Investigadoras de la Udelar usan ciencia de datos para reconstruir el origen de las cifras sobre violencia de género

 

Noelia Beltramelli. Foto: Inés Guimaraens

Un estudio reconstruye por primera vez cuatro décadas de producción de datos impulsada por colectivos feministas y muestra cómo esos registros fueron decisivos para visibilizar violencias e impulsar cambios legislativos.

Mucho antes de que el Estado uruguayo produjera estadísticas sistemáticas sobre violencia de género, fueron organizaciones feministas y de la diversidad sexual las que comenzaron a recopilar, ordenar y difundir información sobre una problemática prácticamente ausente de los registros oficiales.

Esa es la principal conclusión de un estudio del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada) –un centro de la Universidad de la República dedicado a aplicar métodos de ciencia de datos para resolver problemas científicos y sociales– que reconstruye por primera vez la historia de la producción feminista de cifras sobre violencia de género en Uruguay entre 1984 y 2025.

Aunque la ciencia de datos suele asociarse a la inteligencia artificial (IA), también permite estudiar cómo se producen, organizan e interpretan los datos. En este caso, las investigadoras recurrieron al análisis de publicaciones históricas, archivos y registros elaborados por organizaciones feministas para reconstruir el origen de la información que luego sirvió de base para las estadísticas oficiales y las políticas públicas.

La investigación busca “desnaturalizar” la percepción de que el Estado siempre relevó las distintas manifestaciones de la violencia de género y rescatar la “memoria histórica” de que las “pioneras” en producir esos datos fueron las feministas en un momento en el que el tema ni siquiera estaba problematizado, explicó, en diálogo con la diaria, Noelia Beltramelli, investigadora de Cicada y una de las autoras del estudio.

Beltramelli señaló que el objetivo de la investigación fue rescatar un aspecto poco conocido del movimiento feminista uruguayo: el trabajo de recolectar, sistematizar y difundir información sobre violencias invisibilizadas.

“Buscamos rescatar el trabajo de las activistas y de las organizaciones de la sociedad civil en todo el trabajo que implica recolectar, sistematizar y difundir, y después accionar políticamente para la transformación social con datos”, afirmó Beltramelli, quien además es socióloga y cuenta con un máster en sociedad digital.

Entre sus principales conclusiones, el estudio sostiene que la producción feminista de datos fue decisiva para visibilizar desigualdades y distintas formas de violencia de género que durante años permanecieron fuera de los registros oficiales. Además, contribuyó a mejorar los sistemas de información y generó evidencia que sirvió de base para impulsar cambios legislativos, políticas públicas y transformaciones sociales.

De publicaciones feministas a políticas públicas

Para reconstruir esa historia, las investigadoras revisaron publicaciones históricas, boletines, revistas, archivos documentales y, en el caso de los proyectos más recientes, también páginas web y redes sociales. El criterio fue identificar iniciativas impulsadas desde la sociedad civil que generaran información allí donde existían vacíos en los registros oficiales y que transformaran esos datos en insumos para el debate público.

El estudio muestra que durante la década de 1980 organizaciones como el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en el Uruguay (Grecmu) y Cotidiano Mujer comenzaron a producir datos sobre desigualdad y violencia de género cuando prácticamente no existían estadísticas oficiales. También destaca el papel de publicaciones como La República de las Mujeres, que contabilizaba casos de violencia a partir de fuentes policiales y periodísticas.

Asimismo, en esta década surgieron organizaciones centradas principalmente en atender la violencia doméstica (el Plenario de Mujeres del Uruguay, la Casa de la Mujer de la Unión, Cooperativa Mujer Ahora, entre otras), en 1987 se creó el Instituto Nacional de la Mujer y en 1988 la primera comisaría de la Mujer.

Según Beltramelli, esos primeros registros fueron fundamentales para que el problema comenzara a instalarse en la agenda pública. “La discusión pública sobre violencia doméstica surge a partir de fines de los años 80”, sostuvo.

