En el centenario de Ingeborg Bachmann, la escritora que buscó la raíz de la violencia patriarcal

Los límites del lenguaje, las secuelas de la guerra y la desigualdad entre hombres y mujeres son el vértice sobre el que descansa la obra de Ingeborg Bachmann, una de las escritoras en lengua alemana más importante del siglo XX, que este 25 de junio hubiera cumplido cien años.

Y con motivo de este aniversario se reedita en español una de sus obras más icónicas 'Malina', en Nórdicaslibros, una obra considerada obra maestra de la literatura europea, y un retrato psicológico feminista de la conciencia de la mujer que explora las raíces de la violencia sistémica, las estructuras patriarcales y la naturaleza de la identidad femenina. Un retrato de una escritora que intenta contar su propia historia en un mundo dominado por hombres.

Se reedita 'Malina', obra icónica de Bachmann que explora las raíces de la violencia patriarcal

La vida Bachmann, Klagenfurt (Austria, 1926-Roma, 1973) estuvo marcada por la inseguridad y la fragilidad psicológica, vivió el nazismo y la guerra y buscó en la verdad la respuesta a la violencia del siglo XX. Luchó contra el patriarcado en el hogar, en la familia, y se entregó a la creación por completo. 'Solo vivo cuando escribo', llegó a decir.

Pero otro de sus grandes temas fue su preocupación por los limites del lenguaje para poder nombrar el horror, la violencia o la injusticia que atravesó su tiempo.

"El centenario de Ingeborg Bachmann es una ocasión perfecta para descubrir o releer, y, sobre todo, para reivindicar la obra de una de las autoras más importantes de la literatura europea del siglo XX", explica Efeminista Diego Moreno, directo de Nórdicaslibros.

"Me parece que la lectura de sus textos, y especialmente de su novela Malina, es especialmente necesaria ahora-.argumenta Moreno- . Es importante llevar a las librerías obras de gran aliento, de compromiso con la literatura, con potentes metáforas e imágenes, con clara voluntad poética y literaria, como es la obra de Bachmann. La autora austriaca retrata la violencia sistémica hacia las mujeres y el funcionamiento de las estructuras patriarcales, y lo hace sin renunciar a la mejor literatura, y asistiremos a páginas memorables que quedarán en nuestra memoria, como el magnífico final de la obra", concluye.

La revista Turia le dedica a Bachmann un número especial

Por otra parte, y también con motivo de este centenario, la revista cultural Turia dedica un número especial dedicado a Ingeborg Bachmann.

Un volumen que reúne 150 páginas de textos inéditos elaborados por una veintena de autores españoles y austríacos, entre los que figura la Premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek, con el fin de acercar al público de habla española la trayectoria y la obra de una de las figuras más relevantes de la literatura europea del siglo XX.

En este número, Isabel Hernández, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, señala que la imagen pública de Bachmann, que hablaba de discursos poéticos con vehemencia, contrasta con una personalidad íntima marcada por la fragilidad y el miedo, elementos que, a su juicio, resultaron determinantes en la construcción de una obra literaria innovadora.

"Pionera en la representación literaria de las secuelas de la guerra y la desigualdad entre hombres y mujeres"

La especialista también destaca la vigencia de su pensamiento en un contexto en el que la violencia y los conflictos continúan presentes en la sociedad.

La publicación analiza la producción poética y narrativa de Bachmann, así como cuestiones relacionadas con la memoria, el lenguaje, la violencia, las relaciones de poder y la identidad femenina.

Entre los contenidos sobresale una contribución de Elfriede Jelinek, quien ha definido a Bachmann como una autora pionera en la representación literaria de las secuelas de la guerra y de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Por Carmen Sigüenza | EFE - 

La aplicación en Corea del Sur que permite a las mujeres rastrear a sus acosadores en tiempo real

Pie de foto,En 2022, un asesinato en el metro de Seúl desató furia por las leyes de acoso de Corea del Sur.Información del artículoAutor,Richard Kim y Yujin Choi

Las autoridades surcoreanas anunciaron este miércoles el lanzamiento de una aplicación móvil con una función actualizada que permite a las víctimas monitorear la ubicación de su acosador, siempre que este se encuentre bajo vigilancia electrónica.

