julio 19, 2026

Electoras, votadas y no elegidas en Brasil

Las brasileñas son clave para decidir el próximo gobierno, pero continúan excluidas de los principales espacios de poder político.


En octubre Brasil vivirá una elección presidencial que se perfila como una de las más disputadas de su historia, tras dos comicios que ya dividieron al país, en 2018 y 2022. Lula, cuenta hoy con ventaja en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas tras el más reciente escándalo de corrupción que salpicó al candidato de la familia Bolsonaro. Sin embargo, la campaña aún no está y a pesar de indicadores económicos muy positivos, el presidente Lula sigue enfrentando una baja popularidad. Jair Bolsonaro, el expresidente, está inhabilitado para competir y cumple arresto domiciliario; por lo que designó a su hijo como candidato. En medio de una disputa presidencial protagonizada exclusivamente por hombres, hay un actor político visiblemente ausente: por primera vez en veinte años, ninguna mujer disputará la presidencia.

Las mujeres son consideradas un electorado decisivo en estas elecciones. Conviene recordar que, el mismo día en que Brasil elija a su nuevo presidente, también se renovarán las cámaras de diputados/as estaduales y federales, se elegirán gobernadores/as y dos tercios del Senado.

Como en la mayoría de los países, las mujeres son mayoría en el electorado y, no por casualidad, en una disputa tan reñida sus votos son especialmente codiciados. Brasil, sin embargo, carga con una particularidad bastante vergonzosa: es el segundo peor país de América Latina en materia de representación política de las mujeres.

La importancia del voto femenino quedó especialmente en evidencia en las últimas elecciones presidenciales. En 2022, con la pandemia todavía fresca y el temor a que Bolsonaro continuara en el poder tras haber desalentado el uso y la producción de vacunas, las mujeres votaron mayoritariamente por Lula. Así lo sugieren la mayoría de las encuestas, que apuntan a una lectura pragmática vinculada con la protección de la salud. Lo que ya se sabe, en todo caso, es que las mujeres tienden a votar desde una perspectiva del cuidado, lo que incluye la preocupación por la calidad de la educación y la inflación de los alimentos.

Ahora, sin la pandemia como marco de urgencia y con un gobierno que no ha logrado entusiasmar plenamente a ese electorado, la disputa por el voto femenino vuelve a abrirse. En ambos lados existe una preocupación por conquistar ese voto que se refleja en los esfuerzos para endurecer las penas por feminicidio, una acción apoyada por ambos grupos políticos. Aunque son actos que llaman la atención, es curioso notar que, detrás de esas estrategias persiste una lectura bastante simplista: la de que las mujeres tienen preferencias políticas similares por el solo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, si la disputa por el voto femenino ocupa buena parte del debate, en estas elecciones del 2026 mucho menos se discute, dentro de los grandes partidos, el lugar de las mujeres como representantes. Así quedó en evidencia el 24 de junio, cuando Michelle Bolsonaro, precandidata a algun puesto, publicó un video en el que denunciaba a su hijastro y compañero de partido, Flávio Bolsonaro.

Actualmente, Brasil ocupa el puesto 135 en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los parlamentos: la segunda peor marca entre los países latinoamericanos, superado únicamente por Belice. Solo el 13% de los municipios tiene una alcaldesa; 18% de las diputadas federales son mujeres (la mayoría de ellas blancas y de partidos de derecha) y en casi 20% de las ciudades brasileñas no hay una sola concejala. Treinta años después de la ley de cuotas de género, el porcentaje de mujeres electas sigue siendo escaso y los avances han llegado a paso de tortuga.

En gran medida, esto se debe al sistema electoral brasileño, combinado con prácticas partidarias profundamente masculinizadas, que operan como un filtro y reducen sistemáticamente las posibilidades de las candidatas antes de que el electorado llegue siquiera a ver sus nombres en la urna.

