Comité de Expertas @MESECVI expresa preocupación por la violencia política ejercida contra Pamela Alejandra Aguirre, representante del Parlamento Andino
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), recibió una denuncia en la que se refieren diversos actos de violencia y discriminación política contra Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, representante del Parlamento Andino. Al respecto, el Comité de Expertas hace notar que, de demostrarse los hechos señalados en la denuncia, se configurarían diversas manifestaciones de violencia política de acuerdo a lo establecido en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.
Los actos mencionados en la denuncia son: a) se habría tratado de utilizar el estado de embarazo de alto riesgo de la parlamentaria para que su representante alterno ocupase el cargo; b) se habrían negado sus derechos a la licencia de maternidad y a la lactancia, por no encontrarse contemplados en Reglamento General del Parlamento Andino, lo que la habría obligado a viajar a Bogotá a las sesiones plenarias ordinarias a los 15 días de su alumbramiento y a interrumpir la lactancia de su hijo; c) se habrían generado ataques misóginos en redes sociales acusándola de abandonar a su hijo recién nacido; y d) se le habrían negado condiciones de igualdad frente a otros parlamentarios por parte de la Oficina Nacional de Representación Parlamentaria Nacional del Ecuador.
Al respecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política:
a) Se habría discriminado a la parlamentaria en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo y puerperio;
b) Se habrían restringido los derechos de la parlamentaria debido a la aplicación de sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos al no otorgarle la licencia de maternidad y los permisos de lactancia;
c) Se habrían generado, en redes sociales, expresiones degradantes contra la parlamentaria en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y menoscabar sus derechos políticos; y
d) Se habría limitado el uso de recursos inherentes al cargo político que ocupa la parlamentaria, impidiendo el ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad.
En este sentido, el Comité de Expertas solicita al Parlamento Andino que: a) se haga una investigación, seria, efectiva, imparcial y en un plazo razonable sobre los hechos denunciados de tal manera que, en su caso, se sancione a los responsables y se otorguen las medidas de reparación correspondientes a la presunta víctima; b) se revise el Reglamento General del Parlamento Andino con la intención de asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres durante el estado de embarazo, parto, puerperio y lactancia, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional de Trabajo; c) se revise el Reglamento General del Parlamento Andino para que se incluyan las disposiciones necesarias para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la vida política; d) y se hagan valer los derechos de la parlamentaria en condiciones de igualdad en relación con otros parlamentarios.
Asimismo, el Comité de Expertas solicita a los Estados miembros del Parlamento Andino que tomen las medidas necesarias para coadyuvar en el cumplimiento de las medidas mencionadas y asegurar el respeto y garantía de los derechos de las mujeres a la igualdad y a una vida libre de violencia en la vida política.
