marzo 28, 2024

Las víctimas de violencia vicaria dicen "basta" a permitir visitas de padres maltratadores

El III Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional reivindica el derecho de las víctimas menores que no son escuchadas por la Justicia. 


Una mujer participa en una concentración feminista en la Plaza de la Candelaria a 11 de junio de 2021. — EUROPA PRESS

Se ha celebrado en Barcelona el III Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. Las asociaciones han criticado la falta de formación de los jueces que siguen permitiendo que los padres culpados por violencia machista visiten a los menores. Han dicho "basta" ya que estas situaciones van en contra de lo que establece la ley.


Las víctimas reclaman a la administración dos medidas que incumplen la orden legislativa. La primera reivindica que los niños dejen de pasar tiempo con los padres agresores y la segunda aboga por el desempleo del término 'síndrome de alienación parental'. Esto quiere decir que los menores son coaccionado por alguno de sus progenitores para que dejen de tener vínculos respecto al otro pariente.

Cuando existe un posible caso de violencia machista, se deben de prohibir las visitas del padre. Medida que se incumple

"en el 88% de los casos", ha declarado la jurista Francisca Granados, quien ha recalcado que falta conocimiento y perspectiva de género en los profesionales que llevan estos casos.


"Si un médico se equivoca y muere un paciente, tiene consecuencias. Cuando un juez deja a unos niños con su padre y les mata, ¿saben qué pasa? No pasa nada", ha lamentado Granados.


La ministra de Juventud e Infancia Sira Rego también ha acudido al encuentro y ha expresado la importancia de seguir desarrollando la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

"Es inasumible el porcentaje de niños que sufre violencia y debemos acabar con el silencio en torno a ella", ha manifestado la ministra. También ha sentenciado que "un maltratador no puede ser un buen padre" y que los menores también tienen derecho a opinar sobre lo que les afecta".

"Me separaron con un biombo de mi padre agresor"

El pasado 20 de marzo, en la víspera del encuentro, se publicó una nota de prensa que difunde testimonios en primera persona de niños que han sufrido la violencia vicaria y la violencia de género institucional, pero la Justicia no ha velado por ellos.

Belén (nombre ficticio) estuvo denunciando desde los 9 hasta los 14 años que su padre había abusado de ella. Sin embargo, el juez archivó la causa porque no creyó sus palabras. "Cuando me hicieron ir a declarar estaba aterrada e indefensa. Me separaron con un biombo de mi padre agresor. Notaba su respiración otra vez cerca de mí", relató la víctima.

"Mi madre siempre intentó protegerme y nuestro vínculo de amor ha sido un pilar en mi vida. Ahora me toca a mí luchar en su nombre. Ahora me toca a mí usar mi voz, hasta ahora silenciada, para pedir que cese la tortura institucional a la que llevamos sometidas más de 20 años", ha expresado otra de las víctimas de la violencia de género.

Fuente: Público.es

El consentimiento sexual no cabe en la prostitución



En las cloacas del sexo machista, donde habita y repta el sistema prostitucional, no existe el consentimiento sexual libre para las mujeres. Los consentimientos están viciados siempre por la precariedad, la vulnerabilidad o el miedo. Es decir, un consentimiento comprado jamás podrá ser un consentimiento libre.

Estas situaciones, separadas o en conjunto, llevan a seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas, a aceptar prácticas o propuestas que de no ser por la precariedad, vulnerabilidad o miedo, jamás se plantearían o aceptarían. Y es por ello que no son consentimientos libres, sino huidas hacia adelante, acciones desesperadas, clavos ardiendo o reductos de la supervivencia, para subsanar esa situación de vulnerabilidad y alcanzar un bienestar… Que ni la prostitución ni los encuentros con puteros jamás proporcionan puesto que un ser humano con un bienestar medio es prostituible.

