Mujeres rurales en Perú luchan contra desventajas que acentúa el cambio climático

En Perú habitan más de tres millones de mujeres rurales, un segmento de la población a la que el Estado le viene dando la espalda, le mantiene rezagado en oportunidades de desarrollo y no le garantiza el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Imagen: Mariela Jara / IPS

Ser mujer rural en Perú significa enfrentar muchas barreras para lograr una vida con derechos. Esta desigualdad se agrava por los impactos del cambio climático que las golpea con mayor fuerza por su condición de género, etnia y edad.

“No hay seguridad en nuestra cosecha; el cambio climático no te avisa cuándo viene la helada, el granizo o el viento que pueden malograr nuestros cultivos”, refirió a IPS en la ciudad andina de Puno, Rosa Cachi, una mujer aymara de 58 años, quien se dedica a la agricultura familiar en su comunidad campesina de Quilca, en el municipio de Zepita.

Ella representa la resistencia y lucha de este sector de la población que aun viviendo marcadas desventajas contribuye significativamente a la seguridad alimentaria y el cuidado de la biodiversidad, y que este miércoles 15 de octubre las coloca como parte de la agenda central a nivel mundial.

La fecha conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, instituida en 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocer su rol y aportes e instar a los Estados a prestar atención a sus necesidades y promover su pleno desarrollo.

Han transcurrido 18 años y las deudas con ellas persisten de manera clamorosa en todo el planeta: es menor su acceso a la tierra, el agua, la capacitación y tecnología, así como a una educación y salud de calidad, lo que limita sus oportunidades y reproduce círculos de pobreza, violencia y discriminación según reporta Naciones Unidas.

“Quisiera que mis hijos se quedan en la comunidad desarrollándose con la agricultura, que no se marchen a la ciudad, pero se necesita que las autoridades inviertan en desarrollo, que piensen en las niñas sobre todo, que muchas veces dejan la escuela para ayudar a las mamás porque ya no pueden con tanto trabajo”: Miriam Latorre.

Para este año el tema que impulsa ONU Mujeres es “El ascenso de la mujer rural: construir futuros resilientes con Beijing+30” en el marco de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en China, que promovió la igualdad de derechos para las mujeres y niñas en su diversidad.

La realidad de postergación no es diferente en el Perú donde las mujeres rurales gestionan en promedio apenas 1,8 hectáreas de tierra respecto de las tres que tienen los hombres, pero sin contar todas con el título de propiedad respectivo porque siguen vigentes normas comunales que no les reconocen ese derecho.

Además, cifras oficiales indican que casi 40 % carecía de ingresos propios. Ello debido a que su trabajo en el campo es considerado parte del apoyo a la familia y no recibe pago. Y menos el que realiza para alimentar y atender las necesidades del hogar, en el que invierte 47 horas semanales, 10 más que sus pares 

urbanas.

Rosa Cachi, una campesina aymara del sur andino departamento peruano de Puno, vive los efectos del cambio climático como una presencia perjudicial imprevista pero constante, que se suma a los obstáculos que como mujer rural peruana enfrenta cada día. En la imagen, en su comunidad campesina, Quilca, por sobre los 3800 metros sobre el nivel del mar. Imagen: Cortesía de Rosa Cachi

Desarrollo rural y de las mujeres

A más de 3800 metros sobre el nivel del mar (msnm), el municipio de Zepita, de la provincia de Chucuito, es una de las 13 que conforman el surandino departamento de Puno, el tercero en el país con mayor situación de pobreza, con un índice de 40 %.

“Antes los señaleros nos indicaban cómo trabajar nuestra chacra (finca productiva), pero con el cambio climático en cualquier rato viene la lluvia, el granizo o la helada, hasta 20 grados bajo cero llega el frío; hace poco ha quemado la quinua y la cebada que ya estaban brotando de la tierra y eso nos afecta mucho porque vivimos de la agricultura y somos las mujeres las que alimentamos a las familias”, afirmó Cachi.

Integrante de la Federación de Mujeres Wiñay Warmi (Mujeres para Siempre, en quechua), explicó que aprendieron de sus abuelas y abuelos a dialogar con la naturaleza y reconocer en el silbido del viento, el canto de un animal silvestre o en el florecimiento de ciertas plantas, la señal de algún cambio en el clima. Sin embargo, estos “señaleros” están alterados.

“Conversábamos con nuestra naturaleza para llevar bien nuestra agricultura, pero el cambio climático lo ha alterado, ya no nos puede avisar. Ahora estamos recuperando otros saberes para protegernos de las inundaciones o de los granizos”, manifestó.

Cachi es una de las 3,5 millones de mujeres que habitan las zonas rurales del Perú, entre quienes se encuentran alrededor de 700 000 que se dedican a la agricultura familiar.

El Perú, azotado por una larga y fuerte crisis política, siendo la más reciente destitución el viernes 10 de la presidenta Dina Boluarte y sustitución por el cuestionado José Jerí -hasta entonces titular del Congreso Legislativo-, ha mostrado un profundo desinterés del Estado por la realidad del campo y de las mujeres.

La población rural viene disminuyendo de manera constante debido a la migración a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades. De acuerdo a proyecciones oficiales del gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), al 2025 el porcentaje de su población sería de 16,4 % del total nacional de 34 millones.

“¿Quién atenderá nuestros cultivos si todos los jóvenes se van?”, se preguntó Cachi para luego exhortar a las autoridades a que promuevan un desarrollo rural que garantice salud y educación de calidad a sus habitantes sin discriminar a las mujeres, capacitación técnica, resguardo de las fuentes de agua, el impulso de industrias alimentarias y la agroecología.

En su comunidad viven 300 familias que producen en forma planificada en áreas bajas y altas diversidad de granos y tubérculos como quinua (Chenopodium quinoa Willdenow), cebada (Hordeum vulgare), cañigua (Chenopodium pallidicaule), papa (Solanum tuberosumoca), oca (Oxalis tuberosa) y habas (Vicia faba).

Los cultivos están delimitados por rubros en los andenes -en las zonas altas-, y a campo abierto. “Si el agua se lleva la siembra de la parte baja, salvamos lo que está arriba. Las enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos de sembrar en andenes nos sirven ante este cambio climático, nos aseguran cosechas para poder comer”, destacó

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Miriam Latorre, una campesina quechua de la comunidad de Anansaya, en el departamento surandino peruano de Cusco, donde se dedica a la agricultura familiar. Entre sus múltiples tareas, además de atender las necesidades de su familia, destaca el cultivo de hortalizas con prácticas agroecológicas. Imagen: Cortesía de Miriam Latorre

Oportunidades para progresar

Miriam Latorre es una campesina quechua de 37 años. Vive en la comunidad campesina de Anansaya en el municipio de Paruro, en el también departamento surandino de Cusco, a más de 3000 msnm. Se dedica por completo a su huerto agroecológico de hortalizas, al cuidado de sus animales menores y a la atención de su familia compuesta por su esposo, y sus cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres.

Como mujer rural lo que anhela es que haya oportunidad en el campo para progresar y vivir del fruto de la tierra. Es consciente de que para ello la primera llave es la educación.

“Yo no pude terminar la escuela, solo hice la primaria porque mis padres no tenían medios económicos, tuve que trabajar en la chacra con ellos, apoyándoles. En cambio a mis hijas sí les damos su educación, la mayor está terminando sus estudios para ser docente de inicial y la pequeña está en primaria”, compartió por teléfono con IPS desde su comunidad, en la que viven 400 familias.

Las instituciones educativas no están cerca, el adolescente de 15 años debe caminar 40 minutos de ida y vuelta a y desde el local de secundaria, y la niña de ocho, recorrer 20 minutos hasta la sede de primaria.

“Eso no está bien, yo quisiera que mis hijos se quedan en la comunidad desarrollándose con la agricultura, que no se marchen a la ciudad, pero se necesita que las autoridades inviertan en desarrollo, que piensen en las niñas sobre todo, que muchas veces dejan la escuela para ayudar a las mamás porque ya no pueden con tanto trabajo”, reflexionó.

Detalló cómo el cambio climático incrementa sus tareas: al secarse las fuentes de agua debe recorrer distancias más largas para conseguir abastecerse del preciado líquido; camina más horas para conseguir los pastizales que son alimentos de sus cuyes (Cavia porcellus); duerme menos para llegar a las cinco de la mañana a su invernadero y así prevenir las altas temperaturas.

