Bolivia: sobrevivir a la pandemia en dictadura

En la administración de la autoproclamada, Jeanine Añez, se elige la represión y los “ciberpatrullajes” en manos de un ministro machista, antes que la asignación de recursos para la atención de la salud y la subsistencia. En Bolivia, más del 70% de la población no cuenta con un sueldo fijo. Las mujeres, las que peor la pasan.

Foto: Añez y Murillo en la concreción del Golpe de Estado

Es de conocimiento general que el mundo atraviesa la peor crisis sanitaria del siglo XXI, el COVID-19, que presentó los primeros casos positivos en China hace algunos meses se ha propagado rápidamente por todo el mundo, en consecuencia, muchos países se encuentran ahora en medio de una cuarentena absoluta. Está de más decir, que la crisis sanitaria es el inicio de una serie de conflictos sociales y políticos ya que la brecha de desigualdad afecta primero a las y los que menos recursos tienen, las más explotadas y que terminan llevando la peor parte en toda crisis, y que además, son la mayoría.

Ante una crisis sanitaria de tal magnitud lo primero que se piensa es que los gobernantes redistribuirán los recursos en beneficio de quienes viven al día, siendo que en una situación así no tienen para comer, y también en la compra de equipos e insumos médicos que puedan garantizar las condiciones mínimas de bioseguridad para las y los profesionales en salud que en una situación como la que vivimos están en primera fila para enfrentar al virus.

Este escenario tan crítico resulta especialmente doloroso para Bolivia, que desde noviembre de 2019 ha tenido que enfrentar la represión militar y policial al estilo de las dictaduras del siglo pasado; y que ahora, ante la crisis sanitaria destina más recursos a la compra de armas e instrumentos de represión que a la de insumos médicos. Reina la desinformación y, como consecuencia, la gente fácilmente entra en pánico.

Ante la inoperancia de los grandes medios de comunicación y el cierre arbitrario de las radios comunitarias, la gente ha tenido que encontrar maneras seguras de informarse haciendo uso de las redes sociales, aunque el ministro de gobierno de facto ha comenzado una operación de ciberpatrullajes para meter a la cárcel a aquellos que “desinformen”; o mejor dicho, a aquellos que denuncien con pruebas la represión y la inoperancia del régimen que ahora gobierna el país.

Todos los días se filtran videos de declaraciones de la gente más humilde que no tiene que comer, de los productores campesinos que no pueden vender sus productos y ponen en riesgo la soberanía alimentaria en las ciudades, de les profesionales en salud que no reciben respuesta del ministerio de salud ante la solicitud de insumos. Las y los enfermeros y paramédicos son lxs mas expuestxs y también lxs mas discriminadoxs, ya que no destinan fondos a la compra de equipo de protección para ellxs. Ayer fallecieron tres personas a causa del virus y cada día aumentan los casos positivos, aun no existen protocolos y la información disponible es muy poca; en contraste con otros países, que han invertido mucho en la difusión de las medidas que deben tomarse y de los protocolos de reacción ante un posible caso positivo.

A diferencia de la insuficiente gestión del Ministerio de Salud, se le ha dado especial atención al Ministerio de Gobierno, que ha implementado duras formas de represión para aquellos que violen la cuarentena, sin tomar en cuenta que más del 70% de la población boliviana no cuenta con un sueldo fijo y no tiene la capacidad de comprar una gran cantidad de alimentos para poder acatar de forma disciplinada la cuarentena, el gobierno confunde la necesidad con rebeldía y opta por hacer lo único que ha hecho desde que tomó el poder: amenazar, reprimir y castigar.

Mientras tanto, los casos de familias que pasan días enteros sin comer suben todos los días y las cárceles se llenan de infractores a los que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha pedido que se les de entre uno y diez años de cárcel haciendo caso omiso a las advertencias de Michelle Bachellet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, quién expresó su preocupación por el gran foco de infección que resultan las cárceles en un momento como el que atraviesa el planeta. Es el mismo que, consultado por los abortos clandestinos, dijo: “mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da gana con su cuerpo, háganlo, suicídense”.

Todos los días las autoridades ejercen abuso de poder contra todo aquel que cuestiona su incapacidad, se filtraron videos en los que el Ministro de Obras Púbicas le gritaba de manera prepotente a comunaries de Laja, un pueblo del departamento de La Paz. El Ministro de Gobierno amenazó además, en una conferencia de prensa, con arrestar a alcaldes, gobernadores y quien pretenda “jugar” con él. La presidenta de facto da mensajes presidenciales, cual presentadora de televisión, pidiendo a la población encomendarse a Dios, orar y ayunar, sin explicar el estado actual del país ni proponer soluciones que respondan a las inquietudes de las y los bolivianos que requieren con urgencia respuestas claras y concretas.