La investigadora explicó que recién a partir de los años 2000 el Estado comenzó a incorporar de forma sistemática la perspectiva de género en la producción de información, un proceso que se consolidó con la creación de observatorios y nuevos mecanismos de registro. Sin embargo, subrayó que las organizaciones sociales continuaron desempeñando un papel central para complementar y cuestionar la información oficial.

Un hilo conductor durante cuatro décadas

Uno de los principales hallazgos del estudio es que, pese a los cambios tecnológicos, existe una continuidad entre las iniciativas pioneras de los años 80 y los proyectos actuales.

Beltramelli destacó que pudieron rastrear “prácticas similares” entre publicaciones históricas y proyectos contemporáneos como Feminicidios Uruguay, ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? o Proyecto Ikove.Apoyá nuestro periodismo. 

“Lo que está bueno rescatar es que la acción de sistematizar, a partir de fuentes dispersas, y problematizar datos [...] es algo que se mantiene en el movimiento feminista y de la diversidad desde la reapertura democrática hasta ahora”, afirmó. “Se puede trazar ese hilo conductor entre las diferentes iniciativas a lo largo de los años”.

La investigadora señaló que buena parte de ese patrimonio documental continúa fragmentado entre bibliotecas, archivos digitales y organizaciones sociales, mientras que otros registros incluso desaparecieron con el paso del tiempo.

“No es que haya un archivo de la memoria del colectivo feminista centralizado [...]. Si uno no habla con las personas del movimiento o no busca en documentos, eso queda perdido”, agregó.

En otras palabras, además de reconstruir quiénes produjeron los primeros datos, el estudio recupera una parte de la memoria documental del movimiento feminista que permanece dispersa y, en algunos casos, corre riesgo de perderse.

Persisten vacíos en los registros oficiales

Aunque reconoció los avances alcanzados por el Estado, la investigadora sostuvo que aún existen áreas donde la información oficial presenta limitaciones.

Entre ellas mencionó diferencias de criterios entre organismos públicos, falta de interoperabilidad entre bases de datos y registros insuficientes sobre feminicidios, desapariciones vinculadas a redes de trata y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

“En el Estado hay una falta de interoperabilidad entre los datos o discordancias entre las cifras [...]. Eso hace que los informes finales puedan no reflejar la realidad de la mejor forma. Pensemos que la información disponible está desperdigada en diferentes ministerios u oficinas”, agregó.

Por eso, señaló que los proyectos impulsados desde la sociedad civil continúan siendo relevantes para complementar la información estatal y visibilizar problemáticas que todavía permanecen parcialmente ocultas.

Según explicó, proyectos como Feminicidios Uruguay, ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? y Proyecto Ikove continúan siendo necesarios porque identifican subregistros, reúnen información dispersa y documentan fenómenos que no aparecen adecuadamente reflejados en las estadísticas estatales.

Ciencia de datos con supervisión humana

Consultada sobre el aporte que pueden hacer las nuevas tecnologías, Beltramelli sostuvo que la automatización puede contribuir a mejorar los sistemas de información, aunque advirtió que primero es necesario fortalecer la calidad de los datos disponibles.

“No utilizamos IA, fue todo trabajo muy humano”, aclaró respecto de la metodología utilizada para esta investigación.

La investigadora explicó que la ciencia de datos no implica necesariamente utilizar IA. También comprende herramientas para organizar, sistematizar y analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones y mejorar la calidad de los registros.

Consultada sobre el aporte que podrían hacer las herramientas de ciencia de datos para mejorar los registros, Beltrami consideró que puede encontrar patrones y automatizar algunos relevamientos teniendo como “base el vínculo con la sociedad civil que tiene el conocimiento adquirido sobre este tema”.

