marzo 11, 2026

Infodemia: un fenómeno sistémico que afecta a las mujeres en LATAM


La sobrecarga de información no es neutral: la infodemia amplifica odio, polarización y violencia digital contra mujeres.



Los últimos días han sido caóticos: entre las noticias que circulan alrededor de la violencia organizada en México, la disputa por la liberación de los archivos de Epstein en Estados Unidos, que oculta una enorme red de tráfico de personas y abuso sexual infantil, y los constantes intentos de la derecha conservadora por asegurar carrera en los medios de comunicación y redes sociales. 

Sin duda, el ecosistema de la información no solo está atiborrado de notas que han servido como vehículo de desinformación, se ha creado un espiral de incertidumbre en el que la circulación masiva y acelerada información es un todo: veraz, cierta, verificada, falsa, y atravesada por la Inteligencia Artificial (IA). 

Esto tiene un nombre, y se le conoce como “infodemia”, un término que proviene de los términos “información” y “pandemia”, un fenómeno que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se produce por el exceso de información, incluyendo información falsa o engañosa, en entornos digitales y físicos que provoca confusión y conductas de riesgo que pueden perjudicar la salud. 

Este término se popularizó durante la pandemia de Covid-19 (aunque ya existía desde antes), cuando la información cruzó la barrera de la desinformación y se convirtió en una herramienta para amplificar mensajes perjudiciales que propiciaban la desconfianza en las autoridades sanitarias. 

Hoy, este fenómeno ya no nos es ajeno: vivimos con él y cada vez se hace más difícil distinguir entre información confiable y aquella que es una mezcla posmoderna de comunicación con posibles consecuencias negativas, especialmente cuando se trata de casos en los que la perspectiva de género y los derechos humanos están en juego. 

¿Qué es la infodemia?

Para conocer más al respecto, platicamos con Liliana Elósegui, periodista especializada en fact-checking y directora editorial de Verificado, un medio especializado en periodismo de investigación y verificación de datos.

Elósegui define la infodemia como la circulación masiva y acelerada de información, la cual puede ser verdadera, falsa o consistir en medias verdades. Este fenómeno vuelve casi imposible para la mayoría de las personas distinguir qué es confiable y qué no. 

En la medida que podamos entender que la infodemia es un problema de salud pública cognitiva, y no un problema de asunto tecnológico, tendremos mejores herramientas para enfrentarla. La infodemia no es un fenómeno neutral, siempre favorece a quienes tienen interés en el caos informativo y perjudica sistemáticamente a quienes ya tienen menos poder para hacer su versión de los hechos. (Liliana Elósegui)

No se trata de mera desinformación, sino un fenómeno sistémico mucho más complejo que permite que la desinformación prospere al mezclar datos reales con rumores, opiniones, contenido legítimo y manipulación (incluyendo el uso de IA).

En otras palabras, se trata de un fenómeno de distribución y consumo impulsado por las plataformas digitales y sus algoritmos, pero también por la naturaleza humana de buscar la confirmación de las propias creencias.

Por ello, hablar de infodemia no es tarea menor; se trata de un ecosistema que genera efectos reales dentro y fuera de redes sociales. Algunos de ellos son los siguientes: 

Propicia la polarización: privilegia la división ideológica y causa una fatiga informativa que hace que la gente renuncie a verificar los datos, delegando su criterio a figuras de autoridad o influencers.

Erosión de la confianza: genera desconfianza en las instituciones y las fuentes oficiales.

Paraliza la toma de decisiones informada: puede producir una “parálisis” en la toma de decisiones o llevar a las personas a actuar basándose en información falsa. Además, Liliana señala que, en este sentido, la infodemia produce un terreno fértil para el autoritarismo.

El impacto de la infodemia en las mujeres

La infodemia no impacta a todos por igual, ya que existen vulnerabilidades específicas que hacen que sus efectos sean diferenciados y más severos para ciertos grupos. Y sí, las mujeres y a las disidencias sexogénericas son quienes se enfrentan, en primera fila, a las consecuencias más extremas. 