Solo queda esperar tratando de organizarnos entre bolivianos y bolivianas porque de las autoridades no se puede esperar mucho. También los autodenominados “defensores de la democracia”, que hasta noviembre de 2019 estaban en primera fila para pedir cuentas al anterior gobierno “en nombre del pueblo”, ahora brillan por su ausencia, como es el caso de Waldo Albarracín, quién gestionó que grupos paramilitares puedan dormir en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, en la que él fuera rector, como un “acto de humanidad” y ahora guarda silencio a pesar de la cantidad de personas en situación de calle que necesita un lugar para poder pasar la cuarentena. O el del alcalde de La Paz, Luis Revilla, quién no dudó en movilizar a funcionaries para que asistan a los bloqueos de octubre, e incluso mandó a llevar piedras en camionetas de la alcaldía a los puntos de bloqueo para incitar enfrentamientos, y ahora está concentrado en hacer campaña política para ganar las diputaciones uninominales con ese cinismo que lo caracteriza en lugar de darle respuestas a la población que lo eligió como alcalde.

A Bolivia le ha tocado vivir la pandemia en dictadura.

Por Andrea Morales 

Fuente: La Marcha.org

No toleraremos la violencia: enfermeras de Jalisco

* Enfermeras de Jalisco sufren agresiones y discriminación por miedo a COVID19

* Algunas enfermeras han sido bañadas con cloro y agua

Enfermeras de Jalisco que laboran en distintas instituciones de salud han sido agredidas y discriminadas en las últimas semanas por personas que creen que los pueden contagiar de COVID-19.

Las agresiones y discriminación que han sufrido el personal de enfermería del estado en distintas circunstancias fue dado a conocer a través de un oficio por la presidenta ejecutiva de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco (CIEJ), Edith Mujica Chávez.

En el documento, la también jefa del Departamento Estatal de Enfermería manifiesta su preocupación ante los actos de agresión que ha sufrido el personal, pues se ha reportado que algunos incluso han sido físicos.

“Sabemos que todos estamos en posibilidad de riesgo en materia de salud pública, pero nunca se debe tolerar la violencia aunque estemos asustados por el contagio de coronavirus COVID-19. Como trabajadores de salud hemos enfrentado la desinformación y el pánico de la comunidad hasta la agresión física y verbal”, señala.

Las agresiones que al menos seis enfermeras han sufrido van desde negarles el servicio de transporte público y taxi de alquiler o bajarlas del transporte público hasta agresiones directas como el ser rociadas o bañadas con cloro y agua.

Estás agresiones las han recibido por conductores de transporte público y privado, vecinos o personas desconocidas que se encuentran en las calles. Tal es el caso de una enfermera que en las colindancias de la Clínica 110 del IMSS, donde se registro el primer caso de fallecimiento por coronavirus, fue bañada con agua y cloro por personas desconocidas.

Ante esta situación, en el oficio dirigido al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, que se permita que el personal de enfermería se traslade vestida de civil a las unidades y una vez dentro de estás se cambie con el uniforme, lo mismo al termino de su jornada. La medida se solicita se mantenga a lo largo del período de la contingencia. 

En cuanto a la protección del personal, en el oficio solicita equipo de protección personal y el material necesario para que el personal realice su labor con seguridad y con ello minimizar los riesgos laborales del personal de enfermería.

SSJ llama a evitar actos de discriminación contra enfermeras

Luego de darse a conocer las agresiones y actos discriminatorios que ha sufrido personal de enfermería en distintos puntos de Jalisco, la Secretaría de Salud a no cometer agresiones en contra de este sector.

“Luego de registrar incidentes de agresión a enfermeras por parte de algunas personas de la sociedad civil que, erróneamente, consideran que las profesionistas las ponen en riesgo de contagio de COVID-19. La dependencia estatal reconoce la enorme labor que desempeña este sector ante la contingencia y de igual manera hace un llamado a toda la población a no cometer actos de discriminación en su contra”, señala el comunicado.

De acuerdo al comunicado, tras sostener una reunión entre el secretario de Salud y la presidenta de la CIEJ, se avalaron las demandas del gremio y se externó el apoyo para que las enfermeras y enfermeros del estado pueden desempeñar su labor con seguridad a su integridad personal, tanto al interior de las unidades de salud como en los traslados de sus hogares a los centros de trabajo y viceversa.

