Feminicidios y violencia sexual en Cuba carecen de cifras claras

Varias mujeres van junto a sus hijos de camino a la escuela, en La Habana. Las mujeres entre 20 y 44 años comprenden el grupo con más víctimas de feminicidios en Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Los tribunales de Cuba cerraron el año pasado 49 casos de mujeres mayores de 15 años “asesinadas por razones de género”, lo que representa una tasa de 1,19 por cada 100 000 mujeres y una disminución con respecto a los 76 juicios de 2024 y los 60 de 2023, divulgó en agosto el gobierno de la isla.

“Esa estadística no me da triunfos de disminución real del problema, sino un reflejo de la demora de los procesos judiciales. No son las muertes de 2025”, dijo a IPS Arlín Pérez, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana con más de 30 años de experiencia en tribunales.

Según Pérez, los casos que se dieron por juzgados en 2025, no tratan de asesinatos de ese año, sino principalmente del 2023 y algunos de 2024.

“Por todas las carencias en Cuba, que incluyen la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana (una medida ahorrativa tras el bloqueo petrolero en enero), un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”, explicó.

Es tan irreal la cifra que, si de repente en 2027 mejoraran las condiciones del aparato jurídico y se cubrieran los atrasos de años atrás, ese año mostraría un récord en feminicidios, agregó.

El artículo 345.2 del nuevo Código Penal aprobado en 2022, estipula que la persona que “dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”, incurre en sanciones de 20 a 40 años de privación de libertad, cadena perpetua o muerte, las mismas que se juzgarían si se tratara de otro tipo de asesinato.

“Por todas las carencias en Cuba, que incluye la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana, un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”: Arlín Pérez.

Según Pérez, en el corpus legal de Cuba no se utiliza textualmente el término feminicidio o femicidio —aunque dijo que lo preferiría— para referirse a estos casos, como sucede en otros países latinoamericanos, que lo han incorporado como delito en sus códigos penales o leyes específicas.

En esta nación insular caribeña de 9,4 millones de habitantes, la razón para diferenciar los motivos de género de un asesinato no es porque constituya un agravante en la sanción —de por sí, ya tiene las penas máximas—, sino por una cuestión de técnica del derecho y, sobre todo, de estadística.

Participantes en el Taller de Transformación Integral del Barrio de Alamar Este durante una sesión de trabajo previa a una de las anuales Jornadas por la No Violencia hacia Mujeres y las Niñas. Los observatorios de violencia de género en Cuba, sean oficiales o independientes, llevan menos de una década funcionando en Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Falta de estadísticas

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), plataforma vinculada a la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), actualizó el 18 de agosto algunos indicadores de femicidios en la isla.

De esas 49 mujeres asesinadas, cuyos casos fueron juzgados en 2025, 47 % falleció a manos de su expareja, casi 90 % lo hizo en su hogar y 75,5 % no tenía vínculo laboral. En su mayoría, eran blanca y con una edad entre 20 y 44 años (38 casos).

El Ocig, que surgió en 2023 y desde entonces actualiza una vez en el año un grupo de indicadores relacionados con género, registró además 33 casos en zonas urbanas y 16 en áreas rurales, donde la tasa de femicidios alcanzó 1,65 por cada 100 000 mujeres.

Si bien el dato decreciente de femicidios juzgados reportado por el Ocig no es por ahora un termómetro real de la violencia hacia la mujer, Pérez tampoco se atreve a afirmar que la tendencia ha ido aumentando.

Por su parte, el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) es otra organización que lleva desde 2019 su propio registro, elaborado a partir de denuncias ciudadanas, sobre todo a través de redes sociales.

El Ogat ha reportado este año 47 mujeres asesinadas hasta el 24 de agosto, así como ha llevado la cuenta, caso a caso, de 350 víctimas de feminicidio desde 2019 hasta el primer semestre de 2026.

“Aunque el Observatorio de Alas Tensas esté políticamente comprometido (contra el gobierno cubano), no quita que coloca en redes muchas veces la existencia de casos reales”, dijo Pérez.

Para la jurista, los datos más fidedignos son los que vienen de los tribunales, pero no son suficientes.

Por ejemplo, el llamado Registro Interoperable —que no es público y al que solo tienen acceso la fiscalía, la policía, la instrucción penal y, próximamente, los tribunales—, ofrece “una información muy clara de lo que sucede en los procesos desde la denuncia oficial”.

