Argentina: Una ley para erradicar la violencia racial y sexual contra niñas indígenas

Mujeres indígenas celebran la aprobación de la ley fuera de la sede del Poder Legislativo de Salta | Cortesía de la Cámara de Senadores de Salta

Por primera vez, una ley en Argentina reconoce que el abuso sexual sistemático contra niñas y mujeres indígenas, naturalizado bajo el nombre de ‘chineo’, es un crimen de odio que debe prevenirse mediante sensibilización y educación. 

El ‘chineo’ es una práctica sistemática de abuso sexual y agresión a niñas, niños y mujeres indígenas por parte de hombres criollos, es decir, de ascendencia no indígena, frecuentemente con mayor poder económico, social o político. En lengua wichí se los llama hätäy, “demonios blancos”.

No por casualidad a la ley 8534, aprobada por el Congreso de la norteña provincia de Salta el 16 de abril, se la conoce como ‘ley Octorina’, en memoria de la lideresa wichí Octorina Zamora que defendió los derechos humanos de los pueblos originarios. Es resultado de una larga lucha de las mujeres indígenas.

El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir nació con reuniones en fogones de mujeres referentes que recorrían kilómetros para contar y escuchar los problemas de cada territorio, como la falta de agua potable o la desnutrición infantil, hasta su conformación oficial en 2012, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (centro). Reúne al menos 36 comunidades de más de 20 pueblos indígenas y tiene alcance nacional.

En 2019, el Movimiento lanzó su campaña #BastaDeChineo, creando redes para cuidarse entre ellas y a sus hijos e hijas, asistir a las víctimas y acompañar en sus denuncias a las que no hablan español.

En algunas comunidades, las indígenas se organizaron para denunciar lo que soportaban, como ocurrió en 2022 en la comunidad wichí Misión Kilómetro 2, donde mujeres y adolescentes hicieron una marcha y firmaron una carta pública, luego de la violación y femicidio de una niña de 12 años, Pamela Flores. Con el apoyo de Octorina Zamora, también participaron de la Primera Asamblea de Mujeres Indígenas de la ruta 81 en la que hicieron oír sus reclamos a autoridades provinciales y nacionales.

Octorina Zamora (izquierda) en una protesta por el crimen de la niña Pamela Flores | Foto cortesía de la Agrupación Las Fieras de Abya Yala

En mayo de ese mismo año, el Movimiento de Mujeres y Diversidades organizó en Chicoana, Salta, el Tercer Parlamento Plurinacional con presencia de más de 36 delegaciones indígenas de todo el país. El Informe de Chicoana, elaborado por las delegadas, incluía el pedido de medidas urgentes contra el chineo. 

Varias de sus demandas serían luego parte de la ley, como la obligación de generar estadísticas, la capacitación intercultural de funcionarios, la incorporación de intérpretes y la participación de las comunidades indígenas en las políticas públicas. Otras quedaron por el camino.

Octorina Zamora falleció una semana después del Parlamento Plurinacional. Fue entonces cuando el senador provincial Walter Cruz, del pueblo kolla, ingresó a la legislatura salteña el primer proyecto, rindiéndole homenaje y recogiendo algunas de sus ideas.

“Nosotras [el Movimiento de Mujeres y Diversidades] no participamos en la escritura de la ley directamente”, dijo a democraciaAbierta la activista travesti trans María Pía Ceballos, indígena wichí ava guaraní de la ciudad salteña de Tartagal. “Con excepción de Tujuay [Gea Zamora, hija de Octorina], que sí fue consultada”.

‘Disciplinamiento colonial’

En la tarde del jueves 16 de abril, un puñado de mujeres indígenas lograron ingresar a la sede de la legislatura de Salta para presenciar el debate y la votación. Rieron, lloraron y se abrazaron. Habían logrado que el Estado reconociera por primera vez la violencia racista y machista que sufren las comunidades wichí, qom, kolla, guaraní, pilagá, chorote y otras en el norte argentino.

Allí estaba Tujuay, la hija de Octorina, quien continúa la lucha de su madre contra el chineo.