Denisse Chávez, del Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático, afirmó que las desigualdades y la discriminación tienen el rostro de las mujeres rurales en Perú, quienes, aseguró, «están expuestas a un círculo repetitivo de pobreza que se entrecruza con el racismo y la violencia». Imagen: Mariela Jara / IPS

Estado indiferente

Las desigualdades y la discriminación tienen rostro de mujer rural en el Perú, afirmó Denisse Chávez, representante del Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático, que agrupa a 34 instituciones que a nivel nacional comparten una agenda de género y cambio climático.

Tomando datos del Inei señaló que en las zonas rurales solo 25 % tiene el servicio higiénico conectado a la red pública, mientras que la desnutrición crónica infantil es de 22 % y persiste una alta tasa de analfabetismo entre mujeres mayores de 15 años.

“El Estado no está haciendo nada relevante para modificar esas y otras condiciones de desventaja que mantienen a las mujeres rurales rezagadas de las oportunidades del desarrollo y expuestas a un círculo repetitivo de pobreza que se entrecruza con el racismo y la violencia en sus diferentes manifestaciones”, reprobó.

Lamentó que pese a los marcos normativos favorables al reconocimiento de sus derechos, los sucesivos gobiernos se hayan mantenido indiferentes con las urgentes necesidades de las mujeres rurales.

Link original de la nota: https://ipsnoticias.net/2025/10/mujeres-rurales-en-peru-luchan-contra-desventajas-que-acentua-el-cambio-climatico/

Por Mariela Jara

Fuente:IPS

Las agricultoras de sal de Tanzania forjan su sustento entre adversidades climáticas

Para las agricultoras artesanales de sal en la isla tanzana de Pemba, la producción es tanto su sustento como su lucha. En esta comunidad musulmana profundamente patriarcal, los relucientes montones de sal blanca representan la supervivencia y son fruto de una labor que exige paciencia, precisión y fortaleza. Sin embargo, el aumento del nivel del mar pone en riesgo su actividad.

Salma Mahmoud Ali camina por sus estanques de sal, en la costa de la isla de Pemba, en el noreste de Tanzania. Imagen: Kizito Shigela / IPS

PEMBA, Tanzania – Mientras la fresca brisa matutina recorre todavía la playa de la isla de Pemba, en el océano Índico, en la costa del noreste de Tanzania y parte del archipiélago de Zanzibar, Salma Mahmoud Ali comienza su día.

Con su colorido kikoi (envoltura, en swaili, una tela tradicional de África oriental usada mayormente como larga falda), ceñido firmemente a la cintura y un pañuelo azul oscuro enmarcando su rostro, camina descalza hacia sus estanques de sal. El aire húmedo pesa, pero Ali avanza con valentía entre el agua que le llega hasta los tobillos.

Armada con una pala, un rastrillo y un pico, arrastra metódicamente los cristales brillantes bajo el sol naciente. Cada movimiento extrae sal de la salmuera, un proceso arduo nacido de la necesidad.

“Es un trabajo duro”, dice Ali, una madre de 31 años y de tres hijos. “El calor es insoportable, no importa cuánta agua bebas, la sed no desaparece. Pero de esta manera mantengo a mi familia y envío a mis hijos a la escuela”, reconoce.

Para Ali y decenas de mujeres agricultoras artesanales en Pemba, la producción de sal es tanto su sustento como su lucha. En esta comunidad musulmana profundamente patriarcal, los relucientes montones de sal blanca representan la supervivencia, en una labor que exige paciencia, precisión y fortaleza.

Hamida Mohamed prepara un proyector para capacitar a las agricultoras y los agricultores de sal en resiliencia climática. Imagen: Kizito Shigela / IPS

Hamida Mohamed habla con las agricultoras de sal. Imagen: Kizito Shigela / IPS

En la isla de Pemba, que forma parte del archipiélago de Zanzibar, una región semiautónoma de Tanzania, las granjas producen 2000 toneladas de sal anualmente, pero entre la mayoría de sus pobladores la prosperidad parece un espejismo.

Los expertos creen que la producción podría triplicarse con mejores herramientas, pero los recursos siguen siendo escasos. Las familias y cooperativas dedicadas a la agricultura salina dividen la tierra, con un promedio de cuatro propietarios por parcela, lo que deja la riqueza distribuida de manera desigual.

Los propietarios de las granjas se llevan la mayor parte de las ganancias, mientras que las trabajadoras —que cargan con el peso de cada cosecha— apenas sobreviven, con salarios que difícilmente les alcanzan para cada la temporada productiva.

La mayoría de las familias dependen de sal gruesa sin tratar y solo una de cada cuatro agricultoras puede permitirse variedades yodada. “Es nuestra vida”, dice Halima Hamoud Heri, una de las trabajadoras, arrodillada bajo un sol abrasador. “Es difícil, pero nos mantiene”, precisa.

Una labor agotadora

Las granjas de sal siempre ponen a prueba la resistencia, pero el cambio climático conspira contra las mujeres que dependen de ella. Las temperaturas en aumento aceleran la evaporación, causando a menudo que la sal se desmorone antes de ser cosechada.

Las lluvias impredecibles, antes una certeza estacional, ahora llegan sin aviso alguno, inundando los estanques y devolviendo semanas de trabajo al mar.

“Antes sabíamos cuando empezaba y terminaba la temporada seca”, dice Khadija Rashid, quien trabaja en los estanques de sal desde hace 10 años. “Ahora la lluvia nos sorprende. A veces hace demasiado calor y la sal se seca demasiado rápido. Otras veces, la lluvia arruina todo antes de que podamos recogerla”, añade.Salma Mahmoud Ali y otros agricultores inspeccionan la sal cosechada. 

Familias como la de Ali tienen sustentos alternativos como la pesca y la agricultura, que también han sido golpeados por el clima impredecible, por lo que la producción de sal es un salvavidas para ellas. Es un trabajo que exige precisión y perseverancia, dejando huellas en quienes lo realizan. El sol agrieta la piel y la sal corta las manos.

“Cuando terminas de cargar el agua de mar, limpiar el lodo y cosechar la sal, estás tan cansada que apenas puedes mantenerte de pie”, dice Ali. “Pero tienes que volver a hacerlo mañana”, añade.

Un ecosistema frágil

Al borde de una granja de sal en Pemba, Batuli Yahya, una científica marina del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Dar es-Salam, señala la plateada extensión.

“La producción de sal depende de condiciones ambientales delicadas”, explica. “Pero esas condiciones están cambiando más rápido que nunca debido a las presiones climáticas”, detalla.

Los estanques de sal eran antes fuentes confiables de sustento para las comunidades costeras, pero ahora están cada vez más en peligro debido al aumento del nivel del mar, las lluvias erráticas y el calor creciente que desequilibran su frágil balance.

“El aumento del nivel del mar hace que el agua salada se desborde en áreas donde los niveles de salinidad son meticulosamente controlados”, explica Yahya. “Es una amenaza creciente que convierte granjas productivas en charcas inutilizables”, dice.

Los desafíos no terminan ahí. Los patrones de lluvia se han vuelto más impredecibles, con aguaceros repentinos que diluyen la salmuera o destruyen por completo los estanques de sal.

“Demasiada lluvia en el momento equivocado puede arruinar meses de preparación”, señala Yahya. “Y cuando se combina con períodos más largos de sequía, crea un ciclo difícil de manejar”, añade.

Las temperaturas más altas también agravan la situación.Hombres y mujeres dedicados a la agricultura de sal en la isla de Pemba se reúnen en una improvisada cabaña. 

“La evaporación es crucial para el proceso de producción de sal, pero el calor extremo eleva los niveles de salinidad más allá de lo que el ecosistema puede manejar”, dice Yahya. “Los microorganismos que desempeñan un papel clave en la cristalización de la sal luchan por sobrevivir en estas condiciones”, añade.

Para muchas comunidades costeras, las implicaciones son severas. “Esto no es solo un problema ambiental”, afirma Ali.

Los desafíos van más allá del clima. La dependencia de la mano de obra manual para transportar agua de mar, limpiar el lodo y cosechar la sal deja a muchas mujeres exhaustas y propensas a lesiones. El desgaste físico se suma a la presión económica de producir suficiente sal para mantener a sus familias.

Buscando soluciones

En medio de los desafíos, las agricultoras de sal de Pemba encuentran fuerza en la unidad. A través de asociaciones locales de mujeres, adoptan innovaciones para proteger su trabajo y mejorar la producción.

