Las políticas climáticas feministas son las únicas políticas resilientes
“El feminismo impregna la actividad humana cotidiana y responde a los desafíos actuales: cómo producimos y distribuimos los recursos, y cómo nos relacionamos con el resto de personas y ecosistemas”, explica Sandra Sotelo Reyes en este artículo.
Imagen de una movilización a favor del clima. Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermon
«Repitan conmigo: las políticas climáticas son demasiado patriarcales».
Activista por el clima
SANDRA SOTELO REYES // Con cada decisión que tomamos ahora estamos forjando nuestro futuro y el de quienes vendrán después, tanto si tenemos en cuenta las oportunidades y las amenazas existentes para hacer frente a las desigualdades y el sufrimiento, como si no tomamos medidas. No viajamos «todas en el mismo barco» en lo que respecta a la justicia climática. No existe neutralidad de género, clase o etnia a la hora de abordar la sostenibilidad y no habrá justicia climática sin un enfoque feminista e interseccional.
El último Foro Generación Igualdad de las Naciones Unidas (GEF, por sus siglas en inglés) reunió a organizaciones de mujeres, gobiernos y sector privado para examinar la situación actual de la igualdad de género. Asistimos, por enésima vez, a una revisión de los avances y logros (o de la falta de ellos) en materia de justicia de género y derechos de las mujeres con relación a los hitos establecidos en 1995 (Beijing+25). En esta ocasión se crearon seis Coaliciones para la Acción temáticas, centradas en las prioridades feministas globales: violencia de género; justicia y derechos económicos; autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva; acción feminista para la justicia climática; tecnología e innovación para la igualdad de género; y movimientos y liderazgo feministas. Las Coaliciones para la Acción redundarán en planes de acción de cinco años para cada ámbito. Es revelador que la justicia climática esté entre las seis principales prioridades feministas globales.
Vemos, una vez más, que el feminismo impregna la actividad humana cotidiana y responde a los desafíos actuales: cómo producimos y distribuimos los recursos, y cómo nos relacionamos con el resto de personas y ecosistemas de los que dependemos.
La crisis climática nos ha ayudado a percibir mejor las tremendas (y grotescas) brechas y discriminaciones que existen en términos de género, raza, clase y estructuras socioeconómicas, que socavan la vida de cientos de millones de personas en nombre de un capitalismo que trabaja para una minoría. La economista feminista Amaia Pérez Orozcoreflexiona sobre este conflicto en su libro Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, que resume por qué las activistas climáticas y las feministas coinciden en la denuncia de un sistema que ha instrumentalizado y puesto en peligro tanto al mundo natural como a las personas, en especial a las que están oprimidas por su género, clase, raza o geografía.
¿Qué podemos esperar de las cumbres mundiales? Cuando Pérez Orozco comenta los encuentros mundiales sobre medioambiente, las Conferencias de las Partes (conocidas por las siglas en inglés COP), afirma que «este tipo de cumbres no atacan la raíz de los problemas estructurales porque eso supondría cambiar realmente las relaciones de poder. Quienes se encargan de la toma de decisiones en estas cumbres no van a abordar los problemas estructurales porque con ello se pondrían en entredicho». Sin embargo, la diferencia en las cumbres medioambientales radica en que tratan problemas que «son comunes a toda la humanidad, tanto para quienes hacen negocios como para quienes ven sus vidas explotadas por esos negocios. (…) Ese gran poder hegemónico global se siente afectado por el colapso ecológico, pues ataca justo lo que ha sido su modo de funcionamiento: la energía barata». Y tanto los recursos naturales como el trabajo de cuidados no remunerado son ejemplos paradigmáticos de esa energía barata.
Hasta ahora, en la mayoría de debates sobre género y clima en los foros mundiales vemos que el foco se pone en las mujeres en lugar de en el género y el feminismo; observamos medidas de mitigación y adaptación en lugar de una transformación radical del sistema económico, y asistimos a debates sobre cuotas aceptables de emisiones en lugar de formas de abordar la economía política existente.
También se presenta a las mujeres por un lado como víctimas de la degradación del medioambiente que necesitan ser rescatadas, y por otro como heroínas liderando iniciativas para detener la destrucción de la naturaleza. En simultaneo se les atribuyen el cuidado de la familia y el trabajo de subsistencia, instrumentalizando la discriminación por razón de género como parte de la «solución». Evidentemente, esta retórica esencialista hacia las mujeres –especialmente hacia las mujeres pobres y racializadas del sur global– ignora la estrategia instrumentalista oculta tras el vínculo que se pretende entre mujeres y naturaleza,excluyendo además a los hombres de esta última y asociándoles más con la cultura. No nos equivoquemos: las mujeres son, en efecto, las más afectadas por el cambio climático y los desastres naturales, pero su vulnerabilidad no es innata, sino el resultado de las desigualdades producidas por los roles sociales de género, el racismo, el clasismo y el patriarcado que se traducen en normas sociales, prácticas culturales y leyes que son discriminatorias, y que dan lugar a la pobreza.
