abril 25, 2019

México. Testimonios del #MeToo reflejan violaciones a derechos laborales de mujeres

Denuncias pueden acreditarse por la vía administrativa, penal y laboral

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

El acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo es una práctica vieja que se ha asumido como algo particular y privado donde no debería intervenir la autoridad, pero el torbellino de testimonios del #MeToo en redes sociales sacó de lo privado esta violencia para que se reconozca como una violación a los derechos laborales en el que el Estado debe actuar.

En este escenario los actores pocas veces mencionados, los entes privados, las empresas o lugares de trabajo, también tienen responsabilidad en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres pero se han mantenido indolentes a las narraciones de mujeres que aseguran ser tocadas por colegas o jefes que aprovechan su jerarquía para intentar besarlas o convencerlas de tener relaciones sexuales a cambio de no despojarlas de su empleo o de oportunidades de ascenso.

Salvo tres centros laborales anunciaron que tomarán medidas internas después de ser señalados en las denuncias confidenciales que se difundieron en Twitter a partir del pasado 23 de marzo, el resto como medios de comunicación, editoriales, instituciones y empresas han evadido las responsabilidades que por ley les corresponden. 

Abogadas expertas como Andrea Medina Rosas explican a Cimacnoticias que los testimonios del #MeToo pueden configurarse en delitos o en violaciones a los derechos laborales y por tanto se pueden denunciar en tres terrenos: el administrativo ante Recursos Humanos del lugar del trabajo, el penal ante un Ministerio Público y el laboral en el lugar de trabajo y luego ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“A finales del Siglo XX dijimos “no es un tema privado”. Es un tema grave que viola los derechos de las personas y el Estado debe de intervenir” afirmó la abogada. Sin embargo, no todas las mujeres víctimas de esta violencia agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales o porque las desconocen y desconfían en la autoridad.

El acoso y hostigamiento sexual es tan permitido en el entorno laboral que aun cuando 5 millones 463 mil 521 de mujeres afirman haber enfrentado violencia en su lugar de trabajo --según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (Endireh)-- las empresas parecen no contar con procedimientos para evitar estos casos y mucho menos para resolverlos y garantizar un ambiente laboral libre de violencia. 




A pesar de que la legislación en la materia vigente prohíbe a las patronales tolerar actos de acoso y hostigamiento sexual e impone una multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general a las empresas que lo permitan o toleren, no hay datos públicos que muestren cuántas veces se ha aplicado esta sanción ni cuáles son las medidas preventivas de las empresas para evitar estas conductas.

ACOSO EN EL TRABAJO: UNA VIEJA PRÁCTICA

Para A. N. la hora de la comida no era un momento de distracción ni de convivencia, simplemente era el espacio para tomar rápidamente los alimentos y seguir trabajando en la maquila de ropa, ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde laboraba.

Una tarde del año 1997 A. N. acudió al espacio que les servía de cocina y comedor para calentar su almuerzo. En ese momento entró su jefe, quien además era dueño de la maquila. Aprovechando que no había nadie más en ese espacio, él se abalanzó sobre ella con intención de someterla para besarla.

Al verlo ella echó a correr y sin pensar a donde ir dio una vuelta a la mesa. Él la siguió y por unos instantes dieron un par de vueltas a la mesa. Poniendo fin a lo que parecía un juego, él la alcanzó y bruscamente la comenzó a tocar en todo el cuerpo. Cuando ella reaccionó lo empujó con fuerza y salió corriendo.

Ese día corrió hasta que llegó a una estación del metro. Entró al transporte y aun en crisis, tratando de entender qué pasó. A. N. se quedó de pie frente a las vías y comenzó a llorar. El impulso de arrojarse se calmó cuando otra mujer se acercó para preguntarle qué pasaba y abrazarla hasta hacer que se tranquilizara.

El testimonio fue uno los casos que atendió la Red de Mujeres Sindicalistas y que en 1977 ayudó a crear el Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del entonces Distrito Federal. Esa instancia de gobierno fue el primer intento por atender el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

A 15 años de crear esta subsecretaría, y gracias al empuje de sindicalistas y trabajadoras, en 2012 se aprobó una reforma laboral para que los centros de trabajo estén obligados por ley a no ejercer ni permitir conductas de acoso y hostigamiento laboral y aunque pocas empresas, industrias, oficinas y fábricas lo saben, pueden ser acreedoras de una multa en caso de no garantizar una vida libre de violencia para sus trabajadoras.

El 30 noviembre de 2012 Felipe Calderón Hinojosa publicó el decreto por el que se modificaron cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en esta materia. Desde entonces la LFT establece la prohibición expresa, para la patronal, de realizar o tolerar actos de acoso y hostigamiento dentro del centro de trabajo o en las funciones laborales. 

La ley laboral define el hostigamiento y acoso y señala que se trata de una violencia que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; pero además establece que estas conductas, cometidas por el empleado, el patrón o sus familiares, pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo.

La legislación también prohíbe a los patrones permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo y en caso de hacerlo impone una multa, por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general.

Es decir, todos los empleos tendrían que desarrollar los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar ese tipo de conductas afirmó la abogada Andrea Medina Rosas. No obstante, al día de hoy no hay información en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STPS) de cuántas empresas han emprendido acciones en este terreno.

Hasta ahora, indicó en entrevista la abogada laboralista e integrante de la campaña “Trabajo Digno-Mujeres”, Angélica González, no se sabe cuántos casos por estas conductas violentas han sido denunciados con base en la LFT, cuántos han sido resueltos, ni qué sanciones se han impuesto.

“El problema es que no hay datos desagregados por sexo, ni por género y tampoco por tipo de caso. Y, por supuesto, no va a haber datos de cuántos se han resuelto con perspectiva de género. No existen datos desagregados ni del campo, ni de las entidades, ni del nivel federal”, explicó la abogada.