Para las mujeres, Liliana Elósegui explica que la infodemia se manifiesta principalmente a través de ataques directos y la manipulación de temas de su interés personal y social, como campañas de desprestigio y violencia digital. Y es que las mujeres son blanco desproporcionado de campañas organizadas de desprestigio y de la creación de deepfakes de contenido sexual no consentido.

En esta ola de desinformación propiciada por discursos ideológicos conservadores, la infodemia propicia un ecosistema en donde las narrativas antifeministas no solo nace, sino que se propagan y amplifican mensajes de odio disfrazados de “debates legítimos” para socavar los derechos de las mujeres. Es así que se han impulsado narrativas de control social como las de “mujeres de alto valor” o la hipergamia, que afectan directamente la autonomía y los criterios de las mujeres.

Además, existen nichos específicos donde proliferan pseudociencias y contenidos con alta carga emocional sobre salud reproductiva, aborto, bienestar y crianza, lo que facilita su viralización y dificulta la toma de decisiones informadas.

A esto se suma que la infodemia también tiene un impacto grave para las disidencias sexogenéricas con consecuencias directas que van desde la violencia física hasta el impulso de legislaciones discriminatorias.

Esto no es nuevo, se percibe día con día en la normalización del odio a través narrativas falsas sobre “adoctrinamiento” o desinformación sobre tratamientos de afirmación de género saltan de las redes marginales a los medios masivos y debates legislativos.

Este fenómeno, además, amplifica mediáticamente el rechazo hacia estas comunidades, lo que resulta en un aumento de los crímenes de odio y un deterioro severo de la salud mental de las personas afectadas, explica Elósegui.

Alfabetización mediática, la clave para frenar la infodemia

En México y América Latina, la infodemia se caracteriza por ser un problema generalizado y sistémico que afecta a la región de manera similar. Según Liliana Elósegui, los países latinoamericanos comparten un “mismo padecimiento” donde la información masiva y acelerada no es un hecho aislado, sino una herramienta de poder.

“Apostar por la alfabetización mediática y un consumo crítico de la información es una apuesta importante ante esta problemática”.

Pero, ¿qué es lo que hace que el fenómeno sea similar en la región? La respuesta es simple, la polarización y es que hay una característica principal en México, y que se repite en países como Brasil, Argentina y Colombia: la profunda polarización ideológica, una división que impide el diálogo y la búsqueda de acuerdos básicos. 

Aunque el panorama puede percibirse como desalentador, Liliana Elósegui explica que existen estrategias y herramientas tanto individuales como colectivas, para hacer frente a la infodemia y proteger nuestro consumo informativo. Una de ellas es la alfabetización mediática, una herramienta necesaria para que las personas desarrollen un pensamiento crítico poderoso ante la complejidad de los contenidos actuales, incluyendo los generados por IA.

¡OJO! Esto es lo que debes tener en cuenta: 



  • Hacer una pausa antes de compartir: este es el gesto más poderoso. Consiste en detenerse y aplicar una lectura crítica antes de reenviar cualquier contenido, preguntándose: ¿quién lo produjo?, ¿cuándo fue publicado? y ¿qué fuentes cita?. Esto es vital porque la mayoría de la desinformación se comparte desde la emoción o porque confirma creencias previas.
  • Diversificar las fuentes: Liliana sugiere salir de las “cámaras de eco” y abrirse a medios digitales alternativos y tradicionales con diferentes perspectivas. La idea no es dar el mismo peso a todas las posiciones, sino entender cómo distintos actores enmarcan un mismo hecho y detectar quiénes aportan evidencia frente a quiénes usan manipulación emocional.
  • Cuidar la “salud pública cognitiva”: además, Liliana propone gestionar el consumo informativo como se cuida la salud física. Recomienda evitar el “scroll infinito” y, por el contrario, establecer horarios de consumo y preferir formatos pausados como el periodismo de largo aliento, boletines editoriales o newsletters curados.
  • Acercarse a medios de fact-checking: es recomendable seguir y consultar a organizaciones especializadas en la verificación de datos en México y Latinoamérica como Verificado, que cuenta con una sección con recursos gratuitos que cualquier persona puede usar, como motores de búsqueda reversa para imágenes y guías para detectar fotos sacadas de contexto.

