La ley de igualdad retributiva, que entra en vigor este miércoles, llevará a las empresas la obligación de registrar sus salarios y velar por la igualdad de las retribuciones a sus plantillas, un aspecto en el que la economía social va por delante.
La diferencia en los salarios entre hombres y mujeres en la economía mercantil es de 20 puntos porcentuales, mientras que en la economía social y solidaria es de seis puntos, un cambio significativo a cuyo borrado debería contribuir la ley de igualdad retributiva que entra en vigor este miércoles, seis meses después de la aprobación del Real Decreto de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres
pese a las reticencias de la patronal.
El texto impone por ley la transparencia retributiva y la obligación de igual retribución por igual trabajo. La principal herramienta de esta ley es un “registro retributivo” donde las empresas deberán consignar las percepciones del total de la plantilla, desglosadas por sexo, así como la media aritmética y la mediana de lo percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable, especifica el texto de la ley.
En la economía social, las mujeres cobran un 6 % menos que sus compañeros varones mientras que en la economía mercantil este porcentaje es de un 20 %
Pero no, no se trata de que desde este miércoles puedas cotillear la nómina a tus compañeros y compañeras, sino que la empresa deberá facilitar a la representación de los trabajadores a las personas trabajadoras —si no tienen representación— las diferencias porcentuales en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.
Sin embargo, aunque estas medidas pueden pillar de nuevas a muchas empresas, la economía social y solidaria tiene ya una trayectoria amplia en vigilar la igualdad de género en sus organizaciones, un trabajo que se ve reflejado en diferentes indicadores.
Menor brecha salarial
Las brechas salariales de género en la economía social son notablemente inferiores a las observadas en la economía mercantil. En la economía social, las mujeres cobran un 6 % menos que sus compañeros varones mientras que en la economía mercantil este porcentaje es de un 20 %. Las brechas salariales de género se incrementan con la edad, tanto en la economía social como en la mercantil, pero son inferiores siempre en la economía social. Cabe señalar que las mujeres menores de 25 años tienen un salario ligeramente superior al de sus compañeros varones, y que este hecho se explica muy posiblemente por una mayor cualificación.
En primer lugar, los salarios en la economía social y solidaria tienen una distribución más corta, explica Santero Sánchez. “Es decir, entre los que menos ganan y los que más ganan hay una diferencia más pequeña que cuando te vas de la economía social o, dicho de otro modo, los salarios más altos de la economía social están casi siempre a años luz de los salarios más altos de fuera de la economía social”. Por otra parte, estos datos no pueden desligarse de la especialización productiva que en la economía social lleva aparejados unos salarios menores en su conjunto, “no porque se pague menos en sí por ser economía social sino porque los sectores donde tiene mayor peso la economía social son sectores que por otra razones tienen salarios menores, como el cuidado o la educación”, añade Castro Núñez.
Más participación de las mujeres en la toma de decisiones
Las investigadoras creen que la menor brecha salarial que se da en la economía social se explica, entre otros factores, por la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Como analizan en
Social Economy, Gender Equality at Work and the 2030 Agenda: Theory and Evidence from Spain, el empleo de mujeres en las entidades de la economía social implica un mayor grado de feminización de la toma de decisiones, lo que contribuye a la reducción del fenómeno del techo de cristal, mantienen las autoras.
Su trabajo estima que las mujeres representan el 32,9% de los puestos de toma de decisiones en la economía social, lo que supone una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre la obtenida por las empresas de la economía mercantil, donde el porcentaje es del 22,2%. En el periodo que analizaron, se encontraron con que siempre que se producía un cambio de puesto de trabajo, las probabilidades de que el nuevo puesto implique una mejora en la categoría laboral son mayores en la economía social que en las empresas tradicionales.
Las mujeres representan el 32,9% de los puestos de toma de decisiones en la economía social, lo que supone una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre la obtenida por las empresas de la economía mercantil
“Los trabajadores y trabajadoras en la economía social están en una organización donde la gestión puede no ser compartida, pero sí las decisiones se toman de otra manera por principio y eso sin duda mejora las condiciones laborales en general, y en particular las de las mujeres”, reflexiona Castro Nieto.