Una de estas innovaciones ha sido la introducción de cubiertas de secado solar, láminas transparentes que protegen los estanques de las lluvias repentinas mientras concentran el calor para acelerar la evaporación.

“Antes si llovía, lo perdíamos todo”, dice Heri, demostrando cómo extiende las cubiertas sobre su estanque. “Ahora podemos salvar nuestra sal, incluso durante la temporada de lluvias”, cuenta.

La asociación también promueve el intercambio de conocimientos entre las mujeres. De forma colectiva, se enseñan técnicas para endurecer el suelo, distribuir eficientemente el agua de mar y empacar sal para el mercado.

“Trabajando sola, habría renunciado. Pero juntas encontramos soluciones. Si una de nosotras aprende algo nuevo, se lo enseña al resto”, dice Ali.

Empoderamiento a través del emprendimiento

Los esfuerzos colectivos de las mujeres mejoran su sustento de vida. La sal, que antes se vendía en bolsas sin marcar en los mercados locales, ahora llega a compradores en tiendas alrededor de toda Tanzania.

“Antes vendía solo lo suficiente para comprar arroz para el día. Ahora vendo por mayor y he ahorrado 455 000 chelines tanzanos (187 dólares)”, comenta Ali.

Con los ingresos adicionales, Ali ha podido alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela. “Mi hija me dice que quiere ser como yo. Pero quizá con un poco menos de quemaduras de sol”, comenta.

El éxito ha comenzado a cambiar las percepciones en su comunidad. Los hombres, que antes consideraban la agricultura de sal como un “trabajo aburrido,” ahora reconocen su valor e incluso algunos ayudan con las tareas más pesadas.

“Ya no somos solo agricultoras de sal. Somos empresarias”, dice Rashid.

Esperanza entre los desafíos

A pesar de sus avances, persisten las barreras. El acceso a financiamiento es limitado y herramientas como las cubiertas solares y las bombas siguen siendo demasiado caras para muchas mujeres. El cambio climático las obliga a innovar cada vez más rápido.

“Necesitamos más apoyo: mejores herramientas, más capacitación y acceso a préstamos”, dice Ali.

Aun así, las mujeres siguen adelante y no paran jornada tras jornada. Ali arrastra la cosecha del día en montones mientras se detiene a secarse el sudor.

“Espero que la situación mejore y tengamos aún más éxito”, dice esperanzada y con un deje de orgullo.

Fuente: IPS

COP28 y género: la deuda de las cumbres del clima con las mujeres

Mientras en los documentos elaborados en 1992 ni aparecía la palabra “género”, actualmente hay más de 100 decisiones climáticas que la mencionan. De los 133 líderes que llegaron a Dubái, solo 15 eran mujeres. Cuáles son las demandas feministas en la COP28.

En la cumbre del clima COP28 que se celebra por estos días en Dubái, parecería que el género es un tema marginal. Es fuera de los salones de negociación, en los pabellones y en los pasillos en donde se escuchan palabras como economía del cuidado, justicia climática y llamados que recuerdan que sin el feminismo no hay lucha contra el cambio climático. 

“Nuestra búsqueda, la del movimiento de mujeres y de género, es que estos espacios sirvan para realmente lograr una transformación sistémica”, explica Gina Cortes, colombiana y parte del Gender and Women Constituency, uno de los nueve grupos de observadores oficiales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sí, las mujeres somos más vulnerables ante el cambio climático, pero no porque espontáneamente sea así, sino porque el sistema nos ha vuelto más vulnerables”.

Las interrelaciones entre el género y el cambio climático son varias. Pero siendo esta una COP donde se está hablando bastante sobre la financiación, vale la pena dar alguna información sobre cómo los recursos para enfrentar el cambio climático llegan escasamente a las mujeres. Según datos compilados en un reporte delGlobal Gender and Climate Alliance, solo el 0,01% de toda la financiación mundial apoya proyectos que abordan al tiempo el cambio climático y los derechos de las mujeres, y, para 2015, la representación femenina de los principales fondos para el clima apenas alcanzaban al 22%.

Otros informes, como los publicados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), también hacen una advertencia en la misma vía. “Los medios de subsistencia individuales se han visto afectados, por ejemplo, por la destrucción de viviendas e infraestructuras y la pérdida de propiedades e ingresos, salud humana y seguridad alimentaria, con efectos adversos sobre la equidad social y de género”.

En los países de América Latina la situación incluso podría ser más crítica. En la región, el cambio climático acentúa otros problemas que ya viven las mujeres como la pobreza, el poco acceso a la salud y a la educación, la migración e, incluso, hace más difícil el trabajo en el campo. “Las mujeres, sobre todo las indígenas, muchas veces desconocemos que estos fondos financieros climáticos existen porque la información no llega”, cuenta Sara Omi, abogada e indígena embera de Panamá.

Por eso, una de las misiones que tiene el movimiento durante esta cumbre es asegurarse de que, por lo menos, en los principales textos de decisión que produzca la COP28 se reconozca que las mujeres son uno de los grupos más vulnerables al cambio climático, así como también que se hable de acciones con enfoque de género.

El género en los textos

En el mundo de las negociaciones climáticas parece existir una obsesión sobre qué palabras se incluyen o se borran de los documentos finales. No en vano uno de los puntos más álgidos que aún se está debatiendo durante esta COP28 es si se hará mención a abandonar los combustibles fósiles (conocido en inglés como phase out), disminuirlos (phase down), o si, para sorpresa de muchos, no se mencionara nada al respecto. ¿Pero cómo se ha colado el tema de género en las negociaciones climáticas por lo menos en los textos?

En el último borrador del Balance Mundial, que se podría interpretar como el documento más esperado de esta COP28 —ya que no solo dirá qué tan atrasada está la acción climática desde que se firmó el famoso Acuerdo de París, sino que apuntará a cómo mejorarla— la palabra género aparecer seis veces: en el preámbulo del documento, en adaptación, en pérdidas y daños (dos veces), en cooperación internacional y en la parte del texto que da recomendaciones sobre cómo seguir adelante. Esta última parte, sin embargo, comenta Scovia Ampumuza de Ruanda y facilitadora del programa Resonate, es la que tiene más opciones de ser eliminada del texto. Específicamente, dice que “alienta a las Partes a aplicar políticas y medidas climáticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, respeten plenamente los derechos humanos y empoderen a los jóvenes y los niños”.

Pero no siempre fue así. La CMNUCC, algo así como la “cuna” donde se albergan estas negociaciones y que se creó en 1992, fue calificada como “ciega ante el género”. En su texto, que supera las 20 páginas, las palabras género o mujer jamás se mencionan. Con el tiempo, sin embargo, el lenguaje empezó a cambiar. La organización Gender Climate Tracker ha hecho un análisis juicioso del asunto. Tras rastrear varios documentos han encontrado que en 120 de las decisiones que se han tomado bajo esta Convención se menciona la palabra género o mujeres: en el área que más aparece, paradójicamente, es en financiamiento —con 30 decisiones—, y en la que menos sucede es en adaptación —con 23 decisiones—.

El problema, como comenta la jamaiquina Ayesha Constable, fundadora de GirlsCare y parte del Global Fund for Women, es que el número de veces que aparecen estas palabras en un texto no son necesariamente un indicador de que exista un avance. “Aunque hemos visto que en los textos las palabras como género y mujeres se utilizan más, esto no se refleja en la forma cómo se están tomando las decisiones a nivel internacional o dentro de los mismos países”. La historia, también cuenta, se ha repetido en los compromisos climáticos que los países elevan ante las Naciones Unidas. “Vemos la palabra hasta 50 veces en los textos, que podría ser hasta el doble que hace diez años, pero pareciera que es simplemente una palabra que lanzan en los documentos, sin tener un real impacto”.

Más renovables, menos combustibles y más género

La COP28 llevaba apenas tres días de haber comenzado, cuando se conoció que más de 100 países se habían comprometido a triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030, una meta que el mismo presidente de la COP28, Sultán al Jaber, había puesto sobre la mesa y que, por lo menos, de forma no vinculante, parece haber logrado. Casi al mismo tiempo, pero con muchos menos reflectores y apenas respaldada por 60 países, en la COP28 también se lanzó la Asociación de Transiciones Justas y Acción por el Clima con perspectiva de género, un documento que —hasta ahora— ha sido firmado por sólo 12 países de América Latina y el Caribe. 

