Trolls, funcionarios, influencers, plataformas e imágenes generadas con IA producen nuevas formas de disciplinamiento político. Protagonistas de ataques, especialistas y periodistas analizan cómo defender la libertad de expresión frente a los asedios coordinados.
Ilustración de portada e interiores: Seelvana (@seelvana)
“Golpista”, “subversiva”, “ñoqui”, “ensobrada”, “ladrona”, “corrupta”, “feminazi”. Para Julia Mengolini esos insultos no son nuevos. Los reconoce a lo largo del tiempo, en cuentas anónimas, militancias digitales, funcionarios y usuarios que hacen de la degradación una forma de intervenir en redes. “Hay que ver hacia atrás: son diez años de hostigamiento constante”, sintetiza.
Sin embargo, la violencia recrudeció en 2025 con una difamación sincronizada en X que le atribuía una relación incestuosa con su hermano. El primer tuit de este tipo fue detectado el 19 de junio, desde una cuenta con identidad apócrifa y sin aparente vinculación política. Luego el rumor se propagó velozmente entre
simpatizantes y militantes oficialistas.
Esa misma tarde, después de que la periodista restringiera la privacidad de su perfil, una cuenta verificada libertaria presentó esa acción como confirmación de la acusación falaz. En menos de veinticuatro horas, el posteo cosechó 1,7 millones de visualizaciones y superó los 24 mil likes.
Cinco días después, tras la viralización de una entrevista donde se la veía conmocionada, el presidente Javier Milei compartió tuits que la acusaban de no “bancarse el vuelto”. Horas más tarde, perfiles fantasma del mismo ecosistema generaron con IA un video sexualizado a partir de una foto familiar de su Instagram, que circuló por diversas plataformas.
Según una reconstrucción de la Fundación Heinrich Böll, el 28 de junio los legisladores Lilia Lemoine y Agustín Romo, junto al Director de Realización Audiovisual de la Presidencia Santiago Oria, difundieron textos burlándose del episodio. Para fin de mes, Milei acumulaba 93 publicaciones contra la periodista, a quien catalogó en una entrevista de “enemiga” y “zurda de mierda”.
Mengolini judicializó el asedio con una denuncia penal. Aunque el juzgado le otorgó custodia policial, terminó abandonándola por el agobio de la vigilancia cotidiana. Su denuncia no busca un resarcimiento inmediato, sino sentar un precedente sobre el uso político de las plataformas, la pornografía sintética y la persecución.
Más allá de las opacidades en el financiamiento o la coordinación vertical del Estado, el caso expone cómo una vejación contra una mujer pública viaja entre el anonimato, militancias digitales, funcionarios, influencers, sistemas de recomendación y una cuenta presidencial capaz de convertir una venganza personal en linchamiento virtual.
El
relevamiento de FOPEA y DJV Bootcamp, “El insulto como estrategia”, cuantifica esta matriz. Tras analizar 113.649 posteos de Milei en X entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, determinó que el 15,2% (16.806 mensajes) contenían insultos explícitos. Irene Benito, periodista líder del Bootcamp, define esto como una “amplificación sistemática”: el agravio facilita una viralización más rápida entre seguidores, trolls y militantes.
El informe detectó además que el 70% de los tuits dirigidos al campo mediático incluyó términos estigmatizantes, y que al menos 97 perfiles anónimos instalaban tendencias como #LosTrollsPagosSonLosPeriodistas y #NOLSALP (acrónimo de “no odiamos lo suficiente a los periodistas”).
Para FOPEA, el insulto no es un gesto aleatorio, sino una estrategia para maximizar alcance, fidelizar mediante la confrontación y silenciar las voces críticas. El estudio agrupó los tuits en tres patrones recurrentes: animalización, sexualización y repulsión. Así, no solo desacreditan ideas de las voces críticas, sino que se las reduce a la categoría de animales, “basura”, corruptas o blancos de sexualización.