De hecho, varios casos de femicidios no han juzgamientos porque el victimario se hubo suicidado justo después, y es un dato que no se procesa, ni se refleja en la estadística de la Ocig, dijo.

Violencia sexual

Otro dato importante divulgado por la Ocig fue que, en 2025, los tribunales cubanos procesaron 173 casos de violencia sexual contra mujeres de 15 años y más, de los cuales, 90 correspondieron al delito de agresión sexual y 83, a otros tipos de violencia sexual.

Las mujeres de 20 a 44 años comprendieron la mayoría de las víctimas (73, 5,33 por cada 100 000 mujeres), pero las adolescentes de 15 a 17 años fueron las más afectadas (49 víctimas, 31,52 por 100 000 mujeres).

“La agresión sexual vino a incluir todos los ataques de mayor lesividad contra la libertad y la indemnidad de las personas”, dijo la jurista.

En el artículo 395 del Código Penal, la agresión sexual se sanciona con privación de libertad de siete a 15 años, a quien, “empleando fuerza, violencia o intimidación tenga acceso carnal con otra persona”, por la vía o los métodos que fueran.

La sanción es de 8 a 20 años si, por ejemplo, el delito es consecuencia de la violencia de género o familiar, o por motivos discriminatorios.

Con menor gravedad, entran otras formas de violencia sexual como el “abuso sexual” —a diferencia del delito anterior, no tiene el componente del “acceso carnal”—, o “el acoso y ultraje sexual”, que incluye formas de acoso de forma directa o a través de cualquier medio de comunicación. En ambos casos, las sanciones son multas o estancias de seis meses a dos años en prisión.

Los 173 casos de violencia sexual juzgados en 2025 son una gran disminución con relación a los 230 casos de 2024 y los 378 de 2024, al punto de que la tasa de hechos de este tipo llevados ante la justicia ha disminuido de 8,62 por cada 100 000 mujeres en 2023 a 4,19 en 2025.

De ese total de 781 casos, 419 (53,6 %) corresponden a agresiones sexuales y 362 (46,4 %) a otros tipos de violencia sexual.

“Esas cifras son muy poco representativas de la realidad. Una sufre mucho acoso cada día para que esos números digan algo. En todo caso, hablan de lo poco que funciona la justicia cubana para estos casos de violencia sexual”, dijo Claris, una estudiante de la Universidad Tecnológica de La Habana que prefirió mantener en anonimato su apellido.

Muchos especialistas y activistas cubanos coinciden en que las estadísticas disponibles apenas ofrecen un acercamiento parcial a una problemática que, según grupos feministas independientes, enfrenta un alto subregistro.

Los aportes Ocig se ven limitados, además, por brindar solo datos de casos juzgados e invisibilizar la violencia sexual hacia niñas menores de 15 años y niños.

“En la violencia sexual sí hay un subregistro siempre muy grande. Primero, por el silencio de la víctima y, segundo, porque los delitos de violencia sexual, por ley, tienen un requisito de perseguibilidad: requieren una denuncia oficial de la víctima o de los padres, si es menor de edad. Eso son delitos, como clásicamente se dice, delitos de soledad”, acotó Pérez.

Pese de los avances legislativos, estudios confirman la persistencia a escala global de desafíos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual como puede ser la vergüenza y el miedo a represalias; la revictimización y falta de sensibilización de los operadores judiciales; la carencia de redes de apoyo y las desigualdades socioeconómicas.

Más de 12 % de las mujeres de 15 a 49 años en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja en el último año, de acuerdo con el Panorama de género (2025) de ONU Mujeres.

A la hora de denunciar los casos de violencia sexual, también el tiempo que demora en prescribir una acción penal, que en Cuba puede ser entre 3 y 25 años, según la sanción asociada a un delito determinado, aunque los casos de femicidios no deberían prescribir porque el asesinato incluye la pena máxima.

Para acompañar a las víctimas en el proceso, en noviembre de 2025, se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivo, que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla.

La abogada Ana Isabel Zamora, perteneciente a una de las oficinas en La Habana, explicó a IPS que el rol de la iniciativa es ofrecer asesoría legal, la representación procesal y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

Pero en sus primeros meses, su oficina ha atendido apenas unos 20 casos.

Zamora reconoció que “aún no está todo lo visibilizada que quisiéramos. Por miedo, por pena, por estereotipos, las víctimas no logran acudir a estos lugares donde se les puede prestar ayuda”.

