septiembre 29, 2023

‘El sueño de la sultana’, una preciosa fábula animada feminista que es pionera en el Festival de San Sebastián



La ópera prima de Isabel Herguera es la primera película española de animación que compite en el Festival de San Sebastián


'El sueño de la sultana', de Isabel Herguera

La escritora de origen indio Begum Rokega fue una de esas pioneras olvidadas del feminismo que defendió desde su obra los derechos de las mujeres. Ya a principios del siglo XX habló de discriminación, de la necesidad de respeto, de igualdad, de libertad. En 1905 se publicó El sueño de la sultana, una especie de distopía (más bien, en este caso utopía) que subvertía el orden establecido, ya que transcurría en un país gobernado por mujeres.

Cuando Isabel Herguera descubrió este libro supo que quería hacer algo con ese material. Era difícil trasladarlo a imágenes, así que eligió la animación para plasmar todo el potencial de un texto tan potente e importante. Así surgió El sueño de la sultana, que se ha convertido en la primera película de animación europea que ha participado en la sección oficial del Festival de San Sebastián.

En la película nos encontraremos a Inés, una especie de alter ego de la directora, que viaja a la India y se encuentra casi de forma mágica con este libro, como precisamente le ocurrió a ella. Así que decide investigar todo lo relacionado con él y con ese paraíso llamado Ladyland, donde las mujeres mandan y los hombres obedecen. ¿Algo parecido a lo que veíamos este año en Barbie? En efecto. Sin embargo, a pesar de las conexiones, una es un producto mainstream y la otra es un experimento radical repleto de capas y de texturas, de técnicas que explotan de manera tan sensorial como poética.

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El sueño de la sultana', de Isabel Herguera

Encontramos dibujos en acuarela, recortables para recrear un teatro de sombras o arte Mehndi (los mosaicos en henna que sirve para decorar el cuerpo de forma temporal) y cada una de las fórmulas se utiliza para definir los diferentes episodios que adquieren un enorme carácter simbólico.

La importancia de la palabra

Además de la imagen, también encontramos la palabra, la de la propia narradora que irá guiando al espectador por este nuevo mundo y otras, como la del filósofo Paul B. Preciado, que también ha estado en Donostia para presentar su primera película, otra obra absolutamente a contracorriente como es Orlando: mi biografía política. Pero también hay invitadas muy especiales, como Mary Beard, la gran divulgadora experta en estudios clásicos desde una perspectiva feminista y autora de libros fundamentales como Mujeres y poder: un manifiesto.

Isabel Herguera tenía experiencia en el campo de la animación, pero nunca había dirigido un largometraje, por lo que esta se consideraría su ópera prima. Sorprende la hazaña, por su ambición, pero también por su delicadeza, por la emoción que transmite y por su belleza. Una obra reveladora y valiente que enlaza el pasado con el presente para lanzar un mensaje al futuro. La unión hace la fuerza, así como el sentimiento de comunidad.

Fuente: Infobae

España. La cara y la cruz de las bajas por menstruación incapacitante: un derecho al que han accedido menos de 550 mujeres

La necesidad de un diagnóstico previo para acceder a esta incapacidad temporal deja fuera a las mujeres que sufren patologías todavía invisibilizadas, como la endometriosis.


Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor.

En el volante médico se refleja como dismenorrea secundaria (menstruación incapacitante), pero el cuerpo lo encarna como calambres, dolores agudos en el bajo vientre y una gran hemorragia. A veces el dolor es tan insoportable que el cuerpo entero se subleva, desatando jaquecas, dolores musculares o cólicos, e impidiendo a quienes lo padecen desarrollar una vida normal.


