Centro de acogida para mujeres maltratadas Casa de la Mujer, el 24 de abril, en Lima.
El distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena se presentan como las medidas más eficaces para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus, pero han traído como contrapartida graves consecuencias económicas, sociales e incluso políticas en países de todos los continentes. En ese mapa de la crisis, y como ha sucedido históricamente, las mujeres son las más afectadas.
La emergencia sanitaria profundizó las brechas de género económicas, un impacto que afectó más a las trabajadoras informales y precarizadas, así como a quienes integran los primeros sectores perjudicados por la pandemia, como los servicios o el turismo, en su mayoría feminizados. También dejó en evidencia, por si acaso había alguna duda, que las tareas de cuidados tienen cara de mujer. En ese sentido, el cierre de los centros educativos planteó para muchas mujeres el desafío de tener que compatibilizar en simultáneo el trabajo remunerado con el cuidado de las hijas e hijos.
Pero el confinamiento, además, incrementó el riesgo de que se reproduzcan situaciones de violencia de género por parte de parejas o familiares convivientes. Los datos de la realidad ya lo demuestran: en Uruguay, el número de llamadas a la línea de atención del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario; en Argentina, el aumento de las llamadas para pedir ayuda a la línea 144 fue de 40% en los primeros 40 días de cuarentena obligatoria. En ese país hubo 49 femicidios desde que se declaró la emergencia sanitaria hasta el 10 de mayo, según el relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Para muchas mujeres, quedarse en casa es la opción menos segura.
Los datos de la violencia
La semana pasada se cumplieron dos meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de covid-19. ¿Qué sabemos hasta ahora de su impacto en la violencia hacia las mujeres? En un intento por responder a la pregunta, ONU Mujeres recopiló algunos datos preliminares en el informe Prevención de la violencia contra las mujeres frente a covid-19 en América Latina y el Caribe, que buscar servir de guía para gobiernos, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil en el manejo de esta problemática.
El informe asegura que las medidas de prevención de la propagación de la covid-19 “exacerbarán” la violencia contra las mujeres en los hogares “porque las víctimas se encuentran encerradas con sus perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda”.
La experiencia de los últimos meses demostró que en algunos países las denuncias de violencia de género han bajado, pero esto no significa que haya menos violencia, sino que hay más dificultades para denunciar. “Es una consecuencia de que las mujeres no pueden salir de sus hogares o hacer llamadas porque están en contacto constante con el agresor y sus redes de apoyo son más limitadas por las medidas de cuarentena. A este aislamiento de hecho, se suma el miedo al contagio del virus al salir a buscar ayuda fuera del entorno familiar, que sería en este sentido un freno para pedir ayuda”, detalla el documento. Esto está pasando en Uruguay, donde las denuncias en el Ministerio del Interior descendieron desde que se decretó la emergencia sanitaria, pero las llamadas al servicio del Inmujeres aumentaron.
ONU Mujeres denuncia las “barreras adicionales” que la crisis ha generado para que las mujeres accedan a servicios esenciales, relacionadas con la restricción de movilidad y el aislamiento social, pero también porque las instituciones de salud, la Policía y la Justicia “están sobrecargadas y están enfocando sus operaciones en la respuesta a la pandemia”.
Otra “barrera adicional” es la económica, en el caso de que las mujeres en situación de violencia pierdan sus trabajos. “La evidencia sugiere que la pérdida de autonomía económica tiende a demorar las estrategias de salida de las situaciones de violencia de género. La incertidumbre sobre la economía en el mediano y largo plazo estaría de forma indirecta aumentando el poder de opresión de los perpetradores”, plantea en ese sentido el informe.
Los obstáculos para acceder a servicios esenciales o huir de las situaciones de violencia son todavía más grandes para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación, como mujeres con discapacidad, trans, que tienen VIH, migrantes, desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado, indígenas, afrodescendientes y rurales o que viven en asentamientos. En el caso de las personas trans y la comunidad LGBTI en general, dice el informe, se reportó un aumento de las tensiones en hogares donde sus identidades de género u orientaciones sexuales no son respetadas ni reconocidas, así como mayor exposición a la violencia de género, en particular la doméstica.
La organización internacional alerta sobre otros riesgos que pueden surgir en momentos de crisis, como por ejemplo el incremento de la explotación sexual y los matrimonios forzados –debido a la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de las familias– y de los casos de ciberviolencia, en la medida en que “el tiempo conectadas y la exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes en general aumenta por el teletrabajo, la teleeducación o el teleactivismo, además de los espacios de ocio”.
El documento también alerta sobre la situación de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde se reproducen episodios de violencia de género: “El aumento en la violencia contra las mujeres tendrá impactos negativos también en ellas y ellos en términos de violencia, estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos de largo plazo en su desarrollo”.
Estrategias y buenas prácticas
¿Qué deberían hacer gobiernos, sociedad civil e instituciones para prevenir y dar respuesta a la violencia de género en el contexto de la pandemia? En base a los datos preliminares recabados en América Latina y el Caribe, ONU Mujeres propone 15 estrategias:
- Garantizar que las regulaciones de cuarentena o de restricciones de movilidad contengan excepciones para que las mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos puedan salir a buscar apoyo, reportar o denunciar sin correr el riesgo de ser arrestadas. Un ejemplo de práctica prometedora en este sentido es el de Argentina, que decretó en abril la excepción de la cuarentena obligatoria para mujeres y personas LGBTI en situación de violencia.
- Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia hacia las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia. Esto incluye servicios de salud, centros de justicia, refugios, albergues, servicios de asesoría legal, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios psicosociales y otros servicios sociales.
- Fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia para facilitar los reportes en casos de urgencia. Esto implica reforzar los servicios virtuales y de ayuda en internet (líneas telefónicas, mensajes de texto, web chats, aplicaciones móviles, botones de pánico), y establecer mecanismos alternativos de comunicación para facilitar los reportes de violencia para mujeres que no tienen acceso a internet, como puede ser alertas de emergencia en farmacias, hospitales, centros de salud o supermercados.
- Fortalecer la identificación y la atención a la violencia de género por parte del personal de la salud. Para eso es necesario capacitar a las y los profesionales de la salud y a quienes atienden las líneas telefónicas de atención a la covid-19. En Uruguay, por ejemplo, el Inmujeres anunció a fines de marzo la elaboración, junto con el Ministerio de Salud Pública, de un protocolo específico para que los equipos de salud que visitan los hogares y están en las emergencias de los centros de salud puedan detectar posibles situaciones de violencia de género.
- Garantizar que los servicios policiales y judiciales prioricen la respuesta a la violencia hacia las mujeres durante y después de la crisis y que sigan investigando, procesando y sancionando a los agresores y faciliten el acceso a la Justicia a través de mecanismos virtuales y alternativos. Una de las posibilidades puede ser prorrogar automáticamente las medidas cautelares para mujeres en situación de violencia durante la pandemia, como hizo Uruguay a pocos días de declarada la emergencia sanitaria.
- Priorizar y reforzar el financiamiento de refugios, albergues y casas de acogida para mujeres que enfrentan alto riesgo de violencia. Una recomendación de ONU Mujeres es trabajar en colaboración con las redes comunitarias para poner en marcha alternativas para cuando se llenen los refugios, como alianzas con el sector hotelero, universidades, centros deportivos o escuelas para crear refugios o albergues temporales.
- Garantizar acceso a servicios sociales, terapia, servicios psicosociales y asesoría legal gratuita mediante líneas telefónicas y canales virtuales gratuitos.
- Aumentar la inversión en las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, así como las defensoras de derechos humanos, para que puedan desarrollar redes de apoyo locales, comunitarias y territoriales.
- Implementar campañas de comunicación y difusión para mujeres que atraviesan situaciones de violencia con información sobre sus derechos, qué hacer en casos de urgencia, cómo desarrollar planes de seguridad, los servicios disponibles e información práctica sobre el proceso penal si deciden denunciar. Las estrategias y canales de difusión tienen que ser “inteligentes”, dice el informe, para que lleguen directamente a las mujeres sin alertar a los agresores (por ejemplo, vía Whatsapp, SMS o en espacios que suelen usar sólo las mujeres).
- Elaborar campañas, guías y recursos dirigidos a familiares, amistades, vecinas y vecinos de las mujeres y otros testigos, para generar una “cultura de tolerancia cero”. La medida tiene que apuntar a asesorar a las comunidades sobre cómo identificar las señales tempranas de la violencia, qué hacer y qué no hacer para apoyar a las víctimas y cómo intervenir o reportar si ven o escuchan golpes, gritos u otras señales de violencia o abuso.
- Elaborar campañas, mensajes e intervenciones dirigidos a varones para que no crean “que pueden actuar con impunidad durante la crisis”. La idea es “movilizar e involucrar a hombres no violentos en la prevención de la violencia para intervenir y no quedarse callados si conocen hombres que son perpetradores y promover masculinidades positivas e igualitarias”.
- Integrar la prevención de la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo y la educación virtual. Es necesario elaborar políticas y protocolos de prevención y atención de violencia hacia las mujeres para asegurar que los procedimientos institucionales apoyen a las víctimas. También se debe ofrecer información a todo el personal sobre la violencia de género, los servicios disponibles y los derechos de las mujeres, y mantener contacto con el personal durante los períodos de teletrabajo para fomentar redes de apoyo y garantizar espacios de escucha para construir y estrechar vínculos que facilitan la identificación de casos de violencia.
- Elaborar estrategias de prevención y de respuesta a la ciberviolencia y el ciberacoso.
- Recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia hacia las mujeres y niñas durante la crisis para orientar las soluciones, políticas, medidas de prevención y atención durante y después de la crisis. Ese trabajo, dice el informe, tiene que tener un enfoque interseccional “para fortalecer el conocimiento de las necesidades de las mujeres diversas durante la crisis”.
- Poner en marcha medidas especiales que tomen en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres en la fase de recuperación de la crisis, con especial atención en las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación. Eso se logra con la promoción de medidas específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres que incluyan prevención de la violencia de género.
Foto: Sergi Rugrand, EFE
Fuente: La Diaria, en Violencias