Una pista sobre las mujeres que acuden a las instancias públicas en busca de guías para denunciar son las cifras de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La extitular de la instancia, la maestra Alejandra Negrete Morayta compartió a Cimacnoticias que de diciembre de 2012 a julio de 2018 la Profedet ha asesorado a mil 176 mujeres despedidas después de enfrentar acoso sexual y hostigamiento sexual. Sin embargo, tampoco se sabe qué proceso continuaron.

En suma, desde 2015 México cuenta con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, mejor conocida como “NOM 025”, un documento surgido de un acuerdo entre la STPS, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La NOM 025 es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, pero al no ser obligatoria se reporta que hasta el 8 de abril de 2019 se certificaron 373 centros de trabajo. La mayoría instituciones públicas de gobierno, universidades, tribunales de justicia y en menor cantidad empresas privadas y medios de comunicación.




Además, la administración pública federal cuenta, desde agosto de 2016, con el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” y con 255 Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, según los cuales, durante 2017 se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en 51 instituciones. 91 por ciento de las denunciantes fueron mujeres. 

RUTAS DE DENUNCIA

Comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, miradas obscenas, petición de pláticas indeseables relacionadas con asuntos sexuales, proposiciones directas o indirectas para establecer una relación sexual, contacto físico no deseado, recompensas o incentivos laborales a cambio de favores sexuales o amenazas con daños o castigos en caso de no acceder, todas son conductas violentas.

Estas acciones constituyen acoso y hostigamiento sexual y son formas de violencia sexual, explicó la abogada Andrea Medina Rosas, quien precisó que el acoso puede incluir todas estas variantes, desde la más leve hasta la más grave como la violación sexual, por ello deben ser investigadas para tener efectos en el ámbito administrativo o laboral.

Para que una queja llegue a las instancias laborales lo usual es que la víctima lo reporte a las autoridades de su lugar de trabajo. Cada espacio laboral tiene sus propios procedimientos. Usualmente es el con jefe inmediato, con el superior de éste o con el área de Recursos Humanos y algunos espacios han creado comités específicos.

Las denuncias laborales tienen una primera fase que es administrativa. No es tan común acudir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque se puede hacer una investigación interna administrativa (en el centro laboral) que imponga sanciones o restricciones y que no necesariamente llegue a otro nivel.

En caso de que la investigación administrativa determine la rescisión del contrato de quien fuera denunciado, él puede recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje por “despido injustificado” y las víctimas serían terceras interesadas. O bien, la víctima puede demandar a la empresa por tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en caso de que no se investigue internamente su denuncia.




No obstante, la mayoría de los casos no están llegando a las instancias laborales, porque a decir de la socióloga y sindicalista Rosario Ignacia Ortiz Magallón, está la falta de reconocimiento de esta violencia como una violación a los derechos laborales y las dificultades para comprobar el acoso y /o hostigamiento sexual.

POR UN AMBIENTE LABORAL DIGNO

Durante 19 años un jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) hostigó y acosó sexualmente a seis trabajadoras. Las constantes fueron amenazas, faltas de respeto, burlas, ofensas y condicionar sus vacaciones y asistencia a cursos y congresos. Todo por no acceder a invitaciones personales ni “caer en insinuaciones de carácter sexual”.

Cuando la violencia sexual se combinó con la laboral las seis denunciantes buscaron amparo en el marco legal. El 23 de octubre de 2014 presentaron un escrito ante el Departamento de Relaciones Laborales del Instituto para denunciar que su compañero de trabajo violaba el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del INER.

Al enterarse de la denuncia, el jefe las denunció por amenazas con el apoyo del equipo legal del INER. En la segunda vía, el Departamento de Relaciones Laborales sólo las hizo comparecer en dos ocasiones ante el presunto agresor y el 6 de febrero de 2015 les entregó la resolución del acta de investigación administrativa en la que exhortó al agresor a “dirigirse con respeto” hacia sus compañeras

Ante la vaga respuesta del lugar de trabajo, en octubre de 2014 las seis mujeres acudieron al Órgano Interno de Control, pero a ocho meses de no saber qué sucedía con su denuncia, decidieron acudir a la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA), en enero de 2015.

En mayo de 2015 las afectadas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que el 8 de septiembre emitió la recomendación 37/2017 donde llamó a la Secretaría de Salud y de la Función Pública “a reparar el daño e implementar las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de estos hechos”.

Las seis mujeres lograron que su agresor fuera inhabilitado por diez años y que siguiera un proceso penal.

Aunque las trabajadoras del INER presentaron su denuncia penal y administrativa su caso no llegó a instancias laborales. En opinión de la sindicalista Rosario Ignacia Ortiz muchas mujeres no agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales, sin importar si están o no en la informalidad. 

Otra razón para no acudir a estas autoridades, advierte, es porque aunque en 2012 se consiguió introducir en la Ley Federal del Trabajo la prohibición de la discriminación por género y del hostigamiento y acoso sexual, promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad de las y los trabajadores en el seno familiar, aún falta mecanismos para hacer realidad esos preceptos.

El 28 de septiembre de 2012, cuando la Cámara de Diputados aprobó estas reformas, con 351 votos a favor, 128 en contra y 10 abstenciones, legisladoras como Martha Lucía Micher Camarena presentaron una serie de reservas para blindar el derecho de las trabajadoras a no ser acosadas.

Durante la discusión de los artículos reservados la diputada Micher Camarena pidió incluir la definición de hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia psicológica, violencia laboral en la ley y tener cuotas de participación de mujeres en la capacitación de los centros de trabajo, temas que no fueron considerados ni siquiera para el análisis.

Aún así la reforma laboral con perspectiva de género presentada desde años atrás fue fundamental, afirmó Rosario Ortiz Magallón, quien fue la primera titular del Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social en la capital mexicana y quien además fue diputada federal de 2006 a 2009.