De la filtración al cuerpo
A Ayelén Romano la habían doxeado —es decir, expuesto sus datos privados sin consentimiento— por primera vez en 2021. Pero en 2024, en la noche de su cumpleaños, la situación tomó otro tenor. Se difundieron imágenes de su casa, su DNI y fotos personales. “Ahí empecé a darme cuenta de que había una organización”, cuenta para esta nota.
Romano, astróloga, escritora, feminista y peronista, sufrió la irrupción en sus perfiles de usuarios con pornografía, comentarios nazis y provocaciones dirigidas sobre su físico. Al bloquearlos, la represalia escaló a la filtración de su teléfono, datos bancarios y un informe crediticio. En abril, el asunto se volvió físico: un hombre fue a su domicilio, amenazó a su madre y le nombró a todos sus familiares. Después llegaron pedidos de delivery de madrugada, camiones con materiales de construcción y un pasacalle.
Para Briony Anderson, criminóloga digital de Durham University, el doxing no se reduce a la filtración. La información personal “no solo representa” a una persona: contiene su identidad, su historia, su modo de expresarse y sus márgenes de libertad. Así, el daño deja la pantalla y entra en la vida cotidiana.
En mujeres con voz pública, advierte, funciona como una “técnica de intimidación y silenciamiento”: expone su reputación a juicios patriarcales sobre inteligencia, valor, estatus, corporalidad o vida privada. En el relato de Romano, la definición se vuelve carne. “Me fui cerrando mucho. Estuve muchísimo tiempo sin poder salir de mi casa. No confiaba en nadie”, relata.
Le llegaron videos de un hombre masturbándose con su voz de fondo y fotos sintéticas de ella desnuda. El silenciamiento se volvió —solo por unos días— literal: le costó hablar y escuchar su propio registro. “Me daba asco escucharme a mí misma por las cosas que estaban haciendo”. Las herramientas generativas no crean ese repertorio, pero amplían su circulación. Anderson describe estos contenidos como “falsificaciones sexuales digitales” donde una foto pública, una selfie o un rostro reconocible bastan para producir material sexual.
Ana Cristina Ruelas, de UNESCO, señala que las periodistas y comunicadoras son atacadas de manera desproporcionada con piezas sintéticas no consentidas para “silenciar, avergonzar y chantajear”, maniobras que suelen empujarlas a retirarse de los espacios online en lugar de proteger su derecho a participar.
En sintonía, Emily Harmer y Rosalynd Southern, investigadoras de la Universidad de Liverpool, muestran que esta violencia no se mide por un hecho aislado, sino por la acumulación de afrontas virtuales. Aunque no siempre empiezan como misoginia explícita, suelen recurrir a repertorios sexistas porque funcionan para castigar una voz política a través del cuerpo, la apariencia y la reputación.
El engranaje algorítmico
Un analista de X —que prefirió resguardar su nombre— describe tres roles frecuentes: iniciadores, validadores y amplificadores. El primer perfil puede ser marginal o descartable; su potencia depende de quién retoma el contenido para darle entidad ante una comunidad más amplia. El retuit valida la publicación y el “quote” la traslada de una cámara de eco a otra, incluso al denunciar.
En los casos de Mengolini y Romano, como en muchos otros, esa mecánica suma una capa nueva con la inteligencia artificial. Diego Fernández Slezak, investigador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, ubica el cambio en la escala. Antes había contenido falso guiado por humanos. Ahora hay “contenido fake creado por máquinas”. Las herramientas generativas permiten producir respuestas en serie, perfiles verosímiles, piezas visuales y relleno para emular interacciones humanas. “Con muy poca inversión en muy poca gente uno puede crear una gran cantidad de agentes”, asevera.