Entre el uno de junio y el nueve de septiembre, las mujeres que padecían estos síntomas durante su menstruación podían solicitar por primera vez una baja específica por esta razón, bajo el amparo de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. En ella se recogía la menstruación incapacitante como una contingencia común con compensaciones especiales, como el cobro del salario íntegro durante el primer día a cargo de la empresa. Sin embargo, menos de 550 mujeres en toda España se han acogido a este derecho, según los datos aportados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a raíz de una solicitud de transparencia realizada por este periódico.

La dismenorrea es el síntoma de una patología del aparato reproductor femenino, como los miomas, adenomiosis y endometriosis. Especialmente esta última, según las fuentes médicas consultadas por Público. Uno de los estudios de prevalencia de referencia sobre esta enfermedad, estima que la endometriosis afecta, al menos, a un 10% de las mujeres en edad fértil. Trasladado a la población femenina española, esto podría suponer alrededor de 844.233. mujeres.

Por eso, para los expertos y expertas consultados por Público, las cifras de bajas laborales por menstruación incapacitante están lejos de representar al total de casos de mujeres que la padecen en España. Según la Asociación Estatal de Afectadas por la Endometriosis (ADAEC), esto se debe a varias razones interconectadas. La principal es que para solicitar la baja es necesario tener un diagnóstico de endometriosis o cualquier otra patología que cause dismenorrea. Un requisito que pocas mujeres cumplen.

"Existe un infradiagnóstico muy generalizado", denuncia Ana Ferrer, vicepresidenta de ADAEC. De acuerdo con el estudio realizado por Francisco Carmona, el Jefe del Servicio de Ginecologia del Hospital Clínic de Barcelona y actual presidente de la Society of Endometriosis and Uterine Disorders (SEUD), entre otros especialistas, estimó en 8,3 años el tiempo que tardaban las mujeres en ser diagnosticadas.

El segundo obstáculo que enfrentan aquellas que padecen menstruaciones incapacitantes es la exigencia de tener ciclo menstrual. Sin embargo, muchos de los tratamientos para combatir la endometriosis y otras patologías que generan dismenorrea secundaria suprimen el ciclo menstrual. Pero "esto no significa que una mujer con endometriosis y sin ciclo menstrual no sangre o que no tengan dolor", advierte Ferrer.

La ginecóloga del Instituto Catalán de Salud, Lorena Serrano, lo explica de la siguiente manera: "lo verdaderamente incapacitante es el dolor, que es independiente del patrón de sangrado de la mujer".

Las mujeres con el ciclo menstrual suprimido sólo pueden acogerse a otras dos categorías de la seguridad social: las bajas por dismenorrea primaria (aquel dolor menstrual cuyo origen se desconoce o puntual) o la baja por endometriosis (en cuyo caso, también se precisa de un diagnóstico previo) . "El mayor problema es que estas bajas no tienen las circunstancias especiales que se recogen en la nueva ley", explica Ana Ferrer. Es decir, que las compensaciones son iguales a las de cualquier otra contingencia común: cobro del 60% del salario a cargo de la Seguridad Social a partir del segundo día de baja.

Todos estos obstáculos se han traducido en una bajísima incidencia de este nuevo tipo de incapacidad temporal. De hecho, en 14 provincias españolas no se ha registrado ninguna baja laboral por menstruación incapacitante entre el 1 de junio y el 6 de septiembre de 2023. Entre ellas se encuentran las tres provincias que componen Euskadi, así como el archipiélago balear.

En otras 17 regiones, entre las que se incluyen algunos de los centros urbanos más poblados de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla, se han registrado un total de 436 bajas por dismenorrea secundaria. De todas ellas, han sido las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que poseían una mayor tasa de incapacidades temporales por esta razón: un 57 y un 76 por cada 100.000 mujeres ocupadas en cada región.

Por contraposición, Barcelona y Alicante poseen las estimaciones más bajas, con 3 incapacidades por cada 100.000 ocupadas. En número absolutos, Madrid es la provincia en la que se han registrado más bajas por esta razón, unos 128. Tras ella, Zaragoza y la capital catalana, con 54 y 42 incapacidades temporales.