Después de ese primer avance, ahora, en 2019 el Congreso de la Unión analiza una nueva reforma en materia de justicia laboral que impactará en el derecho de las trabajadoras a una vida libre de violencia. El 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y sus homólogos estatales.

Entre las modificaciones, que aún deben ser avaladas por el Senado, ahora el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo dirá “que es obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual”. El artículo 378 además prohíbe estas conductas al interior de los sindicatos.

Si bien estas modificaciones buscan resolver los conflictos laborales por medio de la conciliación, el artículo 684 E, explica que se trate de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, donde exista riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las previsiones para no encarar a víctima y agresor como actualmente sucede.

A pesar de los avances normativos Ortiz Magallón, quien además es integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, aseguró que todavía falta aterrizar las normas para saber cómo hacerlas realidad y para explicar cómo debe ser la justicia laboral con perspectiva de género. 

Es decir, se trata, por ejemplo, de saber cuáles deben ser las sanciones para el jefe o compañero que toca la cintura de su empleada, le da nalgadas, le manda imágenes con contenido sexual; para entender cómo debe ser o si debe existir conciliación en estos casos o si deben ser enviados directamente a un juez. 

Pero, además, señaló, las mujeres deben tener mecanismos para comprobar esa violencia que es sutil y en la intimidad, y aunque hoy en día los videos, mensajes de texto, audios o fotografías pueden ser una prueba, hay que garantizar que patrones y centros de trabajo estén obligados a considerar que el acoso y hostigamiento es un riesgo de trabajo y que no tiene ningún costo económico advertir a los trabajadores que es una conducta no permitida.




Mientras sindicalistas, trabajadoras y feministas buscan incidir en las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral y construir mecanismos seguros para que las mujeres pueden denunciar, por ahora las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis para las víctimas de estas violencias.

CATARSIS EN REDES SOCIALES 

“Primero presionaba con ‘apuestas’ para salir conmigo o inventaba cenas con supuestos fines laborales. En mi idea de mantener una relación laboral ‘sana’ y ‘amistosa’ accedía manteniendo la distancia, pero siempre intentaba alcoholizarme y me presionaba para darme aventón”, narró en su denuncia pública Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma.

La periodista fue una de las 329 denunciantes que entre el 23 de marzo y el 10 de abril hicieron pública su vivencia en Twitter. Ella, cuenta en entrevista con Cimacnoticias, que vivió acoso sexual en su lugar de trabajo durante 3 años.

A pesar de las implicaciones productivas, en el ambiente laboral y en la salud física y emocional de la víctima, la Endireh indica que la mayoría de las mujeres, 91 por ciento de quienes han enfrentado violencia en su lugar de trabajo, prefirieron no solicitar apoyo institucional o interponer una queja.

Eloisa es parte del 9 por ciento que se atrevió a hacer uso de las instancias administrativas y laborales para poner fin a una situación que la mantuvo en vulnerabilidad.

Las razones para no proceder, revela la Endireh, son el miedo a las consecuencias, no saber en dónde o cómo denunciar, pensar que nadie les creerá o que serán culpadas por lo que les sucedió, sentir que era una pérdida de tiempo, tener vergüenza o no confiar en la respuesta de las autoridades.

Por estas ideas Eloisa aguantó las insinuaciones hasta que un día su acosador restregó sus genitales en su pierna. En junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa, donde le dijeron “¡ahh claro! Él se echó a todo Club. Sólo que eres la primera que lo denuncia en forma”.

Sin contar con un procedimiento de investigación para resolver estas denuncias, Recursos Humanos de inmediato informó al presunto acosador de la queja y acto seguido él la llamó a su oficina para “disculparse” por el “malentendido”.

“Me sentí peor y escalé la denuncia al Director Editorial y de RRHH. Según ellos investigaron, pero no tenían ningún protocolo”. En el mes que la empresa dijo investigar la queja, no entrevistó a Eloisa, tampoco a otras ex editoras que ofrecieron narrar las violencias que enfrentaron por el mismo hombre, la única medida que tomó el medio mientras llegaba a una resolución, fue que la comunicación entre jefe y empleada fuera vía correo electrónico. 

Finalmente, el personal de Recursos Humanos concluyó que no había ocurrido el acoso. A ella le hicieron firmar a un requerimiento para que trabajara de forma regular con él (regresar a las juntas, a la comunicación directa) y mantener un “buen comportamiento”. 

En un ambiente que Eloisa Farrera califica de “incómodo” y “estresante”, en el que tenía que cuidar cada acción para evitar su despido, comenzó a vivir acoso laboral. Arbitrariamente la empresa le cambió a su jefe, después le pidieron ir a trabajar a Monterrey donde él se encontraba y cuando se negó por no tener justificación laboral, después de una década de trabajo en el medio, fue despedida.

Con todo en contra, Eloisa decidió en marzo de 2018 hacer uso de su último recurso: presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres.

Aunque la demanda pudo quedar en acuerdo, la empresa rechazó los términos de conciliación que ella les solicitó: una disculpa, que la empresa garantizara su atención psicológica y que adoptaran la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación. Hoy el caso está en juicio y sin fecha de resolución.

El hostigamiento y acoso sexual como el que vivió Eloisa como muestran los otros testimonios es una vieja práctica en los centros laborales pero la comunicación masiva que permiten las redes sociales cambió la forma de denunciar.



La presión en la plataforma de Twitter fue más efectiva que la demanda laboral. Después de que Eloisa publicó su narración con la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos, irónicamente, señaló, provocó lo que ella no consiguió tras dos años de tocar puertas en las áreas institucionales y legales: Reforma despidió a su agresor.

LA FACILIDAD PARA JUSTIFICAR LA VIOLENCIA

En México, el despliegue de las denuncias confidenciales por medio de Twitter, conocido como #MeTooMx, tomó vuelo este año cuando el 21 de marzo usuarias de esta red social rompieron el silencio y decidieron señalar a un escritor de renombre que presentaría un libro y que acosó sexualmente a varias mujeres: Herson Barona.