Mediante el uso de datos de localización provenientes de dispositivos como la tobillera electrónica, la aplicación del Ministerio de Justicia surcoreano mostrará en un mapa la ubicación del infractor en tiempo real.

Asimismo, enviará una alerta a un centro de control si este se acerca a una distancia determinada, tras lo cual dicho centro avisará a la policía o al agente de libertad vigilada.

Una versión anterior de la aplicación, lanzada en 2024, no permitía que la víctima rastreara la ubicación del acosador en tiempo real. Sin embargo, una modificación de la ley de vigilancia electrónica del país, realizada en diciembre de 2025, hizo posible el seguimiento del paradero de los acosadores.

Se espera que esta información adicional sobre la ubicación también sirva para proteger a las mujeres.

"Mostrará las carreteras y edificios cercanos para ayudar a las víctimas a ponerse a salvo con mayor rapidez", declaró a BBC News Corea Lim Hap-gyeok, director del Centro de Monitoreo Electrónico Central del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los críticos subrayan que la magnitud del acoso en Corea del Sur forma parte de un problema más amplio de violencia contra las mujeres que la tecnología, por sí sola, no puede resolver.

El acoso no se tipificó como delito grave hasta 2021 y, aunque Corea del Sur cuenta con leyes sobre violencia doméstica, estas se centran principalmente en los cónyuges y no abarcan adecuadamente a las parejas sentimentales no casadas, lo que deja importantes vacíos en comparación con otros países como Reino Unido.

"Los autores de acoso o violencia en el marco de un noviazgo suelen actuar sin miedo en la sociedad coreana", afirma Heo Min-sook, investigadora legislativa.

Entonces, ¿puede esta tecnología ayudar a proteger a las mujeres?

Se necesita una protección más sólida

Un sistema anterior de relojes inteligentes, introducido por la policía en 2015, también permitía a las víctimas alertar a las autoridades sobre su propia ubicación con solo pulsar un botón —aunque no la del agresor—, pero fue criticado por no proteger adecuadamente a las víctimas.

Las críticas a las herramientas existentes resurgieron en marzo de 2026, cuando una mujer que vivía en las afueras de Seúl fue asesinada a puñaladas por un hombre que, al parecer, la acosaba tras haber terminado su relación.

Ella contaba con un reloj inteligente facilitado por la policía y el sospechoso tenía prohibido acercarse a ella debido a una orden de alejamiento. De hecho, había pulsado el botón de alarma apenas dos minutos antes del ataque.

Pie de foto,Una nota colocada a la entrada de una estación de metro en Seúl en 2022, donde una trabajadora fue asesinada por su acosador, dice: "¿Cuántas mujeres más deben morir para que este país cambie?".

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó a las autoridades garantizar una mayor protección para las víctimas de acoso, incluyendo medidas para identificar la ubicación del agresor con mayor rapidez.

Este es un problema que el Ministerio de Justicia espera resolver, en parte, mediante la función de seguimiento.

Sin embargo, Han Min-kyung, docente de la Universidad Nacional Policial de Corea, considera que la aplicación apenas marcará la diferencia, dado que solo un número limitado de agresores está obligado a llevar dispositivos de monitoreo electrónico.

La propuesta también ha suscitado un debate sobre la privacidad y la vigilancia.

El profesor Kwak Dae-kyung, de la Universidad Dongguk, señala que, si bien el seguimiento en tiempo real por parte de las víctimas podría ser viable, "en los casos de acoso, exigir a alguien que lleve una tobillera electrónica basándose únicamente en la sospecha de riesgo delictivo podría plantear problemas relacionados con los derechos humanos".

Afirma, por ello, que el asunto requiere un debate público más amplio.

También existen inquietudes sobre la experiencia de las víctimas al utilizar la aplicación.

"Creo que la víctima sentiría un miedo extremo... Por ello, es necesario analizar detenidamente si proporcionar información continua y en tiempo real sobre la ubicación del agresor constituye realmente una forma de apoyo que ayude a las víctimas a recuperarse y retomar su vida normal", dice Han a BBC News Corea.

