La brecha de poder en el Congreso colombiano: más mujeres, mismos límites

Aunque más mujeres compiten en la política colombiana, su llegada efectiva al poder se estanca —e incluso retrocede—, evidenciando que la paridad no se resuelve solo con cifras, sino con condiciones reales de acceso y agendas comprometidas con la igualdad.

Colombia enfrenta una paradoja persistente en su democracia, cada vez más mujeres participan en la contienda electoral, pero su presencia efectiva en los espacios de poder no crece al mismo ritmo y, en algunos casos, incluso retrocede. En materia de representación femenina, hay avances que vale la pena destacar: el 40,9 % de las candidaturas al Congreso corresponden a mujeres, lo que significa un incremento frente a procesos electorales anteriores.

Este dato no es menor, pues refleja, al menos en el plano formal, una mayor presencia de mujeres en la contienda electoral, impulsada en parte por mecanismos como las listas cerradas y de cremallera, a pesar de las críticas que han suscitado.

Se trata, además, del resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Colombia, que han promovido reformas legales, acciones afirmativas y transformaciones culturales para abrir espacios en la política. La ley de cuotas, la incidencia en los partidos y la presión constante por la paridad han sido claves para que hoy más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular. En ese sentido, el aumento en las candidaturas es una conquista colectiva sostenida en el tiempo.

Sin embargo, al contrastar este avance con los resultados en términos de representación efectiva, es decir las curules obtenidas, la narrativa se complejiza. En medio del proceso de escrutinio y a la espera de la entrega de credenciales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte un estancamiento en la participación de mujeres en el Congreso para el periodo 2026–2030: la representación femenina alcanza el 29,98 %, lo que incluso supone una leve caída frente a las elecciones de 2022. Esto indica que, aunque formalmente se cumple la cuota del 30 %, el dato evidencia un problema estructural y es que persisten barreras en el acceso real de las mujeres a cargos electivos.

La distancia entre candidaturas y resultados pone en evidencia una tensión persistente en la democracia colombiana: no basta con que las mujeres estén en las listas, es necesario que estén en posiciones competitivas y de toma de decisión. La cuota, sin mecanismos efectivos de ubicación y alternancia, puede convertirse en un cumplimiento formal sin impacto sustantivo. En otras palabras, más mujeres compiten, pero no necesariamente más mujeres llegan a los cargos.

A esta tensión se suma una paradoja aún más compleja. Algunas de las mujeres que sí logran acceder al poder lo hacen desde agendas políticas abiertamente conservadoras o religiosas que, en muchos casos, se oponen a avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, la lucha contra las múltiples formas de violencias basadas en género e incluso la misma paridad. Incluso, en ocasiones, desconocen o minimizan el papel de los movimientos sociales y feministas en la apertura de estos espacios.

Esto plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué significa realmente avanzar en representación política? ¿Es suficiente contar cuántas mujeres hay en el Congreso o debemos preguntarnos también qué agendas impulsan y qué derechos están dispuestas a defender? ¿Existe el riesgo de retroceder en materia de igualdad? La presencia de mujeres no garantiza, por sí sola, una representación sustantiva ni la defensa de los derechos de las mujeres. Además, la política, e incluso la democracia misma, está atravesada por ideologías, proyectos de sociedad y disputas de poder. Que una mujer ocupe una curul no implica automáticamente un compromiso con la igualdad de género o con otro tipo de derechos. Sin embargo, sí resulta problemático que se desconozca que esas mismas curules son, en gran medida, producto de luchas colectivas que buscaron ampliar derechos para las mujeres, no restringirlos.

En este contexto, el 8M adquiere una carga simbólica particular. Una fecha históricamente asociada a la reivindicación de derechos, la memoria feminista y la exigencia de igualdad coincide con un escenario en el que aumenta la participación formal, pero se estanca (e incluso retrocede), la representación efectiva. A ello se suma la posibilidad de que lleguen al Congreso personas con agendas regresivas, lo que evidencia tensiones no resueltas en torno a la igualdad política y el avance de sectores conservadores.

