Uruguay. Rediseño de la postulación al sistema, cuidadoras comunitarias y viviendas con apoyos, algunas claves del nuevo Plan Nacional de Cuidados

Valentina Perrotta durante la presentación del Plan Nacional de Cuidados en la Torre Ejecutiva, el 20 de abril. Foto: Ernesto Ryan

El documento propone acciones para “avanzar en el derecho universal al cuidado”, “promover trabajo y formación de calidad para quienes cuidan”, “disponibilizar información y conocimiento de calidad” y promover el cambio cultural.

En el marco del Mes de los Cuidados –que este año homenajea a la socióloga y pionera Rosario Aguirre, fallecida en enero– el gobierno presentó este lunes en el auditorio del edificio anexo de la Torre Ejecutiva el tercer Plan Nacional de Cuidados para el período 2026-2030. Durante la presentación, a la que asistió el presidente Yamandú Orsi, entre otras autoridades de ministerios y organismos del Estado, la adjunta a la dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados, Valentina Perrotta, destacó que es la primera vez que este plan se elabora con el “aporte sustantivo” del Comité Consultivo de Cuidados, integrado por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el sector privado y la academia.

Además, tal como había adelantado a fines de febrero a la diaria, Perrotta señaló que la estrategia tiene cuatro objetivos específicos: avanzar en el derecho universal al cuidado, asegurando servicios, subsidios y programas de cuidados a lo largo del curso de vida y regulación de la calidad; promover trabajo y formación de calidad para quienes cuidan, garantizando las condiciones laborales dignas para el sector de cuidados; generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad para la toma de decisiones acerca de una política pública de cuidados; y promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados.

Por su parte, Valentina Curto, gerenta del área programática y de articulación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), mencionó las innovaciones que incluye el plan. Por un lado, el rediseño del mecanismo de postulación al SNIC; así, explicó que la idea es hacer una transición hacia una postulación única al SNIC y no por servicios, basada en “la valoración integral de las necesidades de cuidado de cada persona y hogar”.

Otra novedad tiene que ver con la creación de nuevas figuras de cuidado comunitario que brindan respuestas a personas que viven en sus hogares y requieren apoyos: por un lado, la creación de cuidadores y cuidadoras comunitarias, que atienden a personas con base en “modelos de convivencia, integración social, promoción de autonomía y apoyo comunitario”; por el otro, el diseño de gestores y gestoras de casos, que tiene como función distribuir el trabajo y acordar un plan con la persona en función de la canasta de servicios del SNIC y de la protección social. En tercer lugar, Curto anunció la implementación de un piloto del programa de capacitación Canelones Te Cuida y señaló que la idea es eventualmente trasladarlo a otros departamentos del país.

A esto se suma la creación de un programa de viviendas con apoyos, donde conviven personas con distintos grados de autonomía y cuentan con acompañamiento profesional y social adaptado a sus necesidades, que lo que busca es “garantizar el derecho a una vida independiente y a la integración comunitaria de personas que requieren determinados apoyos para su vida cotidiana, pero que no necesitan –o no desean– residir en un centro de larga estadía”.

Durante la presentación del plan las autoridades recordaron que los cuidados fueron incluidos como uno de los cuatro componentes del diálogo social convocado por el Poder Ejecutivo y que en ese ámbito se discutió puntualmente “un instrumento de financiamiento para los cuidados de larga duración basándose en la evidencia internacional y los antecedentes nacionales”.

En la apertura del evento, la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Susana Muñiz, reconoció que la implementación no será “tarea sencilla”, que “siempre implica poner nuestros conocimientos, pero también nuestras experiencias y vivencias, nuestras cargas y dolores”. “Quiero pedir perdón a quienes aún no hemos podido llegar, que son muchas y muchos, lo sabemos. Y lo decimos con dolor, pero también con compromiso de caminar dos pasos, sabiendo que el horizonte se aleja dos pasos y que, si caminamos diez pasos, se corre diez pasos más, pero en esta búsqueda porfiada de la utopía, y con Rosario en el corazón, seguiremos caminando”, agregó.Apoyá nuestro periodismo.