“Desde la COP27, en Egipto, se venía presionando para que se hablara de una transición justa y con enfoque de género”, explica Micaela Guillen Ramírez, coordinadora del Movimiento Ciudadano de Intercambio Climático de Perú y parte del Climate Action Network para Latinoamérica. “La Organización Internacional del Trabajo calcula que alrededor de 1.200 millones de puestos de trabajo, que representan el 40% de la mano de obra del mundo, están en peligro por el cambio climático. Y se prevé que las mujeres serían las más afectadas”.

“La Organización Internacional del Trabajo calcula que alrededor de 1.200 millones de puestos de trabajo, que representan el 40% de la mano de obra del mundo, están en peligro por el cambio climático. Y se prevé que las mujeres serían las más afectadas”

La Asociación que fue anunciada y cuya implementación deberá ser revisada en tres años – durante la COP30 – tiene tres pilares: “lograr crear datos de mejor calidad para apoyar la toma de decisiones en la planificación de la transición, obtener flujos de financiación más eficaces para las regiones más afectadas por el cambio climático, y garantizar acceso a la educación, formación y capacitación para apoyar el compromiso individual en las transiciones”.

Se trata, de nuevo, de algo que aún podría quedarse corto. De un anuncio que, al final, lo que da simplemente es una brújula política. “Lo que quisiéramos es que en el Balance Mundial no solo se reconozcan los efectos diferenciados de las mujeres por el cambio climático, sino que se dé señales para que cualquier transición energética que se haga tenga enfoque de género”, comenta Cortés. “Lo ideal es que cualquier texto que hable de triplicar las energías renovables y abandonar los combustibles fósiles tenga también menciones de economía del cuidado y protecciones sociales”. Algo que, por el momento, no está sobre el texto. 

Las estructuras de las cumbres siguen siendo masculinas

La historia se repite en todas las cumbres del clima. A la hora de tomar lo que llaman “la foto familiar”, en la que se reúne a los líderes mundiales que asisten a las COP durante los primeros días, queda en evidencia que la mayoría son hombres. Y esta COP28 no fue la excepción: de los 133 líderes que llegaron sólo 15 eran mujeres. “Aunque no hay datos oficiales sobre las delegaciones, también se cree que las mujeres son una minoría, lo que no ayuda a impulsar la agenda de género” 

No se trata de algo a lo que Naciones Unidas, a pesar de todo, no le haya puesto la cara. Desde 2014, se lanzó un programa para promover el equilibrio de género en las negociaciones climáticas y, durante la COP25 —que se terminó realizando en Madrid en 2019— se renovó esta idea al proponer la creación del Plan de Acción de Género que, en teoría, deberá ser revisado en la COP29.

El último documento sobre este plan, firmado en la COP27, hace referencia a estos vacíos en el corazón de las propias cumbres. Por ejemplo, se “invita” a las futuras presidencias de las COP a que “propicien un mayor equilibrio de género en las delegaciones nacionales” y a los organizadores de eventos a que “promuevan una participación equilibrada en cuanto al género”. También “alientan” a los países, entidades públicas y privadas a que refuercen la receptividad de la financiación para el clima a las cuestiones de género”.

Los datos, por el otro lado, apuntan a que no ha existido mucho avance. La participación va a pasos pequeños. Gender Climate Tracker también reporta que mientras en 2009 el 30% de las delegadas eran mujeres, la cifra solo subió a 38% para 2021, e incluso cayó ligeramente el año pasado, en la COP27, con 35% mujeres delegadas.

Desde que se firmó el Acuerdo de París —en el que sí se habla de temas de género, mencionando esta palabra tres veces— solo una mujer ha sido nombrada presidenta de estas cumbres: la chilena Carolina Schmidt Zaldivar, quien lideró las negociaciones durante la COP25. 

Este artículo fue producido con el apoyo del programa de Periodismo y Justicia Climática de Climate Tracker para la COP28.

Por María Mónica Monsalve S

Fuente: LATFEM

El cambio climático multiplica amenazas a las mujeres y niñas

Una mujer recolecta agua en el sur de Madagascar. La escasez del líquido obliga a las mujeres y a las niñas a recorrer sin garantías grandes distancias, en zonas desconocidas, combinándose, en un contexto de pobreza, el cambio climático con brechas de género y el riesgo de sufrir violencia. Foto: ONU

El cambio climático y la degradación ambiental aumentan el riesgo y la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, planteó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la relatora especial de la organización sobre la materia, Reem Alsalem.

Según la experta “el cambio climático es el multiplicador de amenazas más importante para las mujeres y las niñas, con impactos de gran alcance en formas nuevas y en las ya existentes de desigualdades de género”.

“Cuando los desastres golpean, las comunidades pueden recurrir a acciones de supervivencia negativas, como la trata, la explotación, el matrimonio infantil o el abandono escolar”, agregó Alsalem en el informe que presentó ante el foro mundial.

Su informe expuso que las formas dañinas en que la violencia contra las mujeres y las niñas se entreteje con los fenómenos sociopolíticos y económicos, incluidos los conflictos armados, el desplazamiento y la escasez de recursos.

Cuando alguno de esos fenómenos se combina con el cambio climático, el resultado es la exacerbación de la vulnerabilidad de esos grupos poblacionales, sostuvo Alsalem, de nacionalidad jordana y relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.

Con la combinación se registra no solo una crisis ecológica, sino una crisis de justicia de género, expuso la relatora, quien hace parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El documento recuerda que la violencia contra las mujeres y las niñas es una forma generalizada de discriminación de género que afecta a un tercio de las mujeres en el transcurso de su vida, impidiéndoles disfrutar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres.

Alsalem argumentó que el impacto del cambio climático acentúa todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas: desde la física y psicológica hasta la económica, además de que limita la disponibilidad y eficacia de los mecanismos de protección y debilita la capacidad de prevenir los abusos contra ellas.

Pese a la gravedad de la situación, y a una conciencia creciente sobre el impacto de la crisis climática en las mujeres y las niñas, esto no se ha reflejado lo suficiente en las políticas mundiales, regionales y nacionales, lamentó la experta.

El informe indica que aunque los parámetros de los estudios difieren, se ha detectado un aumento de la violencia tras los desastres, incluida la violencia sexual contra las mujeres, en contextos tan variados como el huracán Katrina en 2005 en Nueva Orleans, Estados Unidos, y el terremoto de Haití en 2010.

La probabilidad de sufrir violencia se multiplica cuando las mujeres y las niñas están desplazadas o en refugios de emergencia, donde la contingencia restringe su capacidad de acceder a los mecanismos de denuncia y protección.

“El acceso limitado a refugios seguros ha disuadido a las mujeres y niñas de evacuar zonas de riesgo y ha tenido como resultado fallecimientos diferenciables por razón de género”, apuntó Alsalem.

Por otra parte, la pérdida de medios de subsistencia y la escasez de recursos resultantes de los desastres naturales, o la degradación ambiental, empujan a las mujeres y las niñas a la explotación sexual a cambio de alimentos y recursos naturales, como el agua o el combustible de las zonas comunes.

Además, la escasez de agua provocada por las sequías obliga a las mujeres y las niñas a recorrer distancias más largas en zonas desconocidas o sin las garantías habitualmente disponibles, como viajar en grupo o durante el día.

En varios países las mujeres se ven sometidas a peticiones de favores sexuales y amenazas de violencia sexual y violaciones en los puntos de recolección de agua. Hay numerosos relatos de mujeres y niñas que han sido atacadas, violadas o maltratadas psicológicamente mientras buscaban leña o agua.

La relatora indicó que están en particular riesgo las defensoras de los derechos humanos y ambientales, las indígenas, las mujeres de diversas identidades de género y orientaciones sexuales, las mayores, las mujeres con discapacidad, y que están en la pobreza y las desplazadas por la fuerza.

“A pesar del daño irreparable y significativo al bienestar de las mujeres y las niñas, se necesitan más esfuerzos y recursos para comprender el nexo entre el cambio climático y la violencia contra las mujeres y las niñas”, subrayó Alsalem.

Instó a la comunidad internacional a redoblar su compromiso con la igualdad de género y anclar en los derechos humanos la respuesta al cambio climático y la mitigación del riesgo de desastres.

“El bienestar y los derechos de las mujeres y las niñas no deben quedar en segundo plano, deben colocarse en el centro de las políticas y las respuestas”, concluyó.