El Sistema Prostitucional es ese cuarto oscuro donde el abuso de poder y la misoginia operan en conjunto para transformar la desigualdad que padecen las mujeres precarizadas y vulneradas en consentimiento sexual adquirible para los varones, en una violación maquillada de acto de deseo y mutuo acuerdo. No es difícil, pero sí desagradable, imaginar la violencia que tiene implícita “el trabajo” de realizar una felación no deseada, sentir una penetración no deseada o las caricias no deseadas…

Follar sin deseo no es como comer sin hambre. Follar sin deseo es como comerte un plato de lentejas en medio de un jodido empacho. Duele.

Dinero, miedo y vergüenza

El dinero en prostitución significa mucho más que cash. Para ellos implica impunidad, satisfacción sexual personalizada, la reafirmación del poder en todas sus connotaciones, reconocimiento de su virilidad tanto a nivel personal como social. Para nosotras, un pan lleno de dolor y la renuncia a denunciar un acto que fuera del contexto del entrañable sistema prostitucional es un delito sexual y también contra los derechos humanos. Es culpa, miedo, vergüenza, pero sobre todo deshumanización.

Sin embargo, para el imaginario colectivo, ese dinero hace ver a la mujer prostituida como cómplice o responsable de su propio abuso, elimina todo derecho a reclamar ante el estado, además de cargarla ante toda la sociedad con toda la culpa simbólica (la prostitución tiene mucho de simbólico). Ese binomio billete+ precariedad le roba la opción, la libertad, rechazar la violencia sexual a la que la va a someter el putero.

Los puteros no pagan por sexo, pagan por el consentimiento

Pero paremos un segundo y hagamos algo fuera de lo habitual… Pongamos el foco en esos varones, los puteros. Un hombre-putero que acude a prostitución lo que busca, lo que paga en realidad no es sexo, aunque estos incapacitados emocionales se empeñen en llamarlo así. Lo que los puteros compran son consentimientos, que finalmente es lo que les ampara ante la ley para hacer lo que les dé la gana según lo que la precariedad ahogue.

Es curioso que estas leyes parecen muy habitualmente diseñadas para crear recursos semánticos y léxicos que les faciliten la impunidad de su sexualidad abusiva y violenta. No todas las violencias están tipificadas legalmente y en los recovecos intencionados o ignorados deliberadamente es por donde puteros, violadores (incluso reincidentes), pedófilos y varones al uso ven aligeradas sus responsabilidades e incluso sus sentencias.

El Tribunal Constitucional avaló que se pagara una deuda con sexo oral

Uno de los grandes recovecos o más bien brechas por las que la misoginia se cuela es, por ejemplo, la falta de análisis con perspectiva de igualdad del contexto en el que se da el consentimiento y la contemplación de que este solo es nulo en situaciones de violencia extrema (evidente), estado de inconsciencia o en menores. Y aún así, las mujeres y niñas seguimos viéndonos de colores para que una denuncia por agresión sexual llegue a término de proceso y más aún para que sea en nuestro favor la sentencia…

Imaginaos lo que debe costar verlo en otras situaciones de desigualdad real y violencia no física o en donde el consentimiento se ve forzado por la necesidad o por otros factores. Por ejemplo, el chantaje emocional o por tener una deuda económica. Y nuestro Sistema Judicial nos narra que es aceptable pedir a una mujer desesperada que salde una deuda con felaciones como avaló el Tribunal Constitucional
Transformar abusos en consentimientos libres

Hemos dicho ya que los puteros saben que si no fuera por el dinero que pagan y ofrecen, ese dinero que se nos propone cual salvoconducto de la situación de precariedad socioeconómica que nos empuja a la prostitución, jamás les permitiríamos acceder a nuestros cuerpos y sus actos/intenciones sexuales para con nosotras serían delito, como sucede en otros ámbitos fuera de la prostitución. Los puteros lo saben y el resto de la sociedad también, pero los varones no están dispuestos a perder la oportunidad de ver sus deseos sexuales y de poder satisfacerlos e intentar transformar sus abusos en consentimientos libres. Cualquier oportunidad que ofrezca la desigualdad. Y esto la sociedad también lo sabe.