Las cuotas que obligan a los partidos a incluir al menos un 30% de mujeres en las listas existen desde fines de los años noventa. Sin embargo, en un sistema de lista abierta, garantizan solamente la candidatura, no que esta mujer tenga visibilidad. En un sistema como tal, donde cada candidata compite individualmente por hacerse conocer, el acceso al financiamiento resulta determinante. Y los recursos públicos de campaña siguen fluyendo de manera desproporcionada hacia los hombres, sobre todo hacia quienes ya ocupan cargos y controlan las estructuras partidarias.

Pero el problema va más allá. Como aumentar la presencia de mujeres implica necesariamente reducir el espacio de algunos hombres, lo que predomina es la preservación del status quo. A ello se suman las barreras informales. En una investigación reciente, publicada en la revista Electoral Studies y desarrollada junto a Thiago Fonseca y João Victor Guedes Neto, identificamos que, tras los cambios legales destinados a promover candidaturas de mujeres y de personas negras, los partidos incrementaron el número de candidatas, pero principalmente de aquellas con escasas posibilidades de ser electas, garantizando apenas que aportaran más votos a sus respectivas siglas.

Muchas veces, aun cuando existen mujeres dispuestas a competir, aquellas que podrían ser candidatas potencialmente competitivas no llegan a serlo porque el partido no las financia, no las apoya y no las proyecta. Y cuando el electorado no las conoce, simplemente no puede votarlas. A estas barreras se suma, además, la persistente violencia política de género, que en estas elecciones se ha vuelto visible, alejando a muchas mujeres de la disputa electoral.

El resultado es un sistema que necesita el voto de las mujeres, pero que sigue dificultando su acceso al poder. Las reglas que estructuran el juego político en Brasil fueron hechas, históricamente, por hombres y para hombres, y continúan reproduciendo una representación profundamente desigual.

En 2026, mientras Lula y el hijo de Bolsonaro – o quien finalmente dispute la presidencia – compiten por el voto del grupo mayoritario del electorado, las mujeres, que siguen siendo indispensables para decidir quién gobierna, continúan lejos de ocupar, en la misma proporción, los espacios donde se ejerce el poder.


Por Débora Thomé
Fuente: Latinoamérica 21


Investigadora asociada en el LabGen de la Univ. Federal Fluminense - UFF (Brasil) Doctora en Ciencia Política por la UFF. Fue investigadora visitante en la Universidad de Columbia. Co-autora de "Mujeres y Poder" (con Hildete Pereira de Melo, Editora FGV, 2018).

julio 18, 2026

Fútbol, feminismo y burocracia sindical: cuando la igualdad se disfraza para mandar




El debate actual sobre cómo transformar las estructuras oligárquicas mediante la participación de las bases suele pasar por alto una dimensión decisiva: las dinámicas de género. Por lo general, se analiza la burocracia sindical como un problema puramente político o de clase, ignorando cómo el patriarcado cimienta esas jerarquías. Nuestra investigación, publicada recientemente en Gender, Work & Organization, parte de este vacío para destapar una realidad incómoda: las políticas de igualdad, lejos de democratizar las organizaciones, pueden utilizarse como perfectos mecanismos de control para blindar la oligarquía y legitimar sus mecanismos de control organizacional. 

El estudio disecciona un caso concreto en el comercio minorista del Conurbano bonaerense (esa inmensa periferia industrial y urbana de Buenos Aires donde se concentran miles de trabajadoras en supermercados, shoppings y cadenas de retail) con un hallazgo central y perturbador: la creación de un equipo de fútbol femenino oficial no fue la culminación de una lucha feminista, sino una estrategia diseñada para neutralizarla. El caso actualiza lo que Antonio Gramsci definió como “revolución pasiva”, es decir, un mecanismo de restauración política mediante el cual la élite o dirección política copta e institucionaliza parte de las iniciativas autónomas para someterlas bajo su orden. El objetivo es claro: integrar la novedad para disolver su potencial antagonista y asegurar así el orden vigente y reproducirlo en el futuro.

