junio 08, 2018

Guatemala, dolor y dignidad de un pueblo




Guatemala, el lugar donde abundan los árboles, como se traduce su nombre, llora en estos días debido a la tragedia que desencadenó la erupción del Volcan El Fuego, uno de los más activos de América Central, que está a solo unos 40 km de la capital del país. Ríos de lava fueron inundando las casas, las calles, arrasando con todo a su paso, y sembrando muerte y desesperanza. Se estima que hay más de 70 muertos, un número incalculable de personas desaparecidas y miles y miles que se han visto obligadas a huir y buscar refugio, para salvar sus vidas, perdiendo los pocos bienes materiales que tenían y sus medios de vida; muchas de estas personas vuelven a vivir el desplazamiento, pues en las faldas del volcán habitaban comunidades retornadas.

Dicen que esta tragedia afectará a más de un millón de personas, cifra que podría haber sido mucho menor si las autoridades hubieran actuado con la rapidez necesaria, pensando en salvar las vidas de las personas. Durante una conferencia de prensa en la noche del domingo, cuando ya se tenía indicios de la magnitud de la tragedia, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo : “Me da vergüenza volver a decirlo, pero según nuestra ley de presupuesto no podemos contar con ni un solo centavo. La ley de presupuesto no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en emergencias”.

Resulta inadmisible para cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad escuchar que un presidente diga que está atado por una ley y que no procure de inmediato los recursos para salvar la vida de tanta gente y ofrecerles seguridad. Según señala el portal Plaza Pública, esto sería falso pues existe un mecanismo legal que posibilita que se traslade presupuesto a una cuenta previa la declaración de Estado de Calamidad Pública, según lo establecido en la Ley de Orden Público.[1] Se trataba entonces de una falta de voluntad política y de interés en responder a la ciudadanía que reclama atención en un momento tan dramático, que requiere de la solidaridad de todo el mundo y, prioritariamente, de la acción gubernamental. De hecho, el día lunes, el Congreso de Guatemala ratificó el Acuerdo Gubernativo solicitado por el presidente, declarando el Estado de Calamidad en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Envuelto en graves acusaciones de corrupción señaladas por la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el presidente enfrenta además de la tragedia más reciente un serio descontento de la ciudadanía, que ha venido movilizándose masivamente contra la corrupción y contra las políticas de inversión que, como en otros países, están afectando los territorios indígenas. Cabe mencionar que estas movilizaciones constituyen un nuevo hito histórico luego de años de desmovilización, de temor y terror impuesto por las sangrientas represiones que vivieron especialmente los pueblos indígenas y que ocasionaron la muerte de unas 245 mil personas durante el conflicto armado interno. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, del total de víctimas del conflicto, el 83% de las víctimas eran mayas. En ese sentido, el informe de la Comisión señala que:

“El carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras.[2]

Aunque han pasado 24 años de la firma del Acuerdo de paz que puso fin al conflicto que duró 36 años, muchas de las condiciones que lo generaron se mantienen y pretenden perpetuarse pese a que hay algunos indicios de que la justicia prevalecerá y los criminales que ocasionaron las desapariciones, torturas, violaciones sexuales serán juzgados y condenados. Un ejemplo de ello es la condena en el 2016 al Teniente Coronel Esteelmer Reyes Girón y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij a 129 y 240 años respectivamente por los crímenes de lesa humanidad contra las mujeres maya q’eqchi. Ellos fueron condenados por delitos de violación, asesinato y esclavitud en el destacamento militar de Sepur Zarco, en donde fueron llevadas sus víctimas luego de los operativos en que también desaparecieron a los esposos de las mujeres, quienes reclamaban la tierra en Alta Verapaz.

Hace algunos días y luego de transcurridos 37 años, también fueron condenados un grupo de militares por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen cuando tenía apenas 14 años. Él fue capturado en su casa cuando los militares buscaban a su hermana, quien escapó de una base militar donde sus captores la habían sometido durante 9 días a torturas y a violaciones sexuales. Fueron condenados a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en agravio de Emma Molina Theissen Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas, Manuel Benedicto Lucas García y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Por los delitos de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Theisen, fueron condenados a 25 años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas.