Por Dariel Pradas

Fuente: IPS

La economía política feminista de los ecosistemas digitales

Fuentes: Rebelión

Los ecosistemas digitales no son neutrales. Son espacios donde se acumula riqueza, se organiza el trabajo, se sostiene la vida cotidiana y se disputa el poder político.

Detrás de cada aplicación hay infraestructuras, algoritmos y decisiones empresariales que determinan quién controla la tecnología, quién obtiene las ganancias y quién asume los costos. Una mirada feminista permite ver aquello que muchas veces queda oculto: este sistema se alimenta no solo del trabajo remunerado, sino también de los datos, la atención, la creatividad y los cuidados que millones de personas aportan todos los días. Por eso, la pregunta no es si debemos usar o no la tecnología, sino quién la gobierna, para quién funciona y qué vidas quedan expuestas cuando sus reglas se deciden lejos de las comunidades.

Capitalismo digital, trabajo y cuidados

Las grandes plataformas concentran la propiedad de la infraestructura, los algoritmos y los datos, mientras millones de personas aportan el trabajo que las mantiene en funcionamiento. Una mujer que vende productos por medio de una red social, por ejemplo, paga el teléfono, la conexión a internet y otros costos de su actividad. Además, dedica tiempo a tomar fotografías, responder mensajes, preparar pedidos y atender reclamos. Sin embargo, no decide las reglas de la plataforma, no conoce los criterios del algoritmo y puede perder su cuenta o sus ingresos sin una explicación clara.

Este trabajo digital no reemplaza las responsabilidades de cuidado que el orden patriarcal asigna principalmente a las mujeres. Con frecuencia, se suma a la atención de niñas y niños, personas enfermas o mayores y a las tareas domésticas. Por eso, la supuesta flexibilidad de trabajar desde casa puede convertirse en una jornada sin límites, sin descanso y sin protección social. Una mirada feminista permite reconocer que las plataformas obtienen ganancias gracias a ese tiempo de trabajo visible e invisible, mientras trasladan sus costos a los hogares y, dentro de ellos, especialmente a las mujeres.

La gestión algorítmica profundiza esta desigualdad. Los sistemas automatizados asignan tareas, miden el rendimiento, fijan ritmos de trabajo y aplican sanciones sin transparencia ni posibilidad real de apelación. Quienes trabajan bajo estas reglas son vigilados de manera constante, pero no pueden intervenir en las decisiones que afectan sus ingresos y su estabilidad.

A finales de 2026, Meta eliminó alrededor de 8.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10 % de su plantilla, en medio de una reorganización orientada a ampliar sus inversiones en inteligencia artificial. Muchas personas conocieron su despido mediante comunicaciones digitales. La forma y la magnitud de estas medidas muestran el desequilibrio de poder entre las corporaciones y quienes trabajan para ellas: una decisión tomada en la cúpula empresarial puede destruir, en segundos, los ingresos y la seguridad de miles de familias. La tecnología, que podría reducir las jornadas y liberar tiempo para el descanso y los cuidados, se utiliza para disminuir costos laborales, aumentar ganancias y debilitar derechos. Así se expresa la lucha de clases en el entorno digital.

Datos, atención y acumulación de riqueza

Cada búsqueda, compra, conversación o desplazamiento puede producir información que las empresas convierten en mercancía. Con frecuencia se afirma que los datos son “el nuevo petróleo”. Sin embargo, esta comparación oculta algo fundamental: los datos no aparecen de manera espontánea ni son un recurso separado de las personas. Se originan en nuestras actividades, relaciones, cuerpos y necesidades. Desde una perspectiva feminista, extraer datos también significa apropiarse de fragmentos de la vida cotidiana.

Las plataformas transforman esa información en perfiles de consumo que alimentan la publicidad dirigida y los sistemas de inteligencia artificial. Si una mujer busca un medicamento, información sobre un embarazo o un servicio de salud, su actividad puede utilizarse para anticipar sus necesidades e influir en sus decisiones. Esto no solo produce ganancias; también puede exponer información sensible y reforzar formas de vigilancia o discriminación.

Netflix registra cada visualización para decidir qué contenidos producir, recomendar y distribuir. De esta manera, la creatividad queda subordinada a cálculos empresariales que buscan reducir riesgos y maximizar ganancias. Productoras, artistas y trabajadoras culturales dependen de algoritmos que determinan qué historias circulan y cuáles quedan ocultas.

