julio 18, 2026

Fútbol, feminismo y burocracia sindical: cuando la igualdad se disfraza para mandar




El debate actual sobre cómo transformar las estructuras oligárquicas mediante la participación de las bases suele pasar por alto una dimensión decisiva: las dinámicas de género. Por lo general, se analiza la burocracia sindical como un problema puramente político o de clase, ignorando cómo el patriarcado cimienta esas jerarquías. Nuestra investigación, publicada recientemente en Gender, Work & Organization, parte de este vacío para destapar una realidad incómoda: las políticas de igualdad, lejos de democratizar las organizaciones, pueden utilizarse como perfectos mecanismos de control para blindar la oligarquía y legitimar sus mecanismos de control organizacional. 

El estudio disecciona un caso concreto en el comercio minorista del Conurbano bonaerense (esa inmensa periferia industrial y urbana de Buenos Aires donde se concentran miles de trabajadoras en supermercados, shoppings y cadenas de retail) con un hallazgo central y perturbador: la creación de un equipo de fútbol femenino oficial no fue la culminación de una lucha feminista, sino una estrategia diseñada para neutralizarla. El caso actualiza lo que Antonio Gramsci definió como “revolución pasiva”, es decir, un mecanismo de restauración política mediante el cual la élite o dirección política copta e institucionaliza parte de las iniciativas autónomas para someterlas bajo su orden. El objetivo es claro: integrar la novedad para disolver su potencial antagonista y asegurar así el orden vigente y reproducirlo en el futuro.

Descubrimos que, mientras las trabajadoras jugaban al fútbol sin apoyo del sindicato –autogestionando el alquiler de las canchas, los calendarios y la logística–, construían algo más que un equipo: generaban un espacio político propio e, inesperadamente, potencialmente antagonista. Aquí, el tercer tiempo emergió como el momento decisivo que, lejos de ser una simple charla post-partido, funcionaba como una red de solidaridad crítica fuera del radar de la estructura sindical. Esto contrastaba con la realidad de sus compañeros varones, quienes históricamente disfrutaron de un ocio financiado y promovido por el gremio, con alquiler de canchas, uso de predios sindicales y organización de torneos intersindicales. Al oficializar la práctica de las mujeres, dándoles camisetas, entrenadores y recursos, la burocracia no las estaba empoderando, muy al contrario, las estaba desactivando. Estaba convirtiendo una amenaza política en una actividad recreativa inofensiva y vigilada. 

El artículo retoma la Ley de Hierro de la Oligarquía de Robert Michels para exponer una conclusión teórica. A día de hoy, la perpetuación de la élite sindical puede sostenerse sobre una articulación indivisible entre dominación de clase y género. La burocracia sindical puede utilizar el patriarcado como pilar material para blindar sus privilegios políticos de clase, en el sentido Weberiano. Por ello, identificar este tipo de procesos no es un mero ejercicio académico, sino una necesidad política; solo desnudando las revoluciones pasivas podremos construir los marcos necesarios para que los sindicatos rompan con dinámicas y relaciones de dominación, recuperando su potencial de lucha como forma organizativa de la clase trabajadora.

La oligarquía patriarcal: anatomía de un poder desigual

Para comprender por qué la organización de un equipo de fútbol femenino puede convertirse en una cuestión crucial en la reproducción de relaciones de género y de clase es necesario diseccionar primero la materialidad del poder sindical en Argentina. El país ofrece un laboratorio privilegiado para este análisis porque combina dos fuerzas aparentemente contradictorias. Por un lado, cuenta con un Modelo Sindical de una fortaleza institucional única en la región: el monopolio de la representación gremial por rama (el unicato), la administración de obras sociales multimillonarias (como centros deportivos y hoteles), y la capacidad de paralizar la economía mediante huelgas o negociar salarios para todo un sector. Por otro lado, esta potencia institucional convive –y a menudo choca– con luchas feministas que, desde el Ni Una Menos y la lucha por el aborto legal, han desbordado las calles y presionado a las instituciones para que éstas se modernicen. Sin embargo, puertas adentro, esa modernización se enfrenta a un muro de contención estructural.

El caso del comercio minorista ilustra genuinamente esta tensión. Hablamos de una de las ramas más grandes y dinámicas de la economía, donde la fuerza de trabajo está fuertemente feminizada. No obstante, nuestra investigación revela que la estructura de mando opera como una pirámide invertida de exclusión. Si bien los sindicatos han incorporado formalmente el cupo femenino del 30 % en sus listas, el poder real no se ha democratizado para toda la plantilla. Al analizar la composición de las secretarías, nos encontramos con una segregación de manual: las mujeres son sistemáticamente relegadas a áreas blandas (e.g., Acción Social, Turismo, Actas), mientras que el núcleo duro de la organización (i.e., las secretarías General, Gremial, de Organización y de Finanzas, allí donde se decide el dinero y la estrategia política) permanece blindado entre un 80 % y 90 % en manos de varones. 

