La guerra inscrita en el cuerpo de las mujeres

No se trata de una violencia fortuita o de unas “cuantas manzanas podridas en el interior de cada grupo”, como lo han señalado con frecuencia. La violencia sexual está directamente relacionada con las lógicas del conflicto armado.

Muchas mujeres que integraron grupos armados ilegales fueron obligadas a abortar. / EFE

La violencia sexual ha sido una de las prácticas más comunes que los actores armados utilizan para reafirmar su poder y su dominio. A pesar de que abundan los testimonios y las pruebas de violencia sexual, ninguno de los autores reconoce su culpa. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 24.533 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco de esta guerra que no acaba. La guerra se ha inscrito de manera brutal sobre los cuerpos. A través de ella los actores armados han castigado, humillado, aterrorizado y aniquilado a miles de mujeres en todo el territorio colombiano.

No se trata de una violencia fortuita o de unas “cuantas manzanas podridas en el interior de cada grupo”, como lo han señalado con frecuencia. Por el contrario, la violencia sexual está directamente relacionada con las lógicas del conflicto armado.

“Usos” de la violencia sexual

El informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, presentado por el Centro Nacional de Memoria Hostórica (CNMH) en noviembre del año pasado, afirma que la violencia sexual no es producto del azar o de comportamientos individuales desviados. Con ella, los grupos armados emiten un mensaje que usan como lienzo los cuerpos de las mujeres.

Cada grupo ha hecho uso de la violencia sexual siguiendo objetivos y contextos específicos: Yirley era una niña de 14 años cuando, en febrero de 2000, los paramilitares del bloque Norte ingresaron al corregimiento de El Salado. Ella fue víctima de múltiples golpes y violaciones colectivas. Yirley habitaba en “territorio guerrillero” y, por ende, era considerada como enemiga.

Los grupos paramilitares ejercieron violencia sexual por diferentes motivos: primero, porque las violaciones y la esclavitud sexual eran parte de sus acciones habituales; segundo, para amedrentar, silenciar y castigar a las mujeres que tenían posiciones de liderazgo y autoridad en sus comunidades: líderes, maestras, enfermeras consideradas guerrilleras; y como parte de una serie de violaciones “correctivas” en mujeres lesbianas y hombres trans.

Helena fue víctima de violación por parte de varios hombres del frente 21 de las Farc en el sur del Tolima. Se trataba de un castigo impuesto por impedir que sus hijos fueran llevados a la guerra. Magaly recuerda con horror cómo su prima, que al igual que ella era combatiente de las Farc, fue víctima de violación por parte de varios soldados que luego la asesinaron. La Fuerza Pública recurrió a la violencia sexual en mujeres combatientes para enviar un mensaje de apropiación y dominio al enemigo y para obtener información sobre sus adversarios.

Yurani, reclutada a los 15 años por las Farc, fue víctima de tres abortos forzados, el último de ellos cuando tenía ocho meses de embarazo. A pesar de la política de igualdad dentro de esta guerrilla, la jerarquía era determinante para que las mujeres obtuvieran mayor o menor grado de autonomía sobre sus cuerpos. Magnolia no pudo evitar que hombres de un grupo posdesmovilización que controla el Urabá Antioqueño las sometieran a ella y a su hija a esclavitud sexual durante un día y una noche.

Todos estos grupos violentos se han sentido dueños de otros cuerpos, así como los de las trabajadoras sexuales y las mujeres trans también han estado “a disposición” de los armados, muchas veces bajo el silencio de una sociedad indolente. Con la violencia sexual los victimarios pretenden borrar las historias y los nombres de las mujeres. Los victimarios dejan claras sus posturas morales, es decir, aquello que consideraban correcto y normal dentro de una estructura patriarcal que en tiempos de guerra profundiza las diferencias y jerarquías entre masculinidades despóticas y feminidades juzgadas como descartables, frágiles y cuya categoría no supera la de objetos.

¿Cómo es posible que esto ocurra?

Las condiciones sociales, económicas y políticas del conflicto armado permiten que se culpabilice a las víctimas en lugar de a los perpetradores. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que la mayoría de las víctimas tengan un sentimiento de culpa y la sensación de que debieron actuar para evitarlo. Casi siempre se duda del testimonio de las víctimas y se presume su culpa o su responsabilidad “por estar en el lugar equivocado”, “por vestir de cierta forma”, “por hablar con alguna persona”. A las mujeres se les culpa mientras a los victimarios se les defiende bajo la lógica de los “instintos sexuales irrefrenables” de los hombres.

La pregunta por la violencia sexual en el marco del conflicto armado es una pregunta incómoda, ya que al mismo tiempo se remite a la violencia sexual fuera del conflicto, la que sucede en los espacios donde se dice velar por la protección de niños, niñas y mujeres. Para 2016, el Instituto de Medicina Legal realizó alrededor de 20 mil exámenes médico-legales por delito sexual. El 86 % de estas valoraciones se realizaron a personas entre 0 y 17 años. Se trata entonces de una violencia arraigada, tolerada y naturalizada en nuestra sociedad.

Las mujeres testifican con dolor y resistencia, alzan su voz aun conociendo que no existen garantías para su seguridad. Estamos en la obligación de preguntarnos: ¿cómo permitimos que esto pasara y que siga pasando cada día? La violencia sexual no se acabará sólo con el desmonte del conflicto armado. Su anclaje está en la casa, la escuela, el trabajo. Debemos replantear las formas en que nos relacionarnos. Hay espacios claves donde se construye lo que es considerado “normal”, donde se excluyen las formas de ser y estar en el mundo, espacios donde las violencias contra mujeres lesbianas, mujeres trans, trabajadoras sexuales, niños y niñas se legitiman.

La memoria de las víctimas de violencia sexual denuncia la actuación consciente de los actores armados, la indolencia, tolerancia de la sociedad y la negligencia de un Estado incapaz de hacer justicia.

Por Rocío Martínez * (movil@elespectador.com)

Profesora de Uniminuto, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y analista de Razón Pública.

Fuente: El Espectador