En tres días el ejercicio se transformó en un movimiento de denuncia pública que alzó el vuelo el 23 de marzo.

Originalmente el movimiento #MeToo comenzó en 2006 en la red social MySpace por la activista norteamericana Tarana Burke, quien ayudaba a niñas y mujeres afrodescendientes sobrevivientes de violencia sexual. Lo que inició como un trabajo local pronto volvió viral la frase “A mí también” (Me Too en español) que identificó a miles de mujeres que han experimentado violencia sexual y abrió un debate global al respecto. 

En octubre de 2017 la oleada de denuncias resurgió cuando “The New York Times” publicó una investigación con testimonios de actrices que fueron acosadas por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Dos años después de las denuncias que sacudieron la industria cinematográfica de Estados Unidos, en marzo pasado, en México se retomó la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos que desató otras similares para poner luz sobre la violencia recurrente en todos los círculos laborales: redacciones periodísticas, centros de estudios, oficinas de la administración pública y organizaciones civiles.

Los relatos del #MeTooMx son pruebas de que las instituciones han fallado en garantizar justicia a las víctimas, concuerdan académicas y defensoras de Derechos Humanos, quienes el 4 de abril publicaron un pronunciamiento donde dijeron que las respuestas agresivas contra las denuncias mostraban que la violencia contra las mujeres está profundamente normalizada.

La confidencialidad de las denuncias de acoso y hostigamiento vertidas en Twitter dividió a la opinión pública. Los señalados, en su mayoría hombres, argumentaron que la denuncia “desde el anonimato” carece de fundamentos y que las personas lo hacen por venganza personal.

Las estrategias de defensa de los acusados son similares: “Aquí es mi palabra contra la de ella”, “quienes me conocen saben que no soy violento”, “a lo largo de mi vida, me he desempeñado siempre con ética personal”, “no debemos satanizar ni hacer una cacería de brujas”, “que la persona aporte las pruebas que sustenten la acusación y proceda de manera legal”.




Las víctimas no sólo deben aguantar las desestimaciones de sus denuncias, el hostigamiento y acoso sexual impacta negativamente en sus relaciones laborales en su lugar de trabajo, el compromiso en su empleo, su productividad y su salud.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 que la violencia y el acoso puede impedir que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, especialmente en los sectores y trabajos dominados por los hombres, y permanezcan en los mismos.

De esta conferencia se derivó el informe “Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” donde la OIT sustenta que el acoso psicológico y sexual pueden producir en las trabajadoras ansiedad, depresión, cefaleas y trastornos del sueño que afectan directo en su desempeño laboral.

Eloisa Farrera, por ejemplo, describió a Cimacnoticias tener varios de estos padecimientos después del acoso sexual y el asedio que el periódico emprendió en su contra, pero considera que el costo más grande fue a su carrera como periodista. Cuando decidió demandar al medio tuvo que renunciar a un empleo estable para dedicarle tiempo al proceso, el cual aún no tiene fecha para concluir.

Ahora Eloisa es freelance, no tiene un ingreso fijo y lamenta que su nombre sea referencia por la violencia que vivió y no por su labor periodística. Aunque también reconoce que su caso puede aportar a la erradicación de esta violencia y motivar a que otras mujeres rompan el silencio.

El acoso y hostigamiento sexual también tiene costos para el rendimiento de las empresas. La OIT refiere en el informe que puede generar baja productividad y dañar la reputación, imagen y la competitividad de las empresas. Gastos por subsidios de enfermedad, costos de los litigios y pagos de indemnizaciones. Rotar al personal por casos de acoso también supone gastos en la capacitación de las personas que ocupan lo lugares.




Leonardo Valero, director de Operaciones Editoriales del Periódico Reforma
Denuncia Eloísa Farrera, ex Editora de la sección Internacional de Reforma#MeTooPeriodistasMexicanos#YoLesCreoAEllas#NoEstamosSolas


La OIT tuvo que discutir este problema el año pasado en la Conferencia Internacional por la efervescencia del movimiento #MeToo, se espera que en junio de 2019 apruebe un instrumento para abordar los casos de acoso contra mujeres y hombres en el ámbito laboral, ya que, hasta ahora, aunque diversos convenios de la OIT se refieren a las violencias en el trabajo, no es tema central en ninguno.

DESPUÉS DEL #METOO

La abogada María Alejandra Sánchez Guzmán, una de las representantes de Eloisa Farrera, afirmó en entrevista con esta agencia que obtener una resolución favorable dejaría un precedente sobre las medidas que deben implementar los centros laborales para garantizar espacios libres de violencia y seguros a sus trabajadoras.

La antropóloga de profesión agrega que el MeToo también debe generar cambios en las estructuras y las formas que están funcionando los centros laborales. Sánchez Guzmán refiere que la falta de paridad, de mujeres en cargos directivos, la brecha salarial, la falta de medidas de prevención, de reglamentos internos y de protocolos genera condiciones para perpetuar y normalizar la violencia sexual en los centros de trabajo.

“Estamos hablando de contextos para cambiar, más a largo plazo, las situaciones de acoso y hostigamiento sexual pasan porque hay un espacio permisivo en donde se ha normalizado la violencia, por eso a las víctimas les cuesta tanto reconocer que están siendo víctimas de violencia y tomar ciertas medidas”, puntualizó la doctora.

La abogada recomendó a quienes busquen denunciar un hecho de este tipo reconocer que están viviendo violencia, tratar de ubicar desde cuándo ocurre y si la empresa cuenta con protocolos o códigos de ética. En cada caso la víctima podrá determinar si denuncia por la vía penal, administrativa o laboral.

Es importante, agregó, acompañarse de una red de personas porque se trata de sumergirse en procesos de presión y en ambientes hostiles. Una acusación por hostigamiento o acoso sexual puede sumar violencia laboralmente o incluso agresiones fuera de las instalaciones del trabajo contra las mujeres que alzan la voz. De ahí, explicó, que solicitar la confidencialidad sea una medida fundamental de seguridad.