“Cuando salimos de la legislatura, nos dimos cuenta de que recién empezaba todo. La ley no es un punto de llegada sino un punto de partida”, dijo Tujuay a democraciaAbierta. Es urgente contar con “herramientas jurídicas para defender” los territorios de “este disciplinamiento colonial”, agregó. 

La norma no crea nuevas figuras penales – facultad que recae en el Congreso nacional – ni modifica las sanciones previstas para los delitos sexuales ni los agravantes de delitos motivados por odio racial, religioso, de género, orientación sexual o identidad de género. Su objetivo es reconocer una violencia históricamente invisibilizada.

"Sabemos que es una ley primaria; decidimos aprobarla porque es necesaria. Es un primer paso", dijo a democraciaAbierta el senador Cruz.

La ley dispone crear un organismo que deberá elaborar estadísticas, crear protocolos de actuación, campañas de prevención y mecanismos de protección. Los ministerios de Salud, Educación, Gobierno y Justicia deberán destinar recursos para campañas de difusión multilingües, centros de asistencia intercultural, capacitación de funcionarios estatales y acompañamiento integral a víctimas. La reglamentación, aún pendiente, determinará en qué ministerio recaerá la responsabilidad y definirá su presupuesto.

La norma exige consultas y diálogo permanente con comunidades originarias a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, y habilita la intervención del Ministerio Público Fiscal como actor civil en representación de las víctimas. “Podemos ser pioneros con esta ley. Pero si no la aplicamos bien, habrá sido un lindo papel”, advirtió Cruz. 

El escenario político argentino no ofrece un marco favorable para que una norma así sea aprobada para todo el país. Desde que el presidente libertario Javier Milei asumió el gobierno en diciembre de 2023, se eliminaron instituciones y presupuestos para combatir la violencia de género y se desmantelaron organismos vinculados a derechos indígenas. 

Justamente por eso, según Cruz, la ley salteña adquiere mayor relevancia. La aspiración es que pueda convertirse en antecedente de legislaciones similares en provincias vecinas o en todo el país. “Sería ideal que esto pueda discutirse también en Chaco, Formosa, Jujuy o Santiago del Estero; el chineo no ocurre solo en Salta”, dijo el senador.

Olvido y miseria

En 2015, Juana*, una niña wichí de la comunidad de Alto La Sierra que padecía microcefalia y retraso madurativo, fue interceptada por ocho criollos que la arrastraron al monte, la drogaron, la golpearon y la violaron. Juana quedó embarazada y, a causa de las distancias, la falta de ambulancias y las barreras idiomáticas no recibió atención médica durante días. A pesar de que el aborto en caso de violación ya era legal en Argentina, el sistema de salud y la justicia local dilataron los tiempos hasta la semana 19 de gestación. Como el embarazo estaba "muy avanzado", los médicos la obligaron a someterse a una cesárea.

Su madre denunció el hecho, pero sufrió amenazas y presiones para desistir de su reclamo judicial que, además, estuvo lleno de irregularidades que derivaron en apartamientos de fiscales, jueces y médicos. Con todo, en 2019 la justicia condenó a los agresores a 17 años de prisión.

Octorina Zamora acompañó a la familia de Juana, como a tantas otras, y realizó un seguimiento incluso años después del hecho. “Juana sigue sometida en el olvido y la miseria, sin una asistencia que le corresponde por ser víctima, por ser mujer, por ser indígena, por ser una niña”, contó en 2020, en un conversatorio del Instituto Nacional contra la Discriminación. 

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio o quedan paralizados entre barreras idiomáticas, falta de intérpretes o presiones locales, como detalló una investigación que republicó democraciaAbierta.

Una palabra cargada de dolor

El proyecto original presentado por Cruz en 2022 quedó sin tratamiento por la resistencia que oponían algunos partidos políticos y terratenientes a una iniciativa enfocada en los abusos cometidos por hombres no indígenas. 

Sin perspectiva de avances, las organizaciones que lo apoyaban decidieron cambiar la estrategia. El texto “ha variado mucho desde su primera presentación”, que hablaba explícitamente de chineo, dijo el senador Cruz. Debido a las contribuciones de “algunas organizaciones de mujeres y derechos humanos”, el término fue eliminado, ejemplificó.