Se duplicaron las denuncias por acecho

En 2021 se promulgó en Corea del Sur una ley contra el acecho que contempla penas de hasta 3 años de prisión y una multa máxima de 30 millones de wones (US$19.600) para los infractores. El sistema anterior lo trataba mayormente como una falta menor, con sanciones leves.

Los datos de los centros de llamadas de emergencia de la Policía indican que las denuncias por acoso se duplicaron con creces tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Sin embargo, algunos expertos jurídicos surcoreanos sostienen que la ausencia de una ley específica sobre la violencia en parejas no casadas deja importantes vacíos en el sistema legal.

"A menudo se pasa por alto incluso la violencia entre cónyuges. Por tanto, cuando las personas implicadas ni siquiera están casadas, es aún más probable que el caso se desestime", afirma Heo.

La concienciación social sobre la gravedad que puede alcanzar la violencia en las relaciones íntimas sigue siendo, por lo general, escasa, señala.

Además, a menos que la violencia derive en un hecho tan extremo como un asesinato, rara vez se ve a los agresores siendo investigados o castigados, lo que refuerza la idea de que se trata de delitos menores.

La falta de una base clara para adoptar medidas de protección en casos de "violencia en el noviazgo" constituye actualmente el ámbito que requiere reformas con mayor urgencia, según declararaciones de la Agencia Nacional de Policía a BBC News Corea.

Pie de foto,Los mensajes en notas adhesivas dejados en el lugar del asesinato de una trabajadora del metro en 2022 expresan la ira y el miedo de la gente.

"El acoso no cesó"

El sistema actual que usan las autoridades para distribuir esta tecnología ha sido criticado por no proteger a las víctimas en situación de riesgo, ya que no ha logrado evitar agresiones ni asesinatos.

Más de 20 casos de asesinato o intento de asesinato involucraron a víctimas que habían recibido relojes inteligentes entre 2021 y agosto de 2025, según datos de la Policía Nacional de Corea del Sur citados por el legislador Lee Kwang-hee.

Minji (nombre ficticio para proteger su identidad) afirma que sigue sintiéndose desprotegida a pesar de haber recibido un reloj inteligente.

Su acosador, un exnovio, la agredió por primera vez un mes después de su primera cita, en julio de 2023. Ella relata que él revisaba obsesivamente su teléfono, vigilaba sus movimientos y acosaba a sus compañeros de trabajo.

"Me encerró en su coche por negarme a enseñarle el teléfono y luego me golpeó sin piedad durante unas dos horas", cuenta Minji, quien sufrió una fractura de nariz y necesitó cirugía.

En diciembre de 2023, un tribunal halló indicios de acoso e impuso medidas provisionales como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de ella o de contactarla por medios digitales.

Además, ella recibió uno de los relojes inteligentes de la Policía para enviar alertas de emergencia con su ubicación, facilitando así una rápida respuesta de los agentes cercanos.

Sin embargo, según resoluciones judiciales ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo, su expareja incumplió la orden en casi 100 ocasiones.

En 2025, aproximadamente una de cada diez medidas provisionales por acoso dictadas por los tribunales surcoreanos fue incumplida, según datos facilitados a la BBC por la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur.

Minji teme el día en que su acosador salga de prisión.

El Tribunal Supremo condenó al acosador de Minji en 2025 a cinco años de cárcel y le ordenó completar de 40 horas de un programa de tratamiento para acosadores.

"Tendré que huir de nuevo", afirma ella. "Últimamente, lo que más pienso es: ¿acaso esto solo terminará cuando yo muera?".

Los grados de acoso

Otras víctimas y familiares de personas asesinadas por acosadores expresan su preocupación sobre si la Policía está respondiendo adecuadamente a las medidas de protección vigentes.

La hermana de Yuri estaba en sus 20 años cuando fue asesinada por su exnovio en septiembre de 2024, tras haber terminado la relación.

La noche de su asesinato, creyó que abría la puerta a un repartidor de comida, pero se trataba de su expareja, quien llevaba horas esperando el momento de irrumpir en la vivienda.

