En un breve balance, esta red de mujeres de América Latina advierte de probables retrocesos
Los avances a 30 años, desiguales, con claroscuros y conflictos
La aparición y el fortalecimiento de los grupos “antiderechos” y “antigénero”, conspiran sobre los avances relativos tras 30 años desde la Conferencia de Beijing , la democracias en crisis en América Latina, es el reto más grande para el avance de las mujer, sólo queda resistir. Y los avances, más jurídicos que reales, además, no pueden concretarse por falta de recursos.
Así lo plantea este breve balance 30 años después de que se acordó la plataforma más avanzada para las mujeres, y estos grupos buscan socavarla desde dentro.
Hoy estas acciones, conservadoras, han generado significativos retrocesos en materia de derechos, afectando especialmente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, así como a otras áreas clave como la educación sexual integral y la paridad de género.
Desde la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, se han realizado cinco evaluaciones sobre su implementación: Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010), Beijing+20 (2015) y Beijing+25 (2020), con la participación activa de los países y de los movimientos feministas.
Pero el balance de hoy, en la ONU, parece no ser optimista. Habrá que ver.
Así considera el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, que es una red de organizaciones y activistas de mujeres que trabajan por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Texto del balance íntegro de CLADEM
En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, representantes de 189 Estados y cerca de 30.000 activistas feministas de la sociedad civil se reunieron para debatir, a lo largo de casi dos semanas, sobre los derechos y el papel de las mujeres en los ámbitos social, económico, cultural y político.
Como resultado de este proceso, se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un compromiso global que estableció directrices en doce esferas clave: medio ambiente; poder y toma de decisiones; derechos de las niñas; economía; pobreza; violencia contra la mujer; derechos humanos; educación y formación; mecanismos institucionales para el avance de la mujer; salud; medios de comunicación y conflictos armados.
Esta Plataforma se consolidó como un plan de acción de avanzada con directrices claras para que los Estados Parte, las organizaciones feministas y la sociedad civil situaran los derechos de las mujeres en el centro de las agendas nacionales.
Además, integró los últimos acuerdos alcanzados a nivel global en materia de derechos humanos, incluyendo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), entre otras (Quiroga, N. et al, 2021, p.5)
Contexto regional en la década de los 90:
La Plataforma de Acción de la IV Conferencia representó un gran desafío para América Latina y el Caribe considerando que gran parte de los países del sur habían recuperado recientemente la democracia tras décadas de regímenes autoritarios y/o dictatoriales, y aún contaban con instituciones democráticas frágiles o inestables frente a las crisis políticas, económicas y sociales de la época.
Al mismo tiempo, países como Colombia y los de Centroamérica atravesaban procesos de negociación de paz tras años de conflictos armados. Asimismo, muchos países de la región afrontaron procesos de discusión y adopción de nuevas constituciones, entre ellos Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Venezuela (1999) y Brasil (1988).
Mientras otros llevaron a cabo reformas constitucionales significativas, entre ellos Guatemala (1993), Argentina (1994), Panamá (1994) y Nicaragua (1995). A pesar de estos desafíos, la década de 1990 trajo avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. En el ámbito regional, la Convención de Belém 1 El presente documento fue elaborado por CLADEM en el marco de la CSW-69 que conmemora el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). do Pará (1995) marcó un hito en la lucha contra la violencia contra las mujeres, mientras que diversos tratados internacionales comenzaron a incorporarse en las legislaciones nacionales e incluso en las constituciones.
Entre estos instrumentos, el Convenio 169 de la OIT representó un avance fundamental para las mujeres indígenas, al reconocer sus derechos colectivos y su participación en decisiones sobre sus territorios.
En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales y exclusión histórica, este convenio fortaleció su liderazgo y les permitió organizarse para visibilizar sus demandas a nivel nacional e internacional. Al finalizar la década, las mujeres latinoamericanas y caribeñas habían logrado el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos en la mayoría de los países de la región.