Según Ceballos, el uso de esa palabra genera, aun hoy, debates y contradicciones. “Algunas mujeres indígenas ven ‘chineo’ como una mala palabra y les afecta emocionalmente. Desde el Movimiento explicamos que ese concepto es una práctica de violación sexual colonial y machista que debe nombrarse”, dijo.

Entre 2023 y 2025, el proyecto fue discutido en distintos espacios de intercambio con liderazgos indígenas, organizaciones feministas y actores vinculados a los derechos humanos.

La organización Na’ Nechepa (Levantémonos), impulsada por Tujuay Zamora, la Fundación Juala y varias liderezas territoriales redactaron e hicieron llegar modificaciones específicas al articulado.

Así, aunque la ley recogió parte de las demandas de las organizaciones, el costo de la aprobación fue su reducción. 

“La ley sufrió varios recortes en puntos importantes, como la reparación económica y judicial”, dijo Tujuay Zamora. “No es lo ideal, pero es una herramienta útil y un primer paso fundamental para que nos empiecen a ver”.

Una plataforma de lucha

Años antes de la ley, el Informe Chicoana fue mucho más que un petitorio contra el chineo. Fue una plataforma amplia que abordaba el origen de la explotación y el abuso. Reclamaba que se prohibiera trabajar en territorios indígenas a empresas cuyos empleados hubieran cometido abusos y “que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares” que hubieran incurrido en los mismos delitos.

Proponía expulsar y condenar “a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y sean cómplices”; así como juzgar, sin fueros, a funcionarios públicos y autoridades tradicionales que hubieran incurrido en chineo como ejecutores, cómplices o facilitadores.

También reclamaba que se embargaran “todos los bienes de los violadores” para aportar a la reparación de la víctima y que fueran las mujeres “las receptoras y administradoras de los programas de alimentación y asistencia social”. 

Ceballos explicó este punto: “Tenemos casos donde los conductores de camiones con alimentos solidarios llegan a las comunidades y piden niñas a cambio de entregar los recursos. Y algunos caciques las entregan”. 

Tujuay Zamora recordó que su madre ya presenciaba estas situaciones en la década de 1980. “Durante la vuelta de la democracia en Argentina, Octorina denunció que cuando se entregaban las cajas PAN (Plan Alimentario Nacional), algunos conductores pellizcaban en zonas íntimas a niñas de 10 años o intercambiaban alimentos por sexo”. 

El Informe Chicoana también explicitó el ‘terricidio’, concepto acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir para describir la destrucción de la Tierra y de los pueblos originarios, perpetrado por un sistema económico extractivista, colonial y patriarcal. “La civilización ocupante ha generado muerte y la afectación en todas las vidas en los territorios ancestrales. Nuestro dolor y nuestras pérdidas son irreparables”, dice.

En diciembre de 2024, el gobierno derogó una ley que amparaba a las comunidades indígenas y suspendía las órdenes de desalojo de las tierras donde vivían de forma ancestral, aunque no tuvieran títulos de propiedad. Ahora, las comunidades de las provincias de Salta y Jujuy ven con preocupación el avance del Corredor Bioceánico de Capricornio, una red de carreteras sudamericanas que unirá el centro-oeste de Brasil con puertos sobre el océano Pacífico, y que cruzará sus territorios.

Para las indígenas, camiones y nuevas rutas comerciales aparecen asociadas a otro tipo de circulación, como la trata de personas, el narcotráfico y mayor violencia de los criollos.

“Ya existen situaciones de trata en algunas comunidades y esto puede empeorar muchísimo”, dijo Tujuay Zamora. “El proyecto extractivista avanza aunque las comunidades resistan. Entonces necesitamos herramientas para proteger a nuestras niñas y adolescentes de todo lo que se viene”. 

La población indígena de Argentina asciende a 1,3 millones, según el censo nacional de 2022 que contabilizó 45,8 millones de habitantes. En Salta suman más de 130.000, un 10% de la población de la provincia. El Estado reconoce la preexistencia de 14 pueblos indígenas en Salta. 

“El informe Chicoana y la problemática del terricidio nos puso de acuerdo y permitió la difusión sobre el vacío legal que existe en este tema", dijo Ceballos. 