Desde una perspectiva de clase, esta distribución no es accidental ni fruto de simples prejuicios machistas. La burocracia sindical se ha construido históricamente a imagen y semejanza del varón proveedor: un militante de tiempo completo, capaz de asistir a reuniones interminables, participar y organizar en las comidas y cenas del sindicato, congresos lejanos, etc., donde una retaguardia doméstica invisible garantiza la reproducción de sus hogares. Por lo tanto, la Ley de Hierro de la Oligarquía no es neutra, sino que está atravesada por el género. La exclusión de las mujeres de los espacios de decisión real es un requisito material para la estabilidad de los dirigentes: al restringir el acceso a quienes cargan con la doble jornada (trabajo asalariado más cuidados), la dirección reduce drásticamente la competencia política y asegura su propia perpetuación en el poder. 

Pero el filtro no es solo de cómo se organizan los horarios dentro y fuera del centro de trabajo; la forma en la que se reparten las tareas también expresa relaciones de carácter profundamente políticas. Nuestra investigación retoma la idea de que la cúpula sindical actúa como una clase para sí: un estamento diferenciado de la base, con intereses propios y privilegios materiales que busca proteger a toda costa a través de la promoción de una cultura masculina que garantiza su cohesión interna y hegemonía. La lealtad y la confianza política de esta élite no se tejen en las asambleas abiertas, sino en espacios de informalidad excluyente regidos por dinámicas de complicidad masculina. El género funciona como el pegamento de la oligarquía asegurando que el círculo de decisión permanezca estrecho, cerrado y protegido de cualquier competencia externa.

La disputa por el tiempo: autonomía y clase

Frente a este panorama de exclusión sistemática, la organización de los partidos por parte de las trabajadoras funcionó como una herramienta para romper la fragmentación impuesta por la empresa. Es importante aclarar que el caso analizado no era una excepción, sino la expresión local de un fenómeno de autoorganización que comenzaba a extenderse por distintos centros de trabajo del sector. En este contexto, el desafío real no era alquilar una cancha de fútbol –algo sencillo en sí mismo–, sino la compleja tarea de coordinar a las compañeras de trabajo que sufrían no solo la fragmentación dentro de los centros de trabajo, sino también fuera de él. 

Por un lado, las trabajadoras habitualmente separadas por secciones y diferentes turnos, tuvieron que tejer una red de comunicación interna para poder coincidir a la hora de establecer un día y lugar para jugar a fútbol. Esa gestión subterránea para coordinarse implicó, en la práctica, cuestionar la atomización de la plantilla y construir un vínculo horizontal allí donde la empresa solo fomentaban la separación. Además, para poder jugar, las trabajadoras debieron negociar cambios de turno y permisos con encargados y jefes, enfrentando muchas veces resistencias que sus compañeros varones no padecían. Esta experiencia de negociación colectiva funcionó como un punto de inflexión, ya que al perder el miedo a plantear exigencias ante la jerarquía para algo propio, también ganaron seguridad para otros conflictos. El proceso generó tal empoderamiento que, según reconoció el propio representante sindical de la empresa, se evidenció poco después en una participación mucho más activa de las trabajadoras en las asambleas generales. 

Por otro lado, ganar el tiempo en el comercio no bastaba, había que disputarlo también en casa. Aquí se libraba un segundo combate, más silencioso, pero no menos complejo: la lucha contra la asignación patriarcal de los cuidados y el disfrute del ocio. Para estas mujeres, ir a la cancha implicaba romper con el mandato de disponibilidad permanente para el hogar. Los testimonios recogidos dan cuenta de tensiones familiares agudas: parejas que recriminaban el abandono de los hijos, discusiones por llegar tarde a cocinar y la culpa inducida por ejercer el derecho al ocio, especialmente uno que era practicado especialmente por hombres. Poder ir a jugar a fútbol requirió, entonces, desarrollar una ingeniería de cuidados alternativa, es decir, la de tejer redes de apoyo con abuelas, tías o vecinas para cubrir su ausencia durante los partidos. En otros casos, también lograron que fueran los propios hombres los que realizaran las tareas reproductivas. 

En cualquier caso, al conseguir ir a jugar al fútbol, politizaron lo doméstico. Demostraron que su tiempo libre no era un derecho garantizado, sino un territorio que debían arrebatarle, hora a hora, a la estructura de la familia tradicional. A su vez, también evidenciaron que, aún saliendo victoriosas en algunas de estas disputas, la ausencia de una mujer en el hogar seguía cubriéndose con el trabajo de otra. 