Descubrimos que, mientras las trabajadoras jugaban al fútbol sin apoyo del sindicato –autogestionando el alquiler de las canchas, los calendarios y la logística–, construían algo más que un equipo: generaban un espacio político propio e, inesperadamente, potencialmente antagonista. Aquí, el tercer tiempo emergió como el momento decisivo que, lejos de ser una simple charla post-partido, funcionaba como una red de solidaridad crítica fuera del radar de la estructura sindical. Esto contrastaba con la realidad de sus compañeros varones, quienes históricamente disfrutaron de un ocio financiado y promovido por el gremio, con alquiler de canchas, uso de predios sindicales y organización de torneos intersindicales. Al oficializar la práctica de las mujeres, dándoles camisetas, entrenadores y recursos, la burocracia no las estaba empoderando, muy al contrario, las estaba desactivando. Estaba convirtiendo una amenaza política en una actividad recreativa inofensiva y vigilada. 

El artículo retoma la Ley de Hierro de la Oligarquía de Robert Michels para exponer una conclusión teórica. A día de hoy, la perpetuación de la élite sindical puede sostenerse sobre una articulación indivisible entre dominación de clase y género. La burocracia sindical puede utilizar el patriarcado como pilar material para blindar sus privilegios políticos de clase, en el sentido Weberiano. Por ello, identificar este tipo de procesos no es un mero ejercicio académico, sino una necesidad política; solo desnudando las revoluciones pasivas podremos construir los marcos necesarios para que los sindicatos rompan con dinámicas y relaciones de dominación, recuperando su potencial de lucha como forma organizativa de la clase trabajadora.

La oligarquía patriarcal: anatomía de un poder desigual

Para comprender por qué la organización de un equipo de fútbol femenino puede convertirse en una cuestión crucial en la reproducción de relaciones de género y de clase es necesario diseccionar primero la materialidad del poder sindical en Argentina. El país ofrece un laboratorio privilegiado para este análisis porque combina dos fuerzas aparentemente contradictorias. Por un lado, cuenta con un Modelo Sindical de una fortaleza institucional única en la región: el monopolio de la representación gremial por rama (el unicato), la administración de obras sociales multimillonarias (como centros deportivos y hoteles), y la capacidad de paralizar la economía mediante huelgas o negociar salarios para todo un sector. Por otro lado, esta potencia institucional convive –y a menudo choca– con luchas feministas que, desde el Ni Una Menos y la lucha por el aborto legal, han desbordado las calles y presionado a las instituciones para que éstas se modernicen. Sin embargo, puertas adentro, esa modernización se enfrenta a un muro de contención estructural.

El caso del comercio minorista ilustra genuinamente esta tensión. Hablamos de una de las ramas más grandes y dinámicas de la economía, donde la fuerza de trabajo está fuertemente feminizada. No obstante, nuestra investigación revela que la estructura de mando opera como una pirámide invertida de exclusión. Si bien los sindicatos han incorporado formalmente el cupo femenino del 30 % en sus listas, el poder real no se ha democratizado para toda la plantilla. Al analizar la composición de las secretarías, nos encontramos con una segregación de manual: las mujeres son sistemáticamente relegadas a áreas blandas (e.g., Acción Social, Turismo, Actas), mientras que el núcleo duro de la organización (i.e., las secretarías General, Gremial, de Organización y de Finanzas, allí donde se decide el dinero y la estrategia política) permanece blindado entre un 80 % y 90 % en manos de varones. 

Desde una perspectiva de clase, esta distribución no es accidental ni fruto de simples prejuicios machistas. La burocracia sindical se ha construido históricamente a imagen y semejanza del varón proveedor: un militante de tiempo completo, capaz de asistir a reuniones interminables, participar y organizar en las comidas y cenas del sindicato, congresos lejanos, etc., donde una retaguardia doméstica invisible garantiza la reproducción de sus hogares. Por lo tanto, la Ley de Hierro de la Oligarquía no es neutra, sino que está atravesada por el género. La exclusión de las mujeres de los espacios de decisión real es un requisito material para la estabilidad de los dirigentes: al restringir el acceso a quienes cargan con la doble jornada (trabajo asalariado más cuidados), la dirección reduce drásticamente la competencia política y asegura su propia perpetuación en el poder. 

