La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) seguirá procedimiento legal en casos de Feminicidios: alerta de género en la región
El juicio por el feminicidio de Micaela García, en la provincia argentina de Entre Ríos, comenzó la misma semana en que las y los residentes de México salieron a la calle tras la conmoción por el hallazgo del cuerpo de Mara Castilla. En Argentina, cada 18 horas se reporta un crimen por razón de género; mientras tanto, en México, cada día 7 mujeres son asesinadas por hombres.
El cuerpo de Mara fue encontrado el 15 de septiembre de este año, tras haber estado desaparecida una semana. El 8 de septiembre, Mara había solicitado un taxi en Cholula, Puebla, desde la aplicación Cabify para volver a su casa. Pero nunca regresó. El auto que debía transportarla llegó al domicilio, nadie se bajó y, veinte minutos después, continuó viaje hacia un motel. Mara, una toalla y una sábana del recinto desaparecieron esa misma madrugada. Una semana después, Mara, envuelta en la sábana, apareció asesinada y violada. A partir del 17 de septiembre, la sociedad se movilizó en todo México para gritar “basta de feminicidios” y exigir mayor presencia del Estado.
El 21 de septiembre, en Argentina, el presunto violador y asesino de Micaela comenzó a declarar en el juicio. Si bien admitió haberla violado, aseguró que fue su jefe quien la estranguló. El jefe y el hijastro del principal sospecho, Néstor Pavón y Gabriel Otero, también están encarcelados y siendo investigados por la justicia. Micaela fue secuestrada el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Fue subida a un auto y trasladada a un descampado, donde apareció asesinada el 8 de abril.
Las impactantes cifras oficiales, que muestran que los femicidios están creciendo con más violencia en los últimos años, fueron un incentivo para crear el movimiento Ni Una Menos en Argentina en 2015. La frase “Ni Una Menos” deriva del poema “Ni Una Muerta Más” de la autora mexicana Susana Chávez, que en 2011 fue otra víctima de femicidio. La difusión de Ni Una Menos rompió con las divisiones territoriales y burocráticas de los países para plantearse como un movimiento unificado entre todas las sociedades que sufrieran violencia machista. Como institución, Ni Una Menos presiona al poder estatal y su intervención internacional, impone una agenda y se multiplica por el mundo, lo que demuestra que el cambio está tomando fuerza también desde lo civil. Pero el crecimiento de las cifras lleva a que los movimientos locales ya no centren sus propuestas en un Estado singular, sino que acudan a los organismos internacionales para que refuercen las obligaciones de los Estados y las sanciones en caso de incumplimiento.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) seguirá el procedimiento legal con estos casos, y todos los que evidencien la violencia sufrida por las mujeres en todo el hemisferio, con el fin de procurar que los Estados cumplan con las convenciones internacionales que otorguen justicia para las víctimas y educación para el resto de la sociedad.
El Estado las dejó solas
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), ratificada por ambos países e incluida en las leyes nacionales integrales (México, Argentina), establece en su Artículo 7, inciso b, que los Estados deben “actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. A su vez, en la “Declaración sobre el femicidio”, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) recomendó a los Estados “Incluir los riesgos de vida e integridad física y otras manifestaciones de violencia contra las mujeres en sus políticas de seguridad ciudadana”, con el fin de prevenir los asesinatos de mujeres por su género.
Además, ambos Estados incluyen legislación específica sobre el asesinato sistemático de mujeres a manos de hombres. El término “femicidio” adquirió significado legal y se convirtió en un agravante en Argentina en 2012. Anteriormente, pero también en 2012, México fue el primer país que tipificó el delito feminicidio y lo incluyó en el Código Penal Federal. Por este motivo, las autoridades deben basarse en sus propias legislaciones para recurrir a las herramientas que ayuden a prevenir estos delitos.
De todas formas, el caso de Micaela García deja en total evidencia la falta del Estado argentino en esta cuestión. El presunto violador y asesino, Sebastián José Luis Wagner, había sido beneficiado con la libertad condicional, luego de haber estado seis años preso por dos violaciones. Si bien la condena inicial era de nueve años y la Unidad 9 de Gualeguaychú del Servicio Penitenciario de Entre Ríos había emitido documentos que sugerían su peligrosidad, el magistrado de Ejecución Penal de Entre Ríos, Carlos Rossi, decidió liberarlo en 2016. Hoy en día, el juez enfrenta ocho pedidos de jury. Mientras tanto, su defensa dilata el proceso legal al presentar recusaciones constantes.
Por otro lado, el Estado mexicano debió procurar que la licencia de operación de servicios sea entregada a empresas que establezcan medidas de seguridad para las mujeres en potenciales situaciones que puedan derivar en la violación de sus derechos –teniendo en cuenta que las autoridades han establecido varias medidas de emergencia de género–. Aunque el presunto feminicida ya fue detenido y se revocó temporalmente la licencia de Cabify –además de que se iniciaron investigaciones a empresas similares–, el accionar del Estado frente a la violencia contra las mujeres no debe ser casuístico, sino estructural, con abordaje integral, ya que la discriminación sufrida por este colectivo es sistemática e histórica. Ambos Estados cuentan con las herramientas legislativas y de educación integral para implementar un cambio real en sus sociedades, pero el impacto sólo podrá darse cuando sean los individuos quienes tengan preciso manejo de estas herramientas.
Las políticas estatales no sólo deben estar enfocadas en la investigación, el acompañamiento y la condena, sino fundamentalmente en la prevención. Hasta que no se erradiquen los estereotipos de la sociedad patriarcal, las mujeres estarán inscriptas en un contexto amenazante por razón de género. A su vez, el Estado debe impartir una conducta ejemplificadora para orientar a todas las instituciones hacia la igualdad de género. Las mujeres víctimas de violencia de género muchas veces son re-victimizadas por los medios de comunicación y por la sociedad en general, ya que se cuestiona su comportamiento por “provocar” la situación violenta.
Micaela García salió de la discoteca en Entre Ríos; Mara Castilla, en Puebla. Micaela decidió caminar sola hacia su casa, mientras que Mara prefirió llamar sola a un taxi desde una aplicación conocida mundialmente. El destino de ambas fue el mismo y la condena social, también. Tanto medios como individuos se enfocaron en la decisión de las mujeres en vez de cuestionar el accionar de los feminicidas. Las preguntas que se desprenden de estos análisis son por qué Micaela no decidió pedir un taxi y por qué Mara se subió a uno. Entonces, ¿dónde están seguras las mujeres?
Al respecto, el Comité de Expertas del MESECVI había recomendado a los medios de comunicación que adoptasen “códigos de ética para el tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres y en especial de los femicidios, promoviendo el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas; y evitando la difusión de detalles morbosos, estereotipos sexistas o descalificadores de las mujeres. Los medios de comunicación deben cumplir un rol de educación ética ciudadana, promover la equidad e igualdad de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Que el hecho de ser mujer signifique una limitación para que el ser humano pueda circular, pertenecer, impactar en su sociedad, es el máximo expositor de la violencia de género y una de las más extendidas violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental que los Estados tomen responsabilidad en los hechos.
Fuente: Dialogocim
