Aunque Trabajo ha contado con su participación, algunas organizaciones se preguntan quién inspeccionará esta evaluación y cuándo estarán en el régimen general de trabajadores.
Una mujer en una manifestación de empleadas de hogar. EDU LEÓN
¿Esa escalera es apropiada para limpiar las ventanas? ¿Están en suficiente buen estado los electrodomésticos para cocinar? ¿Hay una ventilación adecuada de las habitaciones? Estas y muchas otras preguntas son las que se encuentran las empleadas del hogar a la hora de realizar su trabajo en domicilios particulares. Su trabajo, muchas veces aislado y con la dificultad de ser en un entorno privado -donde no es fácil que se pueda hacer una inspección laboral-, les deja al amparo de empleadores responsables.
Además de la ratificación del Convenio 189, tener derecho a desempleo o la aplicación del salario mínimo, las empleadas domésticas siguen en su lucha de tener los mismos derechos que otros trabajadores que sí están incluidos en el régimen general. Algo que, con su régimen especial, les ha dejado sin amparo hasta ahora. La ley de 1995 de Riesgos Laborales tuvo que ser ampliada en 2022 para incluir que “en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Pero su condición especial no ha sido desarrollada hasta 2024, con el Real Decreto 893/2024.
De 348.000 mujeres afiliadas en trabajo doméstico, cerca de 38.000 de ellas lo hacen en régimen de internas.
Precisamente de este Real Decreto se desprende la necesidad de hacer una herramienta eficaz para prevenir los riesgos: identificarlos, situar la solución, poner nombre al responsable de hacer este cambio, fijar una fecha para subsanarlo y contemplar el coste de esta modificación. Así funciona Prevencion10, una herramienta digital presentada por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en la que han participado tres organizaciones de empleadas del hogar junto a los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
Se trata de una herramienta que afecta a más de 348.000 mujeres afiliadas, cerca de 38.000 de ellas lo hacen en régimen de internas sin horarios. El salario medio es de 1014, según el Ministerio de Trabajo, el 80 % de ellas tiene más de 40 años y el 69 % tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Así fue el retrato robot que hizo Díaz de las empleadas domésticas, un sector, recordó, que “más necesarios para sostener la vida” cuya precarización “no es compatible con una democracia avanzada”, aseguró.