Fuente: La Cadera de Eva

marzo 10, 2026

El derecho a la tierra, una deuda con las mujeres rurales y campesinas

Sus manos, invisibilizadas por el sistema patriarcal son las que mantienen vivos los pueblos; son la columna vertebral de la producción agrícola y ganadera.


David Segarra Una mujer campesina de palestina.

Las mujeres rurales y las agricultoras, de norte a sur, mantienen la voz alzada para reclamar nuestra mirada. Sus manos, invisibilizadas por el sistema patriarcal son las que mantienen vivos los pueblos; son la columna vertebral de la producción agrícola y ganadera. Y, aún así, sus demandas no reciben la atención necesaria para que se hagan efectivas. Algunas de estas son: tener mejor acceso a la tierra y a la financiación, contar con más oportunidades reales que favorezcan el relevo generacional de jóvenes en el campo, y un reconocimiento fundamental: si ellas se paran, la soberanía alimentaria colapsaría a nivel global.

Esta semana llega el 8M con miles, cientos de reivindicaciones: todas necesarias, todas urgentes. Además, 2026 ha sido declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Agricultora. Los objetivos principales son: destacar el rol imprescindible de las mujeres para la seguridad alimentaria, la nutrición y la viabilidad económica; sensibilizar y promover medidas para subsanar la brecha de género; y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo.
Mujeres que no solo cultivan alimentos, sino que también cultivan el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades de acá y de allá.

Por todo ello, nos toca, más que nunca, acompañar y amplificar el mensaje de las mujeres que son “guardianas de semillas, memoria viva de la tierra”, que diría María Sánchez. Mujeres que no solo cultivan alimentos, sino que también cultivan el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades de acá y de allá.

La situación de las mujeres agricultoras, en pleno siglo XXI, avanza, pero de forma lenta y con muchas dificultades. Con un simple vistazo, es fácil identificar que su papel continúa siendo, desde el principio, inestable y vulnerable. En el Estado español, en 2021, elDiagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación advertía de una brecha clara en el acceso al empleo. Entonces la tasa de empleo femenina se situaba en el 51,6% frente al 60,6% de los hombres, una diferencia que subrayaba un menor acceso de las mujeres al empleo en igualdad de condiciones.

Cuatro años después, en 2025, según el estudio Mujer Rural 2025. Situación sociolaboral de las trabajadoras en el sector agropecuario español, publicado por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), la desigualdad persiste. Las mujeres representan el 29,1% de las personas ocupadas en el sector agrario, pero concentran el 41,4% del desempleo, lo que evidencia una mayor dificultad para acceder y mantenerse en el sector.

En los sistemas agroalimentarios de todo el mundo, las mujeres, como mano de obra, son un porcentaje muy similar al de los hombres. No obstante, su contribución continúa siendo infravalorada y cuentan con condiciones laborales más precarias: empleos irregulares, a tiempo parcial, con salarios bajos, condiciones de mano de obra intensiva...

¿Dónde está la tierra de las mujeres?

Las mujeres rurales representan un tercio de la población del planeta y el 43% de mano de obra agrícola, según ONU Mujeres. Además, producen hasta el 80% de los alimentos en los países en desarrollo afectados por la desertificación, la degradación del suelo y las sequías, según recoge este organismo internacional. Sin embargo, menos del 15% son propietarias de tierras. Una desigualdad que se repite en el sector primario español: la mayor parte de los productores rurales son hombres, un 68% frente a un 32% de mujeres, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación a esto, en diciembre de 2025 se produjo un pequeño paso que puede significar un gran avance. Por primera vez, se incluyó una asamblea de género en la agenda oficial de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación. Una acción que más que simbólica, puede servir para romper las dinámicas patriarcales del sistema. Una acción que ha recordado que sin derechos sobre la tierra para quienes la trabajan, cualquier política ambiental estará siempre desequilibrada.

La falta de acceso a las tierras no es un accidente histórico, se debe a leyes discriminatorias, tradiciones excluyentes, herencias y prácticas culturales que marginan… Y en muchas ocasiones, cuando las mujeres acceden a las tierras, lo hacen a suelos degradados, menos fértiles, o en territorios más vulnerables al cambio climático. De nuevo, avanzan, pero más lentamente y con más dificultad que los hombres.