Pero el filtro no es solo de cómo se organizan los horarios dentro y fuera del centro de trabajo; la forma en la que se reparten las tareas también expresa relaciones de carácter profundamente políticas. Nuestra investigación retoma la idea de que la cúpula sindical actúa como una clase para sí: un estamento diferenciado de la base, con intereses propios y privilegios materiales que busca proteger a toda costa a través de la promoción de una cultura masculina que garantiza su cohesión interna y hegemonía. La lealtad y la confianza política de esta élite no se tejen en las asambleas abiertas, sino en espacios de informalidad excluyente regidos por dinámicas de complicidad masculina. El género funciona como el pegamento de la oligarquía asegurando que el círculo de decisión permanezca estrecho, cerrado y protegido de cualquier competencia externa.

La disputa por el tiempo: autonomía y clase

Frente a este panorama de exclusión sistemática, la organización de los partidos por parte de las trabajadoras funcionó como una herramienta para romper la fragmentación impuesta por la empresa. Es importante aclarar que el caso analizado no era una excepción, sino la expresión local de un fenómeno de autoorganización que comenzaba a extenderse por distintos centros de trabajo del sector. En este contexto, el desafío real no era alquilar una cancha de fútbol –algo sencillo en sí mismo–, sino la compleja tarea de coordinar a las compañeras de trabajo que sufrían no solo la fragmentación dentro de los centros de trabajo, sino también fuera de él. 

Por un lado, las trabajadoras habitualmente separadas por secciones y diferentes turnos, tuvieron que tejer una red de comunicación interna para poder coincidir a la hora de establecer un día y lugar para jugar a fútbol. Esa gestión subterránea para coordinarse implicó, en la práctica, cuestionar la atomización de la plantilla y construir un vínculo horizontal allí donde la empresa solo fomentaban la separación. Además, para poder jugar, las trabajadoras debieron negociar cambios de turno y permisos con encargados y jefes, enfrentando muchas veces resistencias que sus compañeros varones no padecían. Esta experiencia de negociación colectiva funcionó como un punto de inflexión, ya que al perder el miedo a plantear exigencias ante la jerarquía para algo propio, también ganaron seguridad para otros conflictos. El proceso generó tal empoderamiento que, según reconoció el propio representante sindical de la empresa, se evidenció poco después en una participación mucho más activa de las trabajadoras en las asambleas generales. 

Por otro lado, ganar el tiempo en el comercio no bastaba, había que disputarlo también en casa. Aquí se libraba un segundo combate, más silencioso, pero no menos complejo: la lucha contra la asignación patriarcal de los cuidados y el disfrute del ocio. Para estas mujeres, ir a la cancha implicaba romper con el mandato de disponibilidad permanente para el hogar. Los testimonios recogidos dan cuenta de tensiones familiares agudas: parejas que recriminaban el abandono de los hijos, discusiones por llegar tarde a cocinar y la culpa inducida por ejercer el derecho al ocio, especialmente uno que era practicado especialmente por hombres. Poder ir a jugar a fútbol requirió, entonces, desarrollar una ingeniería de cuidados alternativa, es decir, la de tejer redes de apoyo con abuelas, tías o vecinas para cubrir su ausencia durante los partidos. En otros casos, también lograron que fueran los propios hombres los que realizaran las tareas reproductivas. 

En cualquier caso, al conseguir ir a jugar al fútbol, politizaron lo doméstico. Demostraron que su tiempo libre no era un derecho garantizado, sino un territorio que debían arrebatarle, hora a hora, a la estructura de la familia tradicional. A su vez, también evidenciaron que, aún saliendo victoriosas en algunas de estas disputas, la ausencia de una mujer en el hogar seguía cubriéndose con el trabajo de otra. 