Por ejemplo, ante el acoso sexual laboral o de mejoras laborales a cambio de sexo, nadie se plantea que la mujer agredida tenga falta de visión de negocios; nadie con capacidad de análisis ético la juzga de puritana por no aceptar esa oportunidad; ni nadie juzga a ese varón que hace la propuesta como un hombre con “necesidades sexuales o afectivas” que sólo busca un intercambio beneficioso para ambos…

Y en caso de que ella consintiera, sin haber deseo o atracción sexual… ¿Diríamos que es un consentimiento libre? o nos planteamos, ante el contexto, la más que posible realidad de que el consentimiento fue dado por temor a consecuencias negativas para sí misma? El código penal así lo contempla desde 1995 en la Ley Orgánica 10/1995 y en todas sus posteriores modificaciones.
Putificación

¿Qué diferencia ética hay entre consentir para poder comer y consentir para no perder un puesto de trabajo? Al parecer una luz roja y un poco de ambientador empalagoso. ¿Y si le damos la vuelta real a la terminología jurídica y a las valoraciones de una sociedad, a la que le queda mucho por avanzar en materia de violencia machista y respeto a la mujer como una igual? Un varón nunca tendría esos comportamientos ante alguien que considerase “un igual”.

Volviendo a la terminología jurídica, quiero resaltar que en esta también se esconden los varones rancios de todos los colores políticos, algunos muy probablemente puteros también, y por supuesto los hay que habitan en el poder judicial, no se entiende pues los fallos y declaraciones dantescas que las mujeres, en esta sociedad, hemos presenciado en en más de una ocasión. También utilizan dichos reductos de la semántica patriarcal las acólitas de la aprobación masculina mega alineadas, de todas las edades y partidos, que se creen lejos de la putificación que nos afecta a todas. ¡TODAS! Putificación que, además está desorbitadamente lejos de ser algo moderno, liberador o empoderante por mucho que se repita en bucle.

Tener que consentir la violencia sexual, con el obligado agrado fingido que exige el putero y el sistema prostitucional para comer, está estratosféricamente lejos del sexo consentido libremente, de lo que significa trabajo y de lo que significa ejercicio empoderante.

Asimilar el consentimiento con el deseo es la base por la que la sociedad ha sostenido y perpetuado el sistema prostitucional y todas las violencias sexuales con una benevolencia y unos argumentos realmente perturbadores y deshumanizadores para la mujer o cualquier ser humano, como si la prostitución fuese una ONG encubierta que saca de la pobreza a las mujeres despojadas de la igualdad y precarizadas, mientras mantiene a las hijas y esposas de estos puteros a salvo de otros puteros-violadores. Y este símil llevaría al siguiente punto:

Si la prostitución fuese beneficiosa porque trae prosperidad para estas mujeres podríamos concluir que los puteros son respetables filántropos dispuestos a sacar a estas mujeres de la pobreza a base de pollazos.

Que nadie se engañe, en la prostitución no hay billete que no traiga detrás una polla, como mínimo. En esta fratría que han creado entre todos los varones y que llamamos civilización, todas somos susceptibles de ser putificadas, o incitadas ferozmente a pornificarnos bajo la conminación de ser tachadas de puritanas o rancias.
Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP)

¿Qué sería de las putas sin puteros y proxenetas? Claman los y las proxenetas y otras voces de los discursos pro-putero ¿Presupuestos e igualdad real para las mujeres o más pollas salvadoras? Preguntamos, hartas ya, las feministas. Porque yo que he pasado por del sistema prostitucional, que, como ya he afirmado, es un cuarto oscuro donde la misoginia campa a sus anchas con el beneplácito de la sociedad, una auténtica una trituradora de mujeres, yo les aseguro, señoras y señores, que nada de lo que sucede en ese contexto cabe en lo que se pretende, por contorsión lingüística y teórica, consentimiento libre o sexo deseado.

Y sepan todos y todas que no beneficia en nada a las mujeres. ¡A ninguna! Y la única herramienta jurídica que nos protege a todas del horror de la prostitución es la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). Elaborada por mujeres feministas sin ningún tipo de interés más que el de la igualdad real para las mujeres, se puede encontrar en la web de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP).