Estos derechos estaban consagrados en las legislaciones nacionales e incluían el acceso a la educación, el trabajo, la administración y disposición de propiedades e ingresos, así como derechos de asociación, divorcio, patria potestad, voto y participación política.
Para entonces, su presencia en las universidades y en el mercado laboral era cada vez más evidente. En el ámbito político, las mujeres comenzaron a ocupar un lugar más activo, aunque con diferencias entre países.
En aquellos donde el movimiento feminista y las mujeres dentro de los partidos políticos impulsaron las llamadas «leyes de cupo o cuotas», se establecieron porcentajes de participación femenina en las listas electorales, que variaban entre el 25% y el 40%, siendo el 30% el más común2 (ONU Mujeres, 2021, p. 12).
Si bien estas leyes fueron un avance pronto se convirtieron en «techos» que limitaron la participación femenina más allá de los mínimos establecidos. Sin embargo, lograron aumentar la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones, especialmente en los parlamentos, donde no solo se incrementó el número de legisladoras, sino que también se logró incluir en la agenda política las necesidades e intereses de las mujeres, promoviendo cambios en las leyes y políticas públicas.
En el ámbito económico, los países de la región emergían de la llamada «década perdida» (CEPAL, 2023, p. 9), caracterizada por bajo crecimiento, alta inflación y crisis de endeudamiento externo.
A pesar de este contexto adverso, las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral y a los sistemas productivos. Sin embargo, su participación seguía marcada por profundas desigualdades en comparación con los hombres. La mayoría se concentró en sectores de servicios vinculados a su supuesto «rol natural», como educación, salud, asistencia social y atención al público. En contraste, su presencia en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, informática y matemáticas (CTIM o STEM, por sus siglas en inglés) seguía siendo muy limitada.
A medida que avanzaba la década, las mujeres se incorporaron con mayor fuerza al mercado laboral, pero en su mayoría en los niveles bajos de la jerarquía en empresas y sector público, enfrentando la persistente brecha conocida como «pisos pegajosos» (ONU Mujeres, 2017, citado en Quiroga et al, 2 Cupo de 30% en Argentina (1991), México (1996), Bolivia (1997), Ecuador (1997), Panamá (1997). Mientras que Brasil (1995) y Paraguay (1996) establecieron un cupo del 20%. República Dominicana (1997) el 25%, y Costa Rica (1996) alcanzó el 40%. 2022, p.19).
La representación femenina en puestos de liderazgo y toma de decisiones era escasa en los sectores empresarial, estatal y sindical, debido a la barrera de los «techos de cristal». Además, muchas mujeres estaban —y siguen estando— insertas en la economía informal, desempeñándose en negocios y emprendimientos no registrados (CEPAL, 2024, p.20).
Aunque estos empleos suelen ofrecer condiciones laborales precarias y carecen de protección de derechos, en muchos casos permiten mayor flexibilidad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades domésticas, que continúan recayendo mayoritariamente sobre ellas.
En todos los casos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral no estuvo acompañada de una redistribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado, lo que dio lugar a que experimentaran lo que se conoce como doble jornada laboral.
Esta fue una de las principales demandas impulsadas por los movimientos feministas de la región en los años 90.
La necesidad creciente de las mujeres de generar ingresos para sostener a sus familias, sumada a la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, sentó las bases de la crisis de los cuidados (ONU Mujeres, 2021, p.14), que se agudizó durante la pandemia de COVID-19.
Para las mujeres de barrios populares, la inserción laboral significó una triple jornada, ya que, además del empleo y las responsabilidades domésticas, muchas participaban activamente en organizaciones comunitarias.
Durante los años 90, ellas desempeñaron un papel crucial en la reproducción de la vida y en estrategias de supervivencia tanto familiares como colectivas. Estas acciones fueron una respuesta a las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los gobiernos de la región, que profundizaron la exclusión, el desempleo y la precarización laboral, afectando especialmente a las clases populares.