Tras librar estas batallas en la empresa y en el hogar por el derecho al ocio, la amenaza real para la dirección patriarcal del sindicato se materializó, paradójicamente, una vez terminados los partidos. Durante el tercer tiempo. Aquí, la interacción informal entre las compañeras emergió como un factor clave en la subversión de las estructuras de poder; espacios de encuentro ganados a pulso, libres de la vigilancia de delegados y dirigentes sindicales. Allí, mientras compartían una cerveza en el borde de la cancha, la conversación derivaba inevitablemente hacia problemas comunes a todas ellas: desde conflictos salariales y abusos por parte de sus jefes, hasta las tensiones familiares o las dificultades que suponía la vida en el conurbano. Lejos de ser un simple momento de relax, el tercer tiempo funcionaba como una asamblea invisible donde se socializaba el malestar, se compartían estrategias de supervivencia y se gestaba una identidad colectiva propia. Sin la institucionalidad que suponía normalmente la acción sindical, ellas mismas habían creado lo que la oligarquía más teme: un espacio de deliberación política no controlado.

La revolución pasiva: inclusión como forma de sumisión

Frente a esta vieja, pero para estas personas nueva, dinámica de autoorganización, la respuesta de la burocracia sindical no fue la censura, sino una operación de manual para su desmovilización, estrategia que Gramsci en su día calificara como “revolución pasiva”. Conscientes de que la represión directa era inviable, incluso contraproducente si tenemos en cuenta el contexto de auge del movimiento feminista (contexto muy disputado en estos momentos por el gobierno de Milei), los dirigentes del sindicato activaron una maniobra para desactivarlas políticamente bajo la apariencia de una acción para el beneficio colectivo. Al organizar un equipo oficial de mujeres, el sindicato no solo aportó recursos materiales para que las mujeres jugaran, sino que capturó el proceso de toma de decisiones. Lo que antes era una construcción colectiva y horizontal, donde las trabajadoras definían sus propias reglas, pasó a ser una actividad reglamentada y administrada verticalmente por el sindicato. Se consumó así una transferencia de poder decisiva: las trabajadoras dejaron de ser organizadoras activas para convertirse en usuarias pasivas de un servicio institucional. 

Esta oficialización no implicó reconocer al grupo existente, sino reconfigurarlo bajo una lógica opuesta, la de la meritocracia deportiva. El sindicato impuso un proceso de selección a cargo de un director técnico, desplazando el criterio participativo (juegan todas) por uno competitivo (juegan las mejores), donde precisamente eran hombres los que poseían el conocimiento específico. La instauración de pruebas y listas de convocadas introdujo jerarquías inmediatas, creando rivalidades allí donde antes había cooperación. Las jugadoras seleccionadas accedieron a permisos para ausentarse del trabajo y viajes para competir, creando una brecha inmediata con quienes quedaron fuera. Pero la división más sutil operó sobre la gestión del tiempo. Aquel ocio que las trabajadoras habían construido a pulso, disputando cada hora contra la empresa y el mandato doméstico, fue reemplazado por la tutela burocrática y, aparentemente, aséptica de los entrenadores de fútbol. Ya no era necesario tejer redes de apoyo ni confrontar con la empresa por los turnos de trabajo, ahora el sindicato administraba los cronogramas y otorgaba las licencias. La capacidad de autoorganización se volvió innecesaria ya que el derecho a jugar dejó de ser una conquista de base para transformarse en una concesión administrada. 

Finalmente, el aparato sindical avanzó sobre el espacio que había probado ser el más subversivo de todos: el tercer tiempo. Al institucionalizarse y hacerse oficial el equipo de fútbol, los espacios de socialización, de protesta y de formación de nuevas solidaridades pasaron a ser cenas formales o eventos institucionales, donde solían contar con la participación de la propia comisión directiva del sindicato, de nuevo, predominantemente masculina. La presencia física de la autoridad sindical en estos espacios inhibió la crítica y reorientó las conversaciones hacia temas inocuos o puramente deportivos: ya no se charlaba sobre los problemas familiares o del barrio, y mucho menos de los laborales. Así, y con cierta elegancia vestida de morado, se consumó la revolución pasiva: el sindicato integró a las mujeres en su foto oficial, pero vació de política su palabra.

Conclusiones

El análisis de este caso nos obliga a reformular la teoría de Robert Michels: la burocracia sindical no es un bloque estático, sino una organización.

patriarcal-oligárquica dinámica, que muta para defenderse y perpetuarse a través de diferentes procesos de resistencia. Lo que observamos es que el acto de organizar partidos de fútbol sin supervisión, así como los lazos solidarios del tercer tiempo, funcionaron como espacios de disenso que, por limitados que parecieran, subvertían el orden establecido, dentro y fuera del trabajo. En este proceso, la doble condición de ser mujer y trabajadora dejó de ser un impedimento para convertirse en la condición estructural de una posible renovación política y sindical. Las trabajadoras demostraron que la autonomía es posible allí donde la estructura solo ve y busca obediencia. 