En tanto en las redes sociales continúan las denuncias de acoso y hostigamiento sexual. Algunas sindicalistas, organizaciones civiles, feministas y denunciantes se han organizado y en un pliego de peticiones exhortan a diversas instancias del Estado a dar cauce a las denuncias vertidas en el #MeToo, en cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El 11 de marzo, un grupo llamó a diversas instituciones, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homólogas en las entidades federativas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, los tribunales laborales federales y la Secretaría de la Función Pública, a informar sobre las acciones que van a realizar respecto del hostigamiento y acoso sexual.


Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Fuente: Cimacnoticias

Leer, viajar, estar vivxs, de Pepa Calero



«En algunos instantes, la felicidad olía a café caliente»

Leer, viajar, estar vivos, de Pepa Calero, ofrece una mirada literaria de las ciudades evocando a las grandes autores. 

«Conocía Trieste, su café San Marcos y su Jardín por la voz de Claudio Magris. Respiré el atardecer en Buda, en el Bastión de los Pescadores, al lado de Kristóf, el protagonista de Divorcio en Buda… Ay, Budapest, horas y horas contemplando el Danubio como si tuviera el río en los labios. (…) Visité estas ciudades en otoño. Tiempo de vacaciones. Hubo días de lluvia, días de frío, de viento, de cierta nostalgia, de anhelos. No había gente en los parques, nadie paseaba, solo se iba a algún sitio. Pocos turistas. Detrás de los cristales de un café, esperaba, como si la vida fuera eso, mirar tras las ventanas manchadas de un elegante café…». Pepa Calero se estrena en la literatura de viajes con un libro inspirador que evoca a los grandes autores en las geografías que recorre.Paul Bowels, Stefan Zweig, Isaac Bashevis, Rilke, Cesare Pavese o Jack Kerouac, entre otros, desfilan por la obra publicada por Ediciones Casiopea:Leer, viajar, estar vivos.

Escritores enriquecedores de vida

La pasión por la literatura empujó a Pepa Calero a explorar los destinos recogidos en su libro. «No solo quería viajar para conocer el escenario de una obra. Mi anhelo iba más allá. Deseaba conocer las ciudades en las que vivieron mis grandes autores. Salzburgo por Stefan Zweig; Viena por Joseph Roth, Musil y Zweig; Budapest por Sándor Márai yMazda Szabó;Trieste por Claudio Magris, Rilke e Italo Svevo; Lisboa por Fernando Pessoa y Antonio Tabucchi; Praga porJan Neruda, J. Roth y Rilke; Varsovia por Isaac Bashevis Singer y Adam Zagajewski;Berlín por J. Roth, Irmgard Keun, Bertolt Brecht… y tantos otros».

Paul Bowels acompaña a la escritora por las callejuelas de Tánger. El autor de El cielo protectory su dominio en el arte de crear atmósferas, envuelve el relato de este destino: «Tánger, la ciudad azul, el hogar del escritor bohemio Paul Bowles, era un hervidero de varones que ocupaban relajadamente todos los cafés del centro. Olía a mar y a té de hierbabuena».

Jan Neruda y el poeta checo Rilke guían los pasos de la escritora en otra ciudad europea: «Y Praga, mi querida y asombrosa Praga, a la que llegué con cierto recelo. La bella durmiente que habita junto al río. La gran dama. El poema eterno. La ciudad de las cien torres, que se refleja orgullosa junto a los cisnes blancos del Moldava. Música y palabras cruzan a todas horas el entrañable puente Carlos. Un viaje deslumbrante con poemas de Rilke y Jan Neruda en la mochila».

Europa y sus cafés

«Viajar a Europa significaba habitar los cafés. La cultura europea con su carácter reflexivo, pausado, es inconcebible sin los cafés. Allí la vida se saborea, mientras el tiempo detiene el latido para entrar en estos lugares recogidos, íntimos, particulares. Si anhelaba transitar por el mundo de los escritores y sus personajes, debía anidar por unas horas en aquellos lugares. Habitarlos con calma. Abrazar esas horas estáticas con la devoción de una caricia, sin premura». La autora descubre Varsovia de la mano del escritor judío Isaac Bashevis Singer, quien en sus novelas retrataba con todo detalle las cafeterías de intelectuales. Si para Steiner, estos emblemáticos establecimientos tenían una misión casi existencial: mientras haya cafés, la idea de Europa tendrá contenido, para la autora marcan su estado de ánimo: «En algunos instantes, la felicidad olía a café caliente».

La odisea de viajar sola

«Con media vida por delante, cercana a los cincuenta años y un puñado de incertidumbres, retoméel sueño por viajar como el niño que coge el hilo de la cometa y corre por la playa sin pensar en nada más». En palabras de la autora, la juventud, el tiempo de las escapadas con mochila, no eran su caso. «Me hallaba en la madurez y no había muchas opciones. O viajaba conmigo misma o me quedaba en casa tejiendo y destejiendo el anhelo de explorar». Es el anhelo que le llevó a recorrer ciudades como Viena, Triestre, Budapest, Salzburgo, Berlín, Lisboa o descubrir rincones como la librería Lello&Irmao en Oporto, donde nos transporta a un universo literario paralelo: «Aquí, el tiempo parece detenido entre versos y relatos».

Viajera, madre, matrona y psicóloga, Pepa Calero ha ganado varios premios literarios como el Premio del Certamen de Relato Corto: Maternidad, Punto y Aparte, (Fundación Recoletos), y el Premio de Microrrelatos del V Certamen Internacional de Relato Aste Nagusia, Bilbao, 2017. Ha sido finalista del XVII Concurso Internacional Max Aub; del Certamen Mundial Excelencia Literaria M.P. Literary Edition 2015, y obtenido el Accésit en el XXX Certamen Nacional de Cuentos “Antonio Reyes Huertas”. Autora de la novela El parto de Clara, colaboró con la Revista Cultural Terral en su sección “El viajero” hasta su cierre en 2018. También publicó el relato “Liberación” en la antología La librería más bonita del mundoy ha sido miembro de la Asociación de Escritores Noveles. 

