noviembre 11, 2016

América Latina. Abortus interruptus’


Uruguay es el único país de América Latina y el Caribe que ha despenalizado el aborto por vía legislativa, sin restringirlo a causales o excepciones. El intrincado camino que permitió la transformación legal estuvo marcado por el trabajo constante del movimiento feminista desde la década de 1980, en el contexto de la reconstrucción democrática posdictadura. Tras numerosos proyectos legislativos tramitados ante la Asamblea General del país –entre ellos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2008 pero vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez–, en 2012 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que, con restricciones, reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Resulta, por lo tanto, imposible desvincular este logro del particular contexto histórico, social y político de Uruguay. Sin embargo, un análisis de dicho proceso puede aportar argumentos y estrategias de incidencia para transformar la situación legal del aborto en otros países de la región y forjar lazos de solidaridad con distintos actores sociales que adhieran a dicha causa.

Esta fue la tarea emprendida por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e International Women’s Health Coalition (IWHC) , organizaciones que invitaron a Sonia Correa (brasileña, codirectora de Sexuality Policy Watch – SPW/ABIA ) y Mario Pecheny (argentino, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET) a analizar el proceso de despenalización del aborto en el país.

Producto de este trabajo es Abortus interruptus: política y reforma legal del aborto en Uruguay (2016) , publicación que examina dicho proceso, concentrándose en los factores habilitadores y obstaculizadores de la reforma legal, así como en los alcances y limitaciones de la ley. El volumen presenta además un panorama de los desafíos a futuro y las lecciones aprendidas.

A diferencia de la tendencia global a liberalizar la legislación sobre aborto, señala el documento, en América latina y el Caribe los últimos 20 años han estado marcados por la limitación de dicho derecho, ya sea mediante modificaciones en el Código Penal o a través de iniciativas para reformar la Constitución de varios países. Es por ello que, a nivel regional, el 97% de las mujeres en edad fértil vive en países con restricciones o prohibición total del aborto. Esto se traduce en 10% de las muertes maternas en la región por la práctica insegura de dicho procedimiento. Este panorama da cuenta de la especial relevancia de Abortus interruptus para activistas y académicas/os de la región.

Entre los hallazgos de Correa y Pecheny, destaca el papel transformador de normas sociales y políticas públicas por parte del movimiento feminista que, mediante una incidencia calificada, logró articular en una plataforma política a distintos sectores sociales, entre ellos los movimientos trabajador y estudiantil, así como a agentes clave del sector salud y el mundo académico. En ello fue fundamental la capacidad de visibilizar problemáticas y crear mensajes claros sobre el tema destinados a un público amplio.

Las alianzas del movimiento feminista no se limitaron al ámbito nacional: el trabajo con el activismo regional fue central en la formación de argumentos y en el fortalecimiento de la capacidad de análisis crítico de la coyuntura social y política para impulsar la despenalización del aborto. Esto redundó en un creciente reconocimiento de la ilegalidad del aborto como problema de salud pública por parte de la sociedad uruguaya, afirman los investigadores.

Entre los factores habilitadores para el cambio legal, Correa y Pecheny identifican una cultura cívica laica que desconfía de la influencia religiosa en las esferas pública y política, así como la significativa presencia de mujeres en el escenario político, en sindicatos y en diversos movimientos sociales. Dicha presencia permitió articular la agenda feminista en distintos escenarios, que a su vez apoyaron la contestación y transformación de los discursos que naturalizaban la ilegalidad del aborto. A ello también contribuyó el tránsito de un modelo materno infantil a otro de salud sexual y reproductiva en el seno del sistema estatal de salud; así como la asunción, no exenta de conflictos, de una retórica sobre derechos sexuales y reproductivos por parte de sectores médicos.

A lo largo del proceso, sectores contrarios a la despenalización del aborto experimentaron una pérdida progresiva de fuerza institucional y simbólica, afirman los autores. Empero, aclaran que la influencia de la política sexual de actores religiosos no ha desparecido y que, así como la larga duración del proceso permitió la creación de un clima social favorable a la despenalización del aborto, también brindó la oportunidad para que la resistencia conservadora se organizara y creciera. En este sentido, la despenalización del aborto no es el final de una lucha, sino sólo su inicio, concluyen Correa y Pecheny.

Un desafío que enfrentan defensoras y defensores del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es la sustitución de la tutela moral y religiosa por la biomédica en la cultura política, explican los investigadores. En tanto dicha relación permanezca legitimada, la autonomía de las mujeres continuará siendo limitada y persistirá el reconocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo sólo en términos de salud pública, soslayando de este modo el aborto como un derecho.

Entre las lecciones aprendidas, Correa y Pecheny identifican la desnaturalización de la ilegalidad del aborto para exponerlo como una forma activa de violencia e injusticia contra las mujeres, que es reproducida por un estado patriarcal. Asimismo, la importancia estratégica de evitar construir los términos del debate a partir de la oposición entre feministas y actores religiosos, y en su lugar plantearlo en términos de derechos y salud. En este sentido, la publicación destaca el uso inteligente y apropiado de información por parte del movimiento feminista uruguayo que, a partir de investigaciones históricas, antropológicas y en salud, produjo evidencias concretas sobre los efectos negativos de la ilegalidad del aborto.

Por otro lado, señalan que el trabajo de incidencia política sobre los partidos políticos fue fundamental en el proceso. De ahí la importancia de conocer e intervenir las dinámicas político partidarias y no sólo las relativas a la diferenciación entre Estado y sociedad civil.


Fuente: Clam