marzo 10, 2026

El derecho a la tierra, una deuda con las mujeres rurales y campesinas

Sus manos, invisibilizadas por el sistema patriarcal son las que mantienen vivos los pueblos; son la columna vertebral de la producción agrícola y ganadera.


David Segarra Una mujer campesina de palestina.

Las mujeres rurales y las agricultoras, de norte a sur, mantienen la voz alzada para reclamar nuestra mirada. Sus manos, invisibilizadas por el sistema patriarcal son las que mantienen vivos los pueblos; son la columna vertebral de la producción agrícola y ganadera. Y, aún así, sus demandas no reciben la atención necesaria para que se hagan efectivas. Algunas de estas son: tener mejor acceso a la tierra y a la financiación, contar con más oportunidades reales que favorezcan el relevo generacional de jóvenes en el campo, y un reconocimiento fundamental: si ellas se paran, la soberanía alimentaria colapsaría a nivel global.

Esta semana llega el 8M con miles, cientos de reivindicaciones: todas necesarias, todas urgentes. Además, 2026 ha sido declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Agricultora. Los objetivos principales son: destacar el rol imprescindible de las mujeres para la seguridad alimentaria, la nutrición y la viabilidad económica; sensibilizar y promover medidas para subsanar la brecha de género; y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo.
Mujeres que no solo cultivan alimentos, sino que también cultivan el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades de acá y de allá.

Por todo ello, nos toca, más que nunca, acompañar y amplificar el mensaje de las mujeres que son “guardianas de semillas, memoria viva de la tierra”, que diría María Sánchez. Mujeres que no solo cultivan alimentos, sino que también cultivan el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades de acá y de allá.

La situación de las mujeres agricultoras, en pleno siglo XXI, avanza, pero de forma lenta y con muchas dificultades. Con un simple vistazo, es fácil identificar que su papel continúa siendo, desde el principio, inestable y vulnerable. En el Estado español, en 2021, elDiagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación advertía de una brecha clara en el acceso al empleo. Entonces la tasa de empleo femenina se situaba en el 51,6% frente al 60,6% de los hombres, una diferencia que subrayaba un menor acceso de las mujeres al empleo en igualdad de condiciones.

Cuatro años después, en 2025, según el estudio Mujer Rural 2025. Situación sociolaboral de las trabajadoras en el sector agropecuario español, publicado por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), la desigualdad persiste. Las mujeres representan el 29,1% de las personas ocupadas en el sector agrario, pero concentran el 41,4% del desempleo, lo que evidencia una mayor dificultad para acceder y mantenerse en el sector.

En los sistemas agroalimentarios de todo el mundo, las mujeres, como mano de obra, son un porcentaje muy similar al de los hombres. No obstante, su contribución continúa siendo infravalorada y cuentan con condiciones laborales más precarias: empleos irregulares, a tiempo parcial, con salarios bajos, condiciones de mano de obra intensiva...

¿Dónde está la tierra de las mujeres?

Las mujeres rurales representan un tercio de la población del planeta y el 43% de mano de obra agrícola, según ONU Mujeres. Además, producen hasta el 80% de los alimentos en los países en desarrollo afectados por la desertificación, la degradación del suelo y las sequías, según recoge este organismo internacional. Sin embargo, menos del 15% son propietarias de tierras. Una desigualdad que se repite en el sector primario español: la mayor parte de los productores rurales son hombres, un 68% frente a un 32% de mujeres, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación a esto, en diciembre de 2025 se produjo un pequeño paso que puede significar un gran avance. Por primera vez, se incluyó una asamblea de género en la agenda oficial de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación. Una acción que más que simbólica, puede servir para romper las dinámicas patriarcales del sistema. Una acción que ha recordado que sin derechos sobre la tierra para quienes la trabajan, cualquier política ambiental estará siempre desequilibrada.

La falta de acceso a las tierras no es un accidente histórico, se debe a leyes discriminatorias, tradiciones excluyentes, herencias y prácticas culturales que marginan… Y en muchas ocasiones, cuando las mujeres acceden a las tierras, lo hacen a suelos degradados, menos fértiles, o en territorios más vulnerables al cambio climático. De nuevo, avanzan, pero más lentamente y con más dificultad que los hombres.

