Ser mujer en el Salvador: Una cadena de violencia y discriminaciones
Manifestación en San Salvador por el 28 de Septiembre. Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Fotografía de Mª Cruz Tornay.
La propuesta del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para elevar las penas relacionadas con la interrupción del embarazo ha posicionado en la agenda pública el debate sobre la penalización del aborto en uno de los países con la legislación más restrictiva del mundo. Desde el movimiento feminista, pero también desde otras organizaciones de derechos humanos, se intenta que la propuesta de ARENA permita un debate profundo que nunca se dio en El Salvador y que implicaría hablar de la violencia de carácter estructural que sufren las mujeres en el país centroamericano.
Las recomendaciones de diferentes organismos internacionales al Estado salvadoreño para que revise su legislación no han impedido que la Fiscalía siga manteniendo lo que desde el movimiento feminista se califica como un “ensañamiento” hacia mujeres en las que se identifican determinados perfiles, como juventud, pobreza, bajo nivel de instrucción y escaso apoyo social, que terminan por convertirse en marcas de desigualdad. De hecho, el caso de María Teresa no ha sido el único en el que la Fiscalía se ha mantenido firme, con un discurso coincidente con las organizaciones más fundamentalistas, para que las mujeres absueltas regresen a prisión hasta terminar de pagar penas desproporcionadas.
Sonia fue liberada en 2012, después de cumplir siete de los treinta años a los que fue condenada por homicidio agravado. Tenía veinte cuando sufrió una fuerte hemorragia en el domicilio familiar. Al llegar al hospital público, el personal médico denunció a la policía lo que para ellos había sido un aborto inducido. La falta de pruebas sobre el momento y la causa de la muerte del feto permitieron que su sentencia fuera revisada y se determinara su absolución. Para la Fiscalía, la identificación de fallos en la conformación del tribunal que le dio la libertad obligan a la repetición del juicio, cuatro años después de su puesta en libertad y tiempo en el que Sonia ha tenido un hijo.
Carmelina, joven hondureña de 21 años, recuperó la libertad el pasado mes de abril después de pasar quince meses en prisión. Como se repite en la mayor parte de los casos, fue denunciada por un personal médico que no respeta el secreto profesional y que ve indicios de delito en cualquier parto que haya tenido como resultado el fallecimiento del neonato. La condena a treinta años de prisión de esta joven empleada doméstica fue recurrida por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto con el argumento de la violación del secreto profesional por parte del personal médico. El recurso fue aceptado, Carmelina recobró la libertad y pudo regresar junto al hijo que dejó en Honduras y al que enviaba dinero desde El Salvador, pero aún sufre la persecución del Estado, que exige su ingreso en prisión.
Solicitud de elevar las penas hasta 50 años
La propuesta presentada por el diputado de ARENA Ricardo Velásquez Parker, y respaldada por otros 21 diputados, solicita elevar hasta cincuenta años las penas previstas en la legislación para delitos relacionados con el aborto y que actualmente contemplan entre dos y ocho años de prisión. La esperanza de vida de las mujeres salvadoreñas es de 77 años, pero si se tienen en cuenta las condiciones de insalubridad del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, la prisión con mayor tasa de hacinamiento de América Latina, una sentencia de cincuenta años supondría para estas mujeres la privación de libertad de por vida.
La revisión del Código Penal y el reconocimiento constitucional de la vida humana a partir del instante de la concepción convirtieron a El Salvador en uno de los países del mundo más restrictivos respecto a la interrupción del embarazo. Paradójicamente, las mujeres estuvieron más protegidas y amparadas en el derecho a decidir en la época del conflicto armado que en la paz de la postguerra. Antes de 1997, la legislación contemplaba la posibilidad de la realización del aborto sin castigo en tres supuestos: para salvar la vida de la madre; cuando el embarazo se hubiera producido a partir de una violación, o cuando el feto presentara malformaciones incompatibles con la vida. La actualización del Código Penal, cinco años después de la firma de los Acuerdos de Paz, se dio en medio de un debate sensacionalista y desinformado, en el que el discurso alarmista de la jerarquía católica se logró instalar en la opinión pública con la connivencia de los medios de comunicación. El texto respecto al aborto que se incluía en el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa prácticamente no introducía modificación alguna respecto a las indicaciones recogidas en la normativa vigente desde 1974[1], pero con todo, se logró que parte de la sociedad confundiera los supuestos que se habían reconocido desde hacía más de dos décadas con el derecho al aborto libre. Los votos de las posiciones más reaccionarias consiguieron que desapareciera cualquier mención a las indicaciones en las que el aborto no sería castigado, convirtiendo la legislación penal salvadoreña en una de las pocas en el mundo con estas características.
Marcha de las trabajadoras de la maquila textil. Santo Tomás, El Salvador. Fotografía de Mª Cruz Tornay.