Aun así, es necesario reconocer que el hecho de que el 40,9 % de las candidaturas esté compuesto por mujeres es un logro significativo, independientemente de la orilla política de la que haga parte. Pero también es un recordatorio de que la igualdad no se agota en los números y tampoco es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. La democracia paritaria no solo implica abrir las puertas, sino garantizar que las mujeres puedan atravesarlas en condiciones reales de competencia y ejercer el poder en contextos que no reproduzcan las desigualdades que históricamente las han excluido.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, fortalecer los mecanismos que además de asegurar la inclusión, también sostengan la efectividad de la participación política de las mujeres: listas paritarias, alternancia real, garantías dentro de los partidos y eliminación de violencias basadas en género dentro de estos. Por otro lado, promover una representación que avance en la garantía de derechos para mujeres, niñas y otras poblaciones históricamente discriminadas.

Quizás, en medio de estas tensiones, el Congreso 2026–2030, aun con menos mujeres, termine debatiendo de fondo la paridad política y comprometiéndose con la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres, como condición para el ejercicio de la ciudadanía plena en una sociedad democrática. Y eso, en sí mismo, no dejaría de ser una nueva paradoja.

Por Laura Pedraza Estrada

Fuente: La Cadera de Eva

Feminismo: entre avances legales y retrocesos políticos

El momento actual del feminismo en América Latina y en buena parte del mundo se caracteriza por una tensión cada vez más evidente entre avances normativos que reconocen derechos y un clima político que dificulta su implementación real. Esto refleja una especie de desajuste entre lo que se escribe en las leyes y lo que efectivamente ocurre en la vida cotidiana de las mujeres.

En los últimos años se han producido progresos jurídicos que, en otro contexto, podrían leerse como señales inequívocas de consolidación del movimiento feminista, como la recién anunciada intención del Estado mexicano de homologar el delito de feminicidio en todo el país con criterios claros y sanciones más severas. Se trata, sin duda, de una iniciativa que busca cerrar brechas históricas en la interpretación judicial de la violencia contra las mujeres y que refleja la presión sostenida de organizaciones feministas para que el sistema legal reconozca la especificidad de estos crímenes.

En Colombia, la aprobación de la Ley 2447 de 2025, que prohíbe de manera absoluta el matrimonio infantil y las uniones tempranas, representa un avance significativo en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, al eliminar una excepción legal que, durante más de un siglo, permitió estas prácticas con autorización familiar, elevando de forma definitiva a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Esta ley cierra una puerta histórica a la normalización de relaciones profundamente desiguales, una conquista que fue posible tras múltiples intentos fallidos en el Congreso y gracias a la presión sostenida de organizaciones feministas, sociedad civil y liderazgos políticos comprometidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el 31 de marzo de 2026 una ley que amplía progresivamente la licencia por paternidad de 5 a 20 días para el año 2029. La medida incluye la creación del «salario-paternidad», financiado por la seguridad social para garantizar el sueldo completo y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado.

Otro ejemplo es Panamá, donde el avance hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados como política pública está marcando un hito en la forma en que el Estado reconoce y redistribuye el trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y feminizado, al asumirlo como una responsabilidad colectiva y no como una carga individual de las mujeres. Es una transformación que no solo amplía derechos en el papel, sino que redefine las bases sobre las que se organiza la vida social y económica, y que se inscribe en una conversación regional más amplia que busca colocar el cuidado en el centro del desarrollo.

Todos estos avances se inscriben en una tendencia más amplia en la que los Estados, al menos en el plano formal, incorporan marcos legales más robustos para abordar la desigualdad de género. Sin embargo, estos logros conviven con un contexto político en la Región que parece moverse en la dirección contraria, marcado por el fortalecimiento de discursos conservadores, la deslegitimación de agendas de igualdad y el cuestionamiento abierto a políticas públicas feministas, lo que genera un terreno hostil para que esos avances puedan traducirse en transformaciones concretas.

Igualdad sustantiva vs. igualdad formal

En América Latina, las recientes movilizaciones del 8 de marzo estuvieron atravesadas por consignas que reflejan esta preocupación, con miles de mujeres denunciando no solo la persistencia de la violencia, sino también el retroceso en garantías institucionales y la falta de voluntad política para sostener lo conquistado.