“Con la ciencia de datos se puede desarrollar mejores formas de registrar la información, siempre que exista un control humano sobre los procesos. Las tareas repetitivas, sin dudas, pueden automatizarse”, indicó.

La investigadora aclaró además que el equipo no está desarrollando actualmente un proyecto basado en IA para automatizar estos relevamientos y que, deliberadamente, prefiere hablar de herramientas específicas de automatización antes que de IA.

Asimismo, advirtió que si se automatizan datos oficiales que no tienen toda la información, se reproducirían “los mismos vacíos que hay en los registros actuales”. “Primero hay que mejorar lo que hay, porque los datos son la materia prima que se va a usar después para generar procesos de automatización”.

Para Beltrami, el principal aporte de la investigación es reconocer el trabajo realizado durante décadas por activistas y organizaciones sociales en la construcción de información sobre violencia de género.

“Quisimos poner el foco en preguntarnos quiénes relevan los datos sobre estas temáticas en la historia de Uruguay, visibilizar eso y ponerlo en valor, algo que en la memoria colectiva no está tan visible”, finalizó.

Por Lucía Barrios

Fuente: La Diaria.es

Titularidad compartida: una igualdad que aún no ha llegado al campo

Muchas mujeres continúan definiéndose como 'ayuda familiar' cuando son auténticas agricultoras o ganaderas, una invisibilidad que no solo afecta a su reconocimiento social sino también al acceso a prestaciones, pensiones, ayudas o indemnizaciones

Ganadera en una explotación de ganado vacuno de leche.

Durante décadas, el trabajo de miles de mujeres en el medio rural ha permanecido oculto tras una realidad tan cotidiana como injusta: trabajar de sol a sol en una explotación agraria sin aparecer como titular de ella. Han participado en la gestión, el cuidado de los cultivos, la atención al ganado, la administración e incluso en la toma de decisiones, pero su labor rara vez se ha traducido en reconocimiento legal, independencia económica o derechos propios. La creación de la figura de la titularidad compartida pretendía corregir esta situación. Sin embargo, más de diez años después de su implantación, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿ha conseguido realmente transformar la realidad de las mujeres rurales?

La Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias fue recibida como un importante avance en materia de igualdad. Su objetivo era sencillo y, al mismo tiempo, profundamente necesario: reconocer que, cuando ambos miembros de la pareja trabajan en una explotación familiar, ambos deben compartir la titularidad, los beneficios, las ayudas públicas, las responsabilidades y los derechos derivados de esa actividad. Era una forma de hacer visible un trabajo que durante generaciones había sido ignorado por las estadísticas y, en muchas ocasiones, también por las propias instituciones.

Sobre el papel, la ley parecía una solución acertada. Sin embargo, la experiencia demuestra que aprobar una norma no garantiza su éxito. El número de explotaciones acogidas a este régimen continúa siendo muy reducido si se compara con el total de explotaciones familiares existentes en España. Esta escasa implantación no puede interpretarse como un fracaso de la idea, sino como el reflejo de problemas mucho más profundos que afectan al medio rural.

Las cifras muestran que la implantación de la titularidad compartida sigue siendo reducida. Según el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (Reticom), gestionado por el Ministerio de Agricultura, hay 1.654 explotaciones inscritas en toda España. Un análisis reciente señala que solo el 3,6 % de las mujeres que trabajan junto a sus parejas en explotaciones agrarias figuran como cotitulares. Aunque la cifra ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, continúa siendo modesta si se compara con el volumen total de explotaciones agrarias existentes en el país.

Si el objetivo es fomentar la igualdad en el medio rural, las administraciones deberían reforzar las ayudas específicas para quienes opten por la titularidad compartida

En mi opinión, el principal obstáculo no es jurídico, sino cultural. Durante generaciones se ha considerado normal que el hombre aparezca como titular de la explotación mientras la mujer desempeña un papel secundario, aunque en la práctica ambos trabajen las mismas horas e incluso ella asuma gran parte de la gestión administrativa. Muchas mujeres continúan definiéndose como “ayuda familiar” cuando, en realidad, son auténticas agricultoras o ganaderas. Esa invisibilidad no solo afecta a su reconocimiento social, sino también a cuestiones tan importantes como el acceso a prestaciones, pensiones, ayudas o indemnizaciones.