Amazon convierte cada búsqueda y cada compra en información para perfeccionar su logística y ampliar su poder sobre el comercio electrónico y los servicios de nube. Mientras tanto, quienes trabajan en almacenes, entregas y atención al público enfrentan ritmos intensos y condiciones precarias. La riqueza se concentra en la cúpula corporativa, aunque una enorme red de trabajadoras y trabajadores sostenga la infraestructura material que hace posible el negocio.

TikTok y Meta diseñan sus algoritmos para prolongar el tiempo de permanencia en pantalla. La atención de las personas se transforma en datos y, luego, en ingresos publicitarios. Al mismo tiempo, usuarias y creadoras producen contenidos, mantienen activas las redes y realizan un trabajo que rara vez es reconocido o remunerado de manera justa. Las mujeres, además, están más expuestas al acoso, la sexualización, la apropiación de sus imágenes y otras formas de violencia digital.

La magnitud de este negocio permite comprender el poder en disputa. El mercado mundial de publicidad digital alcanzó 567.900 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a 662.300 millones en 2026 y a 1,69 billones en 2033 (Grand View Research, 2026). Por su parte, WPP Media estimó que los ingresos mundiales por publicidad llegaron a 1,08 billones de dólares en 2025. La publicidad exclusivamente digital representó el 73,2 % de ese total y el porcentaje aumentó al 81,6 % al incluir extensiones digitales como el streaming y la publicidad exterior digital (WPP Media, 2025).

Estas cifras muestran que cada clic y cada minuto de atención forman parte de un proceso económico de enorme escala. La respuesta no consiste en abandonar la tecnología, sino en disputar su propiedad, sus reglas y sus beneficios. Quienes producen la riqueza digital deben participar en las decisiones y recibir una parte justa del valor que generan.

Datos transnacionales y poder corporativo

La digitalización de los servicios públicos y privados ha acelerado la transnacionalización de los datos. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud no solo ofrecen infraestructura tecnológica: también administran o almacenan información estratégica de millones de personas. Cuando los registros educativos, tributarios, laborales o médicos dependen de empresas extranjeras, los Estados pierden capacidad para decidir de manera autónoma cómo protegerlos y utilizarlos.

En 2025, el mercado mundial de servicios de nube alcanzó aproximadamente 680.000 millones de dólares y se proyectó que llegaría a 947.000 millones en 2026 y a 2,4 billones en 2030. AWS controlaba cerca del 28 % del mercado, Microsoft Azure el 21 % y Google Cloud el 14 %. En conjunto, estas tres empresas concentraban más del 60 % de la infraestructura mundial de nube (Synergy Research Group, 2026). Esta concentración condiciona la soberanía digital de los Estados y aumenta su dependencia de contratos privados sujetos a intereses comerciales y geopolíticos.

En México, la contratación de proveedores globales para digitalizar y almacenar información pública puede colocar datos escolares, tributarios y administrativos bajo infraestructuras que el Estado no controla plenamente. Aunque el portal datos.gob.mx reúne decenas de miles de conjuntos de datos federales, la apertura de información no garantiza, por sí sola, soberanía tecnológica ni protección frente al uso comercial de los datos.

En Brasil la Rede Nacional de Dados em Saúde integra historiales médicos mediante la interacción de instituciones públicas y privadas. La Ley General de Protección de Datos reconoce que la información médica es sensible, pero su protección también depende de quién controla la infraestructura, de las condiciones de los contratos y de la capacidad estatal para fiscalizar a las empresas.

En India, el sistema Aadhaar centraliza los datos biométricos de más de mil millones de personas y permite que empresas privadas participen en procesos de autenticación. Este modelo muestra cómo puede debilitarse la frontera entre lo público y lo privado cuando la expansión tecnológica avanza más rápido que los controles democráticos.

DoctorSV, en El Salvador, forma parte de esta tendencia mundial. La plataforma reúne información clínica y familiar de quienes utilizan el servicio. La digitalización puede facilitar la atención médica, pero también crea riesgos si no existen reglas claras sobre quién accede a los datos, dónde se almacenan, con qué fines se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan. Estos riesgos tienen una dimensión de género: la información sobre salud sexual y reproductiva, embarazos, violencia, identidad de género u orientación sexual puede utilizarse para vigilar, excluir o discriminar a mujeres y personas LGTBIQ+. El respaldo financiero de organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), no sustituye la obligación del Estado de garantizar transparencia, consentimiento, seguridad y control público.

