Ilustración: Julia Kuo, recuperado del Blog https://www.elpartoesnuestro.es/blog
El concepto de violencia obstétrica nació en los relatos de mujeres que se atrevieron a alzar la voz para evidenciar la deshumanización del parto institucionalizado y la pérdida de autonomía sobre sus cuerpos.
Durante las dos últimas décadas, América Latina ha transformado profundamente su manera de entender la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Lo que comenzó como una denuncia colectiva de mujeres y movimientos feministas hoy se reconoce como una forma de violencia de género: la violencia obstétrica.
Este concepto no nació en los congresos ni en los tribunales, sino en los relatos de mujeres que se atrevieron a alzar la voz para evidenciar la deshumanización del parto institucionalizado y la pérdida de autonomía sobre sus propios cuerpos.
El origen de una denuncia colectiva
El término violencia obstétrica comenzó a tomar fuerza a inicios de los años dos mil. En Chile, la antropóloga Michelle Sadler documentó en su tesis Así me nacieron a mi hija. Aportes antropológicos para el análisis de la atención biomédica del parto hospitalario (2003) cómo la medicalización del parto había arrebatado a las mujeres su protagonismo. Su trabajo introdujo la idea radical de que el parto podía ser también un espacio de violencia simbólica y estructural.
La denuncia no era nueva. Desde finales de los años noventa, organizaciones feministas y de derechos humanos ya habían comenzado a visibilizar los abusos en los servicios de salud. En 1998, por ejemplo, el CLADEM publicó el informe Silencio y complicidad, en el que documentó agresiones y tratos crueles hacia mujeres en hospitales públicos de Perú.
Estos esfuerzos sentaron las bases para definir la violencia obstétrica —un concepto con profundo arraigo en el feminismo latinoamericano— como una expresión de la desigualdad de género y de poder.
Del activismo al reconocimiento
El primer reconocimiento formal de este tema se concretó en Argentina, con la Ley 25.929 de Parto Humanizado (2004), que reconoció el derecho de las mujeres a recibir información y a decidir libremente sobre su parto.
Más tarde, en 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tipificar la violencia obstétrica como delito. Este cambio legal abrió también un debate crucial: ¿puede erradicarse un problema estructural mediante el castigo penal?
En México, fueron las feministas locales las que impulsaron este proceso. En 2008, Veracruz fue la primera entidad en incluir el término dentro de su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, 29 entidades lo han reconocido en su legislación, aunque con alcances distintos.
Otros países han seguido caminos similares. Uruguay incorporó el concepto en 2008 en su Ley de Salud Sexual y Reproductiva y lo amplió en 2017 (Toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos); Panamá lo definió en 2013 como un trato abusivo, deshumanizante o humillante, y ese mismo año Bolivia lo extendió para abarcar derechos reproductivos más amplios, como el aborto, la lactancia y el embarazo.
Durante la última década, el concepto se ha consolidado. En 2022, Cuba publicó una Guía para la Atención al Parto Respetuoso, que se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En 2021, Venezuela hizo una reforma que amplió la noción para incluir también la violencia ginecológica y, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica contra el Estado venezolano por un caso de violencia obstétrica (Caso Rodríguez Pacheco vs. Venezuela).
Estos avances reflejan una transformación regional hacia el reconocimiento de que la atención obstétrica debe estar guiada por el respeto y los derechos humanos, en lugar de reproducir estructuras de poder que limitan la autonomía de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.
El papel de los movimientos feministas
Como ya han documentado Patrizia Quattrocchi y Natalia Magnone en su libro Violencia obstétrica en América Latina (2020), este concepto nació y se consolidó gracias al activismo feminista. Fueron abogadas, académicas y colectivas quienes llevaron las denuncias por partos violentos a la esfera pública y, con ello, al debate legislativo y judicial.
En México, desde 2011, GIRE ha trabajado para visibilizar la violencia obstétrica a través de la investigación, el litigio, el acompañamiento de casos, la comunicación y la incidencia política. Casos como el de Irma, una mujer mazateca cuyo parto en el patio de una clínica de Oaxaca fue videograbado y difundido públicamente, expusieron la profundidad del problema.
En 2016, junto con más de veinte organizaciones, GIRE convocó al Tribunal Simbólico sobre Violencia Obstétrica y Muerte Materna, un espacio donde las propias mujeres y sus familias dieron testimonio de sus experiencias. Más tarde, en 2021, GIRE también acompañó el caso de Sandra, que derivó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoció que la esterilización no consentida es una forma de violencia obstétrica y de discriminación estructural.
Resistir el impulso punitivo
Si bien el reconocimiento jurídico ha sido un avance, el desafío actual es evitar que la respuesta recaiga en la vía penal. GIRE ha insistido en que criminalizar al personal médico no soluciona un problema que es estructural. La vía punitiva sólo consigue individualizar un fenómeno que en realidad es sistémico. Además, genera resistencia entre los equipos de salud que, con frecuencia, operan con recursos limitados, exceso de trabajo y escasa capacitación.
Una transformación real requiere de prevención, reparación y cambios institucionales profundos, en lugar de sanciones aisladas. Es necesario invertir en formación con perspectiva de género, infraestructura digna y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, más que recurrir a la criminalización.
Un feminismo interseccional para un parto digno
Otro aprendizaje fundamental es que la interseccionalidad no puede quedarse en un discurso abstracto. Las experiencias de violencia obstétrica no son las mismas para una mujer indígena, una adolescente o una mujer con discapacidad. Reconocer esas diferencias es clave para construir políticas públicas que garanticen una atención respetuosa, libre de discriminación y con perspectiva de derechos humanos.
La discusión sobre la violencia obstétrica sigue viva. En la VIII Conferencia Regional de CLACAI, celebrada este año en Bogotá, participé en la mesa plenaria “Las múltiples violencias: restricciones regulatorias y políticas, formas de violencia obstétrica y criminalización del aborto en América Latina, Estados Unidos y África”. En este espacio compartí cómo los movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil, como GIRE en México, han contribuido a visibilizar la violencia obstétrica en América Latina y los desafíos que enfrentamos para transformar leyes, políticas y prácticas institucionales.
La historia del reconocimiento de la violencia obstétrica en América Latina es, ante todo, una historia de resistencia feminista, de mujeres que se organizaron para transformar la forma en que los sistemas de salud entienden la vida reproductiva.
Link original de la nota: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/punto-gire/violencia-obstetrica-america-latina-resistencia-feminista
Por Verónica Esparza Pérez (@esparza2602) es Coordinadora de Investigación en @GIRE_mx.
Fuente: Animal político