La Ley se presentó por segunda vez ante el Congreso de los Diputados y necesitan tanto de supervivientes del sistema prostitucional, como feministas de largo recorrido, y toda persona con sentido de la ética. ¡Por mí, por las que están y las que vendrán! ¡Por todas!

Fuente: Crónica Libre

marzo 27, 2024

El cuidado que las instituciones y academia no ven. “Cuando perteneces a la clase trabajadora, las posibilidades de compaginar la vida profesional e incluso personal, con el cuidado son prácticamente inexistentes”.


Patricia Bolinches

Acabo de entregar una solicitud de beca post-doctoral a la Universidad de Melbourne. En este tipo de becas suelen requerir que el título de doctorado se haya obtenido unos años antes (normalmente entre 2 y 5) para poder solicitarla. En la convocatoria de esta universidad, se indica que aquellas personas que han tenido que suspender su carrera profesional por motivos justificados (enfermedad propia, cuidado de familiares, maternidad, etc) pueden solicitar que se amplíe el plazo desde la obtención del título en relación al tiempo que se estuvo parada. Es decir, si dedicaste 3 años cuidando a un familiar enfermo, por ejemplo, se amplían 3 años desde la fecha de obtención del título, de tal forma que, se facilita así la re-incorporación laboral de estas personas. Este reconocimiento existe en otras convocatorias laborales en universidades y centros de investigación en Australia y otros países como Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. Contrasta con mi experiencia con solicitudes similares en España y Portugal, dos países que, pese a contar con políticas de igualdad y conciliación2, suelen carecer de este reconocimiento cuando se trata de aplicarlo a personas que han cuidado de familiares enfermos.

En gran parte de ofertas post-doctorales que he solicitado en España y Portugal, cuando he alegado que mi parón profesional se ha debido al cuidado de un familiar, o bien se me ha rechazado sin llegar a valorarme, o se me ha valorado en función de la producción científica y experiencia de enseñanza que se espera que tenga según los años desde que terminé mi doctorado. Si no ser siquiera valorada es altamente frustrante, tampoco es realista esperar que una persona que se haya dedicado a cuidar genere producción científica.
Cuando he alegado que mi parón profesional se ha debido al cuidado de un familiar, o bien se me ha rechazado sin llegar a valorarme, o se me ha valorado en función de la producción científica y experiencia de enseñanza...

Cansada de estas circunstancias, decidí poner dos reclamaciones. Una a la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que es un órgano del Ministério da Educação e Ciência de Portugal encargado de financiar la investigación científica en el país. La otra fue al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) adscrito al Ministerio de la Presidencia de España. En el primer caso, seguí el cauce interno de reclamaciones para el Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual. En el segundo, para su convocatoria de Becas de Formación para Posgraduados. En ambos casos, les pedí que contemplaran el cuidado de ascendentes como parón académico en sus convocatorias. La FCT no llegó a responder nunca a esa solicitud y se limitaron a indicarme que yo no cumplía los requisitos y por lo tanto rechazaban, amablemente, mi candidatura. En el caso del CIS sí se me respondió desde la dirección del mismo, pero para indicarme que no se podría hacer una excepción conmigo. Sin duda, tanto el silencio de los primeros como considerar que mi caso sea excepcional obvian que el cuidado de ascendentes provoca muchas desigualdades.

Sin duda, tanto el silencio de los primeros como considerar que mi caso sea excepcional obvian que el cuidado de ascendentes provoca muchas desigualdades

Están ignorando que el cuidado de personas enfermas y mayores en países como España y Portugal sigue recayendo, en la mayoría de los casos, en manos de las mujeres3 y que son muchas las que, como yo, han tenido que parar sus vidas para cuidar de familiares enfermos4. Por tanto, están obviando aplicar en sus organizaciones medidas de género e igualdad. Resulta significativamente paradójico que esto se produzca en lugares como FCT y CIS, donde financian y realizan estudios sociales que señalan las desigualdades de género provocados por el sistema patriarcal.