Desde CERAI continuamos llamando la atención sobre esta realidad injusta y trabajando para apoyar a las mujeres en comunidades de norte a sur; para posibilitar su reconocimiento y la protección de sus derechos a la tierra. Necesitamos que las mujeres tengan acceso a las tierras, que tengan acceso a tierras de calidad aquí y allá. Es esencial para garantizar la soberanía alimentaria, la justicia económica y la igualdad de género. ¡La tierra para quien la cuida, para quien la trabaja!


presidenta de Cerai
Fuente: El Salto

marzo 09, 2026




Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe




Este documento fue elaborado como parte del proceso de preparación para el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuyo tema prioritario es “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, entre otras cosas promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y afrontando las barreras estructurales.” El proceso se llevó a cabo en el marco de la 67ᵃ Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.

El objetivo de este documento y sus recomendaciones es no solo avanzar hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la región, sino también realizar aportes sustantivos desde América Latina y el Caribe en materia de acceso a la justicia, colocando en el centro la igualdad sustantiva, la autonomía y el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia.

ÍndiceI. Introducción
II. Marco internacional y regional en materia de acceso a la justicia para mujeres y niñas
III. Principales avances y desafíos en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas en la región
IV. Reflexiones finales. Garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas: Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado
V. Principales fuentes normativas, jurisprudenciales y documentales consultadas.

Fuente: CEPAL

marzo 08, 2026

Entre avances y retrocesos: el momento crítico de los derechos de las mujeres en América Latin

Entre avances y retrocesos: el momento crítico de los derechos de las  mujeres en América Latina

El panorama global atraviesa un momento crítico: en los últimos años, el auge de fuerzas de extrema derecha y movimientos antigénero en múltiples regiones –desde Europa y Estados Unidos hasta Asia y partes de África– ha reconfigurado el terreno político.

Estas corrientes comparten una estrategia común: erosionar marcos de derechos consolidados, cuestionar la legitimidad de instituciones de igualdad, recortar presupuestos y desacreditar a los movimientos feministas como amenazas al “orden tradicional”.

En muchos países, estos discursos se articulan con nacionalismos, religiosidades conservadoras o posturas antimultilateralistas que reducen la igualdad de género a “ideología”, negando su condición de derecho humano.

En un contexto global de incertidumbre económica, polarización y desinformación digital, la agenda de igualdad se ha convertido en blanco prioritario de proyectos autoritarios que buscan volver centrar el poder en estructuras jerárquicas y patriarcales.

En América Latina, la última década ha dejado conquistas significativas –paridad, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, leyes de violencia y arquitectura institucional–, pero también señales de estancamiento y retrocesos.

Los balances de ONU Mujeres, CEPAL y el sistema de Naciones Unidas coinciden: el progreso es real, pero insuficiente, desigual y vulnerable al rechazo conservador. Ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre igualdad (ODS 5) está plenamente cumplido y, al ritmo actual, la paridad en parlamentos tardaría décadas en alcanzarse.

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Avances legislativos por países

Los avances más significativos se han dado en el terreno legislativo y en la adopción de políticas multisectoriales. Entre los ejemplos más destacados se encuentra México, que se convirtió en referente de paridad gracias a reformas que exigieron listas equilibradas y paridad en cargos de decisión y que condujeron a la elección de su primera presidenta en 2024, Claudia Sheinbaum.

También Chile, que bajo la administración de Gabriel Boric ha desplegado políticas robustas en prevención de violencia (Ley Integral 21.675), además de aprobar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (“Chile Cuida”), que consagra el derecho al cuidado y articula una red intersectorial.

Y Colombia, donde el gobierno de Gustavo Preto integró servicios de justicia y protección para mujeres afectadas por el conflicto armado (Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 1325); aprobó la primera norma integral en la región que tipifica y sanciona la violencia política contra lideresas y candidatas en todos los niveles del Estado (Ley 2453) y aprobó el CONPES 4143, que establece una Política Nacional de Cuidados a diez años.