"Cada vez que mi hermana decía que quería romper la relación, el hombre iba a su casa y golpeaba y golpeaba la puerta de entrada. Ella decía que pasaba toda la noche aterrorizada", cuenta Yuri, cuyo nombre cambiamos para proteger su identidad.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo ratificó una condena de 30 años de prisión para el hombre por el homicidio.

Según la sentencia escrita, la hermana de Yuri había denunciado a su expareja ante la Policía en tres ocasiones por incidentes de violencia en el noviazgo. Asimismo, presentó tres denuncias por acoso durante el proceso de ruptura.

"Lo único que la Policía le dijo fue: 'Si te pones en contacto con ella reiteradamente, podrías enfrentarte a sanciones'. Me pregunto por qué no se adoptaron de manera más proactiva medidas provisionales, como una orden de alejamiento", comenta Yuri.

El cuerpo policial cuenta con un sistema de protección a las víctimas que clasifica a aquellas que sufren violencia en el noviazgo o acoso en el "Grado A" si denuncian tres o más incidentes en el plazo de un año, y en el "Grado B" si presentan dos o más denuncias.

A pesar de ello, miembros de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional revelaron que la hermana de Yuri seguía clasificada en el "Grado B", aun cuando había denunciado al agresor ante la Policía en tres ocasiones.

Respecto a esta discrepancia, la Agencia de Policía Metropolitana de Busan declaró: "Según los agentes que acudieron al lugar, la víctima habría dicho: 'No ha ocurrido nada grave', y 'Nunca antes había denunciado esto', lo que derivó en una gestión deficiente".

Añadieron: "Las víctimas suelen dudar en declarar por temor a represalias; revisaremos activamente los métodos de seguimiento para centrarnos en los perpetradores".

Yuri, por su parte, afirma: "Mi vida se detuvo en el momento en que mi hermana murió".

Con información adicional de Suhnwook Lee y Lara Owen.

Richard Kim y Yujin Choi

Fuente: BBC News

Activismo jurídico feminista contra los sesgos judiciales

La labor de las colectivas feministas ha sido nombrar y visibilizar fenómenos que históricamente se han normalizado y, por tanto, replicado, lo que ha terminado por naturalizarlos. En este sentido, nuestra labor —una tarea autoadquirida— ha consistido en nombrar las prácticas, figuras y estructuras legales que afectan de manera desproporcionada a niñas y mujeres que han sido víctimas de la violencia machista o que se encuentran sujetas a un proceso judicial.

En esta ocasión, visibilizamos un fenómeno cognitivo presente en momentos cruciales para muchas de estas víctimas; un elemento silencioso, casi imperceptible, que actúa como una barrera fulminante hacia la ansiada justicia. Si bien todas las personas poseemos ideas prerreflexivas o prejuicios, los sesgos cognitivos se definen formalmente como patrones o atajos mentales que distorsionan la percepción de la realidad y conducen a juicios erróneos. Dichos sesgos conllevan una carga negativa que genera interpretaciones incorrectas o incluso inválidas o imposibles dentro de la lógica más ortodoxa y estricta del derecho penal, o en su obligación irrenunciable de actuar con legalidad.

En el ámbito judicial, cuando se vinculan con mujeres y niñas víctimas de violencia de género, estos sesgos dictan conclusiones que llegan a ser contrarias a las disposiciones convencionales y al derecho doméstico, perjudicando de forma directa el derecho al debido proceso de las víctimas en particular y de las mujeres en general.

Este «elefante en la habitación» —un problema evidente que las instituciones suelen ignorar— se puede apreciar en todo su esplendor en los casos de delitos sexuales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, de manera complementaria, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de delitos sexuales cometidos en agravio de mujeres durante el año 2023 fue nueve veces mayor que el registrado en hombres. Aunado a esto, se reporta una alarmante cifra negra del 95.7%, correspondiente a casos que no se denunciaron y que, por ende, jamás derivaron en una carpeta de investigación. Esta enorme opacidad estadística es el reflejo directo de la falta de acceso a la justicia para las víctimas.

