Argentina. Justicia, trabajos y cuidados: los temas pendientes en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para el periodo 2020-2022.
Una lectura exhaustiva del tercer Plan Nacional de Acción Contra las violencias por razones de género: puntos superadores, avances metodólogicos y temas pendientes. Escribe Florencia Losio, abogada feminista, Diplomada en Género y Derecho (UBA) y en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO Argentina). Además es trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Fotos: NATACHA ARBURÚA
Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es una mandato que surge del artículo 9 de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres. Su decreto reglamentario Nº 1011/2010, establece que este se revisará en el mes de noviembre de cada año, a partir del 2011. Sin embargo, los devenires de cada plan no han sido tan así desde 2009 a esta parte. Su institucionalización, control y revisión es aún una práctica endeble. Esto es, en definitiva, porque el Plan Nacional de Acción es un terreno en donde se disputan sentidos y se vislumbran las fisuras de los feminismos.
Allá lejos quedaron las ilustraciones en carbonilla de Ángela Urondo, en el primer Plan Nacional de Acción 2014-2016, que vio la luz después de la primer marcha por Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Fue durante la gestión de Mariana Grass como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, y más que un plan fue un informe de gestión. Ángela, la primera hija de “Paco” Urondo, a la que por muchos años le fue negado su derecho a la identidad, nos representaba diversas, plurales y singulares, a las que no era posible encasillar en un sujeto único de “mujer”.
El segundo Plan Nacional de Acción, se presentó para las gestiones de los años 2017-2018. Era presidenta del CNM de aquel entonces, Fabiana Túnez, y Presidente de la República, “el feminista menos pensado”, Mauricio Macri. Diseñado en un todo violeta, el logo del bicentenario ya no tenía el sol, como si durante esos años faltara la patria misma.
Finalmente, el pasado viernes 3 de julio Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad junto con el Presidente de la Nación Alberto Fernández, acompañadxs por grandes mujeres, feministas, políticas y dirigentes, presentaron el tercer Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para el periodo 2020-2022.
Es el doble de extenso que sus anteriores y presenta puntos que merecen ser destacados como superadores. Primeramente, se reconoce una nueva rigurosidad metodológica y la clara consideración del Plan como una política pública, que piensa acciones y propuestas considerando todo el ciclo de las políticas: planificación, ejecución, control y revisión. En segundo lugar incorpora una perspectiva de diversidad, con la inclusión del colectivo LGTBI+ en las políticas públicas, que es desarrollado en todo su texto. Y por último reconoce la ruralidad y la discapacidad como aspectos relevantes de la interseccionalidad y de la planificación y ejecución de políticas al respecto.
En su estructura, la Prevención; la Asistencia y Abordaje Integral, la Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y la Gestión de la Información, Transparencia y Monitoreo, son los cuatro ejes del Plan a los que se les transversaliza la interseccionalidad, la multiagencialidad y las redes territoriales.
Este plan se plantea como un cambio de paradigma en cuanto al abordaje de las violencias, de uno individual a uno integral. Sin embargo, deberíamos plantearnos promover la integralidad de los abordajes, tantos los individuales como los colectivos, con estrategias duales que caminen enlazadas, que miren por un lado las desigualdades estructurales y por el otro las singularidades subjetivas de las personas en situación de violencia.
La justicia inaccesible
Casi a diario nos enteramos de prácticas, pronunciamientos y sentencias que responden a una justicia patriarcal. Este accionar de la justicia perpetúa los obstáculos en el acceso, revictimiza y desoye a las víctimas y muchas veces encarcela y castiga a las mujeres y las diversidades sexuales que no responden a los cánones hegemónicos. Acceder a la justicia es mucho más que llegar a las puertas de un Tribunal. Es necesario que este servicio sea bueno, de respuestas en tiempo oportuno, adecuadas y que insten a resolver el conflicto que se les presenta.
El acceso a patrocinios jurídicos y querellas gratuitas de manera federal por parte de las víctimas de violencia resulta una herramienta fundamental. Para atender esta cuestión el Plan presentado plantea como una de las acciones estratégicas “Facilitar el asesoramiento y el patrocinio jurídico gratuito con perspectiva de género, diversidad y enfoque interseccional”. Además de la derivación de casos al Cuerpo de Abogadxs en las provincias que ya existe, se propone la creación de un programa de patrocinio jurídico gratuito, la generación de una red federal de abogadxs para el asesoramiento, y clínicas de prácticas profesionales para el abordaje de casos de violencia por motivos de género en las universidades. Asimismo resultan relevantes como medidas complementarias los registros de intérpretes no hispanohablantes, lenguas originarias y de personas con discapacidad. Estas acciones mayormente se plantean en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y universidades nacionales.
A pesar de todas las acciones que el Plan plantea, este eje está eminentemente emparentado con el sistema de administración de justicia, pero la articulación interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y el Consejo de la Magistratura, es difícil y poco habitual, siendo casi siempre los grandes ausentes a la hora de planificar, ejecutar, controlar y evaluar políticas públicas internas.