A esta realidad se suma la complejidad administrativa. Aunque las administraciones han simplificado algunos procedimientos, todavía existen agricultores que desconocen la existencia de esta figura jurídica o consideran que los beneficios no compensan el esfuerzo burocrático. En muchas ocasiones falta asesoramiento especializado, campañas informativas eficaces y un acompañamiento cercano que facilite el proceso de inscripción. No basta con crear un derecho; también es necesario garantizar que las personas puedan ejercerlo de forma sencilla.

Otro aspecto que merece reflexión es el insuficiente incentivo económico. Si el objetivo es fomentar la igualdad en el medio rural, las administraciones deberían reforzar las ayudas específicas para quienes opten por la titularidad compartida. No se trata únicamente de conceder subvenciones, sino de premiar un modelo de gestión que favorece la corresponsabilidad, la transparencia y la igualdad efectiva dentro de las explotaciones familiares. Cuando las políticas públicas no ofrecen ventajas claras, resulta difícil que los cambios legales se traduzcan en cambios sociales.

La titularidad compartida adquiere aún más importancia en el contexto actual. El campo español atraviesa una etapa de profundas transformaciones: envejecimiento de la población agraria, falta de relevo generacional, despoblación de numerosas comarcas y crecientes exigencias medioambientales y tecnológicas. En este escenario, desaprovechar el talento y la capacidad de las mujeres rurales constituye un error estratégico. No puede hablarse de modernización del sector agrario mientras una parte esencial de quienes sostienen las explotaciones continúa sin el reconocimiento que merece.

Reconocer plenamente el trabajo de las mujeres significa aprovechar mejor el capital humano disponible y favorecer un desarrollo rural más sostenible

Además, la igualdad en el medio rural no debe entenderse únicamente como una cuestión de justicia social. También representa una oportunidad para fortalecer la economía agraria. Numerosos estudios muestran que las explotaciones donde existe una participación equilibrada en la gestión suelen ser más resilientes, innovadoras y capaces de adaptarse a los cambios del mercado. Reconocer plenamente el trabajo de las mujeres significa aprovechar mejor el capital humano disponible y favorecer un desarrollo rural más sostenible.

Tampoco puede olvidarse el impacto que esta figura tiene sobre las nuevas generaciones. Las jóvenes que desean incorporarse al sector necesitan referentes y modelos que demuestren que la agricultura y la ganadería no son actividades reservadas a los hombres. La visibilidad de mujeres titulares de explotaciones contribuye a romper estereotipos y a fomentar una participación más igualitaria en el futuro del campo.

Sin embargo, sería injusto responsabilizar únicamente a las administraciones. El cambio también depende de la sociedad, de las organizaciones agrarias, de las cooperativas y de las propias familias rurales. La igualdad no se alcanza solo mediante leyes; requiere modificar costumbres, superar prejuicios y reconocer que el trabajo tiene el mismo valor independientemente de quién lo realice. Mientras continúe considerándose normal que una mujer trabaje sin figurar oficialmente como titular de la explotación, la igualdad seguirá siendo incompleta.

En definitiva, la titularidad compartida constituye una de las herramientas más valiosas para avanzar hacia un medio rural más justo, moderno e igualitario. Sin embargo, su escasa implantación demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. Las leyes pueden abrir puertas, pero son las personas y las instituciones quienes deben atravesarlas. Si realmente queremos un campo con futuro, competitivo y socialmente sostenible, resulta imprescindible dejar de invisibilizar a quienes llevan décadas sosteniéndolo en silencio. La igualdad no puede quedarse en un texto legal; debe convertirse en una realidad cotidiana en cada explotación agraria de nuestro país.