Las políticas neoliberales y el modelo económico basado en la explotación de recursos naturales y la dependencia en las exportaciones hacia las economías del norte (Brown, C. et al, 2024, p. 22) han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, especialmente en aquellas pertenecientes a comunidades rurales y étnicas.
La extracción de tierras y recursos no solo ha vulnerado sus medios de vida, sino que también ha invisibilizado su cosmovisión y prácticas ancestrales. En este contexto, los movimientos feministas comenzaron a incorporar las demandas específicas de mujeres en toda su diversidad —rurales, indígenas, afrodescendientes, entre otras—, generando conocimiento desde sus propias perspectivas e intereses.
Durante este período, los movimientos feministas también alzaron su voz contra la violencia hacia las mujeres, especialmente contra su manifestación más extrema y cruel: el femi(ni)cidio. Exigieron a los Estados recursos y medidas concretas para su erradicación. En 1994, la mayoría de los países miembros de la OEA firmaron la Convención de Belém do Pará, el primer tratado internacional en reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, estableciendo la responsabilidad de los Estados en su prevención, sanción y eliminación.
Contexto actual: avances y retrocesos en la agenda de Beijing
Desde la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, se han realizado cinco evaluaciones sobre su implementación: Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010), Beijing+20 (2015) y Beijing+25 (2020), con la participación activa de los países y de los movimientos feministas.
Gracias al esfuerzo sostenido y a la organización del movimiento feminista y de mujeres, tanto a nivel regional como global, las agendas de la Plataforma de Acción de Beijing han sido incorporadas en la Agenda de Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados en 2015 en el marco de Naciones Unidas. En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen un objetivo específico sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), lo que refleja su importancia en la agenda global.
A 30 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, resulta fundamental realizar un balance del período 2020-2025. Este análisis permitirá capitalizar los avances, sistematizar los logros en las distintas áreas de acción, identificar nuevos desafíos y, al mismo tiempo, examinar los retrocesos que enfrenta la región en el contexto actual.
Uno de los eventos que marcó significativamente este período fue la pandemia de COVID-19. Según el Informe de OXFAM “Econonuestra” (Brown, C., 2024), la crisis sanitaria afectó especialmente a América Latina y el Caribe, exacerbando las desigualdades entre los sectores más ricos y los más pobres (Econonuestra, 2024). A pesar de los esfuerzos de varios gobiernos—como la implementación de ayudas económicas para familias de bajos ingresos, impuestos a los “superricos” y reducciones impositivas para la ciudadanía—, la concentración de la riqueza en manos de unas pocas personas y corporaciones no se revirtió.
Además, la suspensión prolongada de actividades económicas para contener el virus provocó una caída del PIB en todos los países de la región, lo que llevó a un aumento significativo de la pobreza y profundizó aún más las brechas de desigualdad (CEPAL, 2024).
En este contexto, los recursos gubernamentales resultaron insuficientes para hacer frente a las crisis, y fueron las mujeres quienes asumieron la mayor carga para sostener la reproducción de la vida, tanto en sus hogares como en sus comunidades.
En los territorios más golpeados y donde el Estado estuvo ausente, las mujeres se convirtieron en protagonistas clave, organizándose en redes vecinales y espacios comunitarios para enfrentar la crisis. La salida de la crisis provocada por el COVID-19 ha sido posible, en gran medida, gracias a los esfuerzos de las mujeres (Quiroga Díaz, N. et al, 2022, p. 65).
Durante el confinamiento, fueron ellas quienes asumieron la mayor parte de los cuidados en los hogares, especialmente tras el cierre de los sistemas educativos, lo que las obligó a desempeñar nuevos roles de acompañamiento educativo y contención emocional para sus hijas e hijos. Todo esto ocurrió mientras continuaban trabajando en modalidades flexibles como el «home office» o en sectores esenciales, como la salud y la asistencia social, exponiéndose al contagio en la primera línea de la pandemia.