Fuente: IPS

Acaparamiento de tierras en Haití siembra vulnerabilidad climática y violencia contra mujeres

Este es un artículo de opinión de María Alejandra Torres, becaria Masiyiwa-Bernstein en la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

Foto: David Rochkind / Usaid Haití

El acaparamiento de tierras en Haití hace que las mujeres sufran violaciones a los derechos ambientales y de las mujeres, y exacerba la vulnerabilidad climática. En lugar de ofrecer a las mujeres un apoyo muy necesario, el acaparamiento de tierras en Haití empeora los derechos de las mujeres y del ambiente y exacerba la vulnerabilidad climática.

“Dar tierras a un rico para que aumente su capital no nos beneficia. Lo que produzca no será para la comunidad, sino para la exportación… antes, cada persona podía tomar una pequeña porción para plantar arroz, gandules verdes y otros productos. Esta situación tiene graves consecuencias para nosotras y nuestras familias”, subrayó Esther Jolissaint, miembro de la organización Solidarite Fanm Ayisyèn (Solidaridad de Mujeres Haitianas, Sofa).

Esta cita es de una presentación de marzo de 2022 que los miembros de la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York (NYU), incluyéndome a mí, hicieron con Sofa a la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La declaración de Jolissaint se refiere específicamente a la toma de tierras en 2020 de la escuela agroecológica feminista de Sofa en Savane Diane, en el centro de Haití. Sin embargo, resume de manera amplia los impactos violentos del acaparamiento de tierras sobre las mujeres y el clima, en Haití y, de hecho, en todo el mundo. La relatora especial presentará su informe a la Asamblea General de la ONU en este mes de septiembre.

Las mujeres agricultoras se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático, en parte debido a la desigualdad en el acceso y el control de la tierra. Se ven especialmente afectadas por la crisis climática, entre otras cosas por la pérdida de hogares, tierras de cultivo y medios de vida tradicionales.

El acaparamiento de tierras en Haití hace que las mujeres sufran violaciones a los derechos ambientales y de las mujeres, y exacerba la vulnerabilidad climática, en un contexto subyacente que ya es bastante vulnerable en términos climáticos.

En lugar de ofrecer a las mujeres un apoyo muy necesario, el acaparamiento de tierras en Haití empeora los derechos de las mujeres y del ambiente y exacerba la vulnerabilidad climática, en un contexto subyacente de vulnerabilidad climática ya extrema.

La apropiación de las tierras de Sofa en Savane Diane pone de manifiesto estos fenómenos interconectados. Sofa es una organización feminista haitiana con cerca de 10 000 miembros en todo el país, 80 % de los cuales son mujeres campesinas.

Durante 36 años, Sofa ha abordado la violencia de género; la participación política, la salud y la autonomía de las mujeres; y los derechos ambientales.

En 2017, el gobierno haitiano concedió a Sofa 13,75 hectáreas de tierra en Savane Diane para apoyar las actividades de una escuela de formación agrícola orgánica feminista dirigida por la organización. Allí, Sofa formó a 300 agricultores, la mayoría mujeres, sobre derechos a la tierra, soberanía alimentaria y prácticas agroecológicas para la resiliencia climática.

El uso sostenible de la tierra de Savane Diane por parte de Sofa no solo alimentó a la comunidad local, sino también a otras partes del país. Haití se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria, pero, como subrayó Jolissaint, “el cultivo de la tierra combate el hambre, la explotación y los alimentos importados”.

Sin embargo, en 2020, actores públicos y privados, al parecer trabajando en conjunto, destruyeron de manera metódica —y con violencia— el vallado de la escuela y desplazaron por la fuerza a los miembros de Sofa de sus tierras.

Sofa se vio obligada a abandonar la zona a Stevia Agro Industries S.A., una empresa agroindustrial orientada a la exportación, controlada por el poderoso empresario haitiano André Apaid.

En 2021, el expresidente Jovenel Moïse, mediante un decreto presidencial, ratificó la expropiación de tierras y destinó 8600 hectáreas —incluidas las tierras de SOFA— a una zona franca agroindustrial. El hecho de que el desplazamiento se haya producido durante una pandemia que ha intensificado la inseguridad alimentaria agudiza aún más la violencia.

El acaparamiento de tierras de Savane Diane refleja algo más que la toma de tierras de una organización feminista para su uso por parte de actores poderosos, lo cual fue frecuente durante el gobierno de Moïse. Y ha tenido consecuencias agravantes.

Al ver atacados sus medios de vida, las mujeres rurales de la zona, que son agentes fundamentales para hacer frente al cambio climático, son ahora más vulnerables a otras formas de violencia. Las estudiantes de Sofa se han visto privadas de autonomía económica y de la formación agroecológica que apoya la agricultura resiliente al clima.

Al no tener tierras, algunas mujeres han buscado trabajo en Stevia Industries. Sin embargo, denuncian la explotación por parte de los supervisores, que las someten a violencia sexual a cambio de trabajo, sin garantías de empleo ni salarios justos.

El desarrollo industrial de Savane Diane está provocando un mayor empobrecimiento e inseguridad alimentaria. La sociedad civil también ha señalado que el proyecto dañará el ambiente local, la agricultura, la biodiversidad y la ganadería e introducirá fertilizantes y pesticidas perjudiciales, así como prácticas de despilfarro de agua.

El proyecto también afecta al acceso al agua: según los residentes, la zona franca alberga tres grandes depósitos de agua que solían almacenar agua potable para los residentes en épocas de sequía. A pesar de enfrentarse a una crisis de agua, los residentes ya no pueden acceder a estos depósitos.

Savane Diane es sólo un ejemplo del desplazamiento forzado de los agricultores en beneficio de las élites en Haití. Aunque Moïse fue asesinado en julio de 2021, su partido sigue en el poder, por lo que es probable que el acaparamiento violento de tierras continúe.

En Haití, este acaparamiento de tierras debe entenderse como una manifestación moderna del extractivismo racializado que ha existido desde la colonización. Desde la independencia de Haití, las familias poderosas se han asegurado de que la tierra permanezca en manos de un pequeño grupo.

Esto se ve facilitado por la falta de registros fiables. Menos de 5 % del territorio haitiano está incluido en el registro nacional de la propiedad, y hasta dos tercios de las tierras rurales no tienen un título formal de propiedad.

Por lo tanto, los haitianos de las zonas rurales, especialmente las mujeres, son susceptibles de que les arrebaten sus ya limitadas tierras, lo que las deja en una situación precaria.

Además, la crisis climática y la escasez de recursos que la acompaña probablemente alimentarán el aumento del acaparamiento de tierras.

El acaparamiento de tierras también puede agravar el impacto climático, en parte porque a menudo —como en Savane Diane— se instituye para sustituir las prácticas agrícolas locales sostenibles para el ambiente por monocultivos agroindustriales que lo degradan.

Los acaparamientos de tierra en Haití a menudo implican violencia contra las mujeres, lo cual refuerza la desigualdad de género, y corren el riesgo de exacerbar la ya severa degradación ambiental y la vulnerabilidad climática, como lo demuestra con certeza el caso de Savane Diane.

A medida que la relatora especial avanza en su análisis sobre el género y el clima, los acaparamientos de tierras deben recibir un mayor escrutinio y condena internacional.

Fuente: IPS

Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.

Save the Date - Primer Diálogo: El liderazgo y la inclusión de mujeres en la toma de decisiones sobre la implementación de acciones climáticas

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación EU-LAC y tienen el agrado de anunciar el primer Diálogo sobre Acción Climática y Mujeres enfocado en “El liderazgo y la inclusión de mujeres en la toma de decisiones sobre la implementación de acciones climáticas” este viernes 16 de septiembre a las 10am hora de Nueva York (9am hora Panamá) . El evento se realizará en el marco de Asamblea General de las Naciones Unidas en formato híbrido y contará con Luis Felipe López-Calva Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

• Para participar favor registrarse en el siguiente enlace: https://t1p.de/x1u2q

Dear colleagues,

I hope this email finds you well and in good health. The United Nations Development Programme (UNDP) and the EU-LAC Foundation are pleased to announce the first Dialogue on Climate Action and Women focused on "Women's leadership and inclusion in decision-making on the implementation of climate action" on Friday, September 16 at 10am NY time (9am Panama). The event will be held in the framework of the United Nations General Assembly in a hybrid format and will have Luis Felipe López-Calva – UNDP Regional Director for Latin America and the Caribbean as a panelist.