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Acceso, cobertura y calidad de los servicios

El primer objetivo propone avanzar en la universalización en el acceso a servicios, subsidios y apoyos de calidad. En materia de infancias y adolescencias, las acciones incluyen adecuar y mejorar el acceso a la red de oferta pública de cuidados en primera infancia y el tiempo de permanencia en ellos (CAIF, Casas Comunitarias de Cuidados, Centros Siempre), y lo mismo en cuanto a niñas, niños y adolescentes (clubes de niños y niñas, centros juveniles, escuelas de tiempo completo y extensión de tiempo pedagógico en educación media). A su vez, se plantea fortalecer las trayectorias educativas mediante el cuidado en ámbitos educativos –asistentes personales y facilitadores de autonomía– e implementar un sistema de indicadores de calidad en centros públicos y privados de primera infancia.

Respecto del cuidado de las personas mayores en situación de dependencia, el plan propone ampliar y mejorar el acceso a servicios de cuidado a personas mayores y con discapacidad –programa de teleasistencia, Centros de Día y viviendas con apoyos–, y mejorar la calidad de los servicios mediante el fortalecimiento normativo y de supervisión. Para las personas que cuidan, se prevé el “reconocimiento de derechos” como “licencias, seguridad social, autocuidado, relevo en centros comunitarios, salud mental”. También está la intención de incorporar la perspectiva de cuidados en políticas de vivienda, hábitat, transporte y cambio climático.

En cuanto a los apoyos para personas en situación de dependencia severa a lo largo del curso de vida, las líneas de trabajo se centran en mejorar la calidad de atención en el programa de Asistentes Personales mediante la “provisión colectiva a través de cooperativas, empresas sociales y otras figuras jurídicas que permitan mayor supervisión, acompañamiento, mejora de la calidad de empleo y mayor apoyo para quien realiza cuidados y quien los recibe”. Al mismo tiempo, el plan prevé un protocolo creado para priorizar visitas en casos de violencia basada en género.

Formación de personas cuidadoras, generación de información y cambio cultural

Para cumplir con el segundo objetivo, el plan establece cuatro líneas de trabajo: condiciones laborales, que abarca la estrategia de la negociación colectiva, revisión normativa e incorporación de cláusulas de corresponsabilidad en los convenios en el marco de los Consejos de Salarios; provisión colectiva, mediante la expansión del modelo cooperativo y otras formas asociativas de prestación; la inclusión del sector cuidados en el Sistema Nacional de Empleo y formación vinculada a las demandas territoriales; y la formación y profesionalización, a través de la promoción de trayectorias formativas (básica, avanzada, técnica y terciaria), formación permanente, formación de formadores, certificación de saberes y cobertura nacional con modalidades flexibles y virtuales.

En tanto, el tercer objetivo apunta a generar y disponibilizar información y conocimiento para “fortalecer la gestión basada en evidencia y la transparencia”. En ese sentido, se propone consolidar el Registro Nacional de Cuidados creado por ley, integrando datos del Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y Adolescente, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación; desarrollar indicadores de cobertura, calidad y financiamiento; publicar reportes semestrales; promover auditorías sociales y territoriales y cumplir con las rendiciones de cuentas de la ley, e impulsar investigación aplicada y gestión del conocimiento en red.

Por último, de cara al cambio cultural, el documento establece cuatro líneas de trabajo: campañas de sensibilización sobre derecho al cuidado, igualdad de género y valorización del trabajo de cuidar; formación en corresponsabilidad para varones, empresas y actores públicos; articulación con educación, medios y cultura para promover nuevas representaciones del cuidado; e incorporación del enfoque de cuidados en las políticas públicas sectoriales.

Reconocimientos y desafíos del plan

Después de la presentación del plan, la doctora Clara Fassler –una de las impulsoras del SNIC en nuestro país– y la socióloga Karina Batthyány –investigadora especializada en cuidados– compartieron sus comentarios en representación del Comité Consultivo de Cuidados. “Celebramos realmente este tercer plan porque marca un hito y un cambio importante respecto de momentos anteriores”, aseguró Fassler, pero resaltó que “indudablemente es un plan de mínima”, considerando las “importantes necesidades de cuidado que tenemos” en este país. “Esto implica que tenemos que ver los cuidados no solamente como un gran gasto, sino que son una inversión. Porque los cuidados tienen que ver con cubrir necesidades individuales, pero también tiene una dimensión económica que es necesario poner sobre la mesa”, agregó.