Morena Herrera fue la única mujer que intervino en el debate de la Asamblea Legislativa de 1997 para defender la permanencia de los tres supuestos en el Código Penal. Según recuerda hoy, en aquel momento había mucha desinformación y menor movilización social que en la actualidad, a pesar de que se ha incrementado el conservadurismo y los prejuicios entre los profesionales de la medicina, que evitan la capacitación e información rigurosa sobre la interrupción del embarazo a sus estudiantes.
Para esta activista feminista, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el partido ARENA está utilizando políticamente la agenda del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos “como una cortina de humo para tapar otros temas y polarizar a la sociedad salvadoreña”. La búsqueda fácil de notoriedad por parte del joven diputado Velásquez Parker o el intento de lograr rédito político en contextos electorales donde funciona el componente emocional son otros de los factores que explican el afán de seguir criminalizando los derechos sexuales y reproductivos, en dirección contraria a las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. En todo caso, cualquiera que sea la estrategia de la derecha salvadoreña, “lo hace sobre la base de poner en mayor riesgo del que ya hay a las mujeres y a los derechos de las mujeres”, afirma Herrera.
Tras la presentación formal de la propuesta, la Asamblea Legislativa envió el texto a una comisión que deberá decidir si la solicitud es archivada, aprobada o trasladada de nuevo al pleno de diputados para su debate. Actualmente, el respaldo de ARENA, PDC, PNC y GANA ya sumaría los 43 votos necesarios para que la propuesta saliera adelante en la comisión. Existe, por tanto, una grave amenaza de que pueda aprobarse el incremento de las penas que implicaría mayores niveles de criminalización y desigualdad social para las mujeres que no pueden recurrir a la sanidad privada y que terminan siendo denunciadas por el personal médico de los hospitales públicos.
Desde el movimiento por la despenalización en El Salvador se intenta que el posicionamiento de la interrupción del embarazo en la agenda pública dé lugar a un debate riguroso e informado, en el que participen organizaciones de diferentes sectores que no estuvieron presentes en 1997. Para Sara García, activista de la Agrupación Ciudadana por Despenalización del Aborto, los diputados de ARENA están utilizando el argumento de la defensa de la vida para evitar cualquier tipo de discusión, “pero en base de la criminalización no se puede construir”. En este momento están llevando a cabo diferentes campañas para exigir que la Asamblea Legislativa permita la discusión y que el debate conduzca a la despenalización en los tres supuestos que desde la década de los setenta ya eran contemplados en la legislación.
Aunque siempre hay circunstancias que terminan por relegar a un segundo plano los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la presidencia de la Asamblea Legislativa a cargo de la histórica militante del FMLN Lorena Peña abre una ventana de oportunidad para un debate que se aborde desde la perspectiva de la salud y los derechos humanos y, sobre todo, que incluya las voces de las mujeres, lo que para Sara García se resume en el lema “Nada de nosotras sin nosotras”.
Un sistema judicial criminalizador
Si el Código Penal vigente establece penas de entre dos y ocho años para delitos relacionados con el aborto, ¿por qué hay mujeres cumpliendo hasta cuarenta años de cárcel? Morena Herrera apunta a la responsabilidad de quienes terminan aplicando la legislación: “Hay una violación de derechos por parte del Estado, pero hay una violación mucho más criminalizadora de parte del sistema judicial, tanto de la Fiscalía como de los tribunales”. El Salvador no es el único país en el que se reconoce al ser humano desde el instante mismo de la concepción. Tampoco en el que se impide cualquier casual que autorice el aborto. Pero sí es el país en el que mujeres pobres terminan siendo condenadas con penas que pueden ser hasta cuatro veces más altas que las de sus agresores, para los casos de violación. Del estudio de los expedientes de las mujeres presas que presentaron problemas obstétricos, se deduce la ausencia de la presunción de inocencia y la falta de evidencias respecto al momento del fallecimiento del neonato. De manera recurrente, los tribunales responsabilizan a la madre de la muerte de un bebé ya nacido, de manera que estas mujeres terminan siendo acusadas del delito de homicidio agravado, tipificado con las penas más altas del Código Penal. Herrera no duda de la intención “ejemplificante” de estas condenas, una finalidad que también se deduce en el ensañamiento de la Fiscalía hacia las mujeres que fueron absueltas.
En un país donde el feminicidio es calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hablar de la despenalización del aborto supone visibilizar la violencia que sufren las mujeres en el pequeño país centroamericano. En El Salvador, más del 30 por ciento de los partos hospitalarios corresponden a madres de entre 9 y 15 años. Los progenitores del recién nacido pueden ser hombres de hasta cincuenta años, lo que evidencia embarazos provocados por abusos a menores que no están siendo registrados por el sistema de salud. La investigación realizada desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto demostró cómo el suicidio se convierte en la primera causa de muerte entre adolescentes embarazadas, una terrible realidad oculta en las estadísticas bajo la categoría “intoxicación por organofosforados”.