Esta contradicción revela una verdad incómoda que atraviesa el presente feminista: el reconocimiento legal de derechos no asegura por sí mismo su vigencia, especialmente cuando el entorno político y cultural no acompaña ese reconocimiento.

A escala global, la magnitud de la brecha resulta imposible de ignorar cuando se observa que las mujeres cuentan apenas con el 64% de los derechos legales reconocidos a los hombres, una cifra que no solo revela la persistencia de desigualdades estructurales, sino que también cuestiona la narrativa de progreso sostenido que a menudo acompaña los avances normativos, ya que incluso en aquellos contextos donde se celebran nuevas leyes o reformas, la base sobre la cual se construyen esos logros sigue siendo profundamente desigual.

Esto obliga a mirar más allá del entusiasmo institucional y reconocer que el problema no se limita a la ausencia de marcos legales en ciertos países, sino que atraviesa el sistema global en su conjunto, evidenciando que la igualdad jurídica plena sigue siendo una promesa lejana y que cualquier avance debe leerse siempre en relación con esa deuda estructural que continúa marcando la experiencia de millones de mujeres en el mundo.

Lo que está en juego entonces no es únicamente la aprobación de nuevas normativas, sino la posibilidad de sostenerlas en contextos donde crecen las resistencias, donde actores políticos construyen capital cuestionando la agenda de género y donde se reinstalan narrativas que buscan devolver a las mujeres a posiciones subordinadas bajo la apariencia de tradición, orden o estabilidad.

En ese escenario, el feminismo enfrenta un desafío complejo que implica defender lo conquistado al mismo tiempo que continuar impulsando cambios estructurales, una tarea que exige incidencia pública basada en demostrar capacidad de movilización social.

La tensión entre avance legal y retroceso político también pone en evidencia los límites de una estrategia centrada exclusivamente en la institucionalidad, ya que, si bien las leyes son herramientas fundamentales, su eficacia depende de condiciones más amplias que incluyen sistemas judiciales sensibles al género, políticas públicas sostenidas y, sobre todo, un entorno social que no tolere la violencia ni la discriminación. Cuando estos elementos fallan, las leyes corren el riesgo de convertirse en declaraciones simbólicas que conviven con prácticas que las contradicen.

Lectura optimista

En este contexto, el feminismo contemporáneo se encuentra en una etapa que podría describirse como de consolidación conflictiva, en la que tan innegables son sus logros como la reacción que han generado. Lejos de interpretarse como un signo de debilidad, esta reacción puede leerse como evidencia de la capacidad transformadora del movimiento, ya que los avances que no incomodan difícilmente alteran las estructuras de poder.

La resistencia que hoy se observa en distintos países se da en respuesta a décadas de organización, denuncia y propuesta que han logrado instalar la igualdad de género como un tema ineludible en la agenda pública.

Pensar este momento desde esa clave permite salir de una narrativa de retroceso lineal y reconocer la complejidad de un proceso en disputa, donde cada conquista abre nuevas tensiones y donde el camino hacia la igualdad está lejos de ser un trayecto ordenado o irreversible.

El desafío, entonces, no consiste únicamente en seguir ampliando derechos en el papel, sino en construir las condiciones políticas, culturales e institucionales que permitan que esos derechos se encarnen en la vida de los hombres y las mujeres, incluso en escenarios adversos donde el poder intenta replegar lo que ya parecía ganado.

Por Susana Reina/

Fuente: Latinoamérica21

¿Importa que haya más mujeres en puestos de liderazgo?

La evidencia indica que sí: una mayor presencia de mujeres en cargos directivos dentro de una empresa se asocia con una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Imagen: Freepik.

Esta es la principal conclusión de un estudio reciente de Rodrigo Ceni, Estefanía Galván, Cecilia Parada y Agustina Romero , titulado “Are female bosses a path to equality? Evidence of their incidence on gender gaps”, que analiza los efectos de la participación femenina en puestos de liderazgo en empresas de Uruguay.

Los datos utilizados en el artículo

El estudio se basa en la trayectoria laboral de todas las personas empleadas en el sector formal (es decir, en actividades económicas, empresas y empleos que están registrados, regulados y supervisados legalmente) en Uruguay, un total de 839 480 trabajadoras y trabajadores, a lo largo de 26 años. Este conjunto de datos, especialmente detallado, permite identificar tanto a los compañeros de trabajo como a los supervisores de cada persona dentro de sus respectivas empresas.