Desde CERAI continuamos llamando la atención sobre esta realidad injusta y trabajando para apoyar a las mujeres en comunidades de norte a sur; para posibilitar su reconocimiento y la protección de sus derechos a la tierra. Necesitamos que las mujeres tengan acceso a las tierras, que tengan acceso a tierras de calidad aquí y allá. Es esencial para garantizar la soberanía alimentaria, la justicia económica y la igualdad de género. ¡La tierra para quien la cuida, para quien la trabaja!


presidenta de Cerai
Fuente: El Salto

marzo 09, 2026




Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe




Este documento fue elaborado como parte del proceso de preparación para el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuyo tema prioritario es “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, entre otras cosas promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y afrontando las barreras estructurales.” El proceso se llevó a cabo en el marco de la 67ᵃ Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.

El objetivo de este documento y sus recomendaciones es no solo avanzar hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la región, sino también realizar aportes sustantivos desde América Latina y el Caribe en materia de acceso a la justicia, colocando en el centro la igualdad sustantiva, la autonomía y el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia.

ÍndiceI. Introducción
II. Marco internacional y regional en materia de acceso a la justicia para mujeres y niñas
III. Principales avances y desafíos en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas en la región
IV. Reflexiones finales. Garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas: Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado
V. Principales fuentes normativas, jurisprudenciales y documentales consultadas.

Fuente: CEPAL

marzo 08, 2026

Entre avances y retrocesos: el momento crítico de los derechos de las mujeres en América Latin

Entre avances y retrocesos: el momento crítico de los derechos de las  mujeres en América Latina

El panorama global atraviesa un momento crítico: en los últimos años, el auge de fuerzas de extrema derecha y movimientos antigénero en múltiples regiones –desde Europa y Estados Unidos hasta Asia y partes de África– ha reconfigurado el terreno político.

Estas corrientes comparten una estrategia común: erosionar marcos de derechos consolidados, cuestionar la legitimidad de instituciones de igualdad, recortar presupuestos y desacreditar a los movimientos feministas como amenazas al “orden tradicional”.

En muchos países, estos discursos se articulan con nacionalismos, religiosidades conservadoras o posturas antimultilateralistas que reducen la igualdad de género a “ideología”, negando su condición de derecho humano.

En un contexto global de incertidumbre económica, polarización y desinformación digital, la agenda de igualdad se ha convertido en blanco prioritario de proyectos autoritarios que buscan volver centrar el poder en estructuras jerárquicas y patriarcales.

En América Latina, la última década ha dejado conquistas significativas –paridad, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, leyes de violencia y arquitectura institucional–, pero también señales de estancamiento y retrocesos.

Los balances de ONU Mujeres, CEPAL y el sistema de Naciones Unidas coinciden: el progreso es real, pero insuficiente, desigual y vulnerable al rechazo conservador. Ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre igualdad (ODS 5) está plenamente cumplido y, al ritmo actual, la paridad en parlamentos tardaría décadas en alcanzarse.

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Avances legislativos por países

Los avances más significativos se han dado en el terreno legislativo y en la adopción de políticas multisectoriales. Entre los ejemplos más destacados se encuentra México, que se convirtió en referente de paridad gracias a reformas que exigieron listas equilibradas y paridad en cargos de decisión y que condujeron a la elección de su primera presidenta en 2024, Claudia Sheinbaum.

También Chile, que bajo la administración de Gabriel Boric ha desplegado políticas robustas en prevención de violencia (Ley Integral 21.675), además de aprobar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (“Chile Cuida”), que consagra el derecho al cuidado y articula una red intersectorial.

Y Colombia, donde el gobierno de Gustavo Preto integró servicios de justicia y protección para mujeres afectadas por el conflicto armado (Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 1325); aprobó la primera norma integral en la región que tipifica y sanciona la violencia política contra lideresas y candidatas en todos los niveles del Estado (Ley 2453) y aprobó el CONPES 4143, que establece una Política Nacional de Cuidados a diez años.