Tras librar estas batallas en la empresa y en el hogar por el derecho al ocio, la amenaza real para la dirección patriarcal del sindicato se materializó, paradójicamente, una vez terminados los partidos. Durante el tercer tiempo. Aquí, la interacción informal entre las compañeras emergió como un factor clave en la subversión de las estructuras de poder; espacios de encuentro ganados a pulso, libres de la vigilancia de delegados y dirigentes sindicales. Allí, mientras compartían una cerveza en el borde de la cancha, la conversación derivaba inevitablemente hacia problemas comunes a todas ellas: desde conflictos salariales y abusos por parte de sus jefes, hasta las tensiones familiares o las dificultades que suponía la vida en el conurbano. Lejos de ser un simple momento de relax, el tercer tiempo funcionaba como una asamblea invisible donde se socializaba el malestar, se compartían estrategias de supervivencia y se gestaba una identidad colectiva propia. Sin la institucionalidad que suponía normalmente la acción sindical, ellas mismas habían creado lo que la oligarquía más teme: un espacio de deliberación política no controlado.

La revolución pasiva: inclusión como forma de sumisión

Frente a esta vieja, pero para estas personas nueva, dinámica de autoorganización, la respuesta de la burocracia sindical no fue la censura, sino una operación de manual para su desmovilización, estrategia que Gramsci en su día calificara como “revolución pasiva”. Conscientes de que la represión directa era inviable, incluso contraproducente si tenemos en cuenta el contexto de auge del movimiento feminista (contexto muy disputado en estos momentos por el gobierno de Milei), los dirigentes del sindicato activaron una maniobra para desactivarlas políticamente bajo la apariencia de una acción para el beneficio colectivo. Al organizar un equipo oficial de mujeres, el sindicato no solo aportó recursos materiales para que las mujeres jugaran, sino que capturó el proceso de toma de decisiones. Lo que antes era una construcción colectiva y horizontal, donde las trabajadoras definían sus propias reglas, pasó a ser una actividad reglamentada y administrada verticalmente por el sindicato. Se consumó así una transferencia de poder decisiva: las trabajadoras dejaron de ser organizadoras activas para convertirse en usuarias pasivas de un servicio institucional. 

Esta oficialización no implicó reconocer al grupo existente, sino reconfigurarlo bajo una lógica opuesta, la de la meritocracia deportiva. El sindicato impuso un proceso de selección a cargo de un director técnico, desplazando el criterio participativo (juegan todas) por uno competitivo (juegan las mejores), donde precisamente eran hombres los que poseían el conocimiento específico. La instauración de pruebas y listas de convocadas introdujo jerarquías inmediatas, creando rivalidades allí donde antes había cooperación. Las jugadoras seleccionadas accedieron a permisos para ausentarse del trabajo y viajes para competir, creando una brecha inmediata con quienes quedaron fuera. Pero la división más sutil operó sobre la gestión del tiempo. Aquel ocio que las trabajadoras habían construido a pulso, disputando cada hora contra la empresa y el mandato doméstico, fue reemplazado por la tutela burocrática y, aparentemente, aséptica de los entrenadores de fútbol. Ya no era necesario tejer redes de apoyo ni confrontar con la empresa por los turnos de trabajo, ahora el sindicato administraba los cronogramas y otorgaba las licencias. La capacidad de autoorganización se volvió innecesaria ya que el derecho a jugar dejó de ser una conquista de base para transformarse en una concesión administrada. 

Finalmente, el aparato sindical avanzó sobre el espacio que había probado ser el más subversivo de todos: el tercer tiempo. Al institucionalizarse y hacerse oficial el equipo de fútbol, los espacios de socialización, de protesta y de formación de nuevas solidaridades pasaron a ser cenas formales o eventos institucionales, donde solían contar con la participación de la propia comisión directiva del sindicato, de nuevo, predominantemente masculina. La presencia física de la autoridad sindical en estos espacios inhibió la crítica y reorientó las conversaciones hacia temas inocuos o puramente deportivos: ya no se charlaba sobre los problemas familiares o del barrio, y mucho menos de los laborales. Así, y con cierta elegancia vestida de morado, se consumó la revolución pasiva: el sindicato integró a las mujeres en su foto oficial, pero vació de política su palabra.