Seguramente sostenidos en la división de poderes y en su independencia niegan, y pocxs les reclaman, que sus funciones administrativas, organizativas y jurisdiccionales tienen que ser atravesadas por las perspectivas de género y diversidad, y que forman parte de un Estado que debe estar al servicio de la sociedad, articular entre sí e incorporar toda la normativa internacional y nacional de derechos humanos de las mujeres, las niñas y las diversidades.
Así cuando el sistema de administración de justicia es interpelado por esta perspectiva surgen dispositivos que transforman la realidad del sistema y de sus usuarixs. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, el Programa Piloto de Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Dirección de Orientación a la Víctima y la Dirección de Acceso Territorial todas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, son algunas de estas experiencias. .
Además este sistema cumple una importante función de prevención de la ocurrencia de nuevos hechos violentos. Así juezas y jueces sin importar su competencia son lxs unicxs habilitadxs a dictar las medidas de protección reconocidos en la ley de Protección Integral Nº 26.485 y en la Ley de Victimas Nº 27.372.
Conforme lo plantea el nuevo Plan, la concentración de las acciones de protección en los agresores y no en las personas en situación de violencia, resultan clave para que la realización de la denuncia no forme parte de nuevas restricciones a la libertad de las mujeres y diversidades, pero estas son imposibles de promover y aplicar sin la participación activa de un Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, que se involucre, capacite y promueva los movimientos internos para su concreción.
Por otra parte, en el año 2016 se dictó la Ley de Víctimas Nº 27.372, que implicó avances en las facultades procesales de quien promueve la denuncia, mayor acceso a la información, a la participación, medidas de protección y recursos necesarios para sostener el proceso penal y la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los preceptos de esta ley se enlazan con el eje transversal de multiagencialidad y la capacidad de lxs sujetxs de decidir el rumbo del proceso y en definitiva de su trayectoria de vida para salir de las violencias. A pesar de los avances que esta ley implica, el Plan no plantea acciones estratégicas con el Ministerio responsable para su efectiva implementación y adhesión por parte de las provincias.
El trabajo invisible
El acceso al trabajo de manera inestable, precaria e informal, junto con una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidados, promueven la desigualdad estructural en la que nos encontramos las mujeres y diversidades. Generar acciones que reviertan este orden y promuevan la autonomía física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres y las diversidades sexuales, resultan indispensables para salir de las situaciones de violencias y para prevenir futuras.
Aún con el reconocimiento expreso de estas condiciones en el Plan se presentan pocas acciones estratégicas referidas al acceso igualitario al trabajo, y ninguna a la agenda de cuidados. Esto podría deberse a que conforme se manifiesta, han sido retiradas 11 políticas que promueven igualdad, ya que serán incorporadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIOD), en construcción. Sin embargo atendiendo al principio de no regresividad en las políticas públicas y a que las violencias basadas en el género son condicionadas y propiciadas por la discriminación y la desigualdad, hubiese resultado oportuno dejarlas planteadas también en este Plan.
En cuanto a la agenda de cuidados, especialmente se desaprovecha la fuerza que adquirió esta agenda en la actualidad, potenciada por el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que visibilizó la importancia que el cuidado adquiere para el sostenimiento de la vida. Se puso sobre la mesa la desigual distribución de las tareas al interior de los hogares, que se ve maximizado con la ausencia de espacios de cuidados o personas, mayormente mujeres, en donde derivarlos, ya sea mercantilizado o familiar, y la complejidad aún mayor en la conciliación trabajo remunerado y trabajo no remunerado.
En cuanto a la agenda del trabajo remunerado, en los últimos años hemos experimentado una fuerte sindicalización de las mujeres y diversidades, y un viraje de lxs mismxs hacia los movimientos feministas, que han hecho tambalear las estructuras sindicales, aunque aún falte mucho para que se vea reflejado en la representación. Las trabajadoras sindicalizadas han tomado las calles para reclamar por aborto legal, en contra de las bajas de las moratorias jubilatorias que impactan diferencialmente en la vida de las mujeres, y así también han presentado proyectos de ley de ampliación de licencias para lxs trabajadorxs, torciendo el destino de muchas políticas de ajuste del gobierno anterior, que impactaban sin dudas de manera diferencial en la vida de las mujeres, las niñas y diversidades.
Tampoco son casuales los últimos convenios OIT, el 189, referido a lxs trabajadorxs domésticos y el 190, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Estos fueron motorizados por la fuerza arrolladora que el movimiento feminista adquirió a nivel internacional. A pesar de todo este recorrido pocas acciones toman a las trabajadoras y las asociaciones sindicales como aliadas en este cambio.
Ambas agendas están eminentemente emparentadas: promover el trabajo digno y su acceso en condiciones de igualdad, junto con una agenda que organice socialmente los cuidados es un desafío aún pendiente. Pero a diferencia de otros tiempos, hoy tenemos un nuevo Ministerio y la clara voluntad de construir políticas públicas que achiquen las brechas de género, que afiancen el tejido social y promuevan un país más justo e igualitario para las niñas, las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Para todos, para todas y para todes.
- El Plan completo se puede descargar en este link.
Fuente: Latfem