Por Analy S. Nuño

Fuente: SemMéxico, Guadalajara

Precarización laboral en cuarentena: cuando cuidarse es un privilegio

Collage: Sofía Valenzuel

A la angustia de estar viviendo una pandemia que diariamente engrosa la lista de muertos e infectados, para muchos se suma la incertidumbre económica en un escenario de crisis donde la población más golpeada es también la más pobre. Aquella que mantiene trabajos informales y que es prueba que, lamentablemente, el derecho a cuidarse no es efectivo para todos.

En un país donde cerca de un 40% de la fuerza de trabajo se desempeña de manera informal, es decir sin contrato o honorarios, la frase de resignada “al final hay que ir a trabajar igual” adquiere el peso de una sentencia. Porque la crisis sanitaria parece ser caldo de cultivo para la precarización laboral. El temor a perder el ingreso de ese sueldo y la certeza de posibles represalias, dejaron claro que el sentido llamado a cuidarse que se eleva en el mundo entero, para muchos sigue siendo un lujo.

Durante estas últimas semanas, palabras como teletrabajo se integraron al vocabulario cotidiano y las redes sociales se saturaron de actividades para realizar en cuarentena. El proceso de aislamiento, que ha ido creciendo de forma paulatina, contrasta con la realidad de miles de personas que siguen aglomerándose cada madrugada en el transporte público para atravesar varias comunas y trasladarse a sus lugares de trabajo.

Las protestas desde el mundo laboral crecieron el pasado 26 de marzo, tras un decreto de la Dirección del Trabajo que dada la situación actual explicita, entre otras cosas, que las dos partes del contrato pueden dejar de cumplir con sus obligaciones mientras dure la emergencia sanitaria. Esto se traduce en la posibilidad, por un lado, de no asistir al trabajo, pero por otro libera a los empleadores de seguir pagándole el sueldo a sus trabajadores.

“El 50% de la población gana 400 mil pesos o menos”, explica Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, agregando que en esa situación “no se pueden tomar medidas de autocuidado y de cuidado colectivo, principalmente porque es un escenario de precarización donde el sueldo o empleo están en riesgo”.

Abuso en casa particular

Actualmente la realidad de las trabajadoras que se desempeñan haciendo tareas de aseo y cuidado doméstico en casas particulares es crítica. Sin ir muy lejos, en Brasil la primera muerte fue la de una mujer de 63 años, a quien su jefa no le avisó que tenía coronavirus contagiándola rápidamente.

La trabajadora murió en un hospital público de Rio de Janeiro, sin enterarse de que había dado positivo en el examen y generando debate en todo el mundo sobre la ética de las y los empleadores y las escasas medidas para proteger a este rubro, que en Chile emplea a cerca de 300 mil mujeres, más de la mitad de ellas sobre los 45 años.

María Cotal es presidenta de la Federación del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular en Chile (Sintracap), organización que desde que se agudizó la crisis sanitaria, se ha dedicado a denunciar las malas condiciones laborales que están viviendo algunas de sus compañeras. “Como trabajadoras de casa particular estamos muy expuestas, ya que sí somos nosotras las contagiadas los empleadores no van a tener problema en despedirnos”, dice. Desde la organización, denuncian que han recibido casos de mujeres que tras 30 años de trabajo fueron desvinculadas por teléfono. Muchas, no pueden hacer nada. Pese a que la ley establece la obligación de que exista un contrato escrito en este tipo de relaciones laborales, el 54,8% de las trabajadoras de casa particular lo hace de manera informal, según Fundación Sol.

En medio de un contexto hostil, las trabajadoras del Sintacrap buscaron la forma de cuidarse entre ellas. “Tomamos algunas medidas, como adquirir insumos de primeros auxilios, mascarillas, cloro y alcohol gel. Además, definimos nuestra sede Regional Metropolitana como albergue en el caso de que nuestras asociadas se enfermen y no puedan permanecer en su lugar de trabajo o regresar a sus hogares, porque la mayoría son de regiones”, dice María.

Desde el sindicato están en conversaciones con distintas autoridades para buscar apoyo. Uno de esos avances es el Proyecto de Ley “Cuida a quien te cuida”, presentado por las diputadas Maite Orsini y Claudia Mix. Este busca, entre otras cosas, que en alertas sanitarias provocadas por pandemias o epidemias las trabajadoras puedan suspender sus funciones manteniendo sus ingresos y que en el caso de no contar con un hogar donde realizar la cuarentena, las trabajadoras puertas adentro que así lo deseen permanezcan en su lugar de trabajo.

