diciembre 22, 2017

Conflicto armado en Colombia deja al menos 13 mil víctimas de violencia sexual



CIMACFoto: César Martínez López
Al menos 13 mil 810 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en Colombia durante la guerra civil por la que el país sudamericano pasa desde hace más de 50 años. Los principales agresores son miembros de grupos paramilitares, guerrilleros y de las Fuerzas Armadas.

Esto reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, publicado a inicios de este mes. El estudio muestra los resultados obtenidos del registro y la recolección de testimonios de víctimas de violencia sexual – como acoso, violaciones sexuales, explotación sexual comercial, extirpación de genitales, entre otras- cometidas desde 1958 hasta 2016 en el contexto de la guerra civil.

El CNMH contabilizó 15 mil 076 víctimas, 91.6 por ciento de ellas mujeres (13 mil 810). De los más de 15 mil casos determinó que en 4 mil 837 del total (32 por ciento) los responsables fueron agentes paramilitares, en 31.5 por ciento (4 mil 722) miembros de las guerrillas y en 206 se identificaron a agentes del Estado como responsables directos; mientras que a los grupos armados conformados durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010), conocidos como “Grupos Armados Posdesmovilización”, se le atribuyeron 950. Destaca que 3 mil 973 de las víctimas no identificaron la pertenencia de sus agresores a un grupo en específico.

En cuanto a la pertenencia étnica de las mujeres se determinó que al menos mil 152 tenían origen afrocolombiano y 152 indígena. Además, el informe reveló que las principales víctimas fueron niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad, pues se registró a 5 mil 013 víctimas en este rango.

La instancia dependiente del Departamento para la Prosperidad Social del gobierno colombiano, concluyó que la violencia sexual contra las mujeres se relaciona directamente con el conflicto armado pues se usa como “estrategia de guerra”, ya que se comete para frenar la labor de maestras, periodistas, defensoras de los Derechos Humanos y mujeres líderes de sus comunidades que se oponen a la actuación política y militar de los grupos armados.

También se emplea como medio de tortura para obtener información y como "estrategia de disciplina" de los hombres hacia las mujeres que integran los grupos armados para remarcar las relaciones de poder y jerarquías; además de ser parte de la violencia ejercida para obligar a una población a desplazarse y despojarlas de sus tierras. Estas agresiones cometidas en el contexto violento que se vive en Colombia han expuesto a las mujeres y sus cuerpos como “sinónimos de territorios y de objetos en disputa”, denunció el CNMH.

Otro factor que sustenta la relación de las agresiones sexuales con el conflicto colombiano fue el aumento de casos en periodos políticos relevantes. Por ejemplo, de 2000 a 2005 se registraron 45.7 por ciento de los casos, cuando el gobierno colombiano promovió con más intensidad el uso de las armas y las guerrillas también respondieron con acciones violentas. Mientras que de 2011 a 2014, donde se cometieron 11.8 por ciento de las agresiones, corresponde al periodo en el que se buscó con más intensidad reacomodar a las guerrillas.

Organizaciones civiles colombianas han alertado sobre la urgencia de erradicar y sancionar esta violencia por las afectaciones al proyecto de vida, a la salud física y emocional de las mujeres, lo que se corroboró con los testimonios de mujeres y niñas que refirieron presentar embarazos producto de violaciones, de ellas varias afirmaron llevarlos a término porque no tuvieron alternativas para interrumpirlo, incluso en los casos que ocurrieron después de 2006, cuando el Estado colombiano legalizó la interrupción del embarazo si es producto de una violación.

El informe “La guerra inscrita en el cuerpo” se realizó luego de que durante años organizaciones y colectivos de mujeres solicitaran al gobierno justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y la documentación de los casos.

El resultado de sus exigencias derivó en la promulgación, en 2014, de la Ley 1719, misma que obliga al gobierno colombiano a implementar medidas que garanticen el derecho de acceso a la justicia para estas víctimas; dicha legislación también ordenó al CNMH a realizar el diagnóstico del contexto en el que se agrede sexualmente a las mujeres en el país.

Fuente: Cimac