Durante el período analizado (1997–2022), la brecha salarial en Uruguay es considerable: el salario medio de los hombres supera en un 39 % al de las mujeres, aunque ellos trabajan solo un 5 % más de horas mensuales. Las mujeres representan el 41 % del empleo total, pero ocupan apenas el 31,5 % de los 35 612 puestos directivos.

A partir de esta información, el artículo analiza cómo la presencia de mujeres en los niveles más altos de la jerarquía empresarial incide en la brecha de género dentro de las propias empresas.

Los resultados

El principal hallazgo del estudio es que la presencia de mujeres en puestos de dirección reduce de forma significativa la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que este efecto se intensifica a medida que aumenta la representación femenina en posiciones de poder. Además, el impacto de las directivas es especialmente notable entre las mujeres con salarios más bajos y en aquellos sectores o empresas donde la participación femenina ya es más elevada. En términos cuantitativos, un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo incrementa los salarios femeninos y reduce la brecha salarial total en torno a un 15 %.

Asimismo, el estudio muestra que una mayor presencia de mujeres en cargos directivos se asocia con un aumento en la contratación de trabajadoras y con una menor tasa de salida de mujeres de las empresas.

Mecanismos que pueden explicar los resultados

Las autoras y el autor examinan tres posibles mecanismos que podrían explicar los resultados.

En primer lugar, analizan si la composición de género en la dirección influye tanto en los salarios de las nuevas contrataciones como en los de quienes ya forman parte de la plantilla. Encuentran que, en empresas con mujeres en puestos directivos, la brecha salarial de género entre las nuevas incorporaciones se reduce entre un 20 % y un 25 %, mientras que la disminución es más moderada, alrededor del 8 %, para las personas ya empleadas.

En segundo lugar, muestran que el impacto del liderazgo femenino es mayor entre quienes cambian de empleador que entre quienes permanecen en la misma empresa: en el primer caso, la brecha salarial de género se reduce aproximadamente en un 20 %.

Por último, analizan las diferencias en las tasas de promoción, que podrían reflejar posibles sesgos o discriminación por parte de directivos hombres. En este aspecto, no encuentran evidencia de que el género del jefe influya de manera significativa en la probabilidad de promoción de las mujeres dentro de la empresa.

Conclusión

A pesar de los avances en educación y en la participación femenina en el mercado laboral, las desigualdades de género persisten. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres y siguen estando infrarrepresentadas en los niveles más altos de la jerarquía empresarial. Buena parte de la literatura se ha centrado en identificar las causas de esta baja presencia femenina en puestos de liderazgo y en proponer medidas para corregirla.

Este trabajo muestra que una mayor representación de mujeres en posiciones de liderazgo no solo responde a una cuestión de equidad, sino que también puede contribuir de manera significativa a reducir las desigualdades existentes dentro de las organizaciones.

Referencia

Rodrigo Ceni, Estefanía Galván, Cecilia Parada & Agustina Romero. (2025). Are female bosses a path to equality? Evidence of their incidence on gender gaps. SERIEs 1-53

Sobre el autor

David Pérez Castrillo es doctor en Economía y profesor emérito de la Barcelona School of Economics.

Fuente: Mujeres con Ciencia

Criar en comunidad: cómo una aldea enfrenta la desnutrición infantil en Guatemala

En El Tesoro, una aldea al este de Guatemala, la comunidad se organizó para enfrentar el hambre de niños y niñas en un país que registra uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil de la región. El cuidado y la organización comunitaria como claves para combatir la crisis alimentaria.

En la aldea El Tesoro, en el municipio de Camotán, al oriente de Guatemala, el calor seco y las lluvias cada vez más irregulares marcan el ritmo de la vida cotidiana. La comunidad forma parte del denominado Corredor Seco centroamericano, una región atravesada por sequías prolongadas, suelos degradados y una alta dependencia de la agricultura de subsistencia. Allí, entre caminos de tierra y viviendas dispersas, viven alrededor de dos mil trescientas personas que sostienen su alimentación principalmente a partir del cultivo de maíz y frijol, trabajos informales y economías familiares inestables.

