Defensores de derechos de las mujeres en África coordinan acción contra ofensiva sobre el derecho de familia

Los activistas advierten que los movimientos contrarios a los derechos de las mujeres en África utilizan cada vez más el derecho de familia para cuestionar los derechos de las mujeres a la herencia, la propiedad, el divorcio y la custodia de los hijos.

Mumbi Ngugi, jueza del Tribunal de Apelaciones de Kenia, durante su ponencia durante la Red Africana de Derecho de Familia, celebrada en Nairobi. Imagen: Equality Now

Defensoras de los derechos de las mujeres, jueces y abogados lanzaron una campaña coordinada para reformar las leyes de familia que discriminan a las mujeres y las niñas en África.

Si bien la última década trajo importantes avances jurídicos en algunos países, el progreso también estuvo marcado por el estancamiento y los retrocesos. Cada vez más actores influyentes contrarios a los derechos, que suelen contar con abundantes recursos y estar muy bien coordinados, promueven ideologías conservadoras regresivas que buscan derogar las protecciones legales existentes y obstaculizar las reformas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas.

El derecho de familia regula algunos de los aspectos más importantes de la vida cotidiana, como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y los derechos de propiedad. Aunque las constituciones nacionales y los tratados regionales de derechos humanos garantizan numerosas protecciones para las mujeres y las niñas, esas garantías suelen verse socavadas por leyes discriminatorias, contradicciones entre las normas consuetudinarias y las leyes escritas, y una aplicación deficiente.

Las defensoras de los derechos advierten que el derecho de familia se convirtió en un objetivo clave de campañas coordinadas contrarias a los derechos que promueven interpretaciones restrictivas de la familia, los roles de género y los «valores tradicionales», porque determinar quién tiene derechos dentro de la familia establece las bases para decidir qué derechos son finalmente reconocidos y protegidos en toda la sociedad.

«Entienden que, si controlan la familia, controlan la sociedad», afirmó Irene Mbengue, asesora jurídica principal de la oficina de la relatora especial de la Comisión Africana sobre los Derechos de las Mujeres en África, durante la conferencia inaugural de la Red Africana de Derecho de Familia, celebrada en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de agosto. Mbengue habló en representación de la comisionada Janet Ramatoulie Sallah-Njie.

«Si se define quién forma parte de una familia, quién tiene derechos dentro de ella y quién puede tomar decisiones en la familia, se modifica todo el orden social”, agregó.

Esta disputa se está desarrollando en Uganda, donde las defensoras de los derechos sostienen que las modificaciones propuestas a la legislación matrimonial podrían dejar a muchas mujeres divorciadas con escasos derechos sobre los bienes acumulados durante los años que dedicaron a criar a sus hijos, administrar sus hogares y sostener a sus familias.

Jackie Bless Pinyoloya, coordinadora nacional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (Siha, en inglés) en Uganda, explicó que el proyecto de ley no garantiza una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y obliga a las mujeres a demostrar el valor de su trabajo de cuidado no remunerado para poder reclamar su parte.

«En el momento del divorcio, a una mujer le dicen que solo se va con aquello a lo que contribuyó económicamente… Pero ¿quién tiene en cuenta los años que dedicó a cuidar a su familia?», señaló.

Pinyoloya afirmó que la débil aplicación de las protecciones existentes también dejaba a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Los casos de violencia doméstica suelen resolverse de manera informal por las familias o los líderes comunitarios, en lugar de llegar a los tribunales, mientras que las sanciones leves no logran disuadir a los agresores.

Un estudio regional de Igualdad Ahora de 2024 sobre las leyes de familia en 20 países africanos encontró que esta disputa en torno a los bienes matrimoniales se extiende más allá de Uganda. En países como Kenia, Nigeria y Tanzania, la insistencia de los tribunales en demostrar una contribución económica directa perjudica sistemáticamente a las amas de casa, mientras que los jueces tienen dificultades para asignar un valor económico al trabajo de cuidado no remunerado.

El estudio también determinó que muchos países mantienen leyes desiguales en materia de herencia y propiedad, permiten el matrimonio infantil mediante excepciones legales, no tipifican como delito la violación conyugal y siguen reconociendo normas consuetudinarias y religiosas que discriminan a las mujeres y las niñas.