Al ser delitos que sufren mayoritariamente las mujeres, el sesgo de la «buena víctima» es indignantemente común. Se trata de un mecanismo cognitivo que opera para invalidar el testimonio de una afectada en función de qué tanto se ajusta a un comportamiento preconcebido de cómo debería verse, actuar, expresarse, vestirse o reaccionar para ser considerada una «auténtica víctima». Cuando las mujeres no encajan en este molde rígido, se les revictimiza o se les culpa de la agresión sufrida. Este sesgo desplaza el foco de análisis hacia la víctima y distrae la atención del agresor; provoca, además, uno de los fenómenos más dolorosos en los delitos de género: el traslado de la carga de la prueba hacia las afectadas, haciéndolas responsables de demostrar su propia condición de víctimas. Esto constituye una clara violencia institucional que las desgasta emocional y legalmente, al punto de obligarlas a desistir de sus procesos de denuncia.

Históricamente, en los casos de delitos sexuales, de violencia familiar y violencia de género, el criterio implícito de los tribunales parecía dictar que «lo que no se puede ver, escuchar o tocar, no existe». Esto resultaba devastador para las víctimas de delitos que, por su propia naturaleza, ocurren en la clandestinidad. Los agresores sexuales buscan el rincón oscuro y la soledad de la víctima, lo que en la práctica penal se traducía en una supuesta «falta de pruebas». Se exigían pruebas de gabinete estictas —como videograbaciones, testigos presenciales, fluidos biológicos, desgarros o equimosis—, por lo que a la fecha sigue siendo una batalla legal para las víctimas y sus representaciones jurídicas hacer valer las pruebas circunstanciales, las presunciones y el valor preponderante del dicho de la víctima. Ello ocurre a pesar de que hoy en día contamos con una vasta serie de criterios jurisprudenciales que han transformado las reglas del proceso penal en la materia.

El sesgo de la «buena víctima» es, por tanto, una barrera cultural y judicial que confunde las diversas reacciones humanas ante un hecho traumático con una supuesta falta de veracidad. Es también un vicio heredado del antiguo sistema de justicia inquisitivo y punitivo, en el cual la víctima era relegada a un mero medio de prueba y no a una parte central y activa del proceso.

Bajo este panorama, los derechos y garantías procesales de las mujeres y niñas se reducen a cuestiones meramente interpretativas del juzgador a través del denominado sesgo de confirmación. Si un juez mantiene la creencia preconcebida de que las mujeres «promueven denuncias falsas», «denuncian por despecho» o «provocaron a su agresor», buscará activamente la forma de confirmar esas creencias. Este desajuste en el razonamiento lógico-jurídico se materializa en las propias sentencias y resoluciones. De lo anterior se desprende un riesgo real, palpable y latente: que el juzgador otorgue un valor probatorio desproporcionado a elementos irrelevantes y, en contraste, minimice o deseche pruebas fundamentales para acreditar la violencia de género.

A lo largo de las últimas décadas, el activismo jurídico feminista ha intentado derribar dichos sesgos. Un ejemplo de ello fue tirar la histórica jurisprudencia que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al «débito conyugal». Hasta el año 2005, este criterio eximía de responsabilidad penal a los esposos que obligaban a sus esposas a sostener relaciones sexuales, bajo el argumento de que tal acción no configuraba el delito de violación; como si la mera convivencia conyugal generara un derecho de propiedad para el esposo y una obligación de sumisión para la esposa. Sepultar este criterio decimonónico fue un logro crucial para el reconocimiento de la autonomía y libertad sexual de las mujeres.

Pese a los avances a cuenta gotas para procesar violencias de género, múltiples sentencias por feminicidio a lo largo y ancho del país siguen estando plagadas de sesgos. Muchas de ellas han tenido que ser combatidas en los tribunales por las madres de las víctimas y organizaciones feministas. El caso más emblemático es la histórica sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía. En este asunto, los agentes del Ministerio Público perdieron evidencia, procesaron de forma deficiente el lugar del hallazgo, pusieron en duda el contexto de violencia sistemática que vivía Mariana, y los jueces iniciales justificaron al feminicida culpanado a la víctima. El criterio implícito del tribunal fue que, si Mariana no había sido una «buena víctima» —intachable y sumisa—, entonces su agresor había reaccionado a una provocación.