En ese contexto, el Centro Comunitario de Aprendizaje de la aldea de Tizamarté funciona como un punto de referencia para la comunidad. No solo es un espacio de formación, sino también de seguimiento sanitario y organización territorial. Cada mes, niñas y niños menores de cinco años son pesados y medidos para evaluar su estado nutricional. Ese registro, que se repite de manera sistemática, permite detectar una problemática persistente.

“Nos encontrábamos con niños menores de cinco años con bajo peso y retraso de crecimiento”, explica Gloria Esperanza Amador Morales, alcaldesa comunitaria de la aldea y auxiliar de enfermería. “La población de nosotros es bastante amplia, como de dos mil trescientos habitantes, y tenemos niños menores de cinco años que monitoreamos todos los meses con peso y talla para ver cómo está el estado nutricional”, detalla.

El doble rol que ocupa Gloria —como autoridad comunitaria y trabajadora de la salud— le permite ver el problema en toda su dimensión. “Como alcaldesa comunitaria, mi función es ver las necesidades que existen en nuestra comunidad y como enfermería, velar por la salud de los niños menores de cinco años y de la población en general”, explica.

A partir de ese seguimiento, los datos comenzaron a mostrar una situación extendida. “Teníamos siete niños con desnutrición moderada, pero había como cincuenta o más niños con peso y talla que no era normal”, señala. La diferencia entre los casos más graves y un número mucho mayor de infancias con malnutrición evidencia un problema estructural, sostenido en el tiempo.

Este escenario local se inscribe en una crisis más amplia. Guatemala registra uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe: cerca de la mitad de las niñas y niños menores de cinco años están afectados, según UNICEF. La desnutrición no solo impacta en la salud, sino en el desarrollo cognitivo, la trayectoria educativa y las condiciones de vida futuras.

Organizar la crianza en un territorio atravesado por el hambre

Frente a ese diagnóstico, la comunidad comenzó a reunirse. La preocupación por la alimentación de niñas y niños fue el punto de partida de un proceso de organización que buscó ir más allá de la atención individual de cada familia: “Ahí se vio la necesidad, se empezaron a organizar los grupos”, cuenta Gloria. Las primeras reuniones derivaron en la conformación de grupos de trabajo en distintos caseríos, integrados por familias con infancias en situación de bajo peso. “Se empezó a ver que ellos necesitaban en primer lugar alimentación, pero así mismo cómo poder producir algunas hortalizas”, agrega.

La estrategia implicó conseguir terrenos, organizar el trabajo colectivo y gestionar recursos básicos. A partir de ahí, comenzaron a desarrollarse las huertas comunitarias. Hoy, estos grupos están distribuidos en distintas zonas de la aldea. “En La Reforma tenemos cuatro grupos, hay grupos de veinte, veinticinco personas; en La Ceiba también hay grupos, tenemos en Nuevo Porvenir y en El Matuchal”, detalla Gloria. En total, participan más de cien personas en estos espacios de producción.

Las huertas producen alimentos concretos para el consumo cotidiano. “Se ha empezado a cultivar repollo, lechuga, tomate, cilantro”, enumera. En un contexto donde los ingresos son limitados y el acceso al mercado es restringido, la producción local se vuelve central. “Sabemos que por los escasos recursos no encuentran las verduras, otras cositas para poder ayudar”, explica.

Esta práctica responde a una lógica extendida en la región. Según el informe Ellas alimentan al mundo —publicado por LATFEM y We Effect en 2021—, el 57% de las mujeres rurales produce alimentos principalmente para alimentar a sus familias. En territorios como Camotán, esta forma de producción no es complementaria: es una condición para sostener la alimentación.

Sin embargo, en Tizamarté el proceso adquiere otra dimensión. La alimentación de niñas y niños deja de ser un problema exclusivamente familiar y comienza a ser abordada como una responsabilidad colectiva. Las huertas, las capacitaciones y las reuniones construyen una red donde la crianza se organiza en común.

La crisis climática también sube los precios

La situación alimentaria en Camotán está profundamente atravesada por la crisis climática. El municipio se encuentra en una de las zonas más afectadas del Corredor Seco, donde las sequías prolongadas alternan con lluvias intensas y eventos extremos que impactan directamente en la producción agrícola.