El INSS no ha aportado el número de exacto de las bajas en las otras 21 provincias restantes acogiéndose a la ley de secreto estadístico, por la cuál no aportan información por cuyo nivel de detalle consideran que se podría identificar a las personas que conforman la muestra estadística. Así pues, en estas provincias se han podido registrar entre una y cinco bajas.

A pesar de este vacío informativo, se ha podido estimar que las bajas por menstruación incapacitante otorgadas este verano han oscilado entre las 457 y 541 en todo el territorio nacional. Estas cifras no son equivalentes al número de mujeres que han solicitado bajas. Dado que el ciclo menstrual abarca unos 28 días y que el periodo de los datos aportados por el INSS es de tres meses, es posible que algunas de las bajas laborales correspondan a una misma mujer.
Endometriosis: el elefante en la sala

Rocío Alarcón fue diagnosticada con endometriosis con 25 años después de una década de menstruaciones dolorosas, cólicos y migrañas. En varias ocasiones, relata a Público, tuvo que acudir al hospital para que le inyectaran analgésicos capaces de hacer remitir el dolor.

Durante su etapa escolar, solía faltar al instituto durante los días que tenía la regla. Una vez empezó a trabajar, fue "apañándose" con los pocos recursos legales de los que disponía. En su caso, tras el diagnóstico adecuado, el tratamiento hormonal con el que puso freno a los síntomas de la enfermedad, mejoró su calidad de vida.

En las ocasiones en las que el dolor volvía, recurría a las bajas por contingencias comunes, como la de endometriosis, a pesar de que sus características se asemejan a la de cualquier otra patología puntual. Es decir, no tiene en cuenta el carácter crónico –y a veces degenerativo– de esta enfermedad. Aquellas mujeres que carecían de diagnóstico asociados a la dismenorrea secundaria, no tenían otra vía que no fuera la dismenorrea primaria. Para ellas, la nueva ley "no ha supuesto ningún avance", asegura Ana Ferrer.

Así, en un efecto dominó, la dificultad para solicitar la baja por menstruación incapacitante esconde la dificultad de las mujeres que sufren dismenorrea para saber qué patología esconde, especialmente en los casos de endometriosis. A su vez, esto evidencia una falta de recursos públicos destinados a diagnosticar estas patologías. La invisibilización de la salud femenina en el que desemboca este proceso es consecuencia de una herencia patriarcal, tal y como suscribe Ana Ferrer.

Para Carmona, la mera existencia de esta categoría médica evidencia la falta de diagnósticos asociados a patologías como la endometriosis. "Le llaman dismenorrea primaria porque desconocen la causa, mientras la secundaria sí se sabe por qué es", explica el ginecólogo. A su juicio, "la dismenorrea primaria no debería existir, debería hacerse un esfuerzo muy grande por parte de los profesionales en diagnosticar la causa de esa dismenorrea".

En España sólo existen dos centros oficiales de endometrios: uno en Málaga y otro en Sevilla. A estos se le suman unidades específicas como la existente dentro del Hospital Clínic de Barcelona, que dirige Francisco Carmona, así como otras cuatro repartidas por hospitales de Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Aragón. La falta de recursos genera un atasco en las listas de espera. "No diría que nosotros estamos desbordados, pero sí con muchas dificultades", relata. "Tenemos entre 400 y 500 visitas nuevas cada año y una lista de espera que se nos va a los tres meses para la primera consulta".


Desde ADAEC creen que esta falta de recursos es un síntoma más del lugar en el que todavía hoy queda relegada la salud femenina. Bajo la perspectiva de Ferrer, "la sanidad en enfermedades propiamente femeninas no es que esté mal, es que no está"

Bajas contra el estigma

En la conquista de los derechos sexuales, reproductivos y sanitarios de las mujeres, la visibilización de patologías asociadas a su aparato reproductor ocupa un lugar central. En este sentido, todas las voces coinciden que la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero –conocida coloquialmente como la reforma de la ley del aborto– ha conseguido poner sobre la mesa una problemática históricamente relegada a un segundo plano.