Por Reyes Alonso Martín Coleto

Fuente: El Diarios.es

El mito de las 12 semanas sigue restringiendo el derecho al aborto en México

Ilustración: Inge Snip/openDemocracy

Los plazos para efectuar abortos no tienen base científica, pero siguen excluyendo a las más vulnerables. 

Un prejuicio muy extendido, y reproducido en leyes, prácticas médicas y narrativas en México y otros países de América Latina, estipula que algunos abortos son tolerables y otros inconcebibles según los plazos en que se realicen. Pero esa idea no se basa en la ciencia ni en las estadísticas.

Quienes traspasan esos plazos se ven abocadas a estrategias para no ser vistas, juzgadas ni perseguidas, incluso en contextos donde el estigma opera con más fuerza que cualquier ley.

“Es importante trabajar el aborto avanzado porque es una necesidad real, pero no porque ahí esté la mayoría de los casos”, dijo a democraciaAbierta la experta en derechos reproductivos Mara Zaragoza.

Los abortos practicados después de las 12 semanas de embarazo constituyen entre el 10% y el 15% del total en todo el mundo, según estimaciones de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. “En México sabemos que se registra aproximadamente un 10%”, agregó Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), que defiende la libertad reproductiva.

Parte de ese porcentaje abarca circunstancias de vida y salud cambiantes y extremas: una enfermedad que se presenta cuando la gestación avanza, incluso con riesgo de vida, anomalías fetales que se diagnostican en el segundo trimestre, un embarazo “críptico” (no detectado hasta etapas avanzadas) o situaciones de violencia sexual y de género.

Buena parte de las mujeres y niñas que requieren un aborto más allá de las 12 o 14 semanas tienen situaciones de vulnerabilidad que les impiden acceder antes al servicio: viven en zonas rurales muy apartadas, son migrantes en tránsito, buscaron atención oportuna, pero se la negaron, o soportaron presiones familiares, de pareja o de otro tipo para continuar una gestación que no querían.

Un mapa fragmentado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce desde 2020 el aborto como un servicio esencial de salud y un derecho humano fundamental, y en 2022 recomendó su despenalización total sin límites de edad gestacional.

La realidad legal en América Latina y el Caribe dista mucho de esa recomendación. Es un mosaico que va desde la prohibición absoluta hasta la despenalización, y que incluye una amplia discrecionalidad para fijar legalizaciones parciales por plazos, por causales o por combinaciones de ambos.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no hay excepciones; el aborto es delito con prisión en cualquier circunstancia, con penas que varían desde los dos hasta los ocho años de prisión.

Otros países –Bolivia, Chile, Panamá y Brasil– lo tipifican como delito, pero reconocen diferentes excepciones en las que no es punible: riesgo de vida materno, cuando el embarazo es producto de una violación e inviabilidad fetal. Brasil y Bolivia no fijan plazos para los abortos bajo estas excepciones, mientras Chile y Panamá ponen plazos (de 12 o 14 semanas) para algunas, y Bolivia contempla incluso otras dos excepciones –pobreza extrema y ser estudiante– pero solo hasta la semana ocho de gestación.

En las leyes de Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, el aborto solo se permite para salvar la vida y/o la salud de la gestante en circunstancias específicas, sin mencionar plazos. En Perú se fijó el límite en las 22 semanas mediante una guía técnica.

En Uruguay, el aborto es legal en las primeras 12 semanas si se cumplen ciertos requisitos –como reflexionar durante cinco días para luego ratificar la decisión–, hasta la semana 14 en casos de violación, y, por riesgo de vida y salud e inviabilidad fetal, sin plazos. Por disposición ministerial –no una ley– Cuba permite el aborto sin restricciones hasta la semana 12 y a discreción médica después.