Cuando una persona que ha dedicado años de su vida a cuidar de un ser querido deja de ser cuidadora, se enfrenta con varios retos. El primero quizás sea, como apuntan asociaciones y expertas en cuidados, el de sobrellevar el duelo a la vez que te desprendes de un sentimiento de culpa por sentir alivio tras dejar de cuidar5. En mi caso, pasé cuatro años cuidando de mi padre, enfermo de ELA, hasta su muerte. En este tipo de enfermedades, cuando perteneces a la clase trabajadora, las posibilidades de compaginar la vida profesional e incluso personal, con el cuidado son prácticamente inexistentes. Como no cesan de denunciar los enfermos de ELA, su grado de incapacitación es tan alto y las ayudas institucionales son tan insuficientes, que las personas más allegadas, con nuestros cuidados, nos convertimos en la única posibilidad para que puedan respirar, comer, asearse... y, en definitiva, vivir y sobrellevar la enfermedad de la manera más dignamente posible.
En este tipo de enfermedades, cuando perteneces a la clase trabajadora, las posibilidades de compaginar la vida profesional e incluso personal, con el cuidado son prácticamente inexistentes


Recibí la confirmación de que mi padre tenía ELA cuando estaba en Sídney disfrutando de una beca doctoral para investigar en la Macquarie University. Por suerte, esta universidad ofrecía la posibilidad de recibir apoyo psicológico gratuito a sus estudiantes, lo que me ayudó a desarrollar la fortaleza mental para permanecer en Australia el tiempo que el avance de su enfermedad lo permitió. Pero en 2015 volví a casa: a Mérida. Desde entonces fui gradualmente dedicando más y más tiempo a cuidarle a medida que su enfermedad avanzaba, hasta que en septiembre de 2019 falleció. En medio de esos cuidados conseguí, con muchas dificultades, acabar el doctorado en antropología y obtuve dos ofertas para trabajar de investigadora. Pensé en mil maneras de compaginar el cuidado de mi padre, junto a mi madre y mi hermano, con estos trabajos, pero fue imposible. En gran parte, porque el máximo de ayuda institucional que recibimos durante sus años de enfermedad no superaron las 45 horas de asistencia al mes.

Puesto que en Australia había encontrado todo tipo de ayudas y apoyo para acabar mi doctorado, no reparé en que, tras la muerte de mi padre, en España no sería igual. Esto es más difícil de entender si se tiene en cuenta que el Código Civil español, en su Artículo 143, recoge que los ciudadanos en España tenemos las mismas obligaciones de cuidados con nuestros ascendientes como las que tenemos con nuestros descendientes y cónyuges. Esta obligación la conocí a través de una amiga que se encontraba sola cuidando de su padre enfermo. Al ingresar su padre en el hospital, la médica que le atendía le advirtió que su padre había llegado al hospital en unas condiciones que indicaban que no estaba bien atendido y tenía que denunciarle. Esa doctora no le preguntó si tenía dificultades para cuidar de su padre sola mientras trabajaba, o si recibía la ayuda institucional suficiente. Directamente le recordó sus obligaciones con su ascendiente.

Existe un desfase grande entre las obligaciones que tenemos como ciudadanos y las coberturas que ofrecen las políticas del cuidado y de igualdad. Desde hace más de 25 años, la UE ha adoptado un enfoque transversal con la intención de que en Europa se ejecuten políticas públicas en materia de género6. Este enfoque transversal de género exige que todas las medidas, acciones, planes y políticas públicas que se lleven a cabo sean diseñadas para corregir la desigualdad en todos sus ámbitos7. En España, el Instituto de las Mujeres y la Ley Orgánica 3/20078 están direccionadas en ese sentido. En Portugal, aunque no existe una ley expresamente orientada a la igualdad, se han desarrollado varios planes nacionales para la igualdad de género, y creado un organismo nacional (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género) con objetivos afines9. Similar a España, Portugal presenta un modelo de cuidado familiarista10 e injusto, basado en la división sexual del trabajo, que provoca grandes desigualdades para las mujeres11.

