En El Tesoro, una aldea al este de Guatemala, la comunidad se organizó para enfrentar el hambre de niños y niñas en un país que registra uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil de la región. El cuidado y la organización comunitaria como claves para combatir la crisis alimentaria.
En la aldea El Tesoro, en el municipio de Camotán, al oriente de Guatemala, el calor seco y las lluvias cada vez más irregulares marcan el ritmo de la vida cotidiana. La comunidad forma parte del denominado Corredor Seco centroamericano, una región atravesada por sequías prolongadas, suelos degradados y una alta dependencia de la agricultura de subsistencia. Allí, entre caminos de tierra y viviendas dispersas, viven alrededor de dos mil trescientas personas que sostienen su alimentación principalmente a partir del cultivo de maíz y frijol, trabajos informales y economías familiares inestables.
En ese contexto, el Centro Comunitario de Aprendizaje de la aldea de Tizamarté funciona como un punto de referencia para la comunidad. No solo es un espacio de formación, sino también de seguimiento sanitario y organización territorial. Cada mes, niñas y niños menores de cinco años son pesados y medidos para evaluar su estado nutricional. Ese registro, que se repite de manera sistemática, permite detectar una problemática persistente.
“Nos encontrábamos con niños menores de cinco años con bajo peso y retraso de crecimiento”, explica Gloria Esperanza Amador Morales, alcaldesa comunitaria de la aldea y auxiliar de enfermería. “La población de nosotros es bastante amplia, como de dos mil trescientos habitantes, y tenemos niños menores de cinco años que monitoreamos todos los meses con peso y talla para ver cómo está el estado nutricional”, detalla.
El doble rol que ocupa Gloria —como autoridad comunitaria y trabajadora de la salud— le permite ver el problema en toda su dimensión. “Como alcaldesa comunitaria, mi función es ver las necesidades que existen en nuestra comunidad y como enfermería, velar por la salud de los niños menores de cinco años y de la población en general”, explica.
A partir de ese seguimiento, los datos comenzaron a mostrar una situación extendida. “Teníamos siete niños con desnutrición moderada, pero había como cincuenta o más niños con peso y talla que no era normal”, señala. La diferencia entre los casos más graves y un número mucho mayor de infancias con malnutrición evidencia un problema estructural, sostenido en el tiempo.
Organizar la crianza en un territorio atravesado por el hambre
Frente a ese diagnóstico, la comunidad comenzó a reunirse. La preocupación por la alimentación de niñas y niños fue el punto de partida de un proceso de organización que buscó ir más allá de la atención individual de cada familia: “Ahí se vio la necesidad, se empezaron a organizar los grupos”, cuenta Gloria. Las primeras reuniones derivaron en la conformación de grupos de trabajo en distintos caseríos, integrados por familias con infancias en situación de bajo peso. “Se empezó a ver que ellos necesitaban en primer lugar alimentación, pero así mismo cómo poder producir algunas hortalizas”, agrega.
La estrategia implicó conseguir terrenos, organizar el trabajo colectivo y gestionar recursos básicos. A partir de ahí, comenzaron a desarrollarse las huertas comunitarias. Hoy, estos grupos están distribuidos en distintas zonas de la aldea. “En La Reforma tenemos cuatro grupos, hay grupos de veinte, veinticinco personas; en La Ceiba también hay grupos, tenemos en Nuevo Porvenir y en El Matuchal”, detalla Gloria. En total, participan más de cien personas en estos espacios de producción.
Las huertas producen alimentos concretos para el consumo cotidiano. “Se ha empezado a cultivar repollo, lechuga, tomate, cilantro”, enumera. En un contexto donde los ingresos son limitados y el acceso al mercado es restringido, la producción local se vuelve central. “Sabemos que por los escasos recursos no encuentran las verduras, otras cositas para poder ayudar”, explica.
Esta práctica responde a una lógica extendida en la región. Según el informe
Ellas alimentan al mundo —publicado por LATFEM y We Effect en 2021—, el 57% de las mujeres rurales produce alimentos principalmente para alimentar a sus familias. En territorios como Camotán, esta forma de producción no es complementaria: es una condición para sostener la alimentación.
Sin embargo, en Tizamarté el proceso adquiere otra dimensión. La alimentación de niñas y niños deja de ser un problema exclusivamente familiar y comienza a ser abordada como una responsabilidad colectiva. Las huertas, las capacitaciones y las reuniones construyen una red donde la crianza se organiza en común.