"Lo bueno de la ley es que ha normalizado la menstruación, y ha desnormalizado el dolor menstrual", apunta Ana Ferrer. Consecuencia de una herencia patriarcal, durante años, la menstruación ha supuesto un grave tabú social. El doctor Francisco Carmona coincide: "sólo tienes que fijarte en todos los eufemismos que hay en cualquier idioma para evitar decir la palabra menstruación".

Rocío Alarcón reconoce que es precisamente esta visibilidad una de las cuestiones que llevan años persiguiendo las afectadas. Este objetivo no acaba con el miedo que tienen a que este reconocimiento tenga consecuencias negativas en su entorno laboral. "La endometriosis es super desconocida y cuesta mucho hacer pedagogía", analiza.

"No sé si quiero tener que luchar eso día a día, porque al final cuando hablamos de endometriosis tenemos que contar una experiencia muy íntima y a veces la respuesta que recibimos muchas veces es el a mi mujer no le pasa". Ello a pesar de que al menos la mitad de la población femenina ha tenido dolores menstruales en un periodo de seis meses, como reveló en un estudio de 2021 la consultora Kantar.

Por otro lado, cree que la nueva regulación puede ser un arma de doble filo en términos simbólicos, ya que si se aferra a esta nueva categoría de incapacidad temporal "lo que finalmente figurará como motivo de mi baja será la menstruación incapacitante, que no es la enfermedad real que tengo, sino un síntoma de mi endometriosis", argumenta. Esto es lo que la ha detenido hasta ahora: saber qué es lo que quiero que quede reflejado a nivel simbólico".

Pedagogía, flexibilidad en las condiciones para acceder a la baja o adecuación de las circunstancias especiales a otras contingencias comunes como la endometriosis, son algunas de las demandas que aún están por conquistar. Para Ana Ferrer, esta es una primera parada en un camino más largo: "La ley como primer paso es buena, pero está incompleta. Tenemos que ir más allá".

Emilia G. Morales @EMILIAGMORALES
Fuente: Público.es

septiembre 28, 2023

La criminalización de las mujeres que abortan, un “castigo” que persiste en América Latina



Entre 15 días y 50 años de cárcel es la pena a la que se enfrentan las mujeres que abortan en América Latina, una criminalización que es utilizada como una herramienta para “castigar” a las niñas, mujeres y personas gestantes que no desean continuar con su embarazo o que sufren una emergencia obstétrica.

Un “castigo” que a criterio de la abogada e investigadora Ximena Casas, no sólo se utiliza en países donde el aborto está totalmente penalizado, sino “también en países donde el aborto está permitido por alguna causal”.

“Con el tiempo hemos visto que cada vez hay más mujeres judicializadas en diferentes países, incluso donde avanzan las leyes para garantizar el acceso real y efectivo de un aborto legal y seguro. Vemos que hay un uso de ese derecho penal excesivo contra las mujeres como un castigo por no ejercer la maternidad, por no ejercer ese rol reproductivo que se ha impuesto, inclusive a aquellas que tienen abortos espontáneos o que tienen una emergencia obstétrica”, explica Casas, quien durante muchos años ha investigado el impacto de la criminalización del aborto en la región.

Sin embargo, las mujeres no necesariamente son judicializadas por delitos de aborto, cuyas penas en la región no exceden los 8 años, sino que van a la cárcel por crímenes como infanticidio, homicidio agravado o asesinato, que eleva las sentencias hasta los 50 años.

El ejemplo más claro de esa situación está en El Salvador, donde decenas de mujeres han enfrentado juicios o han ido a la cárcel tras sufrir abortos y emergencias obstétricas. Varias de ellas, como Manuela y Beatriz, fallecieron por no recibir tratamientos adecuados en medio de un contexto de criminalización, una situación que se ha extendido poco a poco a más lugares.