Existe un desfase grande entre las obligaciones que tenemos como ciudadanos y las coberturas que ofrecen las políticas del cuidado y de igualdad

Desde los espacios académicos también se está reclamando transversalidad para que el feminismo y sus ideas no sólo se queden en conceptos teóricos que se imparten, sino para garantizar que se erradiquen las desigualdades desde dentro12. Sin duda los espacios educativos, académicos y públicos, deben ser aquellos que se encarguen de ofrecer oportunidades a quienes los distintos sistemas de opresión se las han arrebatado. En este sentido, es significativo recordar que el sistema patriarcal se articula con otras desigualdades de clase, etno-raciales, por discapacidad, migración, sexualidad..., que requieren de unas políticas interseccionales además de transversales13. Sin duda alguna, mi caso no es una excepción, y son muchas las mujeres que —bajo sus distintas realidades múltiples— asumen tareas de cuidado teniendo que aparcar su vida profesional. Si bien tenemos que seguir reclamando que se fortalezca el sistema público en el cuidado para que estas circunstancias no se produzcan, los ámbitos académicos deberían ser un ejemplo en la aplicación de medidas compensatorias a las desigualdades.

Sin duda alguna, mi caso no es una excepción, y son muchas las mujeres que —bajo sus distintas realidades múltiples— asumen tareas de cuidado teniendo que aparcar su vida profesional

FCT y CIS no son los únicos lugares en España y Portugal donde he encontrado esta desatención. Más triste ha sido ver a renombrados académicos que añadían la perspectiva de género a sus proyectos de investigación, pero no la aplicaban a la hora de contratar. Es difícil luchar contra todo esto de manera individual. Decidí, no obstante, extender mis reclamaciones al Ministerio de Presidencia en España en octubre de 2023. Desde allí se me respondió de manera rápida que mi queja había sido trasladada al CIS y pasaría a ser valorada. Hasta la fecha no he recibido mayor notificación que ésta. Por eso he decidido escribir este artículo animada por otras académicas, a pesar de que, como todas sabemos, este tipo de artículos y reclamaciones no abren puertas.

Explicar un parón profesional como he hecho para la convocatoria de la Universidad de Melbourne no es fácil, porque tengo que escribir sobre una vivencia muy dolorosa y exponer la intimidad de mi padre con certificados médicos que prueban su enfermedad. Es un proceso al que he tenido que dedicar más tiempo en la solicitud que aquellas personas que no tienen que hacerlo. Pero es una satisfacción encontrar lugares como esta universidad donde nos dan la oportunidad para explicar situaciones personales, donde seremos evaluadas de una manera más justa. Es urgente que las instituciones en España y Portugal hagan un profundo cambio en este sentido, sobre todo atendiendo al cada vez mayor envejecimiento de la población en nuestros países. Las personas sin medios económicos suficientes adolecen una mayor dificultad para poder compaginar la vida familiar con la profesional. No aplicar medidas para contrarrestarlo es continuar la desigualdad. ¿No deberían España y Portugal seguir los ejemplos de otros países donde ya se están aplicando estas medidas? ¿No deberíamos todas prestarle más atención a las cuidadoras y profundizar en la teorización de sus realidades desde el feminismo y la interseccionalidad?

Doctora en Antropología por la Macquarie University y la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.
Fuente: El Salto

Referencias

1 Ángeles Montalvo Chaves es Dra. en Antropología por la Macquarie University y la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. angeles.montalvo@uam.es

2 Navarro Capilla (2020). Conciliación, en Cobo, Rosa y Rapea, Beatriz (edil), Breve diccionario del feminismo, pp. 53-55, Madrid: Catarata.

3 Pérez, Antía (2020). Cuidados, en Cobo, Rosa y Anea, Beatriz (edil), Breve diccionario del feminismo, pp: 61-63, Madrid: Cataratas.

4 Plaza, Sara (2022/07/20). Mujeres cuidadoras y dependencia: las tareas que no están en el centro, Píkara Magazine, https://www.pikaramagazine.com/2022/07/mujeres-cuidadoras-y-dependencia-las-tareas-que-no-estan-en-el-centro/

5 Noreia, David (2024/03/24). El doble luto del cuidador: “Estoy descansando, sí, pero ha muerto mi madre, ¿cómo me voy a alegrar?”, ElDiario.es, https://www.eldiario.es/sociedad/doble-luto-cuidador-descansando-si-muerto-madre- alegrar_1_10945153.html

6 Navarro Sanz, Beatriz y Sanz Gómez, Mª Mercedes (2021). La transvesalidad de género y su poder de influencia: ¿hacia una igualdad efectiva en la UE?, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 127:39-62.