Esa masividad y las políticas de las plataformas complica —aunque no imposibilita— el rastreo del origen. Para el experto, no hace falta un dispositivo sofisticado para causar daño: alcanza un velo ligero de anonimato y la expectativa de que nadie investigue demasiado. Por eso, ante imágenes o videos manipulados, el límite no debería descansar solo en la detección técnica.
Hany Farid, analista forense digital de la UC Berkeley, llega a un punto parecido: en política, los deepfakes no necesitan ser perfectos. Su eficacia depende de saturar el sistema con montajes de distinta calidad para producir caos, sembrar dudas y obligar a víctimas o verificadores a correr detrás de la mentira.
El profesor sostiene que no hay limitaciones técnicas para que las plataformas etiqueten automáticamente los contenidos de sus propios sistemas e identifiquen materiales externos: “No hay duda de que podrían hacerlo mucho mejor de lo que lo hacen”.
La palabra presidencial y sus efectos
El sociólogo y catedrático de comunicación política Silvio Waisbord analiza este escenario desde la “desmediatización”: líderes que ya no necesitan atravesar el periodismo o la conferencia de prensa para marcar agenda, sino que acusan, señalan enemigos y se dirigen a sus públicos las 24 horas del día.
El embate, alerta, “legitima el insulto como una forma normalizada de discurso político”. Esta dinámica encierra además una paradoja para el campo mediático: informar sobre un deepfake puede ampliar su alcance, pero callar deja intacta la embestida pública.
Cuando la estigmatización proviene del Ejecutivo, el impacto en la sociedad civil cambia.
Amnistía Internacional lo formuló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al advertir que la descarga de odio presidencial “habilita y promueve el asedio, las amenazas y la violencia” sobre el discurso de otros. En 2026, la organización registró insultos directos como “basura”, “inmundicia humana”, “cavernícola” o “delincuente malparido”. Ya no se discute una nota: se intenta vaciar de credibilidad a su autor.
Agustina Del Campo —directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) y firmante de un amicus curiae en la causa que Milei luego iniciaría contra Mengolini, en la que la periodista fue sobreseida— traza una cautela jurídica necesaria: proteger a periodistas no habilita clausurar la crítica a la prensa. El punto cambia cuando la estigmatización proviene del Ejecutivo. “Que desde el poder se estigmatice con nombre y apellido a determinados periodistas es lamentable para la libertad de expresión”, desarrolla. Para ella, la respuesta no pasa por crear castigos penales inmediatos, sino por reforzar obligaciones ya existentes sobre funcionarios.
Un integrante del Gobierno puede otorgarle una enorme masividad a una ofensiva sin necesidad de haber creado la imagen falsa ni redactado la agresión. Retomar, comentar o celebrar un contenido desde un cargo público transforma la escena. Frente a esta mecánica, Slezak abre el debate sobre la responsabilidad de quien difunde y amplifica.
El laberinto judicial
Camila Palacin, integrante de Argentina Humana y abogada de
Julia Mengolini, llevó junto a su equipo una causa por amenazas contra la ex legisladora Ofelia Fernández. En ese proceso, resuelto en mayo de 2026, una respuesta de X a un exhorto enviado a Estados Unidos permitió identificar al usuario detrás del mensaje.
El acuerdo incluyó una reparación económica destinada al Hospital Garrahan y Hogares de Cristo, además de disculpas públicas con nombre verdadero. Aquel expediente demostró que, cuando una plataforma entrega información, puede encontrarse a la persona real detrás de una cuenta.
En la denuncia de Mengolini, Palacin y su equipo intentaron mostrar un mapa más amplio de escarnios, inteligencia artificial, trolls, replicación de contenidos y participación de actores cercanos al Gobierno. Pero se toparon con un obstáculo: la circulación del deepfake, los retuits y la metodología de la campaña quedaron en una zona difícil de rastrear y traducir procesalmente. Las tecnologías generativas no encuentran todavía un encuadre claro en el derecho penal argentino, por lo que las causas deben traducirse a delitos ya existentes.