“Hoy en día, con las 15 investigaciones que se han hecho a nivel regional en diferentes países, vemos que la criminalización se va convirtiendo en una herramienta para limitar el acceso a un servicio esencial de salud como es el aborto”, agrega Casas.
La criminalización del aborto en América Latina

Ecuador, Colombia o Argentina son algunos de los lugares donde la experta señala que se criminaliza el aborto, pese a que son países que en los últimos tres años han registrado avances legislativos o judiciales en materia de despenalización.

Solo en cinco países de América Latina y el Caribe el aborto voluntario está despenalizado. En Uruguay y en Argentina el aborto se legalizó hasta la semana 14 del embarazo. En Cuba y en algunos estados de México es legal hasta la semana 12. Mientras que Colombia en 2022 se puso a la vanguardia de la garantía de los derechos reproductivos tras una decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

Después de ese límite gestacional, las niñas, mujeres y otras personas gestantes pueden acceder a un aborto por medio de causales, que varían por país, pero que generalmente responden al peligro a la vida o salud o en casos de violación. No obstante, la “letra chica” de muchas de las regulaciones y protocolos en América Latina y El Caribe sigue representando un obstáculo para quienes quieren acceder al procedimiento.

Por su parte, en El Salvador, República Dominicana, Honduras y Nicaragua persiste una penalización absoluta de la interrupción del embarazo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta tienen un impacto negativo sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación. “Dichas disposiciones imponen una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros”, ha dicho la CIDH en un informe sobre la situación de El Salvador.

Este impacto es aún más desproporcionado en el caso de mujeres racializadas o pobres.
Un castigo por no ser buena madre

En un análisis comparativo de investigaciones sobre la región, se ha podido determinar que la sala de emergencias del hospital al que las mujeres llegan con una emergencia obstétrica se convierte “en una puerta giratoria” que las lleva a la cárcel.

“Hemos visto que muchas de estas mujeres entraron a un proceso de judicialización porque se rompe ese secreto profesional que existe”, menciona Casas.

En Ecuador, por ejemplo, durante 10 años el 73 % de esas mujeres que acudieron a una emergencia fueron judicializadas porque se rompió el secreto profesional. Mientras que en Colombia la cifra es del 56 %.

Después de que se les abra un proceso penal, dice la especialista, “entran a todo un patrón de vulneración a derechos humanos en donde a estas mujeres se les viola el debido proceso porque las pruebas que se obtienen no tienen el acervo probatorio necesario”.

“Se llevan pruebas en donde se dice que hay rastros de misoprostol en la sangre que se les saca a las mujeres. Científicamente eso es imposible, sin embargo, son pruebas de la Fiscalía que aceptan los jueces. A las mujeres muchas veces se les toman testimonios en la sala de emergencia y sin presencia de un abogado al que todas tienen derecho”, afirma.

También se invalida su presunción de inocencia, pues se las trata como culpables desde el principio. “Inclusive a aquellas mujeres que tienen la oportunidad de tener una defensa legal, esos defensores les dicen que se declaren culpables, inclusive si han tenido una pérdida, un aborto espontáneo”, relata Casas.

En algunos de los casos que ha estudiado, recuerda, a las mujeres se las ha enviado a hacer labor en orfanatos, como parte de una medida sustitutiva a la prisión. “Y en las sentencias judiciales se detallaba que era para que aprendan a ser buenas madres. Lo que vemos es que hay un castigo específico hacia esas mujeres”.

Falta de datos desagregados para conocer la realidad

Alex Alí Méndez Díaz, coordinador de litigio de la organización AbortistasMX, dice que mientras el aborto esté en los códigos penales la criminalización seguirá existiendo.