Vale la pena destacar que, durante las primeras décadas del siglo XXI, los países de la región, especialmente en el Cono Sur, vivieron una nueva primavera democrática, lo que permitió avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, particularmente en lo referente a los derechos de las mujeres, niñas y diversidades.
Estos avances fueron más notorios en países gobernados por fuerzas progresistas, conocidas como «la marea rosa» (Brown, C. et al, 2024, p. 26), aunque no se limitaron exclusivamente a ellos. A partir de 2010, los movimientos feministas y LGBT lograron una incidencia notable en las agendas públicas y gubernamentales, promoviendo cambios normativos que dieron lugar a la conquista de derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, la legalización del aborto en distintas modalidades, la paridad de género y la erradicación de la violencia por motivos de género. Asimismo, se implementaron políticas públicas orientadas a garantizar estos derechos.
En este contexto, la mayoría de los Estados de la región, que ya contaban con Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), fortalecieron estas instancias, ampliando sus mandatos y funciones para garantizar una mayor efectividad en la implementación de políticas de igualdad.
Paradójicamente, fue en este período cuando comenzaron a organizarse los movimientos antiderechos y antigénero, conformando alianzas que, aunque con particularidades en cada país, comparten ciertos rasgos comunes. Estas alianzas incluyen grupos sociales y políticos ultraconservadores, y sectores fundamentalistas de diversos credos religiosos presentes en la región, principalmente católicos, pero también evangelistas, y neopentecostales, financiados en algunos casos por parte de una élite económica de la región. Su objetivo principal ha sido generar fuertes retrocesos (backlash) en derechos humanos, sociales, feministas y de diversidad en la región (ONU Mujeres, 2022, p. 8-9) .
Para ello, han recurrido a la construcción del concepto de “ideología de género” como una herramienta de movilización social y política que les permite enfrentar y deslegitimar las conquistas alcanzadas por los movimientos de derechos humanos y feministas. Desde inicios de la década de 2010, estas coaliciones conservadoras, de derecha y fundamentalistas han ganado espacios de poder, logrando representación en los parlamentos de distintos países de la región.
Desde allí, han desplegado estrategias para revertir avances en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la restricción de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT (Correa, S. et al, 2022).
Pocos años antes de la pandemia de COVID-19, algunas de estas coaliciones lograron acceder al poder ejecutivo a través de elecciones, en algunos casos con un amplio respaldo popular. Una vez en el gobierno, impulsaron medidas para restringir el espacio cívico, limitando la libre asociación y reprimiendo protestas populares mediante el uso de la fuerza.
Hasta la actualidad, estas acciones han generado significativos retrocesos en materia de derechos, afectando especialmente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, así como a otras áreas clave como la educación sexual integral y la paridad de género.
En los países donde estas fuerzas han llegado al poder (Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, entre otros), los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) han sido desjerarquizados, eliminados o fusionados, o bien han visto reducidos drásticamente sus presupuestos.
Como consecuencia, muchas de estas instituciones han quedado vacías de contenido, sin recursos ni liderazgo efectivo para garantizar la implementación de políticas públicas de igualdad. En algunos casos, incluso han sido utilizadas para resignificar los derechos de las mujeres y niñas bajo un enfoque tradicionalista, promoviendo estructuras familiares patriarcales que refuerzan desigualdades históricas (Correa, S. et al, 2022, p. 72).
Desde entonces, el contexto político en la mayoría de los países de la región se ha polarizado, profundizando una nueva versión de la dicotomía entre izquierda y derecha, donde los proyectos políticos progresistas y conservadores se enfrentan sin puntos intermedios.
Esta polarización ha radicalizado el panorama político, haciendo inviables las posturas conciliadoras y desincentivando cualquier alternativa de tercera vía.
En este clima de confrontación, la violencia política ha ido en aumento, erosionando democracias que, en muchos casos, ya eran frágiles o inestables. Aunque la institucionalidad democrática es clave para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos — pues sin democracia no hay derechos—, en la última década ha perdido legitimidad ante la ciudadanía.