7 Rapea, Beatriz (2020). Transversalidad, en Cobo, Rosa y Ranea, Beatriz (edi), Breve diccionario del feminismo, pp: 244-246, Madrid: Catarata.

8 Buavent, Silvia (2020). Políticas públicas feministas, en Cobo, Rosa y Rapea, Beatriz (edi), Breve diccionario del feminismo, pp: 190-192, Madrid: Catarata.

9 Soriano Moreno, Silvia (2020). Políticas de igualdad. Extremadura-Portugal, en Extremadura-Portugal, una guía para la cooperación transfronteriza, pp: 154-163.

10 Bettio, Francesca and Plantenga, Janette (2004). Comparing care regimes in Europe, Feminist Economics, 10 (1): 85-113.

11 Esquerda (2022/01/09). Uma mudança na política de cuidados: o Serviço Nacional de Cuidados, https:// www.esquerda.net/dossier/uma-mudanca-na-politica-de-cuidados-o-servico-nacional-de-cuidados/78811

12 Munévar, Dora I. Y Villaseñor, Marta L. (2005). Transversalidad de género. Una estrategia para el uso político- educativo de sus saberes, Revista de Estudios de Género. La ventana, 21:44-68. Esquirol, Meritxell (2022/05). Pensar la transversalidad de género en la universidad, COMeIN, 121, https:// comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero121/articles/m-esquirol-pensar-la-transversalitat-de-genere-a-la- universitat.html

13 Jiménez Rodrigo, María Luisa (2022). Políticas de igualdad de género e interseccionalidad: estrategias y claves de articulación, Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 29: 1-24. Basterra Olives, Claudia (2021). Transversalidad de género e interseccionalidad en políticas públicas. Un análisis comparado de la normativa estatal y canaria en materia de transexualidad, Revista Clepsydra, 21:347.

La violencia no da tregua en Ecuador: asesinan a joven alcaldesa

 Imagen: Brigitte García, la alcaldesa más joven del Ecuador, del Partido Revolución Ciudadana. Foto: Instagram. Municipio de San Vicente.


Brigitte García es la tercera alcaldesa que asesinan en la provincia de Manabí en un año.

A pesar del discurso oficial de una disminución de la inseguridad y la militarización de las calles, este domingo 24 de marzo fue asesinada Brigitte García, la alcaldesa más joven del Ecuador, una joven militante de Revolución Ciudadana, de San Vicente, en Manabí.

La encontraron con dos balazos en el interior de un automóvil junto con Jairo Loor, director de Comunicación del Cabildo, en momentos en que en el país rige un estado de excepción decretado por el gobierno del derechista Daniel Noboa, supuestamente para frenar la espiral de violencia.

En San Vicente, ubicada a orillas del mar, viven cerca de 25.000 habitantes que se dedican a la pesca, el turismo y el comercio. El cantón es parte de la provincia de Manabí, una de ,las zonas más afectadas por altos índices de crimilidad, ya que es estratégica para el tráfico internacional de droga por su salida al Pacífico. Según la Policía en 2024 ya se superan las 120 muertes violentas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la alcaldesa recibió tres tiros y Loor, dos. La hipótesis policial es que el asesino estaba dentro del vehículo que había sido rentado hace un mes.

Brigitte García era la alcaldesa más joven del Ecuador. Con 26 años ganó las elecciones seccionales de 2023. Era enfermera de profesión y la mayor de cuatro hermanos. En una entrevista televisiva contó que desde los 15 años había iniciado con obras sociales y que así empezó a ser reconocida. Pertenecía a una fundación que se encarga de prover medicinas, insumos y tratamientos para enfermos que no pueden costearlos.