Sin embargo, la respuesta de la dirección sindical revela la sofisticación de sus mecanismos de defensa. Para neutralizar esta amenaza, la élite desplegó un abanico de tácticas de control que operaron simultáneamente, expandiendo su dominio sobre el tiempo de ocio, desmantelando los espacios informales de participación y, fundamentalmente, dividiendo los intereses colectivos a través de la introducción de relaciones de competencia mediadas por expertos. Al sustituir la lógica participativa por una administración vertical y selectiva, la burocracia logró expropiarles el control real de su actividad y solidaridad emergente. Fue una maniobra de manual de contrainsurgencia, donde se utilizaron estrategias feministas para socavar las redes de solidaridad emergentes mediante la fragmentación y la tutela institucional. 

La lección final es una advertencia para el futuro. Nuestro examen crítico demuestra que las lógicas opresivas son altamente adaptables e inventivas; se remodelan constantemente para mantener la hegemonía ante nuevos desafíos. Esto nos exige una profunda autocrítica y creatividad, apuntando a que las estrategias feministas y socialistas no pueden limitarse a pedir mayor inclusión en las viejas estructuras, ya que corren el riesgo de reforzar las desigualdades que buscan combatir. Al contrario, democratizar sindicatos u otras organizaciones políticas requiere, entonces, abandonar las fórmulas convencionales y atreverse a construir nuevas formas organizativas donde la solidaridad de clase y género no sea una consigna retórica, sino una práctica que subvierta la Ley de Hierro y su gran capacidad de adaptación.

* Este artículo es una síntesis del texto “Gendering the Iron Law of Oligarchy. Or how organizing an official football team became a strategy of passive revolution”, publicado en la revista académica Gender, Work & Organization.

Por Jon Las Heras es Profesor de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsistatea @jonlhc 

Ignacio Messina es Profesor en la Universidad de Zaragoza.

julio 17, 2026

Ciudad de las mujeres: la planificación ignora aspectos cruciales para ciudades equitativas

Foto de David Marcu, vía Unsplash

Al monitorear los resultados de la construcción de una plaza en Porto Alegre, un dato llama la atención: después de los niños y niñas que juegan, son las mujeres que cuidan a la infancia las principales usuarias del espacio. La historia ocurrió en una región vulnerable de la ciudad y evidencia una actividad muchas veces ignorada por la planificación urbana: el cuidado.

El objetivo del monitoreo en el Loteamento Santa Terezinha era verificar el perfil de las personas usuarias y su percepción sobre el espacio y su equipamiento, recientemente mejorados por una serie de organizaciones, así como de las rutas escolares en su entorno. Realizada por WRI Brasil en alianza con la Fundación Grupo Volkswagen, la investigación mostró que los niños y niñas representan el 89% de quienes frecuentan la plaza, y que la cantidad de mujeres adultas que asisten al lugar supera en 4,5 veces a la de los hombres, en su mayoría acompañando a los más pequeños. 

¿Y por qué es esto importante? Porque el cuidado es un aspecto de la vida urbana frecuentemente ignorado. Si bien resulta reduccionista y violento encasillar a las mujeres únicamente en el ámbito doméstico, es cierto que su vida cotidiana en las ciudades se topa con obstáculos que parecen fruto de una planificación que pasa por alto sus necesidades. En promedio, las mujeres dedican más tempo a las actividades de cuidado, una acumulación de tareas que genera sobrecarga y afecta en especial a las mujeres más desasistidas y vulnerables.
La movilidad del cuidado

En Madrid, la investigadora y profesora de planificación urbana Inés Sánchez de Madariaga demostrócómo las actividades de cuidado parecían irrelevantes y fragmentadas en las encuestas de origen y destino. Ir al mercado, a la farmacia, llevar a los hijos e hijas al médico, a la escuela o a la plaza: estas actividades no remuneradas, denominadas "reproductivas", representan el 40% de los motivos de viaje de las mujeres en Madrid, frente a solo el 8% de los de los hombres.




Las investigaciones en movilidad y género demuestran que una gran parte de las mujeres tiende a realizar viajes encadenados: salen de casa, llevan a sus hijos e hijas a la escuela, van al trabajo, pasan por el supermercado y finalmente regresan a casa. A este patrón de desplazamiento, invisible debido a su fragmentación, Madariaga lo denominó "movilidad del cuidado", un concepto que invita a reflexionar sobre cómo la planificación urbana y de movilidad —al privilegiar, por ejemplo, la infraestructura para automóviles o la oferta de autobuses en los horarios de trayecto casa-trabajo— deja al margen a una amplia porción de la población.

Resulta necesario, entonces, pensar las ciudades para las mujeres. Pero ¿para qué mujeres?