Según datos del Latinobarómetro (2023, pp. 18-23), un número creciente de personas se muestra indiferente ante el modelo democrático o cualquier otra forma de gobierno, mientras que una proporción cada vez mayor expresa su preferencia por un régimen autoritario sobre uno democrático.
Si bien la desafección democrática atraviesa a todos los sectores sociales, las recientes experiencias de ascenso de coaliciones de derecha populista y fundamentalismos en América Latina —y también en Europa— sugieren que hay un grupo social al que estos proyectos han dirigido un especial interés: los varones jóvenes (Morán Faúndes, J.M., 2023, p.3).
Este sector juega un papel clave en la construcción de los modelos sociales promovidos por estos movimientos. Se trata, en muchos casos, de jóvenes sin anclaje histórico en la política, que buscan forjar su identidad ideológica dentro de una «revolución» que, aunque conservadora, incorpora elementos misóginos, homofóbicos, xenofóbicos e incluso supremacistas. Estos discursos de odio han sido amplificados en la esfera regional y global, con un impacto significativo en las redes sociales, donde han encontrado un espacio de legitimación y expansión.
En una región como América Latina y el Caribe, marcada por una historia trágica de golpes militares, gobiernos autoritarios y la consecuente pérdida de la democracia y los derechos humanos, es fundamental reconocer la importancia de preservar la institucionalidad democrática.
Solo a través de esta institucionalidad es posible garantizar la participación de la ciudadanía en la definición de su destino, brindar oportunidades de desarrollo, fortalecer el progreso social y permitir que cada persona ejerza su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida en un entorno de bienestar y libre de violencias.
DESAFÍOS
A treinta años de la Declaración y la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, los avances en derechos de las mujeres han sido significativos, aunque desiguales. Sin embargo, el panorama actual exige no solo defender lo alcanzado, sino también asumir nuevos desafíos frente a un mundo en constante transformación.
La democracia ha sido clave en la conquista de estos derechos, pero hoy enfrenta el reto de resistir a quienes buscan socavarla desde dentro y, al mismo tiempo, fortalecerse para avanzar hacia una democracia verdaderamente paritaria.
Garantizar la igualdad real requiere transformar las estructuras políticas y económicas, colocando el bienestar, la equidad y la corresponsabilidad en el centro del pacto social. Este es quizá uno de los principales desafíos de nuestro tiempo: transitar hacia sociedades de cuidado que pongan la vida en el centro y permitan construir un futuro más justo y sostenible.
Algunos desafíos específicos de las esferas clave de la Agenda de Beijing. Educación y economía: Es fundamental seguir impulsando la participación de mujeres en áreas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la educación superior y garantizar su acceso a oportunidades laborales en estos sectores estratégicos para el desarrollo económico. La acelerada evolución de la inteligencia artificial y otras tecnologías exige que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones sobre su desarrollo y aplicación, evitando la perpetuación de sesgos de género. Sistema integral de cuidados y economía:
La creación de sistemas integrales de cuidados (SIC) es una demanda central del movimiento feminista, ya que el actual modelo económico invisibiliza y sobrecarga a las mujeres con estas tareas. La redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el sector privado, la comunidad y los hogares es clave para lograr una economía del cuidado con empleos dignos y bien remunerados.
Esto permitirá la inserción y permanencia de más mujeres en el ámbito laboral, el acceso a espacios de toma de decisiones y el cierre de brechas de género. Erradicación de la violencia: En un contexto de creciente violencia gen sexual, la violencia facilitada por las tecnologías y la exposición a embarazos forzados en la infancia y adolescencia.
Para ello, es esencial garantizar su acceso a información y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Educación sexual integral: La educación sexual integral (ESI) debe implementarse en todos los niveles del sistema educativo para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información sobre salud sexual y reproductiva.
Esto no solo contribuye a prevenir el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y los embarazos forzados, sino que también fortalece su autonomía y capacidad de decisión sobre sus cuerpos y proyectos de vida.