La atacaban por su juventud, dijo, durante las elecciones. Se enfrentó contra ocho candidatos y obtuvo el 34,48% de apoyo en su cantón. Su trabajo como alcaldesa se centró en mejorar la dotación de agua potable en su municipio.

Reacciones

El asesinato de Brigitte García, provocó la reacción de figuras políticas de la Revolución Ciudadana, partido al que pertenecía. «Me acabo de enterar que han asesinado a nuestra compañera alcaldesa. No tengo palabras, en shock, nadie está a salvo en Ecuador. Nadie mientras los gobiernos miserables de derecha solo viven de farra y show”, escribió en la red social X la excandidata presidencial, Luisa González.

El expresidente Rafael Correa, dedicó dos mensajes. El primero dice: «Si para uno es tan duro, imagino cómo deben estar sus familias».Y en el segundo: «Hoy Brigitte ya no está. Estoy destrozado. No lo puedo creer».

El gobierno del derechista Daniel Noboa repitió su slogan de que el Estado «no bajará la guardia en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política». El presidente Daniel Noboa no se pronunció sobre el asesinato de la alcaldesa. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz escribió en X un pedido directo al Ejecutivo, “Necesitamos información real sobre el estado actual de esta famosa ‘guerra’ que sigue dejando muerte, dolor y rabia”.

Antecedentes

En los últimos años en Ecuador los ataques armados, tipo sicariato, contra políticos se han multiplicado. Alcaldes y candidatos han perdido la vida en los atentados, incluso con decenas de testigos y víctimas colaterales. Algunos de los atacantes han sido capturados, pero en la mayoría de los crímenes los autores intelectuales aún no son procesados por la Fiscalía.

Brigitte García es la tercera alcaldesa que asesinan en la provincia de Manabí en un año. El crimen profundiza la crisis de inseguridad que vive Ecuador desde hace tres años, pero a pesar de los permanentes estados de excepción los Gobiernos no han logrado controlar la violencia.

El 17 de enero, cuando el presidente había admitido la existencia de un conflicto interno, el fiscal Césaer Suárez fue asesinado cuando iba a una audiencia. Un mes antes, el alcalde de Manta, Agustín Intrigado, fue víctima de sicariato mientras visitaba una obra de su gestión. Otros alcaldes como Luis Chonillo, de Durán, ni siquiera pueden ir a su oficina en el edificio municipal por las constantes amenazas contra su vida.

El asesinato de García se produjo a dos meses de la muerte a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal y militante de Revolución Ciudadana, en la provincia de Guayas. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil. 

Estos asesinatos, de casi todos militantes correístas, incluyen una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos.

El 21 de enero del 2023, Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía de Salinas (Santa Elena), fue baleado por un sicario mientras realizaba un mitin de su campaña electoral en la parroquia José Luis Tamayo. Farachio era candidato por el movimiento Justicia Social y trabajaba como abogado litigante.

Omar Menéndez, de 41 años, candidato de Revolución Ciudadana, ganó el domingo 5 de febrero del 2023 las elecciones a la Alcaldía de Puerto López (Manabí), solo horas después de haber sido asesinado a tiros en la sala donde el candidato ultimaba los preparativos para la jornada electoral. En el ataque contra Menéndez también murió un adolescente de 16 años y otras dos personas resultaron heridas.

A Luis Chonillo, alcalde de Durán (Guayas), trataron de matarlo el 15 de mayo en 2023 cuando llegaba a la primera sesión de Concejo en la vía Durán-Tambo. El crimen de Agustín Intriago sorprendió a todos la mañana del 23 de julio del 2023 mientras acudía a un evento deportivo en Manta (Manabí). El alcalde de esa ciudad fue acribillado por un hombre que portaba un fusil. Había ganado la reelección con más del 60 % de los votos.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio también fue asesinado. El 9 de agosto fue acribillado cuando salía de un mitin, en Quito. El hecho ocurrió solo doce días antes de las elecciones. Por el crimen de Villavicencio fueron procesadas trece personas, pero a seis de ellas las mataron en la cárcel.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: Estrategia.la

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in