«Viajar conmigo fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida», afirma la autora en Leer, viajar, estar vivos,de Ediciones Casiopea. 

Para entrevistas con la autora o más información: equipo@edicionescasiopea.com

Twitter: @EdCasiopea
Instagram: @edicionescasiopea

abril 24, 2019

Aquelarre feminista contra los cuidados invisibles

Extracto del capítulo de Anna Pacheco incluido en el libro 'Aquí estamos. Puzzle de un momento feminista' (Akal e Instituo 25M).


Ilustración de Carmen Alvar

[…]

Durante mis visitas al ambulatorio, también observo dos perfiles de hombre que se repiten: hombres que acuden solos a la visita y que, por lo tanto, no están al cuidado de nadie, y hombres escaqueantes.Están, pero no están. Salen a fumar, no sujetan al niño, vagan por la sala, entran y salen, se quitan y se ponen el abrigo. 

La escritora Lucia Berlin también dice que “la gente pobre está acostumbrada a esperar”. Hay más mujeres pobres que hombres pobres. La desigualdad entre hombres y mujeres se hace aún más evidente cuando la mujer es obrera, racializada, inmigrante. La discriminación es doble, triple, cuádruple. El machismo nos atraviesa a todas, pero a unas más que a otras. La activista gitana Pastora Filigrana resumía en un artículo publicado en CTXT la necesidad de subrayar que existen dos clases obreras: la nativa y la extranjera. En Cataluña, los charnegos sufrían discriminación hasta que apareció la alteridad en forma de inmigrantes: “los de fuera” pasaron, entonces, a ser el enemigo.

La ultraderecha y el fascismo utilizan ahora la división entre nativos y extranjeros como argumentario racista para anteponer el hambre de casa al hambre de fuera. Sin embargo, esta división, este recordatorio de Filigrana, solo tiene sentido hacerla si es para poner el foco en que la desigualdad se agrava para muchas si no ponemos remedio. Del mismo modo que hay menos hijas e hijos de obreros manuales en las universidades –representan menos del 10%, según datos del Ministerio de Educación–, las mujeres migrantes o racializadas tienen trabajos más precarios que las blancas obreras, y sufren más temporalidad, mayor criminalización y cifras más altas de abandono escolar. En la misma sala de espera del ambulatorio en la que estoy pienso que, de media, quienes esperamos ahí viviremos once años menos que las personas de un barrio rico

La cadena que perpetúa el clasismo, el racismo y el machismo se amplifica para las de abajo. Y el capitalismo es el motor que permite que ese ascensor escacharrado sea especialmente inútil y trabajoso para las capas más vulnerables. Pienso en mi abuela, de noventa y seis años, era campesina en Jaén hasta que emigró a Barcelona y puso una tienda de comestibles. Madre de cinco hijos y una hija. 

Cuando se jubiló, mi abuela asumió los cuidados de mi hermana y los míos. Ahora, mi madre asume buena parte de los cuidados de mi abuela porque es ella quien vive más cerca de su casa. La disposición geográfica de los diversos miembros de una familia ya es algo digno de estudio. Me pregunto si el hecho de que mi madre, la única mujer de entre seis hermanos, sea la que vive más cerca de la abuela es un capricho del destino o, más bien, una respuesta lógica a los desequilibrios de género. Las madres con las madres, para que nunca dejen de cuidar. Mi hermana ahora vive al lado de mi madre. Y así, otra vez. 

De mi abuela también cuida una mujer que se llama Carmen y es de Perú. A veces, Carmen se alterna con su hija, Denis, de unos treinta y cinco años. Denis aprovecha algunos ratos mientras cuida a mi abuela –aquellos en los que esta no se comporta como un ogro insoportable– para estudiar Econó-micas. La socióloga Elena Casado, entrevistada en El Salto, expresó con acierto las contradicciones y tensiones de clase que tenemos entre nosotras mismas. Casado hablaba de Nicole, la trabajadora doméstica que la ayuda cuatro horas a la semana en su casa: «Me gusta estar cuando viene para no escudarme: “Toma, enfréntalo, eres alguien que puede pagar este servicio”. Nicole en su casa no tiene a nadie que le limpie. Esa es mi contradicción. Así que no es simplemente la romantización del barrio, sino que es [el barrio] el lugar que a mí me tensa de una manera que creo que es productiva”. 

En el ambulatorio, veo a un matrimonio de unos setenta años que acaba de encontrarse a un conocido. Este hombre le pregunta a Antonio cómo está de salud. El hombre es de esos que, a cierta edad, ha decidido que abrirá la boca solo lo justo. La mujer le explica al amigo de su marido que le han recetado Flumil para el resfriado. La mujer se comunica por él, es simpática por él, es abierta por él, y me parece que es a través de esa desidia de los hombres de cierta edad, que no abren la boca ni para hablar de ellos mismos, que parecen mudos, como se explica también esta condición de eternos cuidados disfuncionales.

Esa imagen del hombre ausente contrasta con la vitalidad y el genio de Rocío, quien sigue contándome su vida en el banco del ambulatorio. Me explica que sus padres se enfadaron cuando decidió abandonar los estudios pese a que intentaron por todos los medios que no renunciara. Rocío cree que si tú eres hijo de currante tiene que pasar algo extraño para que dejes de serlo. “Es algo que está como inculcado”, cuenta. 