Conclusiones

El análisis de este caso nos obliga a reformular la teoría de Robert Michels: la burocracia sindical no es un bloque estático, sino una organización.

patriarcal-oligárquica dinámica, que muta para defenderse y perpetuarse a través de diferentes procesos de resistencia. Lo que observamos es que el acto de organizar partidos de fútbol sin supervisión, así como los lazos solidarios del tercer tiempo, funcionaron como espacios de disenso que, por limitados que parecieran, subvertían el orden establecido, dentro y fuera del trabajo. En este proceso, la doble condición de ser mujer y trabajadora dejó de ser un impedimento para convertirse en la condición estructural de una posible renovación política y sindical. Las trabajadoras demostraron que la autonomía es posible allí donde la estructura solo ve y busca obediencia. 

Sin embargo, la respuesta de la dirección sindical revela la sofisticación de sus mecanismos de defensa. Para neutralizar esta amenaza, la élite desplegó un abanico de tácticas de control que operaron simultáneamente, expandiendo su dominio sobre el tiempo de ocio, desmantelando los espacios informales de participación y, fundamentalmente, dividiendo los intereses colectivos a través de la introducción de relaciones de competencia mediadas por expertos. Al sustituir la lógica participativa por una administración vertical y selectiva, la burocracia logró expropiarles el control real de su actividad y solidaridad emergente. Fue una maniobra de manual de contrainsurgencia, donde se utilizaron estrategias feministas para socavar las redes de solidaridad emergentes mediante la fragmentación y la tutela institucional. 

La lección final es una advertencia para el futuro. Nuestro examen crítico demuestra que las lógicas opresivas son altamente adaptables e inventivas; se remodelan constantemente para mantener la hegemonía ante nuevos desafíos. Esto nos exige una profunda autocrítica y creatividad, apuntando a que las estrategias feministas y socialistas no pueden limitarse a pedir mayor inclusión en las viejas estructuras, ya que corren el riesgo de reforzar las desigualdades que buscan combatir. Al contrario, democratizar sindicatos u otras organizaciones políticas requiere, entonces, abandonar las fórmulas convencionales y atreverse a construir nuevas formas organizativas donde la solidaridad de clase y género no sea una consigna retórica, sino una práctica que subvierta la Ley de Hierro y su gran capacidad de adaptación.

* Este artículo es una síntesis del texto “Gendering the Iron Law of Oligarchy. Or how organizing an official football team became a strategy of passive revolution”, publicado en la revista académica Gender, Work & Organization.

Por Jon Las Heras es Profesor de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsistatea @jonlhc 

Ignacio Messina es Profesor en la Universidad de Zaragoza.

julio 17, 2026

Ciudad de las mujeres: la planificación ignora aspectos cruciales para ciudades equitativas

Foto de David Marcu, vía Unsplash

Al monitorear los resultados de la construcción de una plaza en Porto Alegre, un dato llama la atención: después de los niños y niñas que juegan, son las mujeres que cuidan a la infancia las principales usuarias del espacio. La historia ocurrió en una región vulnerable de la ciudad y evidencia una actividad muchas veces ignorada por la planificación urbana: el cuidado.

El objetivo del monitoreo en el Loteamento Santa Terezinha era verificar el perfil de las personas usuarias y su percepción sobre el espacio y su equipamiento, recientemente mejorados por una serie de organizaciones, así como de las rutas escolares en su entorno. Realizada por WRI Brasil en alianza con la Fundación Grupo Volkswagen, la investigación mostró que los niños y niñas representan el 89% de quienes frecuentan la plaza, y que la cantidad de mujeres adultas que asisten al lugar supera en 4,5 veces a la de los hombres, en su mayoría acompañando a los más pequeños. 