Estos casos revelan un problema estructural: la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para influir en las decisiones públicas y convertir servicios esenciales en nuevos mercados. La soberanía de los datos no es un asunto meramente técnico. Es una cuestión de democracia, justicia económica y autonomía colectiva. También es una demanda feminista, porque proteger los datos relacionados con los cuerpos, la salud, los cuidados y la vida familiar resulta indispensable para ejercer derechos y vivir sin vigilancia ni discriminación.

Autoritarismo digital y colonialismo cultural

Las plataformas también ejercen poder al decidir qué contenidos pueden circular, cuáles pierden visibilidad y qué cuentas son suspendidas. Estas decisiones se presentan como procesos técnicos y neutrales, aunque responden a reglas empresariales y a algoritmos diseñados desde contextos culturales dominantes. En América Latina ese poder puede silenciar expresiones indígenas, feministas y comunitarias y reforzar el racismo, el patriarcado y el colonialismo cultural.

Como documentan Lindero Cortez, Scarlet et al. (2026), en Brasil algunas comunidades indígenas, entre ellas los Kalapalo del Xingu, han visto cómo YouTube e Instagram eliminan videos de ceremonias tradicionales por considerarlos “contenido sensible”. Cuando las imágenes de vestimenta ancestral son clasificadas como inapropiadas, las personas creadoras se ven obligadas a modificar sus publicaciones para evitar bloqueos. Así, una regla privada impone criterios ajenos a la comunidad y limita la transmisión de sus saberes.

En México, organizaciones feministas han denunciado la reducción del alcance de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y diversidad sexogenérica. Aunque el contenido no siempre desaparece, deja de circular y pierde impacto político. En 2024, Meta bloqueó las cuentas de WhatsApp Business de Telefem y después eliminó su perfil de Instagram, que tenía 45.000 seguidoras. La organización atendía a más de 4.000 mujeres al mes en procesos de aborto seguro. La medida interrumpió servicios de salud, debilitó la credibilidad construida durante años y borró parte de la memoria digital de la organización.

En Guatemala, Facebook, TikTok y X han sido utilizados para difundir campañas de desprestigio contra liderazgos mayas, defensoras ambientales y activistas contra la corrupción. En el caso de Lesbia Artola, circularon acusaciones falsas que buscaban responsabilizarla por asesinatos de defensores de la tierra. La desinformación digital no permanece encerrada en una pantalla: puede preparar el terreno para amenazas, criminalización y persecución judicial.

Estos hechos muestran que el autoritarismo digital empresarial tiene consecuencias materiales. Las plataformas favorecen los contenidos más rentables y pueden penalizar las voces que cuestionan el patriarcado, el racismo, el extractivismo o el poder político. Esta violencia afecta de manera particular a mujeres indígenas, rurales, trans, lesbianas, periodistas y defensoras, porque sobre ellas se cruzan distintas formas de discriminación. Descolonizar lo digital exige transparencia en las decisiones algorítmicas, mecanismos eficaces de apelación y políticas que protejan las lenguas, los saberes y la organización de los pueblos.

Violencia digital y exclusión política

Las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso sexual y las campañas de desprestigio no son simples insultos en redes sociales. Forman parte de una estrategia de control patriarcal que busca infundir miedo, disciplinar a las mujeres y expulsarlas de los espacios públicos. Periodistas, defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarias y candidatas enfrentan agresiones dirigidas no solo contra sus ideas, sino también contra sus cuerpos, su sexualidad, sus familias y su derecho a participar.

Cuando una mujer deja de opinar, organizarse o participar en política por temor a las agresiones, pierde ella, pero también pierde la democracia. Por eso, la violencia digital debe reconocerse como una forma de violencia política y estructural. Enfrentarla requiere prevención, atención, protección y sanciones efectivas, además de responsabilidades claras para las empresas que permiten o amplifican estos ataques.

Democratizar lo digital

Democratizar lo digital significa disputar el poder de las plataformas y construir alternativas colectivas. La soberanía de los datos debe garantizar que la información pública y sensible sea gestionada por instituciones democráticas, con control social y participación ciudadana. Se necesitan límites a la concentración empresarial, transparencia en los algoritmos y el derecho a recibir una explicación y apelar cuando una decisión automatizada afecta un empleo, un ingreso, un servicio público o la libertad de expresión.