“Porque no se hace una diferencia, no se investiga por qué una mujer aborta, sino simplemente desde que se dice aborto ya hay una criminalización social, legal, estatal”, agrega.

La organización que representa publicará en los próximos días una investigación sobre la criminalización en México, pues tienen “esa sensación de que a pesar de los avances y de la despenalización continúa habiendo procesos penales en contra mujeres, incluso mujeres y adolescentes en la cárcel”. Han detectado procesos judiciales abiertos en todo el país.

El principal problema, afirma, es que se les ha hecho imposible identificar a quienes están en prisión. “Para quienes acompañamos los procesos es importante poder determinar dónde están esas mujeres y quiénes son para poder acercarle la asistencia legal que requieran en caso de que no la tengan. El tema es que los estados cuando envían estos datos a la plataforma que alimentan, envían los datos por el delito de aborto y no diferencian si son hombres o mujeres”, explica. Tampoco divide los casos por el grado de participación.

“En los números que mandan incluyen a las mujeres que abortaron, a las personas que ayudaron a las mujeres a abortar, a los médicos e incluso aquellos casos de abortos forzados”, sostiene.

La ausencia de desagregación en estos datos impide evaluar con precisión el fenómeno de la criminalización del aborto voluntario en México.

En los seis estados en donde Abortistas MX trabaja han identificado por lo menos seis carpetas de investigación por abortos. Es decir, seis mujeres en prisión por aborto con una sentencia condenatoria. Pero a medida que el aborto se va despenalizando en los territorios, la criminalización se hace efectiva por medio de otros delitos como el homicidio en relación de parentesco.

La persistencia del delito en el código penal federal es lo que llevó hace unos meses a la organización GIRE ha presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que el pasado 6 de septiembre despenalizó la interrupción del embarazo a nivel federal y ordenó al Congreso nacional que elimine el delito de la legislación federal.

Ha sido la misma Corte, al igual que otras en la región, la que en los últimos años ha emitido sentencias que reconocen el derecho a decidir y que determinan que la objeción de conciencia no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos.

“Cuando el Estado penaliza el aborto envía un mensaje basado en estereotipos del mandato de maternidad, de que quien aborta es delincuente, y eso tiene una afectación en cómo se percibe a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar”, señala Méndez Díaz.

Por Cristina Bazán
Fuente: Efeminista

España. Voluntarias ponen en marcha un teléfono para informar y hacer frente a los estigmas ante el aborto

“La línea del aborto” amplía su ámbito a todo el Estado tras un periodo de prueba en Catalunya. L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius quiere que este servicio telefónico gratuito y confidencial sirva para desestigmatizar la interrupción voluntaria del embarazo y para solventar la barrera del acceso a la información.

Concentración por los derechos reproductivos en la plaza del Reina Sofia, Madrid, el 28 de septiembre de 2021. Álvaro Minguito

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Tener acceso a información comprensible, adaptada, veraz y completa es una de las necesidades imprescindibles para conseguir la garantía de accesibilidad en el derecho al aborto, pero la falta de información o la información errónea sobre el proceso, los circuitos de resolución o los diferentes métodos al alcance son algunos de los temas vigentes provocados por una legislación excesivamente débil recogiendo e derecho a la información. Es una de las conclusiones del informe El acceso al aborto voluntario en el Estado español: principales barreras, que la L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius publicó en 2020, y también una de las razones por la que esta asociación de referencia en el ámbito de los derechos sexuales y reprocuctivos pone en marcha este 28 de septiembre la “línea del aborto”.

Se trata de un servicio gratuito y confidencial que atienden voluntarias que han recibido formación específica para ello, y con la supervisión permanente de profesionales psicólogas y sanitarias de expertas en aborto. El servicio funciona de manera telefónica y también por web, mail o WhatsApp, y fue impulsado mediante un crowfunding y con fondos propios de la asociación, que reivindica apoyo a las administraciones para ayudar a financiarlo para poder mantenerlo y atender la creciente demanda de las usuarias. El equipo cuenta con diez sanitarias, psicólogas y educadoras especializadas, a las que se suma un grupo de veinte activistas voluntarias. La “línea del aborto” atiende llamadas los lunes miércoles y viernes de 19h a 22h en el teléfono 664 647 553.

