agosto 09, 2017

Bachelet y la agonía de la libertad de decidir de las mujeres chilenas

Michelle Bachelet
El triunfo de Bachelet, con millares de mujeres en las calles, sus cuerpos cruzados por la banda presidencial, con niñas portando pancartas “yo quiero ser Presidenta”, constituyó uno de esos acontecimientos que en pocos días modifican historia y cultura

Entender lo sucedido en torno a los derechos sexuales y reproductivos en el actual gobierno de Michelle Bachelet requiere revisitar brevemente su administración 2006-2010.

Dieciséis años después del término de la dictadura en Chile, la primera candidatura de Bachelet a La Moneda significó para muchas feministas una expectativa de avance hacia nuevos horizontes. El cambio esperado no sólo modificaría la vida de las mujeres ratificando cotidianamente sus derechos y autonomía; también implicaría un golpe de timón, orientado a revertir la tendencia a la consolidación del modelo neoliberal ocurrida en los anteriores patriarcales gobiernos de la Concertación (Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda a la que pertenece Bachelet).

El triunfo de Bachelet, con millares de mujeres en las calles, sus cuerpos cruzados por la banda presidencial, con niñas portando pancartas “yo quiero ser Presidenta”, constituyó uno de esos acontecimientos que en pocos días modifican historia y cultura. La sociedad chilena, conservadora y machista, entraba a escena con otra cara, la de “las otras”, con un discurso que incorporaba nuevas palabras al léxico político: derechos sexuales y reproductivos, paridad, “asoma un tiempo de mujeres y hombres”. Feministas latinoamericanas y chilenas vocearon sus sueños de una nueva matriz de ejercicio del poder y de tránsito hacia el buen vivir feminista en nuestra región. “¡¡Ya van a ver, ya van a ver, a las feministas en el poder!!”

¿Por qué optó por ese soterrado juego de poder en clave patriarcal? Porque no era feminista, no tenía la convicción necesaria para arriesgarse al disenso

Quienes habíamos votado por ella queríamos creer que la libertad de decidir sería posible. Su agenda de género rezaba “debate parlamentario para la aprobación de la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos”. No obstante, durante su gobierno jamás volvió a mencionar tales derechos, y tras bambalinas, su entorno cercano garantizaba a la oposición que en ese ámbito nada ocurriría. ¿Por qué optó por ese soterrado juego de poder en clave patriarcal? Porque no era feminista, no tenía la convicción necesaria para arriesgarse al disenso y menos aún, confianza en las grandes mayorías que no formaban parte de la elite. Su modelo de autoridad se sustentaba en un código mariano, representando a la madre ética y protectora que desde arriba dispensaba afectuosas bondades. No aseguró redistribución de poder que preanunciara la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero culminó su gobierno con una mayoritaria aprobación presagio de un futuro retorno.

El año 2013, liderando la coalición Nueva Mayoría -con inclusión del Partido Comunista-, fue nuevamente electa con el 62% de los votos, con participación de sólo un 41% del electorado. Si bien esta mayoría formal brindaba posibilidades de efectuar cambios profundos, en lo esencial estos permanecen aún en calidad de promesas, sin estrategias coherentes de realización. Fiel a la práctica de su coalición denominada “en la medida de lo posible”, dibujó objetivos que la ciudadanía deseaba, pero decretando de antemano los límites, sin intentar una ampliación de los mismos capaz de modificar la colonización neoliberal de la conciencia colectiva. Así sucedió no sólo con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, sino también en lo referido al derecho humano a la educación gratuita y al anunciado proceso constituyente democrático.

La libertad de decidir de las mujeres quedó reducida en un proyecto de interrupción de embarazo por tres causales que aspira a legalizar el 4% de los abortos que ocurren anualmente en el país. La minimalista propuesta incluye peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal post parto y violación. Se vetó de antemano la causal salud de la mujer, la alusión a los derechos sexuales y reproductivos, y la posibilidad de incluir alguna otra de las múltiples causales por las que a diario abortan las mujeres.

El debate parlamentario ha sido tendencioso, circular, plagado de falsedades y con discrepancias al interior de la coalición de gobierno. Bachelet, desgastada en su liderazgo mariano como resultado de los errores de su hijo, nunca por ella esclarecidos, ha evadido un rol político protagónico. Su Ministro del Interior, demócrata cristiano y supernumerario Opus Dei, declaró al diario más conservador de Chile: “Respecto del derecho a la vida, tengo la convicción de que el proyecto de la Presidenta no lesiona mis convicciones religiosas (…) no estamos frente a un proyecto de aborto”. Ante su paradójica afirmación, las iglesias y los sectores conservadores no compartieron su flexibilidad religiosa y el proyecto continúa trabado en el Parlamento, sin que se avizore una resolución en lo que resta del año.

La mayoría de los movimientos feministas y lésbicos no creyeron ni votaron por Bachelet. Al margen del debate parlamentario, su mayoritaria respuesta ha sido la despenalización social del aborto. Proporcionando información y acompañamiento afectivo a las mujeres que abortan, desde abajo van contribuyendo de alguna manera a recuperar a través del país la cultura que existió previo al golpe cívico militar, para la cual abortar era “hacerse remedios”. Casi a un año del término del gobierno de Bachelet, el proyecto sobre aborto que se apruebe, lo será con recortes importantes y barreras, como son objeción de conciencia y consejería, destinadas a obstaculizar el proceso o a conseguir desistimiento de las mujeres, reduciendo aún más el escaso universo que será favorecido legalmente.

Promulgada la ley, ¿qué ocurrirá con las cien mil mujeres que anualmente abortan? En la actualidad, cuando acceden al misoprostol -prohibido en Chile-, las mujeres de escasos recursos abortan clandestinamente, solas, acompañadas por familiares o amigas, o contenidas solidariamente por feministas, en el contexto de incertidumbre que rodea a los abortos inseguros. Las mujeres de sectores acomodados cuentan con atención profesional en sus domicilios o en clínicas, o tienen el privilegio de viajar a países donde el procedimiento es legal. Con la nueva legislación, es evidente que para la gran mayoría de las mujeres que abortan la desigualdad de género, cruzada con clase, etnia y realidad migratoria, permanecerá inalterable.

Se ha disuelto en el aire el poder de Bachelet y con ello sus posibilidades de vencer los disensos. Su huella pierde nitidez; careció de la convicción y osadía para modificar uno de los nudos centrales de la opresión de las mujeres. Hacia el futuro, la libertad de decidir de las chilenas que cifraron esperanzas en su gobierno habrá quedado una vez más indefinidamente postergada.

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Maria Isabel Matamala Vivaldi. Feminista chilena de larga vida, activista, médica de salud colectiva con trabajo en género, derechos humanos y políticas de salud en instituciones de Estado, Academia, OPS/OMS. Sobreviviente de la dictadura cívico militar chilena. Investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud. Coordina diplomados “Género, DDHH y Políticas” y “Derechos Sexuales y Reproductivos”. Fundación H. Dunant América Latina. Publicaciones en libros y revistas.
Fuente: Revista con la A

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