• To participate please register at the following link: https://t1p.de/x1u2q

Fuente: América Latina Genera, PNUD

Una mirada ecofeminista a la crisis climática: ¿cómo afecta el cambio climático a las mujeres?

Los roles de género, la forma de consumo o la diferente participación en la toma de decisiones frente al cambio climático, hacen que éste afecte más a las mujeres que a los hombres

Ejemplo de los efectos del cambio climático en mujeres y niñas Sindicato ELA

Las cifras de refugiadas climáticas, el incremento de la vulnerabilidad en las niñas o la feminización de la pobreza energética son algunas de las consecuencias del cambio climático que afectan de manera directa a las mujeres. Para demostrarlo, se han realizado análisis de los distintos de hábitos de consumo y de movilidad de mujeres y hombres, y el impacto que estos generan en el medio ambiente, así como la distinta concienciación sobre la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y, sobre todo, sobre la posibilidad de ser quien decide las políticas que se deben llevar a cabo para resolver el problema.

¿Cuáles son las conclusiones? Ellas, a raíz de la construcción social del rol de mujeres, están más asociadas al espacio doméstico y al cuidado de la familia que ellos, por eso resultan más vulnerables en relación a los efectos del cambio climático, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos. Además, lo que se llama “huella ecológica individual” o el impacto de una persona en el medioambiente, también es distinta puesto que es un resultado de una distribución de roles de género, de responsabilidades y de identidades específicas. En cuanto a la forma de enfrentarse y participar en las respuestas que se realizan al cambio climático, los roles de género hacen que se tenga una actitud e implicación distinta puesto que generalmente, son ellos quienes se encuentran en los puestos de mando y toma de decisión.

El cambio climático saca a las mujeres de sus tierras y se ven obligadas a ser refugiadas climáticas, con todo lo que ello conlleva. Cristina Alonso Saavedra — Investigadora

“La crisis ecológica trae consigo una crisis energética, una climática, una social y una de cuidados y todas están ligadas entre sí y las más afectadas son las mujeres. El sistema está acabando con ellas. Cuando en una crisis energética, por ejemplo, las reservas de materiales empiezan a decrecer y hay menos recursos, se tiende a buscar esos recursos en otros países, no de forma causal, empobrecidos. Allí, para conseguir esos recursos, se expulsa a la población. En el caso de las personas indígenas, se elimina su lengua y con ella toda la sabiduría que de forma oral se ha ido transmitiendo durante años. Esa sabiduría y ese conocimiento tiene que ver sobre todo con la salud y la naturaleza y al eliminar la lengua de las mujeres que lo transmiten, se elimina por completo, porque no existe traducción al castellano. Esas situaciones, junto con los desastres naturales producidos por el cambio climático, les saca de sus tierras y se ven obligadas a ser refugiadas climáticas, con todo lo que ello conlleva”, explica Cristina Alonso Saavedra responsable del área de Justicia Climática y Energía de la ONG Amigos de la Tierra España que ha participado junto a otras expertas en cambio climático en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'Cambio climático y feminismo: repensar el presente para construir el futuro'.

El objetivo del curso, celebrado en Donostia, es mostrar de qué manera las mujeres “pueden y deben” participar activamente en la lucha contra el cambio climático, liderando las decisiones y soluciones propuestas, participando en igualdad en el acceso a los nuevos recursos y construyendo nuevas fórmulas igualitarias en las que no quepa la vulneración de ningún derecho. No obstante, según han insistido, “no se trata de hacer a las mujeres responsables de salvar el planeta”.

Las investigaciones feministas son un refugio dentro de la academia neoliberal, que lleva décadas expulsando a las mujeres. Federica Ravera — Investigadora

Para ello, según detallan las expertas, es imprescindible trabajar con “una mirada ecofeminista”. El último informe sobre Género y Cambio Climático, realizado por el Instituto de la Mujer en 2020 define al ecofeminismo como “una de las vertientes del feminismo que se sustenta sobre la idea de que existe una relación entre la subordinación de la mujer frente al hombre y la explotación del mundo natural, al considerar que la lógica histórica de propiedad que ha envuelto el dominio de los hombres hacia las mujeres comparte ciertas pautas que se dan en la explotación sobre la naturaleza, entendiendo que ambas formas de degradación y explotación comparten la misma causa”, es por ello, que se trata de una corriente que “no entiende la lucha feminista sin la lucha ecologista, de manera que integra a las mujeres en la lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que incorpora el enfoque ecologista al feminismo”.

“La pandemia fue muy reveladora para las mujeres en muchos aspectos. En el caso de las científicas, nos devolvió a los hogares. ¿Quién produjo conocimiento durante esos meses? Los hombres, generalmente blancos. Muchas de las investigadoras, también las que investigamos sobre cambio climático, tuvimos que regresar a casa y dedicarnos a los cuidados, ya sea de niños o de mayores. Por eso las investigaciones feministas son un refugio dentro de la academia neoliberal, que lleva décadas expulsando a las mujeres”, sostiene Federica Ravera, que lidera el Proyecto Ágata de investigación sobre mujeres y cambio climático en zonas rurales marginales del mediterráneo.

La crisis ambiental está agudizando aún más las desigualdades y las discriminaciones que, por supuesto, nunca son neutras al género, ya que mujeres y hombres experimentan sus efectos de modo diferente

Izaskun Landaida — Directora de Emakunde

La directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Izaskun Landaida, también presente en el curso, señala que “en la tarea mundial de ir respondiendo a la emergencia climática, es necesario introducir la perspectiva feminista y el enfoque de género, dado que esta crisis ambiental está agudizando aún más las desigualdades y las discriminaciones que, por supuesto, nunca son neutras al género, ya que mujeres y hombres experimentan sus efectos de modo diferente” y recalca que “el logro de la igualdad de mujeres y hombres y la lucha contra el cambio climático son dos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, y la respuesta a ambas puede venir de la mano”.

¿Qué se debe hacer en situaciones como estas? Según insiste Alonso, crear soluciones “basadas en la naturaleza” a partir de iniciativas “realmente ciudadanas y feministas” como las llamadas comunidades energéticas. “El concepto de comunidad energética puede llegar a ser peligroso porque las grandes empresas se están disfrazando de cooperativas para crear un sistema en el que seguir explotando recursos. Esas no son comunidades energéticas reales. Las reales son las que son propiedad de la ciudadanía, y para ello, hay muchas organizaciones y asociaciones que las están llevando a cabo. Se pueden diferenciar de las grandes empresas porque si una gran empresa está detrás, simplemente, no será una comunidad energética sostenible y ecológica”, concluye la investigadora.

Maialen Ferreira

Fuente: El Diario.es

Liliana Buitrago: «El colonialismo está asociado a las violencias contra las mujeres y la naturaleza»

Liliana Buitrago, ecofeminista venezolana. La participación de la Activista en Osuna (Sevilla) en el III Foro Iberoamericano de Economía Social: Acción por el clima con rostro de mujer.

«Las violencias ambientales son violencias gemelas de las violencias patriarcales»

Liliana Buitrago es ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Hace unos días participó en Osuna (Sevilla) en el ‘III Foro Iberoamericano de Economía Social: Acción por el clima con rostro de mujer’, organizado con el objetivo de fomentar la intercooperación entre los agentes, empresas e instituciones de la economía social y solidaria de Andalucía, de Europa y de Iberoamérica, para la mitigación de los efectos del cambio climático y la mejora de la calidad de vida, desde el liderazgo de las mujeres del sector.

La investigadora, ponente en el diálogo ‘En defensa de las comunidades y de los territorios’, considera en conversación con que la crisis climática «no puede implicar zonas de sacrificio». «El sur global no puede convertirse en una zona de sacrificio para el desarrollo del norte global» como una especie de «proveedor» de materias primas «para las nuevas tecnologías que están emergiendo». En esa línea, explica que ese paradigma es «una nueva forma colonialismo» que sigue reproduciendo ese «deseo de conquistar al otro» y que, según expone, «está asociada a las violencias contra las mujeres». «Es una lógica que se repite en cuerpos de mujeres y en territorios», apunta.