Rehema Namukose, responsable regional sénior de programas para África subsahariana de Musawah, un movimiento mundial por la igualdad y la justicia en las leyes de familia musulmanas, señaló que expresiones como «valores familiares» suelen plantear interrogantes sobre a quiénes representan esos intereses y quiénes tienen la potestad de definirlos.

«Cuando utilizan estas palabras, también hay que preguntarse cuál es el parámetro para definir qué es una familia. ¿Cómo están definiendo palabras como familia? ¿Valores?», afirmó.

Para las defensoras de los derechos, la disputa no se limita a determinadas leyes, sino que también gira en torno a quién tiene el poder de definir la familia que esas leyes buscan proteger.

«Para los actores contrarios a los derechos, los valores familiares significan que el único tipo de familia que debería existir es una familia nuclear, patriarcal y heteronormativa, formada por un hombre, una mujer y sus hijos», sostuvo Deborah Nyokabi, gerenta asociada de Justicia Económica y Derecho de Familia de Igualdad Ahora, conocida en inglés como Equality Now.

Nyokabi agregó que estos argumentos se utilizan para justificar restricciones a la autonomía reproductiva de las mujeres y a sus derechos al divorcio, la herencia y la propiedad, al tiempo que se excluye a las minorías sexuales del reconocimiento legal.

Las personas que participaron de la conferencia de la Red Africana de Derecho de Familia dejaron en claro que defender los avances legales existentes requerirá una mayor coordinación regional, litigios estratégicos y una labor sostenida de promoción de derechos.

Anna Mutavati, directora regional de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional, habló sobre la necesidad de tomar la iniciativa y establecer la agenda. «No deberíamos estar tratando de ponernos al día ni tampoco deberíamos estar a la defensiva», explicó.

Mutavati instó a las defensoras de los derechos a coordinarse entre los distintos países para hacer frente a movimientos contrarios a los derechos cada vez más organizados y destacó la necesidad de «…seguir impulsando más derechos y ampliándolos, en lugar de limitarnos a proteger lo que ya tenemos», ya que defender los avances legales del pasado ya no es suficiente.

El mayor desafío ahora es garantizar que las protecciones legales lleguen a las mujeres a las que están destinadas, agregó.

Robert Eno, secretario del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, explicó que muchas de las protecciones legales más sólidas de África para las mujeres y los niños todavía no se traducen en la vida cotidiana, ya que las garantías constitucionales y los tratados regionales a menudo no consiguen modificar lo que sucede dentro de las familias.

«Existen importantes reformas consagradas en disposiciones constitucionales, leyes y compromisos regionales», afirmó Eno. «Sin embargo, en muchas comunidades, la distancia entre la ley y la realidad cotidiana sigue siendo considerable”.

Señaló como ejemplo el histórico fallo del Tribunal Africano contra Mali, que rechazó el argumento del Gobierno de que las leyes consuetudinarias o religiosas podían prevalecer sobre sus obligaciones en virtud del Protocolo de Maputo. El fallo confirmó que el matrimonio requiere el consentimiento libre de ambos cónyuges y que la igualdad dentro de la familia no puede separarse de la igualdad ante la ley.

Integrantes de la Red Africana de Derecho de Familia durante su conferencia celebrada en Nairobi, la capital de Kenia. Imagen: Chemtai Kirui / IPS

Sin embargo, las sentencias judiciales por sí solas no podían desmantelar la discriminación arraigada, afirmó ante IPS Mumbi Ngugi, jueza del Tribunal de Apelaciones de Kenia.

«La legislación avanzó considerablemente. La jurisprudencia favorece los derechos de las mujeres y de los niños. El problema es la aplicación», señaló.

Muchas mujeres, particularmente en las comunidades rurales, desconocían que esos derechos existían o no podían afrontar los costos de hacerlos valer, explicó. Agregó que las garantías constitucionales tenían poco significado si las mujeres no podían acceder a los tribunales o ejercer los derechos que ya tenían.

Chikwangu Katana, un anciano de la aldea de la subdivisión de Digirikani, en el condado keniano de Kilifi, afirmó que muchas familias seguían resolviendo sus conflictos mediante sistemas consuetudinarios.