Los enfoques interseccionales sobre el tema muestran que las precariedades en la vida cotidiana se agudizan cuando se suman marcadores socioeconómicos como el género y la raza. Un estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano de São Paulo advierte sobre esta situación. A partir de los datos de la encuesta de origen y destino, el organismo mostró cómo los modos de transporte y el comportamiento de viaje varían entre mujeres y hombres, y según el nivel educativo, los ingresos y la presencia de hijos e hijas de 5 a 9 años. Cuanto menores son los ingresos, más se desplazan las mujeres por motivos de educación (llevando a sus hijos e hijas a la escuela) y más caminan o viajan en autobús.
Ciudades que privilegian a los hombres

Planificar las ciudades para las mujeres, en especial para aquellas que residem en zonas periféricas, significa mejorar la calidad del transporte público y de la movilidad activa, así como también de las calles, áreas verdes, parques y plazas. Al fin y al cabo, la movilidad urbana no se refiere únicamente al transporte, sino que está vinculada de manera directa al espacio público y a la experiencia de quienes se desplazan. Esto evidencia que problemáticas como el acoso y la seguridad pública deben tomarse en cuenta, por ejemplo mediante una iluminación pública adecuada, para que el entorno urbano actúe previniendo y frenando las violencias cotidianas a las que están expuestas las mujeres.


Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Datos de la ANTP muestran que las inversiones y otros costos asociados a la infraestructura para automóviles, por ejemplo, superan en más de cinco veces la inversión en transporte público. En São Paulo, datos del Instituto Cordial revelan que el 40% de las aceras no cumplen con el ancho mínimo exigido por ley, una situación que se agrava en las zonas más alejadas del centro. Por regla general, los barrios periféricos también tienen menor acceso a áreas verdes, como parques y plazas, y peores condiciones de alumbrado. En todos estos casos, las mujeres resultan ser las más perjudicadas.

Por ciudades más equitativas y justas

El cuidado es una relación. Al centrarnos en las mujeres, miramos también a quienes ellas cuidan. Planificar la ciudad para las mujeres y el cuidado equivale a planificar para sus dependientes: niños, niñas, personas mayores y otras mujeres que se apoyan en redes comunitarias. Más allá de esto, se trata de una dimensión fundamental para el funcionamiento de las ciudades y de sus propias economías. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería la economía si todo el trabajo reproductivo acumulado por las mujeres fuera remunerado?

La necesaria atención a las cuestiones de género requiere promover la equidad de representación en la planificación y la toma de decisiones en alcaldías y secretarías. Asimismo, exige formular propuestas y soluciones surgidas de debates colectivos que consideren los diversos usos que las personas hacen de la ciudad. Al fin y al cabo, si las ciudades pueden detenerse sin el trabajo de cuidado, esta es una responsabilidad colectiva —del Estado, la sociedad y las familias— y no solo de las mujeres.


Este artículo fue escrito por Andressa Ribeiro, Ariadne Samios e Paula Manoela dos Santos. La traducción fue realizada mediante IA.

Lee la versión original en portugués aquí.


Fuente: ArchDaily

julio 16, 2026

La Relatora de la ONU instó a los Estados a adoptar el modelo abolicionista para erradicar la violencia contra las mujeres en la prostitución



Fuente: ONU


La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, publicó en 2024 una amplia serie de recomendaciones dirigidas a los Estados para abordar la prostitución desde los Derechos Humanos. En el informe Prostitution and violence against women and girls, reclama que las políticas públicas garanticen la igualdad, la dignidad, la libertad, la seguridad y el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia, tortura y tratos degradantes. Asimismo, insta a reconocer la prostitución y sus manifestaciones vinculadas, como la pornografía, como un sistema de explotación y violencia.

Entre las principales medidas propuestas se encuentra la adopción del modelo abolicionista, articulado alrededor de cinco pilares: la despenalización de las mujeres en situación de prostitución, la creación de servicios integrales y alternativas reales para abandonarla, la penalización de la compra de actos sexuales, la persecución de todas las formas de proxenetismo y la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas especialmente a los compradores. Para reducir la demanda, la Relatora plantea aumentar los obstáculos legales a la compra, reforzar su rechazo social e incluso valorar la inclusión de los compradores en registros de delincuentes sexuales.

El documento recuerda e insiste en que la despenalización debe ir acompañada de recursos suficientes. Recomienda garantizar, con independencia de la situación administrativa o migratoria de cada mujer, el acceso a una vivienda segura, atención psicológica especializada en trauma, servicios sanitarios, apoyo a la infancia, educación, formación profesional, generación de ingresos y acompañamiento para abandonar la prostitución. También propone crear un fondo de asistencia y reparación para las víctimas, cancelar los antecedentes derivados de su explotación y facilitar permisos de residencia, vías migratorias seguras y acceso al asilo ante situaciones de persecución por razón de género.

La Relatora reclama, además, una profunda transformación de la respuesta policial y judicial. La persecución del proxenetismo y de la compra de actos sexuales no debería depender de que las víctimas demuestren previamente una situación de trata. Los Estados deben investigar las desapariciones y muertes de mujeres en contextos de prostitución, valorar su clasificación como feminicidios, combatir la corrupción y la impunidad, reducir las barreras para denunciar y garantizar periodos de reflexión y mecanismos efectivos de protección de testigos. Las políticas deberían diseñarse mediante una coordinación interinstitucional que incluya la voz de las organizaciones especializadas y lideradas por supervivientes, asegurándoles una financiación estable y protección frente a ataques y difamaciones.

