cargos en el actual gobierno: la ya mencionada Ministra de Educación, Gina Parody, y la ex Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez. Centros de educación superior, como la Universidad Externado, decidieron acabar con la segregación urinaria mediante la implementación de baños indiferenciados y algunos colegios del país han empezado a revisar su política relativa al uso de uniformes, permitiendo a estudiantes trans elegir aquel que se adecúe a su identidad de género.

Pero tal vez el avance más significativo sea el reconocimiento de las personas LGBTI como víctimas del conflicto armado y la formulación de medidas orientadas a proteger y reparar sus derechos, junto al de otras categorías sociales, como las mujeres, en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito por representantes del gobierno colombiano y las FARC-EP en la mesa de negociación de La Habana. Dicho acuerdo ha despertado la ira no sólo de quienes se oponen a una salida política y no militar frente al conflicto armado, sino también de los antagonistas al reconocimiento de derechos tanto de personas LGBTI como de mujeres. Entre ellos se encuentra la diputada Ángela Hernández, cuya protesta porque el vocablo ‘género’ aparece “114 veces en el Acuerdo Final” da cuenta del tono y el talante de los argumentos.

En este contexto, quienes protestaron contra la revisión de los manuales de convivencia hicieron gala de un eclecticismo argumentativo en el que, si bien Dios y la ley moral natural asomaron no pocas veces, también lo hicieron ideas caras al secularismo como la separación entre espacios público y privado y los límites de la injerencia del Estado en dichos ámbitos. Esto sin mencionar el uso ambiguo pero efectivo de la expresión ‘ideología de género’ –de invención vaticana–, donde el primer término se asemeja bastante al uso que Marx y Engels le daban al mismo en tanto palabra, no concepto, para cuestionar la distorsión que operaba la ideología burguesa respecto de las condiciones objetivas y materiales de existencia en el capitalismo.

Uno de los argumentos más mencionados por las voces conservadoras versaba sobre la invasión de la esfera privada por parte del estado. El argumento liberal fue esgrimido por el Procurador Alejandro Ordóñez, eterno opositor a los derechos de mujeres y personas LGBTI , quien señaló que el estado no sólo no podía adoctrinar “a nuestros hijos y nuestros nietos en la ideología de género” sino que tampoco debía usurpar el derecho de los padres a formar a sus hijos en materia de sexualidad. Con variaciones, el estribillo fue repetido por la senadora Viviane Morales, quien señaló que Parody había atropellado el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores; y David Barguil, presidente del Partido Conservador, para quien el estado no puede formular políticas públicas que operen cambios en los valores de la sociedad. Incluso en redes sociales, personas que se autoidentificaban como católicos progresistas, señalaron que sus razones para marchar el 10 de agosto no obedecían a su cosmovisión religiosa, sino a la defensa de principios liberales como el respeto del espacio privado, donde, según ellos, debería estar confinada la sexualidad y los significados asociados a la misma.

Aunque liberales en este caso, dichas voces no se han hecho escuchar cuando funcionarios públicos, entre ellos el procurador, han acudido a principios morales para tratar cuestiones de justicia, entre ellas de justicia sexual. Más que una irrupción del Estado en una esfera que le está vedada, se pone en evidencia algo señalado por estudiosos del estado, como Timothy Mitchell, para quien la frontera que separa a Estado y sociedad civil no se trata de un límite natural que separa dos entidades discretas, sino de una línea producida en el seno de mecanismos institucionales por medio de los cuales el orden social y político es conservado. Como resultado, todo intento de separar Estado y sociedad civil no sólo no es neutro, sino que produce efectos de poder que son movilizados estratégicamente por distintos agentes con el fin de defender o cuestionar un orden establecido. En este sentido, y como han afirmado distintas perspectivas de investigación, la sexualidad no se encuentra encerrada en lo privado, sino que es producida públicamente. La sexualidad no sólo es política en sentido lato, sino que, en dicho proceso, participa activamente de las prácticas de Estado.

No obstante, limitar la injerencia del Ministerio de Educación en la revisión de los manuales de convivencia, así como en la implementación de mecanismos orientados a transformar los sentidos y prácticas asociados a la orientación sexual y la identidad de género, obedece a otro motivo: la legitimación de las condiciones estructurantes de la violencia homofóbica y de género a través de su privatización. Dicha privatización, huelga señalar, operará como barrera frente a avances en materia de derechos de personas LGBTI en el país.

Símbolo y moneda de cambio

Esto lleva a repensar el papel que desempeñan la infancia en la economía discursiva de los defensores del modelo ‘original’ o ‘tradicional’ de familia. Si ‘los niños’ son símbolo –y los símbolos no deben confundirse con lo simbolizado–, su mención hace referencia a algo distinto de los menores de edad. Esto es claro en los efectos concretos de las movilizaciones contra la cartilla: el abandono de los niños (los sujetos, no el símbolo) y su desprotección frente a múltiples violencias cuyos efectos, como en el caso de Sergio Urrego, pueden ser letales.

La infancia opera como un símbolo poderoso, capaz de movilizar emociones y apegos relacionados con la inocencia, la fragilidad y la ternura. A través de estas emociones se diseña el universo afectivo que otorga inteligibilidad al orden simbolizado: un orden sexual y de género excluyente, a partir del cual se calcula el valor o el disvalor de la vida tanto de heterosexuales como de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, sin importar si son adultos, niñas o niños.

En esta contienda, en Colombia, ‘los niños’, como símbolo, tuvieron además un importante valor político. Según el sitio web de la emisora La F.M. , durante la marcha celebrada en Medellín, integrantes del Partido Centro Democrático que portaban una imagen de la Virgen María recolectaron firmas para anular el plebiscito mediante el cual el gobierno someterá a refrendación ciudadana los acuerdos celebrados con las FARC-EP, tendientes a la finalización de uno de los más importantes capítulos del conflicto armado colombiano. Como señala Juan Sebastián Jiménez Herrera en su columna de El Espectador , “se sabe, aunque en voz baja, de políticos que le piden al Gobierno algo a cambio de movilizar sus bases el día del plebiscito. En el reciente escándalo de los manuales de convivencia y el Ministerio de Educación, no sobraron las voces que amenazaron con votar negativamente el plebiscito, a menos que se removiera a la ministra Gina Parody del cargo. De hecho, en la desautorización de las cartillas que se habían trabajado con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas justo a la salida de la reunión del presidente Santos con los altos jerarcas de la Iglesia católica, quedó el tufillo de haber sido una decisión pensada en los votos para el plebiscito más que en la calidad del documento”.

Símbolo y moneda de cambio. Ese fue el lugar dado a los niños en la reciente polémica en torno a las cartillas contra el matoneo por homofobia y transfobia en Colombia. En Brasil, en episodio similar, la entrega del Programa Escola sem Homofobia (llamado “Kit Gay” por sus opositores) fue moneda de cambio para sus aliados conservadores y la mención a la orientación sexual y la identidad de género en los Planes Estaduales de Educación es aún disputada en ámbitos parlamentarios. La coyuntura política colombiana le imprimió características propias al debate. Los niños fueron un símbolo que le permitió a las voces conservadoras expresar cosas que de otro modo habrían generado repudio, así como negociar con Juan Manuel Santos el apoyo a su gestión en materia de paz.

Por Manuel Rodríguez Rondón
Fuente: Clam