En materia de cuidados, también México reconoció el derecho al cuidado en la Ley General de Desarrollo Social (2024) e instaló una mesa interinstitucional para construir un futuro sistema nacional de cuidados.
Campañas de prevención de la violencia

En prevención de las violencias, también Brasil, con el regreso de un gobierno progresista, reforzó el andamiaje contra la violencia de género: aumentó penas por feminicidio hasta 40 años y lanzó pactos y campañas nacionales (“Cero Feminicidio”).

México lanzó diez acciones federales para mejorar la coordinación institucional y prevenir agresiones. En Honduras, Xiomara Castro reforzó las políticas de protección a las mujeres con la Ley de ‘Casas Refugio’. Todo ello a pesar de que según la CEPAL los índices de feminicidio e impunidad en la región siguen siendo elevadísimos.
Sobre derechos sexuales y reproductivos

En derechos sexuales y reproductivos, la “marea verde” reconfiguró el mapa regional. Argentina legalizó el aborto en 2020, Colombia lo despenalizó hasta la semana 24 (en 2022) y en México, un fallo de 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto en el ámbito federal.

En Chile, el gobierno reactivó el debate para ampliar derechos y anunció un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12-14 semanas. Honduras avanzó en la refutación de la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia, aunque mantiene una de las leyes más rígidas frente al aborto.

La región también avanzó en institucionalidad de género, creando o fortaleciendo ministerios y secretarías de igualdad: el Ministerio de Igualdad en Colombia (hoy en riesgo por fallos judiciales), la Secretaría de las Mujeres en México y la Secretaría de Estado de la Mujer en Honduras.
Retrocesos en la región: el caso emblemático de Argentina y otras alertas

El retroceso más visible se encuentra en Argentina, donde en 2023 el gobierno de Javier Milei desmanteló la institucionalidad de género (eliminó el Ministerio de Mujeres), recortó fuertemente los programas contra la violencia y promovió proyectos para recriminalizar el aborto, golpeando líneas de atención, transferencias para sobrevivientes y capacidades estatales. Todo ello desde un discurso estatal abiertamente antigénero.

Organismos como Amnistía Internacional en Argentina, junto a las marchas de “Ni Una Menos”, han denunciado tal deterioro.

En Centroamérica, el patrón es también severo. El Salvador mantiene la prohibición total del aborto, con mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Pese a fallos interamericanos (caso “Beatriz”) que exigen garantías, el cierre de espacios cívicos bajo Nayib Bukele ha forzado al exilio u cierre a organizaciones clave, incluida la histórica Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Nicaragua, bajo Daniel Ortega, ha clausurado miles de ONG –incluidos colectivos feministas–, asfixiando, según expertas de la CEDAW, servicios esenciales para víctimas y borrando voz pública a defensoras.

Y en Guatemala, la violencia y las barreras de acceso a la justicia persisten pese a esfuerzos institucionales recientes. Tales retrocesos afectan con especial dureza a mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales quienes, según la ORDPI, enfrentan violencias específicas, discriminación en salud y justicia y barreras lingüísticas y territoriales que profundizan la desigualdad y limitan el acceso real a derechos.
Avances reales y riesgos crecientes

En América Latina el impulso institucional de la última década ha permitido mejoras tangibles y marcos legales más sólidos, con incidencia persistente de los movimientos feministas.

Estudios comparados subrayan que América Latina alberga hoy algunos de los movimientos feministas más fuertes e interconectados del Sur Global, responsables de conquistas como la “marea verde”, la expansión de los sistemas de cuidados y la consolidación de instituciones de igualdad.

Incluso el propio auge del rechazo conservador confirma la magnitud de estos avances: las ofensivas antigénero emergen como reacción a décadas de logros feministas en legislación y políticas públicas.

Pero, al mismo tiempo, los retrocesos –particularmente políticos y presupuestarios– amenazan con erosionar logros recientes. El caso argentino actúa como advertencia: sin continuidad institucional, las políticas de igualdad pueden desmantelarse en meses.