El llamado del Sintacrap, tanto a través de los medios de comunicación como de sus redes sociales, es a que las y los empleadores sean conscientes, permitiendo que las trabajadoras permanezcan a salvo en sus hogares mientras dure la crisis, especialmente en las comunas donde ya se decretó la cuarentena. Por otro lado, exigen que las autoridades tomen medidas para proteger a este grupo que actualmente se encuentra sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria que deja en evidencia la desigualdad.

Vulnerabilidad a domicilio

En estos días, las empresas que trabajan con envíos a domicilio a través de aplicaciones han aumentado sus ventas. Sin embargo, también han crecido las alarmas a la hora de plantearse la seguridad de quienes figuran como “socio conductor” para las apps, pero que son ante todo, trabajadores informales que no tienen un vínculo laboral comprobable y carecen de cualquier tipo de protección, ni siquiera ante accidentes. A esto, ahora se suma el abandono que acusan trabajadores durante la crisis.

“La palabra precarización está llegando a su máxima expresión”, afirma Jaime, quien hace más de tres años trabaja simultáneamente en varias aplicaciones, incluyendo las más populares, y prefiere por seguridad no aparecer con su apellido. “Nadie nos cubre ahora ni nos va a cubrir si alguno cae enfermo”. En las primeras dos semanas declarada la crisis sanitaria, aun no existían medidas desde las diferentes plataformas de delivery para proteger a los trabajadores, relata el repartidor. Por iniciativa propia, cuando trabaja se cubre la cara con distintas bandanas de tela y usa alcohol gel permanentemente. También se las lava cuando tiene la oportunidad.

Pese a que en los primeros días de la crisis algunas aplicaciones enviaron correos a sus usuarios garantizando la seguridad en el reparto y ofreciendo opciones de entrega con distancia, recién el 25 de marzo Jaime recibió por parte de una de las aplicaciones en las que está registrado un frasco de alcohol gel de 150CC, tres pares de guantes quirúrgicos y una mascarilla de género. No le comunicaron si la medida se va a volver a repetir, pero espera que las empresas se hagan responsables.

Iniciado el periodo de cuarentena en siete comunas de Santiago, donde el servicio de delivery es considerado de primera necesidad, Jaime cuenta que uno de los problemas a los que se enfrentan es la aglomeración en los lugares más inesperados. El último viernes de marzo se sorprendió al encontrarse con una multitud de repartidores afuera de una tienda de chocolates holandeses en el sector oriente. Los trabajadores no contaban con medidas para protegerse. Tampoco el local, que no estaba habilitado para entregar una espera segura.

Garantías y el peligro detrás de las medidas a consciencia

Al comunicar las medidas, las autoridades han sido enfáticas en hacer llamados a conciencia, afirmando que las decisiones deben ser un acuerdo entre quienes trabajan y sus empleadores. Para Andrea Sato, esto no resulta aplicable a la realidad local. “El derecho laboral nace para regular relaciones que se originan asimétricamente”, afirma, estableciendo que, en el contexto actual, es muy difícil que el trabajador o trabajadora no esté en una posición de desventaja.

“Es importante que el Estado pueda garantizar la vida de las personas”, afirma, aclarando que eso incluye, por supuesto, la protección de quienes no tienen relaciones laborales formales, como es el caso de gran parte de las trabajadoras de casa particular y el grueso de los trabajadores de aplicaciones. Para eso, desde Fundación Sol creen que es necesario que exista un ingreso mínimo por hogar, que alcance para vivir teniendo en cuenta criterios como la línea de la pobreza vigente en Chile. Además, sugieren que, siguiendo la línea de países como Francia, deberían congelarse las tarifas de agua, luz y otros gastos asociados al bienestar social durante la pandemia.

Si bien Andrea considera que las medidas de protección laborales no deben ser decisiones a las que se llegue por acuerdo entre las partes, indica algunas medidas básicas que se pueden aplicar en el contexto actual, entre las que se ¡encuentra la aplicación de teletrabajo, siempre que sea posible, y la mantención del salario para quienes debido a la crisis no puedan asistir a sus trabajos.