En México, 24 de 32 estados lo despenalizaron en las primeras 12 semanas, aunque solo 10 han incorporado su regulación en las leyes locales de salud. Pero desde 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo despenalizó a nivel federal, todas las instituciones de salud federales están obligadas a brindar el servicio. Sin embargo, 90% de las atenciones aún se concentran en la Ciudad de México, la primera entidad del país que legalizó el aborto, hace 19 años.

Argentina y Colombia avanzaron por otras vías. En Argentina es legal por sola voluntad hasta las 14 semanas, y en Colombia está despenalizado hasta la semana 24. En los dos países se contemplan excepciones fuera de esos plazos.

Cualquiera sea el marco legal, los plazos aparecen como una frontera infranqueable, ya sea en leyes, protocolos o en el imaginario social, médico y legal.

Pero no responden a la evidencia científica. “Se basan en decisiones políticas, a menudo arbitrarias, que no consideran las diferentes necesidades de quienes gestan ni las barreras específicas que enfrentan quienes están en mayor vulnerabilidad”, dijo a democraciaAbierta la abogada Valeria Pedraza Benavides, coordinadora de contenidos y estrategias jurídicas de Ipas LAC. “Son ellas quienes enfrentan más obstáculos para acceder a información en las primeras semanas del embarazo, y quienes se ven más afectadas por la criminalización”, agregó.

Además, la persistencia del aborto como un delito en cualquier momento o por fuera de los plazos “genera temor en las mujeres y personas con posibilidad de gestar y un efecto amedrentador en los proveedores de servicios”, explicó Pedraza Benavides.

El tabú de las 12 semanas

“Existe una idea de que después de la semana 12 el aborto es muy riesgoso, independientemente de si lo haces con un equipo capacitado”, dijo la abogada y activista Ninde Molre. “Eso no solo lo tiene el personal de salud, sino también las personas; entonces, cuando llegan con nosotras, tienen mucho temor: pérdida de la salud, pérdida de un órgano, pérdida de la vida”, agregó Molre, directora de Abortistas México, una red de colectivas feministas, abogadas y profesionales de la salud que trabajan por el derecho a la autonomía reproductiva.Apoyá nuestro periodismo. Suscribite por $255/mes

Sin embargo, la interrupción del embarazo es segura en cualquier etapa gestacional, siempre que se empleen los métodos recomendados por una persona que posea las capacidades necesarias, sea la misma gestante o una profesional de la medicina. Hacerlo sin información conlleva riesgos que sí son reales.

“La OMS dice que el aborto es un proceso tan seguro que en las primeras etapas una persona puede dirigir su propio aborto en su casa”, recordó Zaragoza. “En el aborto avanzado sí es necesario, y nos volvemos dependientes de un sistema de salud, de un personal médico con la capacidad y también con la voluntad de ofrecer ese servicio. De no tenerlo, esta es una franca barrera”. Por eso, cuando los proveedores carecen de conocimiento y capacidad, se convierten en un obstáculo.

En 2022, una adolescente de 17 años llegó a un hospital de México con un embarazo avanzado producto de una violación. Sola y a cargo de su hermana con padecimientos mentales, había sido violada y obligada a huir a las montañas por el crimen organizado. Aunque había sido atendida en centros de salud de primer nivel, no le habían ofrecido el servicio que es un derecho desde 2009 para casos de violencia sexual o familiar.

En lugar de entregarle atención inmediata, el personal médico y las autoridades del hospital se reunieron para deliberar si correspondía o no realizar la interrupción.

“Aunque encontraban que la situación de la adolescente era de alta marginación y violencias combinadas, no tenían el conocimiento, la experiencia ni la voluntad para optar por un aborto avanzado”, dijo Zaragoza al relatar el caso. “¿Qué haría esa jovencita con un recién nacido en una montaña, sin garantía de alimentos, de salud? Desde Ipas LAC ofrecimos colaborar, pero rechazaron rotundamente la idea de un aborto avanzado”.