La democratización también exige reconocer como trabajo las actividades realizadas mediante plataformas y garantizar derechos laborales, seguridad social y negociación colectiva. No basta con celebrar que las mujeres puedan vender productos o prestar servicios desde sus hogares. Es necesario asegurar ingresos dignos, descanso, protección frente a la violencia y corresponsabilidad social de los cuidados. De lo contrario, la inclusión digital solo agrega nuevas cargas a las desigualdades existentes.

Una agenda feminista debe incluir acceso universal y asequible a internet, formación tecnológica, protección de los datos personales y participación efectiva de las mujeres en el diseño y la regulación de los sistemas digitales. Esta participación debe incorporar la diversidad de experiencias de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y de las personas LGTBIQ+. No existe justicia digital si las decisiones continúan concentradas en élites empresariales y técnicas alejadas de las comunidades afectadas.

También es necesario invertir en tecnologías públicas, comunitarias y cooperativas que prioricen el bienestar colectivo. Las plataformas deben respetar las lenguas y los saberes locales, corregir los sesgos de sus sistemas y proteger la organización social. Democratizar la tecnología no significa añadir mujeres a un modelo injusto, sino transformar las relaciones de propiedad y poder que lo sostienen.

Conclusión

La disputa por los ecosistemas digitales no es un debate técnico reservado a especialistas. Es una discusión pública sobre democracia, justicia económica y derechos. Hoy, las grandes corporaciones concentran datos, infraestructura y ganancias, mientras los costos recaen sobre trabajadoras, hogares, comunidades y Estados. Desde una perspectiva feminista, esto obliga a mirar el poder allí donde suele presentarse como innovación: en la extracción de datos, en la vigilancia del trabajo, en la moderación privada de contenidos y en la violencia que busca expulsar a las mujeres del espacio público.

Democratizar la tecnología no significa rechazarla. Significa cambiar sus reglas. Implica reconocer el trabajo que sostiene la vida, garantizar derechos laborales, proteger los datos personales y públicos, regular los algoritmos, limitar los monopolios y construir infraestructuras públicas, comunitarias y cooperativas. También implica que mujeres, trabajadoras, pueblos y comunidades participen en las decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que contribuyen a crear.

Una agenda feminista para lo digital debe poner la vida en el centro. Eso supone cuestionar la concentración de la propiedad y de las ganancias, defender la autonomía de los pueblos, proteger las lenguas y los saberes locales, y exigir que las tecnologías no profundicen las desigualdades que prometen resolver. La inclusión digital, por sí sola, no basta si las reglas siguen siendo definidas por las mismas empresas que se benefician de la dependencia, la vigilancia y la precariedad.

Si queremos una democracia plena, también tenemos que democratizar lo digital. No se trata de pedir permiso para participar en plataformas diseñadas por otros, sino de disputar sus reglas, sus beneficios y su sentido. La tecnología puede servir para vigilar, precarizar y silenciar; pero también puede convertirse en una herramienta colectiva para cuidar, comunicar, organizar y ampliar derechos. Esa elección no es técnica: es profundamente política y feminista.

Por Por Julia Evelyn Martínez

Economista feminista, docente e investigadora.

Fuente: Rebelión 

“Soy más feliz de lo que jamás imaginé”: el libro de memorias que Gloria Steinem no llegó a ver publicado, sale a fines de septiembre

La icónica referente del movimiento feminista, fallecida esta semana a los 92 años, repasa en ‘An Unexpected Life’ su infancia, el despertar político y las reflexiones que marcaron su vida hasta el final

Gloria Steinem murió semanas antes de la publicación de sus memorias, “An Unexpected Life”, prevista para el 22 de septiembre

Gloria Steinem falleció apenas unas semanas antes del lanzamiento de sus últimas memorias, An Unexpected Life. Tenía 92 años, pero en el libro no dio ninguna señal de que este fuera a ser su último. “Mientras escribo esto, soy más vieja de lo que jamás imaginé que llegaría a ser y más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser”, escribió en la introducción. “He sido recompensada con amigos que son mi familia elegida. Tengo amigos de confianza en otros países, y nos esforzamos por estar seguros y libres, y compartimos la esperanza de una democracia pacífica en el mundo”.