Mujeres que iluminan

Según la cosmovisión wichí, anterior a la colonización española, las atsinay katés (mujeres estrellas) eran portadoras de sabiduría ancestral y pilares fundamentales para la comunidad. 

Fabiana Ibarra, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, es una de esas mujeres estrella. Aprendió a hablar español sola, luego de haber denunciado, con 13 años, el abuso sexual de un criollo. “Nadie me entendió del todo”, dijo a democraciaAbierta. Le tomaron la denuncia con lo poco que lograron entender, aunque “no hubo seguimiento del caso”. 

En 2006 un hätäy la interceptó mientras volvía de vender artesanías en el monte de la localidad El Quimilar Carboncito, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. “No sé si estaba ebrio o drogado; tenía los ojos muy rojos”, recordó Fabiana con un hablar pausado y silencios prolongados. “El hombre me amenazó por la espalda y me llevó hasta unos yuyales donde me abusó”. La causa judicial no avanzó – el hombre tenía familiares dentro de la policía – y ella nunca logró una reparación.

Fueron años de lucha y dolor, que se alivianó cuando comenzó a reunirse con otras hermanas wichí que habían sufrido episodios similares. En las comunidades, explica, todavía es normal escuchar a algunos hombres decir “‘vamos a chinear’. Se refieren a salir a buscar mujeres para abusar, a nosotras, que tenemos los ojos como chinas”.

Hoy Fabiana Ibarra es una mujer estrella que ilumina y guía a otras mujeres indígenas que no pueden expresarse en español frente a médicos, policías o funcionarios judiciales. “Me siento vocera de las hermanas que no pueden hablar”, dijo. 

Florencia Galarza es una periodista argentina especializada en género, justicia y derechos humanos. Colabora con medios nacionales e internacionales, e investiga sobre violencias, desigualdades y acceso a derechos. También trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano del Poder Judicial.

Por Florencia Galarza

Fuente: Democracia Abierta

Aida Quilcué: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica”

En la recta final de la campaña electoral, la candidata a vicepresidenta de Colombia por el Pacto Histórico, convoca a la unidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, populares, rurales y urbanos a continuar el camino de transformación que inició con la presidencia de Gustavo Petro. “Sueño con que exista la igualdad en Colombia”, afirma.

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Fuente: Marcha.org.ar

El trabajo de cuidado y el acceso desigual a la autonomía económica

“Hice a un lado mi carrera para cuidar a los niños. Ahora él me dice que la casa es suya y que yo soy la que se tiene que ir”

“Yo me dediqué a cuidar a nuestros hijos mientras él se desarrollaba profesionalmente. Ahora, a mi edad, ya nadie me contrata; él se volvió a casar, compró otra casa y yo no tengo nada a mi nombre”.

“Hice a un lado mi carrera para cuidar a los niños. Ahora él me dice que la casa es suya y que yo soy la que se tiene que ir”.

Frases como estas se escuchan en nuestras asesorías con más frecuencia de la que quisiéramos. Mujeres que pausaron su carrera profesional —o dejaron de trabajar de manera remunerada— para priorizar el cuidado de infancias, personas enfermas o las necesidades cotidianas del hogar. Y que años después enfrentan separaciones o divorcios desde la precariedad, la falta de autonomía económica y profundas desventajas patrimoniales.

Mujeres que dedicaron años al cuidado mientras veían a sus parejas crecer profesional y patrimonialmente, acumulando experiencia laboral, estabilidad económica, propiedades o redes profesionales. Mientras tanto, ellas fueron acumulando interrupciones laborales, dependencia económica, trabajos flexibles sin prestaciones y trayectorias marcadas por la imposibilidad de conciliar empleo y cuidados.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado?

El trabajo de cuidado contempla actividades indispensables para la vida cotidiana: desde las tareas de cuidado directo, como cuidar a infancias, acompañar a personas enfermas o atender a personas mayores, hasta las tareas de cuidado indirecto, como cocinar, limpiar, administrar el hogar o sostener emocionalmente la vida cotidiana.

Cuando estas actividades se realizan sin recibir una compensación económica, hablamos de trabajo de cuidados no remunerado. Aunque no genere ingresos, debe reconocerse como trabajo: una labor indispensable para el funcionamiento de los hogares, las comunidades y la economía en general.