En materia de cuidados, también México reconoció el derecho al cuidado en la Ley General de Desarrollo Social (2024) e instaló una mesa interinstitucional para construir un futuro sistema nacional de cuidados.
Campañas de prevención de la violencia

En prevención de las violencias, también Brasil, con el regreso de un gobierno progresista, reforzó el andamiaje contra la violencia de género: aumentó penas por feminicidio hasta 40 años y lanzó pactos y campañas nacionales (“Cero Feminicidio”).

México lanzó diez acciones federales para mejorar la coordinación institucional y prevenir agresiones. En Honduras, Xiomara Castro reforzó las políticas de protección a las mujeres con la Ley de ‘Casas Refugio’. Todo ello a pesar de que según la CEPAL los índices de feminicidio e impunidad en la región siguen siendo elevadísimos.
Sobre derechos sexuales y reproductivos

En derechos sexuales y reproductivos, la “marea verde” reconfiguró el mapa regional. Argentina legalizó el aborto en 2020, Colombia lo despenalizó hasta la semana 24 (en 2022) y en México, un fallo de 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto en el ámbito federal.

En Chile, el gobierno reactivó el debate para ampliar derechos y anunció un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12-14 semanas. Honduras avanzó en la refutación de la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia, aunque mantiene una de las leyes más rígidas frente al aborto.

La región también avanzó en institucionalidad de género, creando o fortaleciendo ministerios y secretarías de igualdad: el Ministerio de Igualdad en Colombia (hoy en riesgo por fallos judiciales), la Secretaría de las Mujeres en México y la Secretaría de Estado de la Mujer en Honduras.
Retrocesos en la región: el caso emblemático de Argentina y otras alertas

El retroceso más visible se encuentra en Argentina, donde en 2023 el gobierno de Javier Milei desmanteló la institucionalidad de género (eliminó el Ministerio de Mujeres), recortó fuertemente los programas contra la violencia y promovió proyectos para recriminalizar el aborto, golpeando líneas de atención, transferencias para sobrevivientes y capacidades estatales. Todo ello desde un discurso estatal abiertamente antigénero.

Organismos como Amnistía Internacional en Argentina, junto a las marchas de “Ni Una Menos”, han denunciado tal deterioro.

En Centroamérica, el patrón es también severo. El Salvador mantiene la prohibición total del aborto, con mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Pese a fallos interamericanos (caso “Beatriz”) que exigen garantías, el cierre de espacios cívicos bajo Nayib Bukele ha forzado al exilio u cierre a organizaciones clave, incluida la histórica Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Nicaragua, bajo Daniel Ortega, ha clausurado miles de ONG –incluidos colectivos feministas–, asfixiando, según expertas de la CEDAW, servicios esenciales para víctimas y borrando voz pública a defensoras.

Y en Guatemala, la violencia y las barreras de acceso a la justicia persisten pese a esfuerzos institucionales recientes. Tales retrocesos afectan con especial dureza a mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales quienes, según la ORDPI, enfrentan violencias específicas, discriminación en salud y justicia y barreras lingüísticas y territoriales que profundizan la desigualdad y limitan el acceso real a derechos.
Avances reales y riesgos crecientes

En América Latina el impulso institucional de la última década ha permitido mejoras tangibles y marcos legales más sólidos, con incidencia persistente de los movimientos feministas.

Estudios comparados subrayan que América Latina alberga hoy algunos de los movimientos feministas más fuertes e interconectados del Sur Global, responsables de conquistas como la “marea verde”, la expansión de los sistemas de cuidados y la consolidación de instituciones de igualdad.

Incluso el propio auge del rechazo conservador confirma la magnitud de estos avances: las ofensivas antigénero emergen como reacción a décadas de logros feministas en legislación y políticas públicas.

Pero, al mismo tiempo, los retrocesos –particularmente políticos y presupuestarios– amenazan con erosionar logros recientes. El caso argentino actúa como advertencia: sin continuidad institucional, las políticas de igualdad pueden desmantelarse en meses.

A escala global, el aumento de la violencia, la pobreza femenina persistente y la reacción conservadora hacen evidente que la igualdad no está garantizada. La conclusión es clara: el avance requiere vigilancia, inversión sostenida y voluntad política. Porque incluso allí donde se ha legislado bien, las amenazas no desaparecen.

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profesora de Antropología Social, Universitat de Barcelona
Fuente: The Conversation

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The Blood of Fish, Published in