An Unexpected Life sigue a otras memorias anteriores de Steinem, como Revolution from Within y Outrageous Acts and Everyday Rebellions. En su último libro, rememora su infancia en Ohio en las décadas de 1940 y 1950, cuando se esperaba que las mujeres se casaran y criaran hijos. La narración continúa a través de su despertar político, su ascenso en el movimiento feminista de la segunda ola y su papel como fuente de inspiración para los jóvenes, quienes a su vez la inspiraron a ella.

En la introducción de “An Unexpected Life”, Gloria Steinem escribió que era más feliz de lo que imaginó y que esperaba vivir hasta los 100 años

A continuación, presentamos algunos aspectos destacados de las memorias, cuya publicación está prevista en Estados Unidos para el 22 de septiembre.

Pasar dos años en la India después de la universidad cambió la vida de Steinem

“Estar en ese país destrozó sin contemplaciones las ilusiones románticas occidentales, pero las reemplazó con nuevas impresiones mucho más reales y difíciles de olvidar. Como descubrí una vez que estuve allí, muchos estadounidenses parecen haber pasado de un conocimiento superficial de la India antigua a una interpretación errónea de su diversidad. Las enseñanzas de Gandhi me introdujeron al pensamiento no jerárquico, que llegué a comprender que era también la forma de pensar más común en gran parte del resto del mundo.”

Ella consideraba la conversación como una bendición

“Mi modelo favorito de comunicación humana es sentarme con otras personas alrededor de una mesa de cocina o en una sala de estar, en cualquier lugar donde podamos reunirnos en igualdad de condiciones y comunicarnos en persona con los cinco sentidos: un grupo de concientización, un grupo de rap, un club de lectura, una reunión para hacer colchas o un círculo de conversación. No importa, siempre y cuando sea un lugar donde uno pueda decir la verdad, expresar algo ‘indecible’ y escuchar a otras personas decir: ‘¿Te sientes así? ¡Pensé que solo yo me sentía así!’”.

Un ícono que estableció límites

“Terry Southern, un autor popular y coautor de Candy, una novela pornográfica, era muy conocido en la escena social de Nueva York. No lo conocía bien, pero por alguna razón ambos estábamos esperando a un amigo en común en la oficina de ese amigo, platicando y sentados uno al lado del otro en el sofá. Se inclinó hacia mí, me agarró las muñecas para que no pudiera moverme e intentó besarme. Sin pensarlo ni un instante, le mordí la mejilla. Si no te han enseñado a someterte, eres como un gato; simplemente reaccionas.”

Reflexionó sobre las relaciones entre hombres y mujeres

“Otros cambios de perspectiva han sido, de hecho, bastante divertidos, como darme cuenta de que, a pesar del término ‘lesbiana misándrica’ —que espero y creo que ya se ha olvidado hace tiempo—, tal vez sean las mujeres que viven con hombres las que tienen más probabilidades de odiarlos.”

No todos los públicos son iguales

“El peor público para mí siempre han sido los hombres del establishment, y la peor circunstancia ha sido aquella en la que he tenido que convencerlos en nombre de algún tema muy importante pero impopular. En esos momentos, me siento responsable no solo de mí misma, sino también de las personas que no pueden estar ahí, pero que deberían estar representadas”.

Algunas reflexiones posteriores (Y, no, no extrañó tener hijos)

“Por supuesto que tengo cosas de las que me arrepiento. Por un lado, pasé demasiado tiempo haciendo lo que se esperaba de mí y no lo suficiente haciendo lo que me apasionaba. Dada mi generación, también crecí asumiendo que tendría que casarme con mi identidad, no convertirme en ella. Esta idea aterradora me llevó a posponer el matrimonio y a vivir una vida temporal. No fue sino hasta los cuarenta que comencé a ver que era posible un tipo diferente de vida, una en la que no estuviera obligada a cumplir los sueños de mi esposo ni a depender de él económicamente. Aprendí que el trabajo que amaba también podía crear el futuro que deseaba.”

Una optimista hasta el final

“La gente suele preguntarme cómo mantengo la esperanza. Siempre les explico que la esperanza es una forma de planear. Pienso en hace veinte, treinta o incluso cincuenta años y en los avances en la conciencia que he vivido gracias al movimiento de mujeres. Algunas de las cosas con las que soñábamos hace décadas ya son una realidad.”