La ausencia de análisis de género y poder, y de indicadores diferenciados por género, edad y otras variables en la mayoría de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), y el hecho de que las autoridades climáticas validen unas CDN tan exiguas, da una idea del carácter patriarcal de las políticas climáticas.
Las CDN están en la base del Acuerdo de París: son las acciones climáticas posteriores a 2020 a las que se compromete cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. Que no nos sorprenda no encontrar cuestiones de género en las CDN en un contexto tan patriarcal. Los países deben garantizar la integración de las decisiones políticas internacionales relativas a la transversalización de género en la adaptación al cambio climático, tanto en el diseño de sus políticas nacionales y en las CDN como en los Planes Nacionales de Adaptación (PNAD). Esto no se logrará sin paridad representativa ni sin incluir las distintas voces afectadas. En la actualidad, a pesar de la existencia de un plan para garantizar la representación de las mujeres y las niñas en toda su diversidad, están infrarrepresentadas en todos los niveles y sectores de la justicia climática, desde la planificación nacional hasta la comunitaria, en el sector público y en la financiación climática y la energía limpia.
El hecho de que la financiación climática sea inaccesible para las organizaciones feministas, juveniles y activistas de derechos de las mujeres, es otro indicador del contexto patriarcal en el que vivimos. En el reciente Foro Generación Igualdad, la Coalición para la Acción Feminista para la Justicia Climática pidió un aumento de aquí a 2026 del porcentaje de los flujos financieros globales para el clima, públicos y privados, destinados e invertidos en soluciones climáticas con justicia de género, en particular a nivel comunitario y rural. Esto incluye un incremento del 65 % de la proporción de la financiación bilateral y multilateral para el clima destinada a la igualdad de género.
La ausencia de análisis de género y poder en los compromisos nacionales, y la falta de acceso a la financiación climática de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres impiden el diseño de políticas adaptativas eficaces y, en cambio, contribuyen a las prácticas maladaptativas.
Un ejercicio interesante que se puede proponer a nuestro entorno más escéptico es observar las CDN desde el prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y evaluar, por ejemplo, cómo se articula el objetivo número 5 sobre igualdad de género en relación con las CDN. Es decepcionante ver cómo, de todos los ODS, el vínculo entre las CDN y el objetivo número 5 es el más débil. Para encarar esto, hay que mejorar y potenciar la capacidad de millones de mujeres y niñas para desarrollar resiliencia ante los riesgos climáticos y de desastres, mitigar el cambio climático y hacer frente a las pérdidas y los daños, entre otras medidas a través de modelos cooperativos comunitarios o garantizar los derechos sobre la tierra y la seguridad de la tenencia.
Ya existen algunos ejemplos de iniciativas de financiación que intentan solucionar los efectos negativos de las políticas climáticas patriarcales. Recientemente el Banco Africano de Desarrollo, a través de su Fondo Africano para el Cambio Climático, apuntaba a propuestas en las que la resiliencia climática constituyera el conductor de transformaciones estructurales en modelos de gobernanza equitables y compatibles con los derechos de las mujeres. Que algunos donantes demuestren su comprensión sobre la intersección entre justicia climática y justicia de género es fundamental para inspirar a otros y mostrar el camino hacia abordajes no patriarcales.
El enfoque feminista se sumerge en las causas estructurales de la desigualdad, estudiando los roles, las responsabilidades y en cómo estos se atribuyen a un género determinado. Evalúa los riesgos climáticos diferenciados a los que se enfrentan las mujeres y los hombres en toda su diversidad, transexuales, personas no binarias y otras identidades, de todas las edades, todas las sexualidades, creencias, clases y etnias. Partiendo de este entendimiento, sólo las políticas climáticas feministas son políticas resilientes frente al cambio climático.
Por Sandra Sotelo Reyes es asesora de Justicia de Género en Resiliencia y Cambio Climático de Oxfam.
Fuente: La Marea
* Las opiniones y recomendaciones expresadas en este artículo son de la autora y pueden no coincidir exactamente con las de Oxfam.
