Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, llamó a los países de la región a dar prioridad a las políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la región.
Ante la gravedad del fenómeno, 18 países latinoamericanos han modificado sus leyes para sancionar este crimen, tipificándolo como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género.
Al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de América Latina y el Caribe, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El OIG informa anualmente el número de homicidios de mujeres de 15 años y más perpetrados por razones de género en los países de la región. Para dar cuenta de la magnitud del flagelo, la CEPAL también recopila los llamados “feminicidios íntimos” (cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja), reportados como único dato por países como Chile, Colombia, Guyana y Jamaica.
El términos absolutos, la lista de feminicidios la lidera Brasil (con 1.133 víctimas confirmadas en 2017). No obstante, si se compara la tasa por cada 100.000 mujeres, el fenómeno alcanza una extensión en El Salvador que no encuentra paralelo en otro país de la región: 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En 2016, Honduras registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a 2 casos por cada 100.000 mujeres. Solamente Panamá, Perú y Venezuela registran tasas inferiores al 1,0 en la región.
“El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a los países a dar prioridad a las políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la región.
En el Caribe, cuatro países registraron en conjunto 35 víctimas de feminicidio en 2017: Belice (9 víctimas), las Islas Vírgenes Británicas (1), Santa Lucía (4) y Trinidad y Tabago (21). Guyana y Jamaica, que solo cuentan con datos de feminicidio íntimo, informaron la muerte de 34 y 15 mujeres, respectivamente, a manos de su pareja o ex pareja íntima en el mismo año.
En 2017, las tasas de feminicidios íntimos en América Latina oscilaron entre un máximo de 1,98 por cada 100.000 mujeres en República Dominicana a un mínimo de 0,47 en Chile, según informa la Nota para la Igualdad N°27 del OIG.
Ante la gravedad del fenómeno, 18 países latinoamericanos han modificado sus leyes para sancionar este crimen, tipificándolo como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).
Uno de los principales desafíos para abordar adecuadamente este tema, plantea la CEPAL, es comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos. De esta forma, las políticas públicas para su erradicación deberían considerar la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas.
La Comisión también plantea la necesidad de generar acuerdos interinstitucionales que permitan fortalecer el análisis del feminicidio a nivel regional y nacional y propone trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades en los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y a una cultura de igualdad.
Fuente: División de Asuntos de Género, Cepal