Batthyány, por su parte, reconoció tres “avances importantes” que recoge el plan: en primer lugar, “reafirma con claridad el enfoque de derechos y la corresponsabilidad entre Estado, sociedad civil, familias y varios y varias actores más”; en segundo lugar, “recupera una mirada sistemática e integral, aborda el cuidado a lo largo del curso de vida, incorpora a quienes reciben cuidado como a quienes cuidamos remunerada y no remuneradamente, y articula dimensiones clave como los servicios, la formación, la regulación, la información y el cambio cultural”; en tercer lugar, “vuelve a colocar en el centro la dimensión laboral del cuidado, reconociendo las condiciones de precarización e informalidad que atraviesan al sector y proponiendo avanzar en profesionalizarlo en negociación colectiva y, por supuesto, en la mejora de las condiciones de empleo”.

En paralelo, puntualizó “desafíos estructurales” en tres ejes: “avanzar hacia la universalidad real y no solamente declarativa”, construir “una institucionalidad robusta y jerarquizada” y “asegurar recursos suficientes y sostenibles”.

Fuente_ La Diaria.es

¿Qué voces? ¿Qué cuerpos? ¿Qué fronteras? Hablemos de misogynoir

La voz de las mujeres negras existe, pero el sistema la estrangula para no reconocer el propio problema que alimenta

Aún me acuerdo hace siete años cuando di la asignatura de Intervención Social en Violencia de Género durante la carrera. Esa asignatura era optativa, pero cierto es también que durante la carrera de Trabajo Social en la UMA se aborda de forma troncal esta cuestión y la igualdad de género en prácticamente todas las asignaturas.

Me estaba acordando de esa asignatura por lo poco que han cambiado las cosas, desde aquellos pequeños roces que teníamos tanto yo como otra compañera, también afrodescendiente, con mi profesora por la falta de perspectiva racial en el asunto. El problema no era ella, como persona individual, sino todo el sistema.

Desde aquel 2019 a día de hoy he trabajado en el ámbito de las violencias machistas y una de las cuestiones con las que rebufo es el vaciado de la interseccionalidad. Como sabes, la interseccionalidad es una herramienta analítica que ayuda a entender cómo los diferentes tipos de desigualdad (racismo, sexismo, capacitismo o clasismo) no solo existen uno al lado del otro, sino que a menudo se superponen y agravan, generando dinámicas de opresión específicas. Por ejemplo, la misogynoir es la discriminación a las mujeres negras por ser mujeres negras, no mujeres, por un lado, y negras por otro.

Pues bien, ahora el concepto de la interseccionalidad está hasta en la sopa, especialmente en convocatorias relacionadas con cuestiones relativas a la igualdad de género y la prevención de violencia. Esas convocatorias, ya te lo digo, están mal.

Sí, como lo lees, están mal planteadas. En muchas el eje racial no es algo valorable, pero el quid, el meollo, es que quienes evalúan las propuestas recibidas no saben realmente qué es la interseccionalidad ni tienen en cuenta además a quiénes las hacen, pues las organizaciones compuestas por mujeres negras rara vez tienen financiamiento, y cuando lo tienen es precario.

No es raro encontrarte proyectos que hablan de África, de hacer cosas con África, blablablá, pero el equipo técnico y la entidad está formada por personas blancas, siendo las negras el objeto del proyecto. Bueno, con suerte, hay una, pero está contratada en una categoría inferior como mediadora cultural, lo cual implica un salario menor para una función clave y determinante.

No es cosa mía, somos muchas mujeres negras profesionales de lo social, pero con una labor poco sostenible. Es una de las cuestiones que han salido tanto en las entrevistas como en los grupos focales del estudio que he coordinado para la Asociación Biznegra: “Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de las violencias machistas a mujeres negras en España”, donde todo el equipo de investigación somos mujeres negras (africanas y afrodescendientes) con trayectoria en la materia como trabajadoras sociales, doctoradas, investigadoras, psicólogas o politólogas. Este estudio, financiado por Fondo Calala y la Unión Europea, refleja además que uno de los grupos más vulnerables a violencias machistas son las mujeres negras nacidas y/o criadas desde temprana edad en España, que no han tenido contacto ni relación con la comunidad negra.