Las recomendaciones también sitúan la prevención en la educación, los medios de comunicación y el entorno digital. Se propone educar desde la escuela en derechos humanos, igualdad, respeto mutuo y relaciones afectivo-sexuales saludables; ofrecer oportunidades educativas y económicas a las niñas más vulnerables; y promover una cobertura mediática que no estigmatice a las víctimas y coloque la responsabilidad sobre compradores, proxenetas y demás explotadores. Respecto a las plataformas digitales, se insta a responsabilizar a las empresas que obtienen beneficios de la explotación sexual, cerrar páginas que faciliten la trata o anuncien prostitución y desmantelar sus modelos de negocio. 

El informe es muy claro: mientras comprar el cuerpo de una mujer siga considerándose una opción aceptable, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida. Las recomendaciones de la Relatora interpelan directamente a los Estados, pero también al conjunto de la sociedad: proteger a las mujeres y las niñas, exige dejar de legitimar a quienes se benefician de su explotación, garantizar alternativas reales y cuestionar una cultura que permite esta forma de violencia. Abolir la prostitución no significa perseguir a las mujeres, sino situar por fin la responsabilidad sobre quienes compran, explotan y obtienen beneficios de su vulnerabilidad.


Fuente: El Diario Feminista

julio 15, 2026

Más allá de corregir sesgos: una red feminista busca transformar la inteligencia artificial en América Latina


Foto: Ignacio Dotti

Para la coordinadora de la Red Feminista de Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe, el feminismo constituye un “marco y una praxis” para interpelar las asimetrías de poder que moldean el desarrollo tecnológico.

Mientras gobiernos y empresas compiten por desarrollar modelos de inteligencia artificial (IA) cada vez más potentes, una red de investigadoras y activistas de América Latina plantea otra discusión: no solo cómo funciona esta tecnología, sino quién la diseña, con qué objetivos y para beneficiar a quién.

Para la Red Feminista de Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe, la discusión sobre cómo evitar que los algoritmos reproduzcan sesgos contra las mujeres es apenas el punto de partida. Su propuesta va más allá de corregir prejuicios: plantea transformar la forma en que se concibe, desarrolla y gobierna la IA.

“La perspectiva feminista aporta una mirada sobre la IA que interpela la matriz del poder y que se pregunta cómo la tecnología contribuye a reproducir la injusticia y la desigualdad. Por eso pensamos que la mirada feminista sobre la IA es fundamental. No es una tecnología neutra, no es una tecnología objetiva, es una tecnología que al servicio del capital, el patriarcado y la reproducción de las relaciones neocoloniales, reproduce la violencia a escala”, dijo a la diaria la investigadora mexicano-ecuatoriana Paola Ricaurte, coordinadora de la Red Feminista de Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard.

Doctora en Ciencias del Lenguaje, Ricaurte ha dedicado su trayectoria al análisis feminista y anticolonial de las tecnologías digitales. Además, integra el grupo de expertos en ética de IA sin fronteras de la Unesco, es cofundadora de Tierra Común –una iniciativa para la descolonización de los datos–, autora del Manifiesto de la Inteligencia Artificial Descolonial y fue incluida por la revista Time en la lista Time100 AI 2025 dentro de las 100 personas más influyentes del mundo en IA con enfoque feminista y en derechos humanos.

Para Ricaurte, hablar de una inteligencia artificial feminista significa cuestionar quién define qué problemas merece resolver la tecnología, quién controla los datos y la infraestructura digital y qué intereses orientan la innovación.

“La lucha por tecnologías libres, desde nuestra perspectiva, es una lucha política. [...] Para nosotras implica cuestionar todos los supuestos bajo los cuales hoy se construye la tecnología y eso implica quién puede construirla, cómo, para qué, por qué, partiendo por supuesto de la pregunta sobre qué tecnologías son las que necesitamos”, remarcó, señalando que en América Latina existe un “enorme potencial” para imaginar una IA que no responda al “modelo de negocio extractivista”.

En ese contexto, el feminismo funciona como “marco y una praxis que permite interpelar las asimetrías de poder”. “No estamos hablando únicamente de género. Desde la perspectiva interseccional y sistémica, queremos hacer visibles todos esos mecanismos de opresión [...] que, de manera interconectada, hacen que ciertos grupos humanos sean excluidos de la sociedad”, afirmó.
¿Cómo nació la Red Feminista de Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe y qué necesidad buscaba cubrir en la región?