El libro Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera,de Paul Willis, defiende una tesis parecida, y lo hace desde una mirada crítica y no condescendiente. El propio sistema, nuestra posición social, configura, en cierto sentido, nuestras elecciones y preferencias, y muchas veces el rechazo a los títulos se explica por una identidad activa y rica y por una valoración del trabajo manual en contraposición a la autoridad del sistema dominante. Sublevarse ante los profesores, los padres, ante las normas, ante el sistema universitario, conforma una suerte de contracultura que se manifiesta desde que somos crías y críos. Representa también una forma de expresión y resistencia de la clase obrera. Por supuesto, este mismo sistema también se encarga de expul-sarnos y de recordarnos cuál es nuestro lugaren la sociedad. La discriminación de clase es un hecho: solo alcanzan ciertas metas unos pocos; a veces, gracias a una extraordinaria proeza; otras, por puro azar. 
Ilustración de Carmen Alvar

Rocío también me explica que cuando se matriculó junto con una amiga para estudiar la ESO en un concertado de monjas del barrio de al lado, la miraban mal por ser la choni de la clase. Su amiga, explica, aún lo disimulaba algo más: 

—Pero yo siempre he tenido esta forma de hablar muy mía. Ahora me he refinado algo. Pero nos hicieron el vacío, nos costó la vida. 

Se ríe.

—La Rosalía lleva aros y ahora están de moda, pero cuando yo aparecí con los aros rizados nadie quería juntarse conmigo. Tardé lo mío en hacer amigas, y al final solo me junté, claro, con las más chonis de la clase. Involuntariamente te vas juntando con quienes más se parecen a ti, que es la gente del barrio. 

Tiene gracia, porque esto de juntarse con los más parecidos es lo mismo que reprochaba la madre de Rocío hace un momento en relación con los inmigrantes árabes o latinoamericanos que, dice, “solo se juntan entre ellos”, aunque “ella no es racista”. 

¿Solo se juntan entre ellos porque quieren o son las dinámicas estructurales, de clase y raza las que los empujan y apartan a ello? ¿No ha pasado así siempre? ¿No conviene analizar las causas de ese aislamiento, que quizás solo sea una manifestación, otra, de la discriminación?

Rocío mira a su madre, ahora, de forma inquisidora, como diciendo: 

—Te veo venir, no sigas por ahí.

Por fin llaman a consulta a Valeria. Rocío se despide de mí, aunque pronostica que mañana le tocará volver porque los pulmones de la niña están «tapados» y no cree que esto se solucione en un día. 

—Quedamos en el ambulatorio y seguimos mañana. Total, no tengo nada mejor que hacer.

Yo solo pienso en lo que se contarán esa noche ella y sus amigas en su grupo de WhatsApp.

Y que para cuándo todas juntas el aquelarre.


Extracto del texto de Anna Pacheco en el libro Aquí estamos. Puzzle de un momento feminista, editado por Akal y el Instituto 25M.
Fuente: La Marea

Chile: Balance a un año de las tomas feministas en las universidades



Las estudiantes chilenas sostienen las demandas en defensa de sus derechos al mismo tiempo que mantienen latentes nuevas medidas de fuerza.

Hace un año, el 17 de abril de 2018, las estudiantes de la Universidad Austral dieron el primer impulso a la ola feminista en las instituciones de educación superior, tomando las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Más tarde, el 23 de abril, estudiantes de la Facultad de Ciencias tomaron la unidad tras conocerse que el docente Alejandro Yáñez fue declarado culpable por acoso sexual y laboral a su secretaria, y no fue desvinculado de la universidad. Esta decisión fue ratificada el pasado 28 de diciembre por la Corte Suprema.

Fueron los distintos casos de acoso, abuso y violencia de género dentro del establecimiento los que motivaron la rebelión feminista. Por esas mismas situaciones, el 27 de abril se sumó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la que fue tomada por las insuficientes respuestas de la institución en estas materias, especialmente en el caso del ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona.

Pasados los días, los problemas que daban origen a la movilización también fueron identificados en otras universidades e instituciones, comenzando nuevas paralizaciones y ocupaciones a lo largo del país. De esta forma, a fines de mayo de 2018, más de 20 unidades figuraban tomadas.


Una de ellas fue la Universidad Católica, donde las estudiantes ocuparon el espacio por tres días, sumándose a las exigencias de las mujeres organizadas en otros recintos universitarios. Si bien su movilización fue más corta que en otras instituciones, ésta generó una gran controversia debido a la polarización de la comunidad universitaria y la atención mediática.

Otra toma polémica fue la de la Universidad de Playa Ancha, que fue ocupada por 108 días, e incluyó una huelga de hambre de siete estudiantes. Tras su extensa movilización del 2018, donde consiguieron la creación del protocolo contra el acoso, en marzo de este año volvieron a movilizarse en reclamo por la ineficiencia de los procesos de denuncia y los sumarios que afectaron a seis dirigentas.

Las demandas transversales en las distintas universidades apuntaron a la creación o actualización de protocolos de denuncia, la desvinculación de académicos acosadores y/o abusadores, el reconocimiento del nombre social de las personas trans y la formación profesional con perspectiva de género.

Implementación y mejoramiento de protocolos

Un punto en común entre las universidades mencionadas es que en todas existía la necesidad de dar una mejor canalización a las denuncias por acoso, abuso y discriminación arbitraria. Si bien en las universidades de Chile, Católica y Austral se contaba con protocolos al momento de estallar las movilizaciones, las estudiantes acusaron la ineficiencia de aquellas normativas.

En relación a esto, la vocera de la movilización feminista en la Universidad Católica, Daniela Pinto, comentó a El Desconcierto que “al momento de negociar se nos dijo que los sumarios se iban a acortar porque estaban siendo procesos muy lentos y deberían existir investigaciones más efectivas”. Sin embargo, la joven indicó que aún no pueden verse resultados de este compromiso y que por el momento es un tema que seguirá siendo abordado en las mesas de trabajo que se levantaron tras la movilización. “Es un tema que se está trabajando aún. Hace un tiempo se cambió la persona que estaba encargada de la política de violencia sexual en la universidad. Por lo que sabemos, desde ahí se están reestructurando los protocolos”, señaló Pinto.


