El cuerpo de las mujeres no debería ser un campo de batalla.
Amy Goodman y Denis Moynihan
En Estados Unidos, las crecientes acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el juez Brett Kavanaugh, candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, ameritan una investigación exhaustiva del FBI y no un juicio apresurado. Hasta la fecha, tres mujeres han presentado acusaciones graves sobre el comportamiento abusivo y potencialmente criminal de Kavanaugh.
El periódico The Washington Post fue el primero en publicar la denuncia de la primera mujer, la Dra. Christine Blasey Ford. La nota decía textualmente: “Kavanaugh la inmovilizó en una cama y la manoseó por encima de la ropa, apretando su cuerpo contra el de ella mientras intentaba quitarle el traje de baño de una pieza y la ropa que llevaba encima de eso. Cuando Blasey Ford trató de gritar, ella afirma que Kavanaugh le tapó la boca con la mano. ‘Pensé que podría matarme sin darse cuenta’, declaró la mujer”.
La Dra. Christine Blasey Ford describió públicamente los hechos el jueves, en una histórica audiencia del Comité Judicial del Senado en la que ella y el juez Kavanaugh testificaron bajo juramento: “Había música en el cuarto, que fue puesta a mayor volumen por Brett y Mark después de que entramos allí. Fui empujada a la cama y Brett se lanzó arriba mío. Comenzó a manosearme todo el cuerpo y a frotarse sobre mí. Grité esperando que alguien me oyera escaleras abajo, y traté de sacármelo de encima, pero era demasiado pesado. Brett me manoseó y trató de sacarme la ropa. Le costaba porque estaba muy borracho y porque yo tenía un traje de baño de una pieza debajo de la ropa. Creo que iba a violarme. Traté de gritar por ayuda, pero cuando lo hice, Brett me tapó la boca para que dejara de hacerlo. Esto fue lo que más me aterrorizó y tuvo el mayor impacto en mi vida posterior. Era muy difícil para mí poder respirar y pensé que Brett iba a matarme sin darse cuenta’”.
Esta semana, una segunda mujer, Deborah Ramírez, describió el abuso que sufrió en una habitación compartida del campus de la Universidad de Yale, donde cursaba su primer año junto con Brett Kavanaugh. Ramírez dice que Kavanaugh exhibió sus genitales ante ella cuando estaba ebria en una fiesta. “Recuerdo haber visto un pene frente a mi cara”, le dijo a la revista The New Yorker, y que luego vio a Kavanaugh subiéndose los pantalones.
Julie Swetnick fue la tercera mujer en hacer pública su denuncia. El miércoles afirmó que fue drogada y violada en grupo durante una fiesta en la que Brett Kavanaugh estaba presente. Swetnick afirmó en una declaración jurada: “También fui testigo de las acciones de Mark Judge, Brett Kavanaugh y otros para que las chicas se emborracharan y desorientaran, para que luego pudieran ser ‘violadas en grupo’ en una habitación lateral o dormitorio por un ‘tren’ de numerosos jóvenes”.
En una entrevista sin precedentes que brindó esta semana a Fox News, Kavanaugh, sentado junto a su esposa, afirmó: “En Estados Unidos tenemos justicia”. Cuando se le preguntó si el FBI debería investigar estas acusaciones de las mujeres, eludió el tema. Por supuesto que lo hizo, porque eso retrasaría su audiencia de confirmación en el Senado e involucraría testimonios de más personas, lo que invalidaría su estrategia de defensa de “él dijo, ella dijo”. ¿A qué llama justicia Brett Kavanaugh?
Basta con ver un caso reciente en el que el juez Kavanaugh emitió un dictamen respecto a una joven de 17 años de edad referida como “Jane Doe”, que huyó de su país para escapar de una situación de abuso y descubrió que estaba embarazada mientras permanecía bajo custodia de la autoridad de inmigración de Estados Unidos. Ella decidió interrumpir el embarazo, lo que habría sido algo de rutina durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Sin embargo, el gobierno de Trump intentó detenerla y Kavanaugh apoyó ese intento.
La agencia federal responsable de velar por los menores no acompañados, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, está a cargo de Scott Lloyd, que fue designado por Trump. Lloyd no tenía experiencia de trabajo con asuntos de refugiados. Se trata de un antiabortista fanático que se ha descrito a sí mismo como el creador de las restricciones sobre los abortos en etapas avanzadas del embarazo. Durante el gobierno del expresidente George W. Bush fue coautor de una normativa que permitía a los proveedores de servicios médicos religiosos negarles a sus pacientes los métodos anticonceptivos y el aborto.
Como director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Trump, Lloyd intervino personalmente en las acciones para desalentar a las mujeres jóvenes que están bajo el control de la oficina de hacerse abortos. Incluso intentó forzar a una víctima de violación que había sido inseminada por su violador a llevar el embarazo a término en contra de su voluntad. En ese caso, Lloyd escribió que prestar ayuda a la víctima conduciría a la “destrucción definitiva de otro ser humano”.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados forzó a Jane Doe a ir a un “centro de crisis de embarazo” operado por una organización religiosa y antiabortista, donde las mujeres son atosigadas con desinformación sobre el aborto y presionadas a llevar su feto a término. La joven obtuvo representación legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y finalmente tuvo acceso al procedimiento de interrupción del embarazo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles escribió: “Si no fuera por la intervención del tribunal, la señora Doe se habría visto obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz en contra de su voluntad”.
El caso fue tratado en pleno por los nueve jueces del poderoso Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. El juez Merrick Garland, a quien los republicanos del Senado le negaron la audiencia de confirmación cuando fue nominado para la Corte Suprema por el entonces presidente Obama, fue el juez principal del caso. El tribunal falló a favor de Jane Doe por una mayoría de 6 a 3. El juez Brett Kavanaugh emitió su fallo en disidencia, en el que argumentó que permitirle a Jane Doe el acceso a un aborto seguro, legal y protegido por la Constitución equivalía a otorgar “el derecho a un aborto inmediato a pedido”.
Esta es una semana histórica en Estados Unidos. El presidente Trump está ejerciendo presión para confirmar como juez de la Corte Suprema a un hombre que ha sido acusado en reiteradas ocasiones de conducta sexual inapropiada. Trump declaró en una conferencia de prensa el miércoles, la segunda que brinda solo desde que asumió el cargo: “Estoy a favor de la aplicación de la ley”. Entonces, ¿por qué no autoriza al FBI a investigar las acusaciones contra Kavanaugh? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que más de diez mujeres han acusado al presidente de agresión sexual o conducta sexual indebida?
Sea que se trate del control de las mujeres sobre sus propios derechos reproductivos o de la agresión y el abuso sexual, sabremos que hemos progresado cuando el cuerpo de las mujeres ya no sea un campo de batalla, cuando las mujeres compartan el poder de forma igualitaria y los hombres abusivos rindan cuentas.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