Mediante metodología cualitativa se explicita cómo el racismo es el factor clave en el impacto de la violencia machista en las mujeres negras, siendo específico y profundo, y manifestándose como Trauma Racial y Psicosocial. Como te conté en “De eso no se habla delante de gente blanca”, existe una presión social y estructural hacia las mujeres negras para mantenerse en contextos de violencias machistas, a través de la falta de amparo efectivo y la violencia política y simbólica. El sistema, al no reconocer sus necesidades, las empuja a la autocensura y al silencio.

¿Sabes? Ese artículo trajo cola. Algunos hombres negros con los que trabajaba me bloquearon, otros me mandaron mensajes acusándome de ser la culpable de los males en la comunidad, de que la gente blanca no quisiera trabajar con la comunidad porque “nos ven como machistas”. Es gracioso, porque esta investigación ha tenido que descartar una encuesta, por mensajes de hombres negros que sabían que “eso no era algo importante para las mujeres negras”, y las estábamos distrayendo de su trabajo.

Sin embargo, ese artículo lo escribí por un abuso sexual a una chica negra por parte de un chico negro. Ese artículo lo escribí porque esa chica, cuando denunció, fue acosada con comunicados públicos en redes, en su casa y difamada. Ese artículo lo escribí, dado que tanto mujeres negras como blancas estaban apenadas porque el chico fuera señalado y perdiera oportunidades laborales. Pero ese chico ha seguido trabajando en festivales, conferencias y recomendado en su sector, porque ante el apoyo (que todo el mundo niega haberle dado), ni ella ni ninguna de las otras mujeres negras agredidas denunciaron nunca judicialmente.

Desde las instituciones se ha hecho un transvase del concepto transversalidad bajo la etiqueta de “interseccionalidad”, y claro, pues pasa lo que pasa: las medidas supuestamente abolicionistas del actual Ministerio de Igualdad van a fomentar el racismo inmobiliario hacia las mujeres migrantes y a las no blancas.

En mi artículo de noviembre, ya te conté que en España entre 2003 y 2021 de los 1.031 feminicidios que se registraron, el 31,3% de ellos fueron perpetrados contra mujeres migrantes. Es decir, equivale a entre 10 y 11 feminicidios por cada millón de mujeres migrantes residentes en España. En contraste, los feminicidios de mujeres españolas en el mismo período se situaron entre 1,7 y 2 por cada millón de mujeres españolas. Eso implica una sobrerrepresentación, dado que son alrededor del 9,18% de la población total en España, dejando patente que el sistema no las está protegiendo, dado que denuncian en el mismo porcentaje en el que son asesinadas.

Y es que, tras escuchar centenares de testimonios en esta investigación, mi conclusión es clara: la voz de las mujeres negras existe, pero el sistema la estrangula para no reconocer el propio problema que alimenta. Aunque haya tímidos avances institucionales, mientras que vivamos en el marco de la Ley de Extranjería, el perfilamiento racial y la opacidad en casos como el de Mahamedi, o el archivo sin toma de testimonio de los seis agentes implicados en el asesinato de Haitam. Mientras esto ocurra de forma rutinaria, el Estado no puede sorprenderse de que nuestra percepción sea de absoluta desprotección.

Si las instituciones ignoran el racismo, las violencias machistas seguirán siendo un asunto de gente blanca, y luego se preguntarán “¿por qué las mujeres negras no denuncian?”.

Link de la nota: https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/voces-cuerpos-fronteras-hablemos-misogynoir_132_13137860.html

Por Iliassou Olalla

Fuente: El Diario.es

La prostitución no es trabajo: un imperativo feminista y democrático

No puede existir verdadera libertad sin igualdad. Cuando la libertad se invoca en contextos de profunda desigualdad, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Como han señalado pensadoras feministas: «la libertad sin igualdad es elitismo». Desde esta premisa, resulta evidente que la prostitución es incompatible con la democracia. Lejos de constituir una elección individual o una forma legítima de trabajo, perpetúa la subordinación de las mujeres y vulnera los principios democráticos de dignidad y justicia social.

La prostitución y la pornografía conforman las dos caras de una misma moneda: la industria de la explotación sexual. Mientras la pornografía actúa como la pedagogía que normaliza la dominación masculina, la prostitución representa su materialización. Ambas prácticas se retroalimentan y consolidan un sistema que legitima el acceso masculino a las mujeres mediante el pago. No deberíamos referirnos a estas prácticas como «sexo», sino como violencia sexual. Conceptos como «sexo con menores» o «sexo no consentido» encubren realidades que deben llamarse por su nombre: abuso sexual, violación o explotación.