La red surge como una iniciativa internacional para abordar el problema estructural de la IA tanto como una industria que se encuentra concentrada en unas pocas corporaciones como de los sistemas de IA que reproducen las desigualdades a lo largo de su ciclo de vida. Comenzamos a idear el proyecto en 2020 y lo arrancamos en 2021 con nodos en tres regiones del Sur global: América Latina y el Caribe, Norte de África y Medio Oriente y Sudeste Asiático. Desde entonces hemos realizado cuatro convocatorias para incubar proyectos de IA feminista en la región. Un aprendizaje de estos años es que en la región existe un enorme potencial en posibilidades de imaginar la inteligencia artificial que no responda a la lógica ni al modelo de negocio extractivista de la IA hegemónica.Apoyá nuestro periodismo. Suscribite por $245/mes
¿Quiénes integran actualmente la red y qué perfiles profesionales o territoriales confluyen en ella?

Actualmente hay aproximadamente 80 personas y organizaciones integrantes de la red. Tenemos perfiles de distintas disciplinas, pero también de trayectorias: es decir, no solamente hay personas académicas, sino también activistas, artistas, profesionales de distintos campos, porque pensamos que para construir una IA feminista necesitamos de todas las miradas. Existen personas de distintos países, solamente que también hemos tenido desafíos para integrar personas del contexto caribeño y centroamericano, que refleja las desigualdades existentes también en América Latina y el Caribe. Durante esta fase, uno de los propósitos es buscar extender tanto los proyectos como las integrantes de estas regiones.
¿Qué diagnóstico hacían sobre el desarrollo de la IA en América Latina cuando decidieron crear este espacio?

Desde el inicio hemos sido muy críticas con la industria de la IA en su actual expresión. Existe una concentración de poder, recursos, datos, conocimiento, infraestructura que reproduce las asimetrías entre los países y las regiones. América Latina y el Caribe ocupa una posición subordinada en la cadena de valor de la IA: entregamos nuestras tierras, nuestra mano de obra, nuestros datos, con un alto costo humano y ambiental. A cambio recibimos productos por los que pagamos caro, aunque pensemos que son gratuitos, porque en realidad contribuyen a profundizar la relación de dependencia económica, tecnológica, política y de conocimiento de nuestra región.

¿Por qué es clave tener una mirada feminista de la tecnología y más concretamente de la IA?

Muchas de nosotras venimos de una larga trayectoria de participación en movimientos por la defensa de los derechos digitales, de una internet libre y democrática, por la justicia global. La lucha por tecnologías libres, desde nuestra perspectiva, es una lucha política. Si lo pensamos, no puede haber democracia sin tener control de las infraestructuras, el conocimiento, los datos. Y tal como vemos que opera la industria, solamente está sirviendo para que la acumulación de poder y riqueza en pocas manos se haga mayor. La perspectiva feminista aporta una mirada sobre la IA que interpela la matriz del poder y que se pregunta cómo la tecnología contribuye a reproducir la injusticia y la desigualdad. Por eso pensamos que la mirada feminista sobre la IA es fundamental. No es una tecnología neutra, no es una tecnología objetiva, es una tecnología que, al servicio del capital, el patriarcado y la reproducción de las relaciones neocoloniales, reproduce la violencia a escala.

¿Qué significa exactamente hablar de una IA feminista?

Para nosotras implica cuestionar todos los supuestos bajo los cuales hoy se construye la tecnología y eso implica quién puede construirla, cómo, para qué, por qué, partiendo por supuesto de la pregunta sobre qué tecnologías son las que necesitamos. Hay muchas narrativas asociadas con el desarrollo de la IA, la eficiencia, la productividad, la optimización, la objetividad y, si lo pensamos, son todas narrativas que responden a los principios fundamentales del capitalismo: qué necesitamos para acumular más capital. Otras de las narrativas son la escala, la velocidad, el tecnosolucionismo. Nosotras no buscamos tecnologías de IA que sean universales, ni rápidas, ni a gran escala. Buscamos tecnologías que sirvan a sus comunidades, que sean gobernadas y de propiedad de las comunidades, que sean sustentables, pertinentes a cada contexto y que no busquen un beneficio económico, sino el bien común. Ninguno de estos objetivos está en el interés de la industria.

Algunas personas asocian el feminismo únicamente con cuestiones de género. ¿Por qué consideran que también es una herramienta útil para pensar la tecnología?

Nosotras pensamos en el feminismo como un marco y una praxis que permite interpelar las asimetrías de poder. No estamos hablando únicamente de género. Desde la perspectiva interseccional y sistémica, queremos hacer visibles todos esos mecanismos de opresión –instituciones, formas de producción de conocimiento, formas de autoridad, regulaciones, prácticas socioculturales, formas de organización y clasificación social, tecnologías, relaciones de mercado, captura de recursos, control del trabajo, los cuerpos y los territorios– que, de manera interconectada, hacen que ciertos grupos humanos sean excluidos de la sociedad.

¿Qué aportes puede hacer el feminismo a debates sobre transparencia, datos, privacidad y gobernanza algorítmica?