¿Y por qué es esto importante? Porque el cuidado es un aspecto de la vida urbana frecuentemente ignorado. Si bien resulta reduccionista y violento encasillar a las mujeres únicamente en el ámbito doméstico, es cierto que su vida cotidiana en las ciudades se topa con obstáculos que parecen fruto de una planificación que pasa por alto sus necesidades. En promedio, las mujeres dedican más tempo a las actividades de cuidado, una acumulación de tareas que genera sobrecarga y afecta en especial a las mujeres más desasistidas y vulnerables.
La movilidad del cuidado

En Madrid, la investigadora y profesora de planificación urbana Inés Sánchez de Madariaga demostrócómo las actividades de cuidado parecían irrelevantes y fragmentadas en las encuestas de origen y destino. Ir al mercado, a la farmacia, llevar a los hijos e hijas al médico, a la escuela o a la plaza: estas actividades no remuneradas, denominadas "reproductivas", representan el 40% de los motivos de viaje de las mujeres en Madrid, frente a solo el 8% de los de los hombres.




Las investigaciones en movilidad y género demuestran que una gran parte de las mujeres tiende a realizar viajes encadenados: salen de casa, llevan a sus hijos e hijas a la escuela, van al trabajo, pasan por el supermercado y finalmente regresan a casa. A este patrón de desplazamiento, invisible debido a su fragmentación, Madariaga lo denominó "movilidad del cuidado", un concepto que invita a reflexionar sobre cómo la planificación urbana y de movilidad —al privilegiar, por ejemplo, la infraestructura para automóviles o la oferta de autobuses en los horarios de trayecto casa-trabajo— deja al margen a una amplia porción de la población.

Resulta necesario, entonces, pensar las ciudades para las mujeres. Pero ¿para qué mujeres?

Los enfoques interseccionales sobre el tema muestran que las precariedades en la vida cotidiana se agudizan cuando se suman marcadores socioeconómicos como el género y la raza. Un estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano de São Paulo advierte sobre esta situación. A partir de los datos de la encuesta de origen y destino, el organismo mostró cómo los modos de transporte y el comportamiento de viaje varían entre mujeres y hombres, y según el nivel educativo, los ingresos y la presencia de hijos e hijas de 5 a 9 años. Cuanto menores son los ingresos, más se desplazan las mujeres por motivos de educación (llevando a sus hijos e hijas a la escuela) y más caminan o viajan en autobús.
Ciudades que privilegian a los hombres

Planificar las ciudades para las mujeres, en especial para aquellas que residem en zonas periféricas, significa mejorar la calidad del transporte público y de la movilidad activa, así como también de las calles, áreas verdes, parques y plazas. Al fin y al cabo, la movilidad urbana no se refiere únicamente al transporte, sino que está vinculada de manera directa al espacio público y a la experiencia de quienes se desplazan. Esto evidencia que problemáticas como el acoso y la seguridad pública deben tomarse en cuenta, por ejemplo mediante una iluminación pública adecuada, para que el entorno urbano actúe previniendo y frenando las violencias cotidianas a las que están expuestas las mujeres.


Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Datos de la ANTP muestran que las inversiones y otros costos asociados a la infraestructura para automóviles, por ejemplo, superan en más de cinco veces la inversión en transporte público. En São Paulo, datos del Instituto Cordial revelan que el 40% de las aceras no cumplen con el ancho mínimo exigido por ley, una situación que se agrava en las zonas más alejadas del centro. Por regla general, los barrios periféricos también tienen menor acceso a áreas verdes, como parques y plazas, y peores condiciones de alumbrado. En todos estos casos, las mujeres resultan ser las más perjudicadas.

Por ciudades más equitativas y justas

El cuidado es una relación. Al centrarnos en las mujeres, miramos también a quienes ellas cuidan. Planificar la ciudad para las mujeres y el cuidado equivale a planificar para sus dependientes: niños, niñas, personas mayores y otras mujeres que se apoyan en redes comunitarias. Más allá de esto, se trata de una dimensión fundamental para el funcionamiento de las ciudades y de sus propias economías. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería la economía si todo el trabajo reproductivo acumulado por las mujeres fuera remunerado?

La necesaria atención a las cuestiones de género requiere promover la equidad de representación en la planificación y la toma de decisiones en alcaldías y secretarías. Asimismo, exige formular propuestas y soluciones surgidas de debates colectivos que consideren los diversos usos que las personas hacen de la ciudad. Al fin y al cabo, si las ciudades pueden detenerse sin el trabajo de cuidado, esta es una responsabilidad colectiva —del Estado, la sociedad y las familias— y no solo de las mujeres.