Con el objetivo de reflexionar sobre el papel juegan las mujeres en la protección ambiental y comunitaria, la construcción de redes de apoyo intercomunitarias para la protección de los recursos naturales y el papel que juega la economía social en el apoyo a las mujeres que lideran la protección ambiental en Iberoamérica, Buitrago comenta que «desde los ecofeminismos se considera que las violencias ambientales son violencias gemelas de las violencias patriarcales». Ese «orden patriarcal que plantea colonizar y conquistar», dice citando a la antropóloga Rita Segato, se hace «violentando al otro».

«Las violencias ecoterritoriales, las violencias ambientales, son también violencia de género».

Liliana Buitrago.

«Así como la ciencia fuerza a la naturaleza para que se aceleren sus ciclos para extraer toda la riqueza de la tierra, se cosifica a la naturaleza y también se feminiza», comenta. «No es casual que la imagen de la naturaleza moderna, la que tenemos nuestra cabeza, sea la de una mujer. A eso le llamamos nosotros la feminización de la naturaleza. Y viceversa, la mujer es asociada a lo natural y, por lo tanto, es también cosificable como la naturaleza, explotable y violable». En ese sentido, se da «una naturalización de la mujer, una exacerbación de su posibilidad biológica de reproducirse, de salir embarazada». Por eso alude a que «son violencias gemelas, que parten del mismo deseo de dominación y de jerarquización, porque la mujer estaría por debajo de esta imagen del hombre, como masculinidad dominante».

Liliana Buitrago: «El colonialismo está asociado a las violencias contra las mujeres y la naturaleza»

Buitrago, que ha participado de diversas experiencias colectivas por la defensa de las semillas, por el clima, el amamantamiento humano, los cuidados, las economías solidarias y la biodiversidad en Venezuela, contribuyendo también en espacios de articulación internacional como La Asamblea Mundial por la Amazonía, el Pacto Ecosocial del Sur y la Plataforma Latinoamericana y Caribeña por la Justicia Climática, indica que muchas mujeres «dependen de los hombres para su economía, y eso genera formas de violencia contra ellas» como «una forma de violencia económica».

A su juicio, «es importante que se visibilice cómo esas violencias ecoterritoriales, esas violencias ambientales, son también violencia de género», porque hay «efectos diferenciados sobre nosotras y nuestros cuerpos como parte de las comunidades». Por ejemplo, según expone, «las afectaciones por el agronegocio para biocombustible, para el alimento, para la carne que se consume en el mundo, también ha avanzado mucho en Latinoamérica con la deforestación masiva para cultivos, monocultivos, que hacen además uso de muchos venenos, pesticidas y sustancias contaminantes que afectan la salud reproductiva de las mujeres», creando «enfermedades asociadas a esas contaminaciones que, obviamente, ocasionan efectos desiguales entre hombres y mujeres, porque, al tener, por ejemplo, más grasa en nuestro cuerpo, somos propensas a otros tipos de enfermedades y a ese tipo de situaciones».

«Se mantienen algunas formas de violencia sobre mujeres indígenas que implican, precisamente, la violación de sus cuerpos como un derecho entre los latifundistas»

Máster en lingüística con interés por los estudios críticos del discurso, los movimientos sociales y las transiciones ecosociales, la activista venezolana habla por ejemplo, de los vínculos establecidos con otras compañeras en los territorios de Yukpa, en la Sierra de Perijá, entre Colombia y Venezuela, donde están desarrollando «procesos para confrontar esas violencias ecoterritoriales» ya que «están siendo afectadas para que desalojen sus tierras y siendo forzadas». De hecho, detalla, «han matado a muchos de los hombres de sus comunidades, sus esposos, hijos y hermanos, resistiendo en esos espacios para poder subsistir».

La labor de Buitrago y otras activistas se centra en «visibilizar sus saberes, hacer talleres, gestionar su economía, y acompañarlas también afectivamente en esos procesos a las que están siendo sometidas». «Ellas hacen una resistencia importante al avance de la extracción de carbón en la Sierra de Perijá, que es un viejo proyecto viejo en esos territorios, para poder demarcar sus territorios, como dice la Constitución en Venezuela». La demarcación, relata, «es un proceso de retorno a ellas de esos territorios que implica también que estén aptos y libres de latifundistas y de violencia que afecten a su supervivencia», de modo que «puedan tener acceso a la salud y en sus derechos sexuales y reproductivos en el sentido más amplio».

La activista es promotora del Pacto EcoSsocial del Sur, «un espacio de confluencia de organizaciones para pensar las transiciones justas para los pueblos», desde donde se buscan también «patrones para tratar de generar posibilidades de relacionarnos con la naturaleza y con los propios cuerpos». «Hemos aprendido de las feministas comunitarias indígenas de Latinoamérica cómo, por ejemplo, esa conquista de los territorios se da siempre precedida de violación de mujeres de estas comunidades», incluso «se mantienen algunas formas de violencia sobre mujeres indígenas que implican, precisamente, la violación de sus cuerpos como un derecho entre los latifundistas, y se naturalizan esas formas de violencia». En su grupo de trabajo, a través de la formación, la denuncia, la visibilización y el avance en los derechos de las mujeres «se lucha contra esa cosificación del cuerpo de la mujer y de las mujeres especialmente vulnerables, racializadas, pobres».

«Los cuidados están en crisis»

En cuanto a la posición de los gobiernos sudamericanos en este sentido, Buitrago asegura que «estamos en un momento de búsqueda de formas de gobernanza territoriales donde se contemplen otras formas de hacer política que son fundamentales». Al respecto, expone que «con la pandemia hemos visto cómo lo cotidiano y el espacio de lo privado y la gestión de los cuidados ha estado en el centro de la crisis». La ecofeminista indica que «los cuidados médicos, del planeta, personales, comunitarios, están en crisis, y eso se vivió con mucha intensidad y se visibilizó muchísimo con la pandemia. Cualquier gestión política en este momento tiene que generar políticas de los cuidados para poder, de alguna forma, solapar el efecto de la propia pandemia, que ha hecho que la brecha entre hombres y mujeres se incremente, porque las mujeres han sido doblemente explotadas en sus hogares porque es donde tienen que atender los trabajos de los cuidados».

Según abunda, además del trabajo de los cuidados, «muchas personas no se encuentran estadísticamente bien distribuidas entre los miembros de las familias, y las mujeres tienen que buscar la subsistencia en muchos hogares monoparentales donde la madre es la única presente, y no tiene solamente que trabajar en el sector formal sino además criar, ser profesora del colegio de los niños, cuidar de adultos mayores». «Esto es una realidad, es una situación de explotación extrema y que genera costos importantes sociales».

Desde las economías feministas, mantenemos que la contradicción en este momento es entre el capital y la vida, y hay que optar por la vida y por visibilizar los procesos reproductivos

En ese sentido «nosotras pensamos que las nuevas políticas tienen que ser políticas que logren visibilizar no solo una economía productivista sino una economía centrada en la visibilización de la dimensión reproductiva de la vida, de los procesos, de cómo la vida se reproduce». «En el caso de las mujeres y de los hogares modernos tiene que ver con la crianza de los niños, la alimentación de la familia, la limpieza de los espacios, el cuidado del más vulnerable a su cargo. En el caso de la realidad socioeconómica de esos territorios, Buitrago pide también «que se visibilice quiénes son quiénes cuidan los ríos, quienes cuidan esos territorios, quienes protegen que no se contaminen, quienes vuelven a sembrar y reforestar los espacios».

«Todos esos cuidados son feminizados y hay que generar políticas que vayan orientadas a, por ejemplo, la construcción de sistemas nacionales de cuidados sólidos, fuertes y que permitan la redistribución, remuneración y reconocimiento de esos trabajos de cuidados, porque si no estaríamos cortando los vínculos de interdependencia entre los seres humanos». Según concluye, «el cambio climático y todas sus consecuencias (inundaciones, incendios, etc.) no son eventos aislados de una forma de vida que hemos decidido tener como sociedades y que están en contra de la sostenibilidad de la vida. Nosotras, desde las economías feministas, mantenemos que la contradicción en este momento es entre el capital y la vida, y hay que optar por la vida y por visibilizar los procesos reproductivos». 

Fuente: Diario Digital Femenino

(Aporrea.org)

El Pacto Verde Europeo debe ser ecofeminista: 21 reivindicaciones para la Unión Europea

El informe emitido por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), en colaboración con Women Engage for a Common Future (WECF), presenta, a lo largo de sus 151 páginas, un ejemplo de cómo trasladar el ecofeminismo a las políticas medioambientales. Del mismo modo, analiza múltiples cuestiones ambientales y sociales e invita a en sus recomendaciones sectoriales, 21 en total, a realizar una política interseccional y transformadora con perspectiva de género. Ahora, ante el Día Mundial del Medio Ambiente, analizamos estas reivindicaciones y objetivos, a los que se ha querido sumar la Plataforma Impacto de Género Ya.