La lucha feminista para revertir esa sentencia de primera instancia impactó de una manera profunda y transformadora en el sistema de justicia mexicano. La resolución de la SCJN determinó la obligatoriedad de todos los operadores jurídicos de investigar con perspectiva de género y de analizar el contexto. El análisis de contexto es, hoy en día, el elemento nodal para entender las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

El derecho penal, clásicamente concebido como la vía para regular la potestad punitiva del Estado, es rígido y estricto debido a que interviene ante la vulneración de los bienes jurídicos tutelados de mayor jerarquía, como la vida y la libertad. Sin embargo, el cambio de paradigma introducido por el bloque de constitucionalidad/convencionalidad y el enfoque de derechos humanos exige un tratamiento mucho más fino, técnico y especializado de las conductas delictivas. Este nuevo enfoque pone sobre la mesa el derecho a la reparación integral y a la protección reforzada de la víctima. La tipificación de delitos específicos que protegen a las mujeres es un suceso necesario y congruente con una sociedad que valora la vida libre de violencia como un principio fundamental de los Estados democráticos. Sin embargo, la creación de nuevas leyes, delitos y figuras afines es insuficiente si no combatimos de raíz los sesgos que, en la práctica cotidiana, siguen impidiendo un acceso efectivo a la justicia.

En conclusión, los sesgos judiciales en casos de violencia de género son un obstáculo determinante para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, y una forma de perpetuar dicha violencia al tolerarla o minimizarla desde el aparato estatal. Por lo tanto, los sesgos judiciales constituyen una modalidad más de discriminación e impunidad, tanto en los hechos como en el derecho.

Como lo dije al inicio, todas las personas podemos albergar ideas prejuiciosas o prerreflexivas; sin embargo, no todas tenemos el poder institucional de determinar la libertad de un individuo, resolver sobre la veracidad de su testimonio y decidir sobre su derecho a una reparación integral.

Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota.Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.

Por Marisol Feria Ibarra

Abogadas Con Glitter

Fuente: La Costilla Rota

Imagen generada para uso editorial de LCR

Maternidad libre y segura: un horizonte lejano para miles de niñas en Perú

Cartel con el lema "Las niñas no se tocan" que activistas peruanas pintaron durante una manifestación en las calles de Lima en septiembre del 2025, en defensa de la integridad física de las niñas ante la violencia sexual que vulnera sus derechos y genera embarazos y maternidades forzadas. Imagen: Mariela Jara / IPS

Los embarazos en niñas y adolescentes persisten en el Perú vulnerando los derechos humanos de esta población. En lo que va del 2026, 784 menores de 14 años se han visto forzadas a la maternidad cuando les correspondería estar en la edad del juego y de la formación escolar.

Según datos del gubernamental Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa), en el 2025 fueron 992 las niñas que dieron a luz, y en el 2024, 1075, lo que arroja la cifra de 2851 casos en el pasado bienio.

Todos estos casos son considerados resultado de una violación; la legislación peruana protege la indemnidad sexual de menores hasta los 14 años.

La legislación peruana protege el derecho de menores de 14 años a mantener intacta su esfera íntima para no perturbar el libre desarrollo de su personalidad, considerando por ello todo acto sexual que los involucre como un delito. Aun en los casos en que se alegue “consentimiento”, este no tiene validez legal.

El año pasado, 63% de las denuncias por violencia sexual que sumaron más de 13 000, fue contra niñas y adolescentes.

“La tasa (de embarazo adolescente) de Perú es menor a muchos países, pero en comparación con Chile o Argentina estamos mal. Como decía, hay que superar la inequidad porque las más afectadas son las niñas más pobres, con menor educación”: Guillermo Atencio.

Las víctimas tienen derecho a recibir atención integral en el sistema de salud, acceder al kit de emergencia que incluye la anticoncepción oral de emergencia y, en caso de embarazo, información sobre aborto terapéutico, despenalizado en el Perú. Sin embargo, no se cumple y las niñas siguen dando a luz.