La investigadora Mónica Alario describe la pornografía como el «brazo armado del patriarcado». Además, esta industria ha sofisticado sus mecanismos de captación y legitimación social, transitando de las prácticas coercitivas a las de consentimiento, donde la apariencia de «la libre elección» o «el empoderamiento» oculta dinámicas estructurales de desigualdad y violencia.

La pornografía sostiene el sistema prostitucional a través de tres estrategias fundamentales. En primer lugar, la invisibilización y erotización de la violencia, presentando la coerción como si fuera una práctica sexual consentida. En segundo lugar, la erotización directa de la violencia, donde el sufrimiento femenino (mujeres que lloran, gritan o intentan huir) se convierte en objeto de excitación. Finalmente, la vinculación entre sexualización y poder masculino, reforzando la dominación y la superioridad masculina como elementos centrales de la masculinidad. Estas representaciones no solo moldean el deseo individual, sino que configuran un imaginario colectivo que legitima la prostitución.

La industria de la explotación sexual es también el punto de encuentro entre capitalismo y patriarcado. El capitalismo mercantiliza la sexualidad y la vida de mujeres y niñas, convirtiéndolas en objeto de consumo, mientras que el patriarcado legitima el acceso masculino a ellas, garantizando la demanda. En este contexto, la regulación de la prostitución no supone una mejora de las condiciones de las mujeres, sino que otorga mayor legitimidad y beneficios a proxenetas y a toda la estructura económica que sostiene esta industria. Regular es, en última instancia, dar alas al mercado de la explotación sexual; por ello, resulta imprescindible establecer límites al capitalismo cuando este atenta contra la dignidad humana.

Uno de los argumentos más recurrentes para justificar la prostitución es el mito de la libre elección. Sin embargo, esta práctica no puede entenderse como una decisión individual aislada, ya que se inscribe en un entramado de desigualdades de género, clase y origen. Además, la prostitución no solo afecta a quienes se encuentran en ella, sino que perpetúa la desigualdad de todas las mujeres, al transmitir la idea de que sus cuerpos pueden ser comprados. El discurso de la «libre elección» ignora estas desigualdades estructurales y ha sido asumido por sectores de la izquierda desde una lógica neoliberal que prioriza la autonomía individual por encima de la justicia social.

En esta misma línea, la postura denominada «pro derechos» se fundamenta en la legítima preocupación por evitar la estigmatización de las mujeres prostituidas. No obstante, esta defensa no debe implicar la legitimación del sistema prostitucional. Cuando la no estigmatización se utiliza como argumento para regular la prostitución, se incurre en una forma de aceptación del «mal menor». Es fundamental diferenciar entre defender los derechos de las mujeres y reconocer la prostitución como un derecho. Como síntesis, puede afirmarse que desestigmatizar a las mujeres no puede significar normalizar la explotación. Si se regulariza la prostitución, quienes realmente se benefician son los proxenetas y la industria, no las mujeres.

La prostitución tiene además un profundo impacto simbólico sobre el conjunto de las mujeres. Como señaló la filósofa Celia Amorós, la violencia ejercida sobre algunas mujeres repercute en todas. La existencia de la prostitución refuerza la idea de que los cuerpos femeninos están disponibles para el consumo masculino, consolidando una jerarquía sexual incompatible con la igualdad.

Frente a esta realidad, el abolicionismo se presenta como una respuesta política integral. Este enfoque no criminaliza a las mujeres en situación de prostitución, sino que dirige la responsabilidad hacia quienes sostienen el sistema: proxenetas y demandantes. La Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (Loasp) plantea tres ejes fundamentales de intervención: la reparación integral de las mujeres, garantizando alternativas reales y apoyo social; la desactivación de la industria de explotación sexual, persiguiendo el proxenetismo; y la desactivación de la demanda, mediante la sanción a los puteros.