La organización social y económica descansa sobre millones de horas de trabajo de cuidado históricamente invisibilizado y desigualmente distribuido. En México, el INEGI estimó que, en 2024, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados ascendió a más de 8 billones de pesos, equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional.

¿Quién cuida?

De ese total, las mujeres aportaron 72.6% del valor económico generado por este trabajo, realizando 2.7 veces más labores domésticas y de cuidados no remunerados que los hombres. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo ha advertido que las mujeres realizan alrededor del 76.2% del trabajo de cuidados no remunerado y dedican más del triple de tiempo que los hombres a estas actividades.

El impacto patrimonial del cuidado

El cuidado ocupa tiempo, energía y disponibilidad constante; por ello, impacta directamente en las posibilidades de acceder a un empleo, conservarlo, crecer profesionalmente, generar patrimonio o construir autonomía económica. Las consecuencias aparecen en trayectorias laborales interrumpidas, dobles y triples jornadas de trabajo, dependencia económica, falta de ahorro, ausencia de seguridad social y desventajas patrimoniales que muchas veces sólo se hacen visibles durante una separación, un divorcio o una disputa familiar.

Durante mucho tiempo, el derecho no reconoció el trabajo de cuidado. Cocinar, criar, limpiar, acompañar o sostener un hogar no se entendían como actividades susceptibles de producir efectos económicos y jurídicos, pese a que permiten que otras personas estudien, trabajen, generen ingresos o acumulen patrimonio.

Por ello, hablar de cuidado implica analizar cómo se distribuyen el tiempo, el dinero, las oportunidades y el patrimonio dentro de las familias y las relaciones de pareja. También implica cuestionar por qué las consecuencias económicas derivadas de estas cargas han recaído históricamente sobre las mujeres y personas cuidadoras.

Reconocer jurídicamente el cuidado significa entender que detrás de cada jornada de trabajo invisible existen horas, desgaste, renuncias y consecuencias económicas y patrimoniales concretas. Significa reconocer que el tiempo dedicado a cuidar produce valor y, por ende, debe traducirse en derechos.

Las decisiones sobre quién deja de trabajar de manera remunerada, quién cuida, quién administra el dinero, por cuál régimen matrimonial se opta o cómo se construye un proyecto de vida en común no son únicamente decisiones emocionales: también son decisiones que invariablemente incidirán en nuestra seguridad patrimonial a largo plazo.

Porque el patrimonio no sólo se construye con dinero o con bienes. Las cargas de cuidado, el tiempo dedicado a la crianza, las pausas y renuncias profesionales también tienen consecuencias patrimoniales.

En ese marco, hablar de autonomía económica implica comprender que el cuidado tienen efectos materiales concretos y que las personas deben contar con información suficiente para tomar decisiones libres y conscientes sobre su proyecto de vida.

Por ello, las asesorías jurídicas preventivas son fundamentales, ya que permiten identificar desigualdades que suelen normalizarse dentro de las relaciones: abandonar una carrera profesional sin protección patrimonial, desconocer el estado financiero de la pareja, no participar en decisiones económicas relevantes o asumir cargas de cuidado desproporcionadas sin mecanismos mínimos de protección jurídica.

Porque si el amor no es para siempre, que nuestro patrimonio sí lo sea.

Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota.Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.

Por  Itzel Lozada 

Fuente: La Costilla Rota

Abogada y especialista en género con amplia trayectoria en la promoción de los derechos humanos y la igualdad. Fundadora de Resignifica Abogadas, donde trabaja en litigio, asesoría y capacitación en materia de igualdad de género, derechos humanos e interseccionalidad. Su práctica se enfoca en temas de familia, violencia y derechos de las mujeres, con una apuesta clara por traducir el derecho en herramientas útiles para la toma de decisiones, especialmente en contextos donde las mujeres enfrentan desigualdades estructurales. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil y proyectos comunitarios, integrando una mirada práctica que articula lo jurídico con lo social.

Clara Burriel: “Todos los colegios deberían contar con protocolos de protección frente a la violencia sexual”

Desde Save The Children, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural

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Clara Burriel, especialista en violencia de Save The Children.

«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares». 

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social. 

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

Por Olivia Carballar

Fuente: La Marea