Este artículo fue escrito por Andressa Ribeiro, Ariadne Samios e Paula Manoela dos Santos. La traducción fue realizada mediante IA.

Lee la versión original en portugués aquí.


Fuente: ArchDaily

julio 16, 2026

La Relatora de la ONU instó a los Estados a adoptar el modelo abolicionista para erradicar la violencia contra las mujeres en la prostitución



Fuente: ONU


La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, publicó en 2024 una amplia serie de recomendaciones dirigidas a los Estados para abordar la prostitución desde los Derechos Humanos. En el informe Prostitution and violence against women and girls, reclama que las políticas públicas garanticen la igualdad, la dignidad, la libertad, la seguridad y el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia, tortura y tratos degradantes. Asimismo, insta a reconocer la prostitución y sus manifestaciones vinculadas, como la pornografía, como un sistema de explotación y violencia.

Entre las principales medidas propuestas se encuentra la adopción del modelo abolicionista, articulado alrededor de cinco pilares: la despenalización de las mujeres en situación de prostitución, la creación de servicios integrales y alternativas reales para abandonarla, la penalización de la compra de actos sexuales, la persecución de todas las formas de proxenetismo y la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas especialmente a los compradores. Para reducir la demanda, la Relatora plantea aumentar los obstáculos legales a la compra, reforzar su rechazo social e incluso valorar la inclusión de los compradores en registros de delincuentes sexuales.

El documento recuerda e insiste en que la despenalización debe ir acompañada de recursos suficientes. Recomienda garantizar, con independencia de la situación administrativa o migratoria de cada mujer, el acceso a una vivienda segura, atención psicológica especializada en trauma, servicios sanitarios, apoyo a la infancia, educación, formación profesional, generación de ingresos y acompañamiento para abandonar la prostitución. También propone crear un fondo de asistencia y reparación para las víctimas, cancelar los antecedentes derivados de su explotación y facilitar permisos de residencia, vías migratorias seguras y acceso al asilo ante situaciones de persecución por razón de género.

La Relatora reclama, además, una profunda transformación de la respuesta policial y judicial. La persecución del proxenetismo y de la compra de actos sexuales no debería depender de que las víctimas demuestren previamente una situación de trata. Los Estados deben investigar las desapariciones y muertes de mujeres en contextos de prostitución, valorar su clasificación como feminicidios, combatir la corrupción y la impunidad, reducir las barreras para denunciar y garantizar periodos de reflexión y mecanismos efectivos de protección de testigos. Las políticas deberían diseñarse mediante una coordinación interinstitucional que incluya la voz de las organizaciones especializadas y lideradas por supervivientes, asegurándoles una financiación estable y protección frente a ataques y difamaciones.

Las recomendaciones también sitúan la prevención en la educación, los medios de comunicación y el entorno digital. Se propone educar desde la escuela en derechos humanos, igualdad, respeto mutuo y relaciones afectivo-sexuales saludables; ofrecer oportunidades educativas y económicas a las niñas más vulnerables; y promover una cobertura mediática que no estigmatice a las víctimas y coloque la responsabilidad sobre compradores, proxenetas y demás explotadores. Respecto a las plataformas digitales, se insta a responsabilizar a las empresas que obtienen beneficios de la explotación sexual, cerrar páginas que faciliten la trata o anuncien prostitución y desmantelar sus modelos de negocio. 

El informe es muy claro: mientras comprar el cuerpo de una mujer siga considerándose una opción aceptable, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida. Las recomendaciones de la Relatora interpelan directamente a los Estados, pero también al conjunto de la sociedad: proteger a las mujeres y las niñas, exige dejar de legitimar a quienes se benefician de su explotación, garantizar alternativas reales y cuestionar una cultura que permite esta forma de violencia. Abolir la prostitución no significa perseguir a las mujeres, sino situar por fin la responsabilidad sobre quienes compran, explotan y obtienen beneficios de su vulnerabilidad.


Fuente: El Diario Feminista

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in