Instancias internacionales de Derechos Humanos han exhortado al Estado peruano a corregir esta situación. Un caso clamoroso sucedió en 2023, cuando el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo responsabilizó de vulnerar los derechos humanos de “Camila”, una niña del amazónico departamento Loreto, embarazada por la violación de su propio padre.

No se atendió la demanda de la madre de interrumpir el embarazo pese al grave estado de la salud física y mental de la hija. Con 13 semanas de gestación, “Camila” tuvo un aborto espontáneo por el que fue criminalizada. Tras la denuncia internacional, el Comité exhortó al Estado peruano a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo de niñas y asegurarles acceso a servicios seguros.

Mujeres del pueblo indígenas awajún llegaron hasta Lima desde su provincia amazónica, Condorcanqui, en la zona nororiental del Perú, para denunciar la indiferencia del Estado ante las violaciones sistemáticas de niñas y adolescentes de sus territorios. Imagen: CMP Flora Tristán

La última Encuesta Nacional de Salud 2025, presentada el 19 de junio, indica que 2,3 % de menores de 12 a 17 años estuvieron alguna vez embarazadas. El porcentaje sube a 7,4 % cuando se toma el rango de edad entre los 15 y 19 años. Las más afectadas son niñas y adolescentes de zonas rurales en situación de pobreza y de departamentos amazónicos.

“El problema es la inequidad, hay regiones como Lima que tiene prevalencia de embarazo adolescente que oscila entre 4 o 5 % mientras que en otras como Amazonas en la zona nororiente del país, llega a 18 y 20 %”, indicó a IPS Guillermo Atencio, especialista en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Perú.

Agregó que es necesario que el Estado logre intervenciones efectivas considerando las especificidades de la población al abordar situaciones transversales como la violencia sexual o la exposición a economías ilegales, para lo cual, precisó, es necesario que los equipos técnicos avancen en esas miradas territoriales.

Perú es un país de renta media con profundas desigualdades sociales y de género. Su población supera los 34 millones, de los cuales 25 %, uno de cada cuatro habitantes, es pobre, lo que aumenta a 35 % en zonas rurales.

“Los procesos avanzan muy lentos, sigue la impunidad. Mientras tanto no paran las violaciones, siguen ocurriendo y en este momento tenemos 80 adolescentes embarazadas contagiadas con VIH/sida”, Rosemary Pioc.

Atencio, médico cirujano ginecoobstetra con una amplia trayectoria en la salud pública y la docencia universitaria, destacó que el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2012 – 2021 aplicado en Perú, ha incorporado la educación sexual, el problema de la violencia sexual y la diferenciación entre el embarazo adolescente y el infantil.

Sin embargo, analizó, esta importante herramienta de política pública no tomó en cuenta la diversidad territorial y de población, ni los problemas estructurales de género, por lo que no incluyó intervenciones específicas.

“Está en marcha un nuevo plan y desde el Unfpa estamos planteando que tenga un fuerte componente territorial para considerar las diferentes vulnerabilidades quede manera interseccionada afectan a la población, a fin de lograr intervenciones más efectivas”, puntualizó.

En las movilizaciones convocadas por organizaciones de mujeres en Perú se evidencia la denuncia de las maternidades forzadas en niñas y adolescentes. Pero la sociedad peruana mantiene una alta tolerancia a la violencia de género que contribuye a naturalizar las vulneraciones de derechos de ese grupo poblacional. Imagen: Mariela Jara / IPS

Un problema latinoamericano

En Perú, la tasa de fecundidad pasó de 3,5 hijos por mujer de 15 a 49 años en 1996 a 1,7 al 2025.

Esa fuerte tendencia decreciente no se registra en los embarazos de niñas y adolescentes, lo que también ocurre a nivel de América Latina y el Caribe, región donde más de 50 % de su población de 660 millones es femenina y con altos índices de violencia de género y embarazos no deseados.

En la actualidad sigue siendo la segunda región del mundo, detrás de África, con mayor tasa de embarazos tempranos, debido a la falta de educación sexual integral y desigualdades socioeconómicas entre otros factores, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo al balance de los indicadores de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género, publicado por Cepal y ONU Mujeres el 2025, la tasa de fecundidad adolescente fue de 50,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.