Pienso que desde los distintos movimientos feministas hemos hecho y estamos haciendo múltiples contribuciones, desde el cuestionamiento a las grandes narrativas, el diseño de políticas, la innovación, la imaginación, la regulación, que permiten situar la discusión sobre aspectos específicos de transparencia, datos, privacidad y gobernanza algorítmica desde una mirada sistémica. Afortunadamente hay múltiples colectivos, organizaciones y personas que han aportado a la discusión en todos los niveles, mostrando cómo es necesario tener una perspectiva transversal a los problemas de desigualdad, discriminación y violencia reproducida por estos sistemas, que, como está demostrado, afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginalizados.

¿Qué proyectos están impulsando actualmente y cuáles consideran que han tenido mayor impacto?

Hace dos meses arrancamos con una nueva cohorte de siete proyectos de la región. Todos ellos están orientados a responder ante una necesidad específica de sus comunidades: comunidades indígenas, jóvenes afrobrasileños del Amazonas, personas trabajadoras sexuales trans, personas con discapacidad, así como distintos ámbitos: la memoria cultural, la preservación de la lengua, los derechos humanos, la violencia política contra las mujeres, el estrés hídrico. Todos los proyectos muestran distintos aspectos que son relevantes para que las personas y comunidades puedan acceder a una vida digna, sean reconocidas como sujetos productores de conocimiento y desplieguen su capacidad de agencia colectiva en la defensa de sus derechos.

La red cuestiona los modelos dominantes de innovación impulsados por grandes corporaciones tecnológicas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones detrás de esa crítica?

Nos parece que el modelo dominante de desarrollo tecnológico sirve para la acumulación de poder y riqueza por unos pocos que nos coloca en una posición de subordinación y dependencia. No es sustentable, habilita la reproducción de la violencia a escala y no responde a las necesidades de nuestras comunidades y territorios. Además, hay que recordar que estas corporaciones tecnológicas estadounidenses responden también a una alianza con el complejo industrial militar y siguen el mandato de Donald Trump de dominación tecnológica, expresado en sus órdenes presidenciales. Es decir, que también esta industria habilita de manera directa el autoritarismo. Lo que vivimos hoy es una forma de tecnofascismo.

¿Existe el riesgo de que América Latina quede relegada a ser únicamente proveedora de datos y recursos para la industria de IA?

Sí, es un riesgo real, porque actualmente ese es justamente el rol que estamos ocupando en la cadena de valor de la IA. Proveedores de recursos naturales, tierra, agua, minerales críticos, mano de obra barata, conocimiento, datos y dinero, porque pagamos caro el uso de estas tecnologías.

¿La soberanía tecnológica debería formar parte de las agendas feministas contemporáneas?

Yo soy partidaria de hablar de soberanía tecnológica, porque podemos alinearla con los principios feministas y comunitarios de autonomía y autodeterminación. Sin embargo, también somos conscientes de los desafíos que implica materializar esa agenda a nivel regional y las contradicciones que existen al interior de los estados-nación con respecto a sus poblaciones. Por eso me gusta pensar en formas de soberanía comunitaria también, que disputen el poder al Estado-nación que también es reproductor de la violencia.

¿Quién decide qué problemas merece resolver la inteligencia artificial y quién queda fuera de esa decisión?

Justamente esas son las preguntas que nos hacemos desde los feminismos. Y lo que buscamos con nuestro trabajo es hacer visible que esas respuestas las tienen que dar las propias comunidades, no los señores multimillonarios blancos y privilegiados de las corporaciones de Silicon Valley ni los gobiernos autoritarios y bélicos del mundo. Nunca en la historia ha existido una mayor acumulación de riqueza y una mayor desigualdad. Y mucha de esa riqueza está anclada a los actores de esta industria y a estas tecnologías cuyo modelo de negocio se basa en el extractivismo y el despojo a escala global.

¿La IA tiene potencial para transformar las desigualdades de nuestras sociedades?

La IA hegemónica reproduce las desigualdades a todos los niveles. Hoy no existen contrapesos gubernamentales que pongan suficiente freno a la industria en nuestra región. Por una parte, necesitamos regulaciones que pongan los derechos humanos y las comunidades más vulnerables al centro. Necesitamos gobiernos firmes, que entiendan lo que está en juego en el presente y para el futuro. La IA es una industria que también está contribuyendo al colapso ambiental, que afecta principalmente a las poblaciones menos privilegiadas. La única manera en que la IA no reproduzca esas desigualdades estructurales es transformar la matriz de poder, en todos sus ámbitos, que generemos los mecanismos para que podamos defendernos ante el abuso de las corporaciones y que las comunidades históricamente excluidas tengan las condiciones para que sean ellas mismas las que gobiernen, desarrollen y utilicen los sistemas artificiales en sus propios términos y en función de sus necesidades.


Fuente: La Diaria.es

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in