Montserrat Arévalo es coordinadora de Mujeres Transformando (MT), organización por la defensa de los derechos de las mujeres, con especial atención a las obreras de las maquilas de las zonas francas. En el acompañamiento que realizan a las trabajadoras de las fábricas textiles observan la manera en la que los derechos de las mujeres son vulnerados: víctimas de violencia machista a las que el juez ordena volver junto al agresor; médicos que no realizan un diagnóstico adecuado de las enfermedades laborales de las costureras; o mujeres que han sido violadas en la misma comisaría a la que acudieron a denunciar una violación. Coincidiendo con Morena, Montserrat identifica los obstáculos que se presentan desde el funcionariado, ya que existen marcos legislativos muy positivos, como la Ley de Igualdad o la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Sin embargo, “las políticas públicas favorables a las mujeres tienen un freno cuando los tomadores de decisión, en su mayoría hombres, pero también alguna mujer con el patriarcado interiorizado, dictaminan desde esa posición y violentan los derechos de las mujeres” que se terminan convirtiendo “en ciudadanas de segunda o de tercera clase”.
El freno de la voluntad política
La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador abrió una nueva etapa en el país con importantes cambios en su estructura socioproductiva. La dolarización de la economía y la firma de los acuerdos de libre comercio favorecieron la entrada de capital extranjero atraído por las exenciones fiscales que ofrecen las zonas francas y los bajos salarios. En la actualidad, el salario de 202 dólares que se cobra en la maquila textil (una industria altamente feminizada y precarizada) se sitúa cuatro por veces por debajo del coste de la canasta básica. La revisión salarial que se realiza cada tres años en El Salvador fue la oportunidad para presentar una propuesta salarial que rompiera con la línea de pobreza. Basado en cálculos científicos, desde Mujeres Transformando se propuso un salario de 407 dólares, muy por encima de la subida de los 11 centavos diarios defendida por la patronal y asombrosamente apoyada por la representación sindical. En este momento, el ejecutivo intenta que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) acepte una propuesta de salario que, al menos, se acerque al sueldo de 300 dólares presentado por el Gobierno.
El poder de la empresa privada con una alta participación del capital transnacional; la influencia de la jerarquía de la iglesia católica, pero también de la evangélica; y la presión de los medios de comunicación más conservadores, presentan una complicada correlación de fuerzas para un Gobierno con una alta participación de antiguos guerrilleros, incluido el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén. Para Montserrat Arévalo, el marco legislativo y algunas acciones de determinados dirigentes demuestran que “hay mucha voluntad política, pero llegado el momento, esto no se traduce en acciones”. En concreto, señala a la deuda del Ministerio de Trabajo con las bordadoras a domicilio, las trabajadoras que cosen por piezas para la maquila, pero que no cuentan con ningún tipo de garantía laboral. La campaña “No se hace nada con gente indiferente” persigue que el Estado firme el Convenio 177 de la OIT, que permitiría homologar los derechos de las personas trabajadoras a domicilio, una modalidad muy frecuente en el país, con las asalariadas de las empresas públicas y privadas.
La coordinadora de MT recuerda la importancia de plantear alternativas a las condiciones de precariedad que sufre la clase trabajadora en El Salvador, en especial, las mujeres, “que somos las que estamos en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a las políticas de corte neoliberal”. Las contradicciones que a menudo se evidencian en las acciones del Gobierno complejizan la relación entre el movimiento de mujeres y el oficialismo. Desde MT, no tienen duda de que “nosotras nos debemos a nuestras compañeras organizadas” y eso significa acompañar en la dirección que consideren correcta, pero manteniendo la denuncia.
Morena Herrera define esta opción con el término de “colaboración crítica” que les permite apoyar los ámbitos en los que el Gobierno avanza respecto a los derechos de las mujeres lo que no impide “mantener la crítica y el espíritu crítico abierto”. La aspiración del FMLN de conservar la gobernabilidad en el país pasa por mantener buenas relaciones con el capital privado y con la jerarquía de la iglesia católica, lo que, en ocasiones, ha llevado al partido de gobierno a perder la coherencia frente a los derechos de las mujeres y desplazarlos a un papel secundario en la agenda pública.
La presentación de la propuesta de ARENA presenta una amenaza real de un retroceso, aún mayor, en los derechos de las mujeres en El Salvador. Pero, a la vez, se convierte en una oportunidad para iniciar un proceso que conduzca, al menos, a la despenalización del aborto, que profundiza la desigualdad estructural del país. De la voluntad política del Gobierno y de su capacidad de negociación dependerá si los derechos las mujeres salvadoreñas se convierten al fin en una prioridad de la agenda pública y política.
Por Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate. Actualmente reside en México.
Artículo publicado en el nº71 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016.
Notas
Feusier, O. E. (2016): “Desde el dogmatismo hacia la exclusión: Apuntes sobre el delito de aborto en El Salvador”. Revista Redbioética. Unesco, vol. 2, nº 12, 46-69.