Un estudio de Unfpa estima que en la región 1,6 millones de adolescentes son madres lo que ocasiona un impacto económico de 15 300 millones de dólares por año debido a la pérdida de oportunidades educativas y laborales en las mujeres, y costos de los servicios de salud del Estado.

Nicaragua y Honduras superan el promedio regional de 50,6 al alcanzar 93 y 81 casos, seguidos de Venezuela con 73, de Guatemala, Guyana y Haití con 68, Bolivia con 64, México con 59, Colombia con 58, Panamá con 56, Ecuador con 54, El Salvador con 53, República Dominicana con 50 y Belice con 56.

Entre los países con una tasa media alta están Belice con 56, Suriname con 47, Perú con 43 y Brasil con 41. Y con una menor tasa figuran Jamaica y Trinidad y Tobago con 36, Argentina con 26, Costa Rica y Uruguay con 25, y Chile con 6.

“La tasa de Perú es menor a muchos países, pero en comparación con Chile o Argentina estamos mal. Como decía, hay que superar la inequidad porque las más afectadas son las niñas más pobres, con menor educación”, planteó el especialista Atencio.

Y agregó: “Debemos empoderarlas en educación sexual, en el conocimiento y protección frente a situaciones de violencia sexual, difundir el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes que inician actividad sexual e involucrando la participación activa de la comunidad”.

“En el avance de la política es clave el enfoque de la violencia, antes el ministerio lo asumía desde el punto de vista mental, pero la violencia sexual no ocurre porque hay personas desequilibradas sino por cómo está estructurada la sociedad lo que demanda como respuesta un cambio social para reducir la tolerancia a la violencia de género”, dijo.

En Perú y el resto de América Latina se está dando visibilidad a uno de los más graves atentados a los derechos humanos de las niñas, como es el embarazo producto de violación sexual en menores de 14 años. Imagen: Mariela Jara / IPS

“No paran las violaciones”

En Perú el machismo es muy arraigado. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales publicada el 2025 mostró que 56 % de los hombres justifica la violencia sexual.

Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukay Yawy, habló con IPS desde la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, conocida por su amplia biodiversidad. Con más de 430 000 habitantes, la pobreza entre la población indígena amazónica supera largamente el promedio nacional de 25 %.

Su organización viene denunciando la violación sistemática de niñas y adolescentes por parte de docentes de las instituciones educativas, y la falta de atención del Estado, al punto que han debido realizar movilizaciones a Lima para que se garantice el funcionamiento de una Fiscalía Especializada en Familia que atienda las denuncias.

Las niñas, indígenas de los pueblos awajún y wampis viven durante los periodos escolares en residencias estudiantiles para favorecer su acceso y permanencia a la educación pública, ante la lejanía de sus comunidades nativas, donde es clamorosa la ausencia del Estado y no existen instituciones educativas.

En los últimos años, según denuncia de las lideresas de esos pueblos, más de 500 niñas han sido víctimas de violación y no todos los responsables han sido destituidos.

“Los procesos avanzan muy lentos, sigue la impunidad. Mientras tanto no paran las violaciones, siguen ocurriendo y en este momento tenemos 80 adolescentes embarazadas contagiadas con VIH/sida”, manifestó. En Amazonas, la tolerancia a la violencia sexual llega a 69 %.

La lideresa indígena del pueblo awajún, uno de los 51 pueblos indígenas amazónicos reconocidos en Perú, deploró que el Estado no ponga como una prioridad la situación de las niñas y adolescentes de Condorcanqui y otras provincias del departamento.

“Hay mucho machismo y violencia, nosotras hacemos acompañamiento a las víctimas, sensibilizamos a las familias, pero muchas no quieren ni denunciar porque no confían en el Estado”, dijo.

Agregó que en su territorio “falta todo”, ante la envergadura de la pobreza, la desnutrición y el abandono. “Esto no va a terminar, mientras no se capture y sancione a los agresores y se haga justicia a las niñas. Nosotras seguiremos en lucha”, aseveró.

Por Mariela Jara

Fuente: IPS

ED: EG