En los últimos años, los movimientos ecologistas y sociales de Europa han salido a las calles y se han movilizado intensamente, también de manera virtual, para exigir a los gobiernos que tomen medidas para frenar el cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad, reducir la contaminación y garantizar la justicia social. Millones de europeos se han sumado a estas protestas con las que la juventud reclama soluciones más ambiciosas a la crisis climática, las feministas se manifiestan en toda la región contra la opresión patriarcal y las comunidades racializadas congregan a enormes multitudes en apoyo a las marchas de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) exigiendo el fin de la violencia policial y del racismo sistémico. Pero estos movimientos no actúan de forma aislada. Sus causas de fondo están conectadas: sistemas del capitalismo feroz, patriarcado y racismo.

Las iniciativas ecofeministas que vinculan el activismo ecologista con la lucha feminista están experimentando un resurgir en todo el mundo. En Europa, cada vez está más aceptado que la transición verde debe ser desde el punto de vista social y de género y que debemos resolver los desafíos de nuestro tiempo aplicando estrategias interrelacionadas.

El Pacto Verde Europeo como principal marco político de la actual Comisión Europea y la nueva Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea son señales claras de que tanto la protección del medioambiente como la igualdad de género ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión von der Leyen. A pesar de que en el Tratado de Lisboa ya se establece la obligación de incluir la perspectiva de género en la formulación de las políticas y de que las interrelaciones entre la igualdad de género y los desafíos medioambientales en Europa y en el mundo ya están de sobra demostradas, las políticas europeas de medio ambiente y de género siguen estando muy aisladas entre sí, con escasa consideración del análisis de género también en los últimos desarrollos políticos relacionados con la transición hacia la sostenibilidad.

Este informe, bajo el título de "¿Por qué el Pacto Verde Europeo tiene que ser Ecofeminista?", lo que hace es analizar varios aspectos de la vinculación entre la igualdad de género y la acción medioambiental en Europa y, en primer lugar, habla sobre los impactos ambientales y su relación con el género. Por ejemplo, los hombres generan en promedio entre un 8 y un 40 % más de emisiones que las mujeres, principalmente debido a su comportamiento en materia de movilidad y alimentación. Las mujeres tienden a elegir opciones de movilidad más sostenibles y presentan patrones de viaje diferentes, con desplazamientos más cortos y frecuentes, mientras que los servicios de transporte público suelen basarse en los desplazamientos directos de los hombres al trabajo.

En cuanto a la representación, el sector medioambiental dista mucho de ser igualitario o inclusivo en términos de género, lo que refleja la infrarrepresentación general de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Así mismo, las mujeres con distintos niveles de marginación, por ejemplo, las mujeres racializadas, jóvenes, con discapacidades y las de género no conforme, se enfrentan a discriminaciones interseccionales. Son más vulnerables a los problemas medioambientales y a los efectos del cambio climático, y están en riesgo de quedarse atrás en la transición ecológica. Los estereotipos, la cultura sexista y violenta en el trabajo, el tokenismo y el racismo estructural son algunos de los factores que explican su situación.

21 recomendaciones sectoriales

Las políticas del Pacto Verde Europeo que se analizan en dicho informe continúan aplicando, en su mayoría, una perspectiva androcéntrica. Además de ignorar la perspectiva de género, el androcentrismo supone que el modelo masculino es el punto neutro y objetivo que deben tomar como referencia las políticas. Y son estas las conclusiones que han llevado a la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) a emitir una serie de recomendaciones, un total de 21, dirigidas a la Unión Europea.

En materia económica y de empleo, hace un llamamiento a transformar su Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un Pacto de Sostenibilidad y Bienestar que permita realizar inversiones que orienten la transformación hacia una economía del bienestar para todos y todas. El Parlamento Europeo y el Consejo deberían acordar disposiciones más exigentes para la propuesta de directiva sobre transparencia salarial, la inclusión de requisitos específicos para las organizaciones de menos de 250 empleados y los salarios mínimos adecuados (con medidas específicas para aquellos ámbitos en los que la remuneración es muy baja, como los sectores de servicios segregados por género y los cuidados en particular).

Sin embargo, se le insta, al mismo tiempo, en beneficio del sector comercial, a respetar el principio de «no causar daños», con el objetivo de que ninguna disposición propuesta por la UE en las negociaciones comerciales o de inversión socave la igualdad de género o ponga obstáculos a la adopción de medidas para frenar el cambio climático. Del mismo modo que debe regular las inversiones adoptando una taxonomía marrón, definiendo qué inversiones son perjudiciales para el planeta, con sanciones o medidas disuasorias para eliminar dichas inversiones por completo y de manera urgente, y estableciendo una taxonomía social que incluya requisitos de igualdad de género.

Si hablamos del clima, las recomendaciones que emiten hablan sobre una evaluación obligatoria del impacto social y de género de las políticas y medidas incluidas en los planes nacionales de energía y clima que se adopten en aplicación de la Ley del Clima. Además, en la fase de despliegue de la Estrategia de adaptación al cambio climático, recomiendan abordar las vulnerabilidades de género, el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, la comunicación y la formación con perspectiva de género, y el seguimiento y la presentación de informes sobre las acciones con perspectiva de género y sus resultados.

Incluir los aspectos sociales en la próxima revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía y promover prácticas como la redistribución de los ingresos procedentes de la tarificación del CO2 entre la población con menos ingresos, en su gran mayoría mujeres, es algo que propone el informe en materia energética. La UE, dicen, debería garantizar la justicia de género en la financiación que proporciona al sector energético, por ejemplo, apoyando a las mujeres en toda su diversidad con préstamos para empresas de energía, programas de orientación y formación a medida, planes financieros y condonación de deuda para reducir la pobreza energética. Al mismo tiempo, los Estados miembro deberían garantizar que los alquileres y otros costes relacionados con la vivienda no aumentaran como resultado de las renovaciones estableciendo mecanismos de control de los alquileres.

En cuanto a la estructura de la inversión, la fiscalidad y los incentivos monetarios estos, asegura el informe, deberían dejar de centrarse en el transporte privado y desviarse hacia un transporte público flexible, asequible y seguro, tanto dentro de las ciudades como entre ellas, y promover la construcción de infraestructuras seguras para la movilidad activa. Recomiendan a los Estados miembro y los gobiernos locales priorizar el aumento de la capacidad, la fiabilidad y la flexibilidad de los servicios fuera de las horas punta para adaptarse mejor a las pautas de movilidad de las mujeres y las personas con problemas de movilidad en los desplazamientos intraurbanos.

Los incentivos de la UE a través de la PAC, por su parte, deberían incluir disposiciones sobre las solicitudes de subvenciones y préstamos de menor cuantía, lo que facilitaría el acceso a los mismos por parte de grupos más diversos, incluidas las pequeñas ONG o las mujeres agricultoras. El nuevo Marco común de seguimiento y evaluación de los resultados de la PAC debería tener en cuenta la igualdad de género, así como establecer objetivos nacionales de incorporación de nuevas mujeres al sector agrícola.

Por último, dentro de estas recomendaciones sectoriales, el informe da una serie de consejos que la UE podría seguir sobre productos químicos, alegando que los Estados miembro deberían incluir consideraciones de género en todas las políticas y normativas relacionadas con los riesgos asociados a las sustancias químicas, así como incluir los productos menstruales en la regulación y gestión de sustancias químicas de la UE.

Eliminar todos los impuestos sobre los productos menstruales, incluidos los reutilizables, como las bragas menstruales, y ponerlos a disposición del público gratuitamente en las escuelas para luchar contra la precariedad menstrual, los productos tóxicos y los residuos, es algo que el informe reitera de manera persistente, pues el beneficio medioambiental es considerable.

Un total de 21 reivindicaciones sectoriales que pueden contribuir a una transición inclusiva, justa desde el punto de vista del género, pertinente en su impacto y más eficaz para un futuro neutro en carbono y, sin lugar a dudas, sostenible con el planeta.

Por Sonia Hortal Hurtado

Fuente :AmecoPress

Imágenes tomadas del informe "¿Por qué el Pacto Verde tiene que ser Ecofeminista?".