En los últimos años, las variaciones en los ciclos de lluvia han provocado pérdidas significativas en cultivos de subsistencia como el maíz y el frijol. Las lluvias tardías impiden la germinación de las semilla, mientras que las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden destruir las cosechas. A esto se suman fenómenos extremos como huracanes e inundaciones que han afectado la región.

Estas condiciones no solo reducen la disponibilidad de alimentos, sino que también encarecen su precio. Cuando las cosechas fallan, las familias deben comprar en el mercado productos que resultan cada vez más caros, en un contexto de ingresos inestables. La inseguridad alimentaria se profundiza y afecta especialmente a las infancias.

A nivel nacional, según la Fundación PBI, la inseguridad alimentaria se ha profundizado de manera sostenida en los últimos años. Desde 2020, Guatemala atraviesa una de las crisis alimentarias más graves de América Latina y el Caribe: hacia 2023, alrededor del 26% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria severa, mientras que cerca del 58% estaba en condiciones de seguridad alimentaria marginal, es decir, en riesgo constante de no poder acceder a alimentos suficientes. Esta situación está directamente vinculada con la pérdida de cosechas, el aumento de los precios de alimentos básicos como el maíz y el frijol y la caída de ingresos en los hogares rurales.

El impacto es aún más agudo en comunidades rurales e indígenas, donde se concentran los mayores niveles de pobreza y exclusión. En estas zonas, la desnutrición infantil alcanza cifras alarmantes: en algunos territorios, especialmente en regiones con población maya, los niveles de malnutrición pueden llegar hasta el 80%. La combinación de acceso limitado a tierra, dependencia de cultivos de subsistencia, crisis climática y falta de políticas públicas sostenidas profundiza una desigualdad estructural que se expresa con mayor intensidad en las infancias.

En este contexto, las huertas comunitarias funcionan como una estrategia de adaptación frente a la crisis climática. La diversificación de cultivos y el uso de recursos disponibles permiten sostener una producción mínima. “Se empezó a cultivar para el consumo de las familias”, resume Gloria.

Cuidar en común en contextos de desigualdad

En Tizamarté, la producción de alimentos está estrechamente vinculada con el trabajo de cuidados. Las mujeres que participan en las huertas también son quienes sostienen el monitoreo nutricional, el cuidado cotidiano de niñas y niños y la organización comunitaria: “Las mujeres del centro comunitario estamos luchando por los beneficios de todas las personas de la aldea, para apoyar a las familias que están en riesgo por alimentación o vivienda”, explica Gloria.

Este entramado refleja una realidad extendida a lo largo de la región: las mujeres rurales concentran gran parte de las responsabilidades vinculadas a la alimentación y los cuidados, pero en condiciones de desigualdad estructural. Aunque 7 de cada 10 acceden a tierra para producir, solo 3 de cada 10 tienen titularidad sobre esas parcelas , lo que limita su autonomía y capacidad de decisión.

A esto se suma la sobrecarga de trabajo no remunerado, que recae principalmente sobre ellas. En este contexto, la desnutrición infantil no puede explicarse únicamente como un problema de las familias o de las prácticas individuales, sino como el resultado de condiciones estructurales: pobreza, falta de acceso a tierra, crisis climática y ausencia de políticas públicas sostenidas.

La experiencia de Tizamarté propone otra forma de abordar esa realidad. A través de la organización comunitaria, la crianza se sostiene en red. “También se les capacita a las madres como tener una buena alimentación”, agrega Gloria, dando cuenta de un proceso que combina producción, educación y cuidado.

En la aldea El Tesoro, las planillas donde se registran los pesos y las tallas de niñas y niños conviven con parcelas cultivadas colectivamente. Entre esos dos registros —los datos que evidencian la desnutrición y las huertas que buscan revertirla— se configura una experiencia donde la crianza deja de ser una responsabilidad individual y se convierte en una práctica social. En ese entramado, sostener la vida implica algo más que producir alimentos: implica construir, de manera colectiva, las condiciones para que las infancias puedan crecer.

Por Camila Parodi

Fuente: Latfem