Empleo más estable
Sobre otros dos factores que afectan a la calidad del empleo de las mujeres, la parcialidad y la temporalidad, las investigadoras explican por qué han preferido utilizar en su análisis otro factor: la estabilidad. Castro Nieto explica que en España se da un uso amplio de la temporalidad “al que no escapa la economía social”. Sí se diferencia de manera significativa, dice, en estabilidad. La conclusión de su estudio es que en la economía social hay mayor estabilidad, es decir, las personas que trabajan en economía social tienen menos episodios de paro y relaciones laborales más largas y, en ese aspecto, las entidades de la economía social muestran una mayor igualdad de género en términos de acceso a empleos más estables y no se aprecia diferencia entre mujeres y hombres en este aspecto.
Además, los datos de la economía social también muestran menores diferencias de género en cuanto a las contrataciones a tiempo completo y parcial. Para Castro Nieto, “la estabilidad y la menor brecha salarial muestran una idea común desde dos perspectivas diferentes, que es una de las ideas inherentes a estas organizaciones”. Para su compañera Rosa Santero, “decir que la economía social puede cerrar la brecha salarial es pretencioso, pero sí contribuye a reducirla”.
Herramientas propias de control: el balance social
La economía social cuenta con sus propias herramientas de control antes de que las leyes obligaran a ello. En 2015, la la
Red de Redes de Economía Social y Solidaria (REAS) puso en marcha una herramienta a la que llaman “balance social” y que desde entonces toma el pulso a la economía social y solidaria de todo el Estado. Desde entonces, esta herramienta se ha consolidado como instrumento para analizar el cumplimiento de los seis principios sobre los que sustentan las organizaciones de esta red: el último informe, presentado en 2020 con datos de 2019, recoge datos de cerca de 500 entidades que engloban a más de 200.00 personas.
Sin embargo, la idea viene de antes de 2015. Los primeros informes de balance social los firma REAS - Euskadi en 2007. Luego, le siguieron otros territorios como Navarra, Catalunya, Aragón y Madrid.
María Atienza, integrante de REAS y voluntaria de Economistas Sin Fronteras, explica que se trata de medir “aspectos más allá de los puramente económicos para autoevaluarnos en cuanto a los seis principios de la economía solidaria”. Esos principios, recogidos en la Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria, son los de equidad, trabajo como elemento clave en la vida de las personas, sostenibilidad ambiental, cooperación, modelo económico sin ánimo de lucro y compromiso con el entorno.
María Atienza (REAS): “En la economía social y solidaria tenemos una brecha reducida, pero es que además ponemos herramientas para frenarla”
Gracias a estas auditorías, subraya Atienza, se han normalizado las mediciones para controlar que se cumple efectivamente el principio de equidad. “Para empezar, en la economía social y solidaria tenemos una brecha reducida, pero es que además ponemos herramientas para frenarla”, dice Atienza, que cree que el principio de transparencia que viene a imponer el decreto de igualdad retributiva está consolidado en la economía social y solidaria. “En ese sentido estamos bien y además vamos más allá de la norma, por lo que ahora estamos en otro proceso que es el de depurar y mejorar cómo medimos”, asegura.
Uno de los retos, concreta, es medir la cualitativo, y no solo los aspectos cuantitativos, algo en lo que coinciden las investigadoras de la URJC, que llaman la atención sobre la paradoja que supone medir parámetros de la economía social “con herramientas que se crearon para ensalzar la economía mercantil”. En ese sentido, señalan la existencia de
una mayor preocupación por establecer medidas de conciliación en la economía social.
Atienza señala una iniciativa concreta:
Visibilizar lo invisible, una app que ha puesto en marcha Economistas Sin Fronteras dirigida a la ciudadanía en general y que tiene como objetivo poner en valor el tiempo dedicado a los cuidados.
“Creo que los decretos de planes de igualdad y de igualdad retributiva son un paso adelante, pero para mí está claro que en la economía solidaria existe una preocupación desde hace mucho tiempo, por lo que nos hemos adelantado a normas como estas, porque tenemos integrado que la economía solo es solidaria si es feminista”, concluye.