Por Hillel Italie

Fuente: Infobae

Marcela Lagarde alerta sobre posible retroceso con la nueva ley de feminicidio

La antropóloga e investigadora señala que la iniciativa de la Presidenta ya no es una ley para la problemática del feminicidio

Marcela Legarde llevó la discusión sobre el feminicidio al Congreso hace dos décadas, logrando que se tipificara este delito en el Código Penal Federal. / Foto: Daniel Galeana/ El Sol de México

La iniciativa presidencial de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño del Delito de Feminicidio podría ser un retroceso en la lucha contra la violencia de género, consideró Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana y quien acuñó el término feminicidio.

“Ya no se habla de mujeres sino que se introduce el término de personas. Ya no es una ley para la problemática del feminicidio, sino que lo quieren transformar todo”, dijo Lagarde en entrevista con Sara Lovera.

La especialista comentó que otro de los problemas es que no hay una evaluación de la actual Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia creada en 2007 y de la cual también fue impulsora.

“Tenemos que proponer o exigir en cumplimiento de la ley vigente que se nos informe en qué va, una evaluación de la aplicación de la ley. No se puede cambiar una ley tan importante sin justificar con datos, hechos, explicaciones”.

De acuerdo con la académica, la mayoría de las y los legisladores del país no conocían la Ley General. “No la habían leído nunca y creo que es un mal de muchos funcionarios y políticos que no están informados y de todos modos van a votar”, agregó. 

La antropóloga logró llevar la discusión sobre el feminicidio al Congreso hace dos décadas, dando así un paso importante para la tipificación de este delito en el Código Penal Federal. Con ello se asentaron los principios bajo los cuales deben actuar las autoridades en la investigación de los casos y la procuración de justicia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al tribunal a tener un juez de control las 24 horas, los 365 días del año para recibir y atender a las mujeres que quieran denunciar una situación de violencia.

Asimismo, tienen la obligación de emitir medidas de protección de emergencia para toda mujer que lo desee al considerar que su vida está en peligro, realice o no la denuncia en ese momento.

Para la académica, no debe desaparecer una norma que si bien ha dado resultados ambivalentes, sí tiene aspectos positivos.

“Ya hay estados del país que reportan violencia feminicida todos los días y eso ya es una ganancia, pero definitivamente no resuelve el problema”, argumentó. 

La propuesta de la presidenta Sheinbaum busca establecer reglas comunes en todo el país para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio. El proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y protocolos homologados.

Si no se hace nada, las agresiones se multiplican al infinito y cualquier ataque contra mujeres es una violencia automática contra la humanidad Marcela Lagarde

Antropóloga e investigadora mexicana

También contempla nuevas obligaciones para las fiscalías, penas de entre 50 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos de protección para víctimas de tentativa de feminicidio, además de registros nacionales relacionados con las víctimas y sus familias.

Actualmente la iniciativa está en revisión en el Senado, donde las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera realizaron el 18 de agosto mesas de diálogo con autoridades, especialistas, organizaciones, académicas y familiares de víctimas.

Para Marcela Lagarde, la discusión de la nueva ley es fundamental entre las y los legisladores. 

“Hay un mal de muchos funcionarios y políticos y es que no están formados ni informados y de todos modos van a votar”, agregó.

A casi 20 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Lagarde destacó que en México aún se está lejos de vivir sin agresiones para las mujeres.

“Todavía hay ciertas acciones que se tienen que ejercer para acabar con la violencia. Si no se hace nada, las agresiones se multiplican al infinito y cualquier ataque contra mujeres es una violencia automática contra la humanidad pero todavía se mantiene la desigualdad entre mujeres y hombres y le dan chance a los hombres de ser violentos con mujeres conocidas y desconocidas”, lamentó. 

Por ello, la académica puntualizó la necesidad de continuar con el fortalecimiento en materia penal y preventivo de la violencia de género. 

“Este delito de feminicidio tiene que ser llevado a las instancias necesarias y ser investigado, la víctima necesita recibir justicia pero también sus hijas, los niños, niñas o adolescentes también son lastimadas y agraviadas y debemos reflexionar sobre eso”, comentó. 

La también escritora afirmó que para lograr salvaguardar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres del país se requiere una alianza política que integre al feminismo. 

“El feminismo ha apostado por la vida y la libertad de las mujeres. El feminismo salva vidas. Y es la alianza feminista junto con la sororidad las que nos permite identificarnos, discrepar incluso pero compartir el acompañamiento y los apoyos de unas a las otras”, concluyó.

Por Montserrat Maldonado

Fuente: El Sol de México