Tras un largo derrotero y con el apoyo de varias organizaciones civiles, la adolescente pudo poner fin al embarazo en Ciudad de México. Aunque las fuentes señalan que en los últimos años mejoró la comprensión del personal de salud sobre la atención del aborto en casos de violación y en etapas avanzadas, aún persisten barreras puestas por las instituciones.

“Todavía gran parte del personal médico tiene muchos tabúes”, dijo a democraciaAbierta la ginecóloga obstetra Georgina Díaz Orozco, con más de 20 años de experiencia y referente en aborto avanzado en Jalisco, estado del oeste de México.

Según la experta, el desconocimiento médico sigue alimentado por el miedo jurídico, infundado, que incorporan las y los estudiantes en las escuelas de medicina, principalmente las católicas.

“Los médicos generales que salen de ahí obviamente tienen un desconocimiento total del tema. Incluso salen con temor de atender este tipo de pacientes, pero cuando llegan a las instituciones públicas, que es donde hacen sus prácticas médicas, se dan cuenta de que es un servicio como cualquier otro y que lo brindamos con todas las de la ley”, dijo Díaz Orozco.

En cuanto a profesionales ya en ejercicio, su principal temor es que los denuncien por realizar abortos. “Pero precisamente solo es desconocimiento, porque tenemos toda la legislación a nuestro favor para poder brindar el servicio a nuestras pacientes con toda tranquilidad, sin el temor de ser criminalizados”, sostuvo Díaz Orozco respecto de Jalisco, donde el aborto por libre decisión es legal en las primeras 12 semanas y sin límite de tiempo en casos de violación o peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

La abogada y activista Molre aseguró: “No hay un solo médico al que le hayan retirado su cédula [licencia]” por practicar abortos en México. Existe también un obstáculo más complejo: el mal uso de la objeción de conciencia, la posibilidad individual del personal médico y de enfermería de negarse a realizar un acto médico legal si es incompatible con sus convicciones éticas o religiosas. Según Zaragoza, en algunos lugares se ha convertido en una herramienta de desigualdad. Cuando todo el personal que atiende en hospitales públicos se declara objetor de conciencia, se termina negando el servicio a poblaciones completas y se crea una “distinción entre las personas que pueden tener acceso” al mismo servicio en forma privada.

“Esto desvirtúa totalmente la objeción de conciencia y se vuelve una práctica de aborto selectiva”, resumió Zaragoza.

Existe, además, un estigma sobre las personas que requieren un aborto en una gestación avanzada. "Socialmente las calificamos como personas insensibles, sin sentido materno, faltas de moralidad”, explicó Zaragoza. “Eso hace que quienes no lograron acceder en etapa temprana se sientan menos confiadas, con menos agencia para tener este servicio".

Según Molre, el estigma también genera una necesidad particular de justificar su decisión. La abogada, que también es acompañante de abortos, lo ve constantemente y cita algunas defensas frecuentes: “No me di cuenta, tenía este síndrome de ovario poliquístico”, “usamos condón y se rompió”, “pues sí lo quería tener, pero al final…”.

Las mujeres con embarazos crípticos también pasan a estar bajo la lupa. “¿Cómo puede decir que no se enteró?”, ejemplificó Molre. Y se responsabiliza a quien busca un aborto por vivir violencia de género: “¿Y por qué seguías con él? ¿Y por qué te embarazaste?”.

Esa culpa pesa como una sentencia. Y el lenguaje la refuerza. Cuando se habla de “bebé” o “niñito” para referirse a un feto, se le atribuye una personificación que afecta profundamente la validación del aborto, explicaron Zaragoza y Molre.

“Lo vemos en canciones, poemas, telenovelas. Eso impone una barrera importante que equipara el aborto con la muerte de una persona, lo cual no es así”, ejemplificó Zaragoza.