La crisis climática también sube los precios
La situación alimentaria en Camotán está profundamente atravesada por la crisis climática. El municipio se encuentra en una de las zonas más afectadas del Corredor Seco, donde las sequías prolongadas alternan con lluvias intensas y eventos extremos que impactan directamente en la producción agrícola.
En los últimos años, las variaciones en los ciclos de lluvia han provocado pérdidas significativas en cultivos de subsistencia como el maíz y el frijol. Las lluvias tardías impiden la germinación de las semilla, mientras que las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden destruir las cosechas. A esto se suman fenómenos extremos como huracanes e inundaciones que han afectado la región.
Estas condiciones no solo reducen la disponibilidad de alimentos, sino que también encarecen su precio. Cuando las cosechas fallan, las familias deben comprar en el mercado productos que resultan cada vez más caros, en un contexto de ingresos inestables. La inseguridad alimentaria se profundiza y afecta especialmente a las infancias.
A nivel nacional, según la
Fundación PBI, la inseguridad alimentaria se ha profundizado de manera sostenida en los últimos años. Desde 2020, Guatemala atraviesa una de las crisis alimentarias más graves de América Latina y el Caribe: hacia 2023, alrededor del 26% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria severa, mientras que cerca del 58% estaba en condiciones de seguridad alimentaria marginal, es decir, en riesgo constante de no poder acceder a alimentos suficientes. Esta situación está directamente vinculada con la pérdida de cosechas, el aumento de los precios de alimentos básicos como el maíz y el frijol y la caída de ingresos en los hogares rurales.
El impacto es aún más agudo en comunidades rurales e indígenas, donde se concentran los mayores niveles de pobreza y exclusión. En estas zonas, la desnutrición infantil alcanza cifras alarmantes: en algunos territorios, especialmente en regiones con población maya, los niveles de malnutrición pueden llegar hasta el 80%. La combinación de acceso limitado a tierra, dependencia de cultivos de subsistencia, crisis climática y falta de políticas públicas sostenidas profundiza una desigualdad estructural que se expresa con mayor intensidad en las infancias.
En este contexto, las huertas comunitarias funcionan como una estrategia de adaptación frente a la crisis climática. La diversificación de cultivos y el uso de recursos disponibles permiten sostener una producción mínima. “Se empezó a cultivar para el consumo de las familias”, resume Gloria.
Cuidar en común en contextos de desigualdad
En Tizamarté, la producción de alimentos está estrechamente vinculada con el trabajo de cuidados. Las mujeres que participan en las huertas también son quienes sostienen el monitoreo nutricional, el cuidado cotidiano de niñas y niños y la organización comunitaria: “Las mujeres del centro comunitario estamos luchando por los beneficios de todas las personas de la aldea, para apoyar a las familias que están en riesgo por alimentación o vivienda”, explica Gloria.
Este entramado refleja una realidad extendida a lo largo de la región: las mujeres rurales concentran gran parte de las responsabilidades vinculadas a la alimentación y los cuidados, pero en condiciones de desigualdad estructural. Aunque 7 de cada 10 acceden a tierra para producir, solo 3 de cada 10 tienen titularidad sobre esas parcelas , lo que limita su autonomía y capacidad de decisión.
A esto se suma la sobrecarga de trabajo no remunerado, que recae principalmente sobre ellas. En este contexto, la desnutrición infantil no puede explicarse únicamente como un problema de las familias o de las prácticas individuales, sino como el resultado de condiciones estructurales: pobreza, falta de acceso a tierra, crisis climática y ausencia de políticas públicas sostenidas.
La experiencia de Tizamarté propone otra forma de abordar esa realidad. A través de la organización comunitaria, la crianza se sostiene en red. “También se les capacita a las madres como tener una buena alimentación”, agrega Gloria, dando cuenta de un proceso que combina producción, educación y cuidado.
En la aldea El Tesoro, las planillas donde se registran los pesos y las tallas de niñas y niños conviven con parcelas cultivadas colectivamente. Entre esos dos registros —los datos que evidencian la desnutrición y las huertas que buscan revertirla— se configura una experiencia donde la crianza deja de ser una responsabilidad individual y se convierte en una práctica social. En ese entramado, sostener la vida implica algo más que producir alimentos: implica construir, de manera colectiva, las condiciones para que las infancias puedan crecer.