En la Universidad de Chile la situación es similar, dado que también se encuentran en curso gestiones para el fortalecimiento de un instructivo que permitiría robustecer el protocolo. Igualmente, los vicios de este sistema siguen generando problemas en la comunidad. Según explica la vocera de la Asamblea Feminista en la institución, Nicole Martínez, el caso de la reciente toma de la Facultad de Química y Farmacia tiene que ver con estas ineficiencias.

“Actualmente uno de los temas más problemáticos luego de las denuncias es que las medidas precautorias quedan a voluntad de los y las fiscales, que son profesores de la universidad, y además muchos de ellos no tienen la capacitación para hacerse cargo de casos de violencia sexual o discriminación arbitraria”, criticó Martínez.

Sobre esto, la dirigenta reconoció y valoró la creación de una fiscalía en la universidad para llevar estos casos, pero observa con preocupación el hecho de que posiblemente “los casos actuales van a pasar a nuevas manos”.

“Tenemos que poner premura y prioridad a los casos que ya están, porque imagínate todo el tiempo que va a pasar en que se instale esta nueva institucionalidad, y que esté el presupuesto para que la cantidad de fiscales sea idónea para todos los casos”, remarcó.
Desvinculación de profesores

El nombre del abogado y ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, sonó bastante durante el “mayo feminista”, debido a las denuncias por acoso sexual de parte de su ayudante Sofía Brito. El académico, que se transformó en el rostro insigne de los docentes cuestionados por prácticas machistas, finalmente renunció a su cargo el 29 de agosto de 2018.

Sin embargo, ese no ha sido el mismo destino de otros profesores denunciados. Es más, la imposibilidad de desvincularlos o las bajas sanciones por parte de los reglamentos universitarios son unos de los temas donde menos se ha avanzado, coinciden las dirigentas en conversación con El Desconcierto.


Un caso muy gráfico de esta situación es el fallo de la Corte Suprema respecto a la desvinculación del docente de la Universidad Austral, Alejandro Yáñez. En diciembre pasado, el tribunal indicó que el despido del académico era “un acto inmotivado y, por lo mismo, arbitrario”, a pesar de las denuncias que pesan en su contra. En su momento, el sujeto fue sancionado por la universidad con el traslado hasta otra unidad en Calbuco durante dos años, periodo que está pronto a cumplirse. “Esa persona seguramente va a volver a sus labores normales. Volverá a estar en la Facultad de Ciencias. Va a estar en el mismo espacio que la persona que acosó”, comentó con preocupación Consuelo Sarmiento, una de las voceras de la movilización en la Universidad Austral.

La misma dirigenta contó que en la Facultad de Artes Integradas vivieron una situación en la misma línea, donde dos profesores resultaron sancionados mediante el reglamento interno, pero no fue posible desvincularlos.

En la Universidad Católica el panorama es el mismo. Según la vocera, en la institución continúan dando clases profesores denunciados con procesos abiertos. “En algunos casos los docentes son suspendidos, que es como estar de vacaciones para ellos”, acusó la joven, apuntando que los académicos en esta situación continúan recibiendo su sueldo.

La vocera de la asamblea en la Universidad de Chile coincidió con la postura de sus pares. “Si bien hoy se manifiestan voluntades de que hay que desvincular a los profesores cuestionados, eso queda en manos de personas que son del mismo estamento y que la mayoría de las veces son muy conservadoras. Tienden a dudar bastante de los relatos de las y los estudiantes. Ahí se produce un abuso de poder, porque al final es el testimonio de un estudiante versus un colega”, reclamó Martínez.
Avances en educación no sexista

Otro de los puntos que puso sobre la mesa la movilización feminista fue la exigencia de una educación no sexista, entendiendo que hoy existe una rígida división entre lo que se espera de los hombres y de las mujeres en términos académicos, basado en estereotipos de género. En este punto, las jóvenes también exigieron mayor presencia de autoras mujeres en los planes de estudio, o la desfeminización de carreras como párvulos o enfermería. Asimismo, pidieron que se erradicaran las conductas machistas del aula y que se utilizara lenguaje inclusivo en las cátedras.

Respecto a este punto, la vocera de la Universidad Católica comentó que actualmente existe una mesa de educación que se encuentra trabajando en este tema, pero que no se han visto avances concretos. “Allí se revisarán temas como la modificación de la Impronta UC (perfil de egreso), la diversificación de la bibliografía o la reestructuración de cursos antropológicos”, indicó Pinto.


Desde la Comité Paritario Género y Diversidad de la Universidad Austral explicaron que ya han “incorporado optativos de formación general en temáticas de género, cuestión que se venía implementando desde el 2018 y que se ha mantenido y aumentado. Finalmente, se está terminando de diseñar una serie de talleres sobre género que se impartirán a todos los estamentos de la comunidad universitaria”.

En la Universidad de Chile la instancia encargada de estas materias fue nombrada “mesa de modelo educativo”. “Es un trabajo de muy largo plazo y esa mesa ha sesionado en muy pocas ocasiones, porque todos esos avances que son sumamente importantes quedaron sujetos a espacios que no han sido periódicos“, comentó Martínez.

Cabe destacar que la institución estatal realiza hace algunos años cursos de formación general en relación a temáticas de género en la Casa Central. Esta es una iniciativa de la Dirección Igualdad de Género, órgano que viene trabajando el tema desde antes de las movilizaciones feministas, pero que vio robustecido su quehacer luego de estas.

“El petitorio claramente no se ha cumplido en un 100 por ciento porque cosas que estaban firmadas hoy no se están cumpliendo. En ese sentido, hubo mucho trabajo delegado a mesas de trabajo, pero como asamblea no tuvimos la capacidad orgánica de llevar representantes a todas ellas para presionar que sesionarán de acuerdo a lo acordado”, agregó la dirigenta.

Por Christopher Jerez Pinto 
Fuente: El Desconcierto