A escala global, el aumento de la violencia, la pobreza femenina persistente y la reacción conservadora hacen evidente que la igualdad no está garantizada. La conclusión es clara: el avance requiere vigilancia, inversión sostenida y voluntad política. Porque incluso allí donde se ha legislado bien, las amenazas no desaparecen.

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profesora de Antropología Social, Universitat de Barcelona
Fuente: The Conversation

marzo 07, 2026

En honor a quiénes se conmemora el 8M. Pioneras en la lucha

El domingo se recuerda a estas mujeres que murieron peleando por condiciones laborales dignas. El Día internacional de la mujer trabajadora reúne los reclamos por las que mueven el tejido productivo de un mundo que insiste con inequidades y violencias machistas.

Fotografía de la época da cuenta del trabajo de las mujeres en las fábricas. Esta es una de las pocas que circula y aparece cada 8M aunque no sea exactamente del grupo que murió en el incendio de la Cotton. (Imagen Web)

Existieron, pero parece que no, hicieron huelga, pero nadie registró ese reclamo, ciento veintinueve mujeres murieron quemadas, pero no hay rincón en la tierra que guarde sus cenizas. Ningún documento dice en qué lugar de Nueva York estaba la Cotton Textil Factory donde aquellas mujeres trabajaban en 1908. Un error histórico, una confusión de efeméride las superpone o las sustituye por las mujeres que murieron unos años después (1911) en el incendio de la Triangle Shirtwaist Factory en el oeste de Manhattan y que sí fueron identificadas. Las mujeres de Triangle murieron por las quemaduras, por asfixia y por saltar al vacío desde el décimo piso porque los dueños habían cerrado las puertas de salida para evitar descansos no autorizados y robos.

Las mujeres de la Cotton Factory no tienen tumba ni biografía. La verdad sobre las mujeres de la Cotton es entonces una verdad a medias, como suele ocurrir con la vida que se cuenta de las mujeres. Faltan datos, se exageran otros, se raspan las yemas de los dedos sobre las telas, sobre las máquinas, la evidencia ausente nace y crece para borrar los límites entre la voz y el silencio y para fortalecer un pacto largo larguísimo que acomoda nalgas y se apoltrona en la eficacia del relego.

¿Quiénes eran esas trabajadoras en su mayoría menores de edad que murieron prisioneras de las llamas el 8 de marzo de 1908? El detalle que esconde certezas dice que eran italianas, judías y de la llamada Europa del Este, ese detalle dice también que trabajaban en esa fábrica entre doce y dieciséis horas por día seis veces por semana, que era un lugar sin ventilación y que ganaban un 70% menos que los hombres. Sin archivos es difícil defender veracidades, pero sin embargo no es nada difícil saber que existieron (¿conjugamos el verbo en pasado?) mujeres y niñas que trabajaron en esas condiciones. ¿Cuántos meses tuvieron que pasar para que un incendio registrado hablara de ellas? ¿Cuántos hasta que las fotos de niñas y niños trabajando que hizo Lewis Hine en las fábricas de algodón de Carolina y en las trituradoras de carbón de Pensilvania fueran una prueba para denunciar que el trabajo infantil ayudaba a construir las bases de la industria estadounidense? ¿Quién cerró los ojos cuando una marcha de mujeres llenó aquel año las calles de Nueva York? ¿Por qué no hubo antes de 1911 cobertura de incendios en fábricas textiles?

Nada imposible es imaginar las camas en las que aquellas mujeres dormían, el agobio, el dolor calado, los bolsillos en los que guardaban las pocas monedas y sus gritos mientras intentaban escapar de las llamas y del humo que las ventanas cerradas de la fábrica atesoraban. Una de ellas había nacido en la Basilicata, otra en Mukáchevo y dos hermanas en Verpelét, para las cuatro aquel era el primer invierno en la fábrica. Las cartas que escribían hablaban de una ciudad agitada, de palabras que no entendían, del frío en los pies y de la comida que extrañaban. Mientras el debate histórico las niega la sombra de la duda hace equilibrio en la realidad amenazante y les da un nombre como antídoto contra el olvido: Giovanna, Rózsi, Vira, Raquel.


Fuente: Las/12

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in