A su vez, Molre señaló que en los casos de malformaciones o alteraciones genéticas, el estigma se invierte y a veces el personal de salud incentiva a las gestantes a abortar, bajo el argumento de “¿cómo vas a traer a un hijo con un síndrome, con un padecimiento más?”.

Pero también hay lugares donde el estigma y el miedo retroceden.

En el Hospital Materno Infantil de Jalisco, hace diez años solo había dos ginecólogas que practicaban abortos en una plantilla de 47. Tras años de trabajo continuo de sensibilización y capacitación, esa proporción se invirtió. Hoy hay solo dos objetoras.

“Fue un trabajo difícil; fue luchar contra el estigma, contra el señalamiento, contra los comentarios”, reconoció la médica Díaz Orozco. Pero el cambio se produjo. “Cuando vieron que estábamos ayudando a las mujeres y personas con capacidad de gestar, se dieron cuenta de que el trabajo era importante”. Hoy el hospital es un centro referente de buenas prácticas, agregó.

“Así como quienes objetan conciencia dicen 'mis principios no me permiten hacer un aborto', ese mismo argumento aplica para quienes hacen abortos avanzados y dicen 'mis principios no me permiten abandonar a una mujer con estas necesidades'. Eso me parece una de las lecciones más importantes que nos han ayudado a solventar las barreras”, explicó Zaragoza.

Por Angelina de los Santos

Este artículo fue publicado originalmente por democraciaAbierta (la edición latinoamericana y en español de openDemocracy).

Economía feminista visibiliza trabajos de cuidado, destaca experta de la UNAM; analizan impacto de las desigualdades

Especialistas inauguraron el II Coloquio de Economía Feminista "Crisis de la reproducción social"

Mujeres trabajando (08/08/2026). Foto: Especial

Los trabajos de cuidado, alimentación, afecto y educación que sostienen la vida cotidiana continúan siendo desvalorizados y distribuidos de manera desigual, advirtió la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León, al inaugurar el II Coloquio de Economía Feminista “Crisis de la reproducción social”, donde especialistas analizaron el impacto de las desigualdades estructurales sobre mujeres y grupos históricamente subordinados.

Durante el encuentro, organizado por la Facultad de Economía en colaboración con la International Development Economics Associates (IDEAs) y la Red de Economía Feminista en México (REFEM), la académica afirmó que la economía feminista ha sido fundamental para colocar la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis económico.

Explicó que el concepto de reproducción social permite visibilizar actividades indispensables para el funcionamiento de las sociedades, como el cuidado, la alimentación y la educación, que históricamente han permanecido fuera de las mediciones económicas tradicionales.

Rodríguez León señaló que el coloquio partió de preguntas clave para entender el presente: cómo se manifiesta la crisis de la reproducción social en el capitalismo contemporáneo y qué herramientas ofrece la economía feminista para comprenderla y construir alternativas.

Añadió que estas reflexiones y cobran relevancia ante el agravamiento de desigualdades que afectan de manera diferenciada a mujeres, personas racializadas y otros grupos en condición de vulnerabilidad.

Por su parte, Antonio Ibarra Romero, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, destacó que la Especialización El Género en la Economía cumple 20 años dentro del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE), consolidándose como una de las principales opciones de formación en este campo en México.

Asimismo, subrayó el creciente interés de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores por los estudios de economía feminista.

El coloquio reunió a 43 participantes de licenciatura, maestría y doctorado provenientes de 15 instituciones de México y Brasil, entre ellas la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de São Paulo.

Las actividades se desarrollaron en 12 mesas temáticas agrupadas en cuatro ejes: cuerpo, territorio y extractivismo; deuda, financiarización y seguridad social; división internacional del trabajo; y alternativas frente a la crisis de la reproducción social.

El encuentro fue coordinado por María del Rosario Aparicio López, responsable de la Especialización El Género en la Economía, con financiamiento de IDEAs y respaldo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía.

Por María Cabadas

Fuente: El Universal