La “línea del aborto”, además de ofrecer información, ofrece un espacio de escucha “sin juicio” donde las usuarias puedan hablar y compartir dudas, reflexiones, emociones o pensamientos

Tras un periodo de prueba en Catalunya, este Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y Despenalización del Aborto el teléfono pasa a ser de ámbito estatal con la intención no solo de informar sino también de ofrecer un espacio de escucha “sin juicio” donde las usuarias puedan hablar y compartir dudas, reflexiones, emociones o pensamientos sobre el aborto, ya sea porque están valorando hacerlo o porque ya lo han hecho, explica la organización.

En España, unas 100.000 mujeres han abortado desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Los últimos años, la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral y en 2021, último año con cifras, abortaron 90.189 mujeres. A pesar de ser una práctica tan frecuente, la asociación detecta aun entre las barreras barreras estructurales el acceso fácil a la información y también a un acompañamiento respetuoso y que haga frente al estigma, argumenta la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

“Las mujeres que llaman sobre todo lo que necesitan es que alguien las escuche sin juicios, que no las cuestionen y que se sientan legitimadas en decisiones que han tomado; Muchas veces las voluntarias son las primeras personas fuera de las profesionales sanitarias con las que la mujer comparte que ha abortado o quiere abortar. Y tienen muchas ganas de hablar y de compartir”, afirma Sílvia Aldavert, directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

Recursos para paliar la falta de información

La iniciativa toma como referencia el proyecto Abortion Talk, de Inglaterra, que de hecho ha asesorado a las impulsoras de la línea en España. Las premisas son las mismas: desde un posicionamiento proderechos, se asesora a las usuarias y se desmontan los mitos que aun persisten sobre el aborto, y que los grupos antielección que operan en el Estado se esfuerzan en diseminar, como se puede ver en estos días en torno a iniciativas como los rezos en las puertas de los centros que practicas IVEs y que dan lugar a situaciones de acoso y hostigamiento a usuarias y trabajadoras de estos centros.

Este es un nuevo recurso de apoyo a mujeres que se suma a proyectos ya existentes y consolidados como la web www.quieroabortar.org, donde se puede encontrar información clara de dónde y cómo acceder al aborto, de momento en Catalunya pero próximamente para el resto de comunidades autónomas y que fue visitada por más de 15.000 personas el último año. 

El proyecto +22 acompaña a mujeres y personas gestantes que quieren interrumpir el embarazo más allá de la semana 22, ya que este es uno de casos que constituye una de las situaciones más claras de “escenario obstaculizador”

También complementa al proyecto +22, que acompaña informativa, jurídica y emocionalmente a mujeres y personas gestantes que quieren interrumpir el embarazo más allá de la semana 22. Estos casos, que implican la intervención de un comité clínico, constituyen una de las situaciones más claras de “escenario obstaculizador”, mantiene le informe de la asociación.

A partir de las 22 semanas de embarazo, si en pruebas diagnósticas previas han detectado anomalías fetales incompatibles con la vida, solo será necesario un dictamen médico para poder hacer la interrupción del embarazo. Pero si lo que se detecta no son anomalías incompatibles con la vida, la ley en España te obliga a exponer la situación a un comité clínico de profesionales nombrados por el sistema público de salud de la Comunidad Autónoma, que será quien dicte si la mujer puede o no acceder a una IVE. La composición de estos comités y el hecho de hurtar la capacidad de decisión a las mujeres en estos casos es una de las principales preocupaciones de Drets Sexuals i Reproductius, que ofrece información sobre estos casos en el proyecto +22

Fuente: El Salto

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in