Esta última condena congregó en un solo abrazo a la familia de Marco Antonio, las abuelas de Sepur Zarco y una madre de una de las niñas que murió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo del 2017, logrando disipar por un momento los aires de impunidad que sigue viviendo el pueblo de Guatemala. Es lamentablemente un momento en que se encuentra el país con una nueva arremetida represiva contra líderes y lideresas indígenas y campesinas que están luchando por el derecho a la tierra, enfrentando una permanente criminalización y judicialización, persecuciones, amenazas de muerte y asesinatos. Tan solo en el ultimo mes fueron asesinados Luis Marroquín, importante líder de CODECA, José Can Xol y Mateo Pauu de Cobán, Alta Verapaz y Ramón Choc, maya q’eqchi´ de la comunidad Ixloq, todos ellos pertenecientes al Comité Campesino del Altiplano.

Mientras el pueblo se encontraba conmocionado por la tragedia provocada por el volcán, el sicariato siguió haciendo de las suyas y matando a líderes. Alejandro Hernandez y Florencio Perez , ambos miembros de CODECA, fueron asesinados el mismo día lunes, 4 de junio, cuando asistían a una reunión. Las organizaciones han responsabilizado al presidente y al discurso de odio que está levantando contra las organizaciones, lo cual estaría logrando envalentonar a los poderes más oscuros, interesados en detener la lucha por la tierra y por los derechos, pues precisamente la lucha por la tierra y la desigual distribución de los bienes productivos siguen estando en la base de las disputas por los territorios, como lo señala el pronunciamiento de International Land Coalition:

“El tema del acceso y la tenencia segura de la tierra para las comunidades rurales se encuentra en el epicentro de una gran cantidad de conflictos donde intervienen actores con distintos intereses. En este escenario, integrantes de organizaciones sociales son criminalizados/as constantemente por defender sus derechos a la tierra y al territorio en un contexto marcado por el acceso desigual a la justicia y la carencia o deficiencia de los marcos legales.”[3]

La Patria de los perfectos valles que tienden de volcán en volcán verdes hamacas, que escuchan hoy llorar casas y calles, como dice el poema de Miguel Angel Asturias, tiene la herida abierta por el dolor de tanta tragedia y muerte, pero también tiene un pueblo que sabe levantarse frente a la adversidad con dignidad y con alegría, un pueblo que ha logrado resistir y combatir la impunidad y romper el silencio de siglos, un pueblo que marcha seguro en busca de un nuevo y mejor destino, aunque los últimos estertores de los que se han adueñado de las riquezas le estén causando tanto daño. Ellos, ellas son de una “¡Patria de las perfectas aves, libre vive el quetzal y encarcelado muere, la vida es libertad, Patria, lo sabes!”, como dice el poema de Asturias, y es el camino de la vida y la libertad que están defendiendo los hombres y las mujeres que resisten y luchan por sus derechos en la Guatemala de hoy.

Por Rosa Montalvo Reinoso

[1] Francelia Solano, “Jmmy Morales: ‘La ley de presupuesto no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en emergencias’’”, Plaza Pública, 3 de junio de 2018. http://plazapublica.com.gt/content/jimmy-morales-la-ley-de-presupuesto-no-contempla-que-el-estado-pueda-gastar-un-centavo-en
[2] Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), Guatemala, memoria del silencio: conclusiones y recomendaciones, 1ª edición, junio de 1999. http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf
[3] International Land Coalition, “Pronunciamiento: La ILC-ALC exige el cese de la ola de asesinatos de defensores de derechos humanos y de la tierra en Guatemala”, 11 de mayo de 2018 http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/news/la-ilc-alc-exige-el-cese-de-la-ola-de-asesinatos-de-defensores-de-derechos-humanos-y-de-la