La experiencia de Romano agrega otra capa de desprotección. A X le denunció un perfil apócrifo que usaba como nombre de usuario la dirección de su casa, y cuya biografía exponía su foto, DNI y datos personales. La respuesta corporativa fue que la cuenta no violaba las reglas. También pidió declarar por Zoom porque el miedo le impedía salir de su hogar, pero se lo denegaron: “Nunca se avanzó, nunca se llegó a nada con esto. Ellos quedaron impunes y yo quedé sin justicia”.
La Ley Olimpia ayudó a nombrar la violencia en entornos digitales, pero nombrar no equivale a desarmar campañas coordinadas, imágenes simuladas, usuarios anónimos, doxing y corporaciones opacas.
Desde UNESCO suman que “los sistemas algorítmicos no son neutrales”, sino que jerarquizan contenidos, recomiendan, ocultan y empujan. En la misma línea, el profesor de Farid distingue la dificultad técnica de la falta de voluntad: las empresas podrían etiquetar mucho más, decidir qué queda disponible tras una denuncia y entregar datos decisivos a los juzgados.
Una publicación puede desaparecer demasiado tarde, cuando la imagen ya fue vista y el escrache se esparció. Por eso el organismo internacional precisa que la respuesta no puede recaer sobre las mujeres atacadas mediante alternativas como retirarse de las redes, cerrar perfiles, hablar menos o protegerse solas.
Si las plataformas callan y la justicia llega tarde, la responsabilidad se traslada por completo a las personas agredidas y la sociedad civil. Son ellas quienes terminan asumiendo el peritaje de los mensajes, el costo legal y el sostén emocional.
El precio de no callarse
La censura tradicional clausura un medio, prohíbe una publicación o encarcela. En redes opera por desgaste para forzar la autocensura previa. Con Romano, los métodos fueron extremos. Ella piensa que buscaban que se suicide. Sin embargo, no se calló. “Eso nunca lo van a conseguir”, afirma.
Mengolini no tuitea más, para “no seguir alimentando al monstruo”. Ese retiro, insiste, no la relega a un mero lugar de víctima: desde su medio, sigue expresando su pensamiento e invitando al debate. Mientras tanto, continúa la disputa en tribunales: a través de su denuncia y de la causa penal que el propio presidente inició en su contra, una acción que lee como una represalia directa.
Para ella, participar en redes como X vale la pena “siempre que sepas que estás en el territorio enemigo”. Si bien utiliza plataformas como YouTube, entiende que esto implica someterse a lógicas de recomendación y dependencias corporativas. Por eso, la apuesta de Futurock se desplaza hacia una aplicación propia, sostenida por el aporte de una comunidad activa.
La periodista evoca la caza de brujas de la Modernidad —salvando las grandes distancias— para recordar que incluso las persecuciones organizadas más atroces de la historia encontraron resistencia y un final. En esa misma clave, se podría pensar que el oscurantismo político adaptado a las plataformas tiene límites fijados por el recambio generacional y el giro de los ciclos políticos.
El daño a las personas, los colectivos y las ideas no termina cuando los trolls y los perfiles alineados con el oficialismo dedicados a impulsar campañas de odio abandonan una tendencia. Los ataques a las voces disidentes desde el poder y sus redes comunicacionales no son inéditos, pero la velocidad de su difusión y el secretismo de las compañías volvieron borrosa la trazabilidad de los hostigadores.
La violencia digital opera como un instrumento de anulación política cuyo costo obliga a las afectadas a recolectar pruebas, denunciar, cerrar cuentas o calcular los riesgos de cada exposición. Ante ese desgaste, la respuesta no puede ser el aislamiento: exige cooperación, intervención estatal efectiva, causas que avancen y reglas que obliguen a las corporaciones tecnológicas a rendir cuentas.
Por Jazmín Bazán
Este reportaje contó con el apoyo de una subvención del Tarbell Center for AI Journalism.
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