El feminismo es, en esencia, un proyecto democrático orientado a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. En este sentido, la prostitución es incompatible tanto con el feminismo como con la democracia, ya que legitima una estructura de subordinación basada en el sexo. Su abolición es una condición indispensable para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

Podéis enviarnos vuestros artículos o cartas vía email a la dirección iritzia@gara.net en formato Word u otro formato editable. En el escrito deberán constar el nombre, dos apellidos y DNI de la persona firmante. Los artículos y cartas se publicarán con el nombre y los apellidos de la persona firmante. Si firma en nombre de un colectivo, constará bajo su nombre y apellidos. NAIZ no se hace cargo de las opiniones publicadas en la sección de opinión.

Por Pilar Maraví y Sonia Iturain

Garenak emakume feministak

Fuente: Naiz

Expertas de la ONU exigen investigación completa del caso Epstein

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iobhán Mullaly, relatora de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, una de las demandantes de una investigación completa y transparente del caso Epstein. Expertas de la ONU en derechos humanos se preocupan porque la atención a ese escándalo de abusos con eje en Estados Unidos disminuye mientras se vuelca hacia los actuales conflictos armados en el planeta. Imagen: Eskinde Debebe / ONU

Expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos exigieron una investigación “completa y transparente” sobre la trata de jóvenes y niñas, con fines de explotación sexual, reveladas en los Archivos de Epstein en Estados Unidos.

Las acusaciones del “Expediente Epstein” implican a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales mundiales y destacados académicos, y presentan pruebas impactantes del tráfico de niñas y mujeres jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales, señalaron las expertas en una declaración.

Jeffrey Epstein (1953-2019) fue un financiero estadounidense, reconocido como abusador sexual y tratante de menores, tejió una red de prostitución al servicio de prominentes figuras públicas, y murió posiblemente por suicidio mientras esperaba en la cárcel un segundo juicio por algunos de sus delitos.

Su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su papel en la red, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado miles de páginas de documentos relacionados con el caso, revelando detalles sobre los asociados de la red y sobre las víctimas.

Las investigaciones han revelado vínculos, relaciones o encuentros de Epstein con políticos, celebridades y empresarios de alto perfil, incluyendo al presidente estadounidense Donald Trump, al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y al príncipe Andrés del Reino Unido.

La vasta colección de documentos, fotografías, registros de vuelos y de fiestas en mansiones y en la isla propiedad de Epstein en el Caribe, ha sido objeto de importantes debates jurídicos y políticos dentro y fuera de Estados Unidos.

Describen una trata generalizada de niñas y jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales durante varias décadas.

Las expertas de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial con sede en esta ciudad suiza de Ginebra, emitieron su declaración justo cuando la atención sobre el caso parece desvanecerse mientras se vuelca hacia los conflictos armados en varias regiones del planeta.

“Ante la menguante atención internacional, recordamos la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y supervivientes, incluida la prestación de asistencia jurídica, y la obligación de asegurar que las sanciones sean proporcionales, disuasorias y efectivas”, dijeron las expoertas.

Ellas son Siobhán Mullally, relatora sobre la trata de personas, y el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, que integran Claudia Flores (presidenta), Ivana Krstić, Dorothy Estrada Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi.

Recordaron que la trata de niños y jóvenes constituye un delito penal grave, así como una flagrante violación de los derechos humanos.

Observaron que el caso Epstein “pone de relieve la discriminación y la violencia profundamente arraigadas inherentes a los sistemas de poder patriarcales, así como las deficiencias en materia de rendición de cuentas”.

“Las faltas de rendición de cuentas en casos de violencia de género y trata de mujeres y niñas no son meras fallas del sistema de justicia penal; reflejan y refuerzan la discriminación estructural que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe expresamente”, señalaron las expertas.

En su declaración asentaron que “las víctimas y sobrevivientes deben ser el eje central de las respuestas eficaces, sensibles al trauma y al género, ante la trata de personas. Deben tener garantizada la asistencia médica, incluidos los servicios de salud reproductiva y sexual, la asistencia psicosocial y medidas de inclusión social”.

A modo de advertencia acerca de que la acción de la justicia quede nublada por el escándalo, señalaron que “debemos ir más allá de la mera información periodística y pasar a la acción efectiva, la rendición de cuentas y las medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia”.

Con la publicación masiva de documentos aún incompleta, el caso Epstein está en una fase de revisión judicial y política del material divulgado.

En los próximos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería volver a publicar los archivos retirados tras corregir deficiencias de privacidad, mientras comisiones del Congreso de ese país evalúan posibles responsabilidades penales o encubrimientos.

Fuente: IPS