Por Rocío Venegas / Collage: Sofía Valenzuel

Fuente: Revista Paula

Violencia de género, la otra pandemia en tiempos de COVID-19

Crédito: Agencia Uno

La violencia de género es una pandemia mundial presente desde siempre en la historia de la humanidad y hasta el momento ningún país ha logrado erradicarla. En contexto de emergencia, la violencia machista aumenta y se deben desplegar acciones robustas de mitigación. En Chile, en promedio ocurren 130 mil casos de violencia intrafamiliar (VIF) al año y un 38% de mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su vida. A la luz de lo ocurrido en Europa y Asia, se estima que el Covid-19 traerá aparejada la propagación de esta pandemia; especialmente violencia de pareja, proyectando un incremento de un 20% a un 30% de casos en Chile, con mayor riesgo de violencia extrema hacia mujeres y disidencias sexo-genéricas.

El confinamiento doméstico impone proximidad física permanente con el agresor y propicia el riesgo de violencia, su gravedad, reiteración y cronicidad. Las tácticas de poder, control y sometimiento de los agresores tienden a intensificarse provocando la pérdida progresiva de autonomía y aislamiento de las mujeres.

Las negligentes medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera ante la emergencia tendrán efectos nefastos con una mayor precarización de la salud y la vida de las personas, potenciando el empobrecimiento y con ello factores que, si bien no son la causa, inciden en una mayor expresión de la violencia machista.

Lo anunciado por la ministra (s) Carolina Cuevas como Plan de Contingencia está lejos de ser una respuesta estructural y tampoco contempla recomendaciones hechas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre medidas para mitigar las consecuencias del COVID-19. Se nos dice que se refuerza la atención del fono 1455, que habrá coordinación con otros organismos públicos y protocolos para Centros de la Mujer y Casas de Acogida, pero se modificó el único programa destinado específicamente a prevenir la violencia hacia las mujeres y fortalecer el tejido social dejando sin prevención comunitaria a mujeres de 29 años y más.

A esto se suma que la inyección de recursos extras destinados a la emergencia es un misterio y sabemos que quienes absorberán el aumento de atención son justamente las trabajadoras de los dispositivos de SernamEG, quienes trabajan externalizadas a honorarios, sin reconocimiento como trabajadoras del Estado y al arbitrio flexibilizador de sus derechos laborales por parte de “ejecutores colaboradores”, susceptibles además de contagio directo de COVID-19.

El confinamiento doméstico impone proximidad física permanente con el agresor y propicia el riesgo de violencia, su gravedad, reiteración y cronicidad. Las tácticas de poder, control y sometimiento de los agresores tienden a intensificarse provocando la pérdida progresiva de autonomía y aislamiento de las mujeres. 

No es posible prevenir integralmente la violencia machista sin considerar el aumento del desempleo, la incertidumbre, el hacinamiento, el teletrabajo, la sobrecarga de labores reproductivas (domésticas, de cuidado y crianza), el mayor empobrecimiento, el consumo problemático de alcohol y drogas, entre otros elementos que la facilitan. Por ello la Coordinadora Feminista 8 de Marzo ha levantado un Plan de Emergencia Feminista, que pone el foco en generar redes de apoyo, estrategias de cuidado colectivo, alternativas de economía comunitaria, solidaridad y organización.

Las feministas decimos que nosotras nos cuidamos entre nosotras/es, tal como lo hicimos cuando cerca de 3 millones de mujeres, niñas y disidencias marchamos el 8 de marzo más colorido y masivo que se registre. Marchamos desde todos los territorios y con todos los pueblos para denunciar la violencia patriarcal y las violaciones a los derechos humanos en Chile. Y, porque no le perdonamos su silencio, marchamos para exigir al unísono la salida de la exministra Plá, quien a los cinco días figuraba renunciando en La Moneda. El plan de su sucesora apunta a que sean las mujeres las que acudan al sistema, llamando o denunciando, pero olvida que no toda la población de mujeres tiene acceso a las redes comunicacionales y esta brecha se acentúa en las de mayor edad.

Las mujeres les decimos a esas otras mujeres que tengan siempre a mano un bolso de emergencia con sus documentos personales y algunas prendas básicas, que les enseñen a sus hijes cómo llamar y qué decir en una situación de violencia, que ante una agresión inminente eviten lugares de peligro en la casa -como la cocina- y que por sobre todo mantengan contacto con una amiga, con vecinas y vecinos, la señora del almacén o cualquier persona que pueda ayudar o buscar ayuda, contar una casa segura entre vecinas/os, amigas/os para resguardarse. Si bien la violencia afecta de manera transversal a todas las mujeres, la capacidad de superar la situación será mayor mientras más redes tengamos y ante la negligencia de las autoridades, nuestra respuesta siempre debe ser comunitaria.

Por Vesna Madariaga Gjordan 

Fuente: El Mostrador