«Las personas tienen que entender por qué las cosas están cambiando. Si no lo entienden, no lo van a aceptar», sostuvo.

Nyokabi señaló que para convertir las protecciones legales en una realidad cotidiana será necesario que los gobiernos y la sociedad civil trabajen con líderes religiosos y tradicionales y, al mismo tiempo, fortalezcan las redes regionales, como la Red Africana de Derecho de Familia, que permite a las defensoras compartir estrategias jurídicas y promover leyes de familia más igualitarias y compatibles con las sociedades africanas.

Uno de estos esfuerzos ya está en marcha a través del Comité de Derecho de Familia de la East African Law Society. Abogados de ocho países están documentando desafíos jurídicos comunes, desde disputas transfronterizas por la custodia de los hijos y adopciones hasta tecnologías de reproducción asistida, mediación y arbitraje, con el objetivo de elaborar recomendaciones para los organismos de reforma legislativa de toda la región.

Patricia Mundia, presidenta del comité, señaló que el proceso también ayudará a los profesionales a desarrollar enfoques comunes frente a cuestiones de derecho de familia que cada vez trascienden más las fronteras nacionales.

Sin embargo, mantener estos esfuerzos requerirá recursos, en un contexto en el que las organizaciones de derechos de las mujeres compiten por fondos de donantes cada vez más escasos.

Rose Buabeng, responsable sénior de programas de financiamiento del Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres, afirmó que el financiamiento destinado a los derechos de las mujeres y al activismo feminista se estaba volviendo cada vez más limitado en medio de una creciente reacción contra estos avances. A

Agregó que el AWDF adaptó sus procesos de financiamiento para responder con mayor rapidez a las necesidades de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Por Chemtal Kirui

Fuente: IPS

¿Por qué yo no hablo la lengua de mi madre?, la pregunta que dio origen a Leche de Silencio

Con esa duda, proveniente de la memoria enraizada en el silencio, la escritora mexicana Socorro Venegas construye una revolución atravesada por la dignidad de una vida en los márgenes, la revaloración de las lenguas originarias, el diálogo colectivo del duelo, la infancia como territorio trágico y el misterio de las maternidades.

Socorro Venegas Sebastian Freire

En el nuevo libro de la escritora, Leche de silencio, (editado por Páginas de espuma), la también editora y profesora universitaria oscila entre la memoria poética, el ensayo y la autobiografía para recuperar un territorio de voces y experiencias atravesados por el dolor, la lucha y la resistencia. Venegas desnuda el lingüisticidio de un país que se cree monolingüe pero en el que todavía conviven 68 lenguas originarias.

“Yo tenía 9 años cuando por primera vez escuché a mi madre hablar en una lengua que no comprendía. Estaban hablando mi madre y mi abuela materna y me parecían tan lejanas, estaban tan altas como si fueran dos pájaros volando sobre mi cabeza y yo no podía alcanzar ese canto ni comprenderlo, ni dilucidar qué es lo que estaba sucediendo y ese momento convirtió mi vida en un antes y un después, porque aunque era solo una niña, ahí me di cuenta de que había algo que me separaba de mi madre y esa experiencia se fue guardando en mí con el tiempo”, cuenta Socorro a Las12.

Esta experiencia de recuperar la lengua materna tiene que ver también con la recuperación del territorio común, ¿no es cierto?

-Sí, era como si hubiera vuelto a conocer a mi madre en su pueblo, un pueblo indígena de México, en el que aparentemente se conquistó el derecho a trabajar la tierra, luego de revolución mexicana con su lema Tierra y Libertad. Se decía: “la tierra es de quien la trabaja” Y quienes la trabajaban eran estos campesinos, personas indígenas como mis abuelos y toda la familia de mi madre, pero trabajaban en unas condiciones en las que no se garantizaba que solo con el trabajo ellos pudieran realmente hacer una vida. Tenían todas las carencias que siguen rodeando a la gente que trabaja la tierra, por eso también siguen siendo tan vulnerables.

Socorro Venegas Sebastian Freire

¿Defender un territorio, en este caso también es defender la lengua, el derecho a aprender la lengua materna?

-Sí, es un libro que puede leerse como una novela, la novela de la vida de mi madre y de la mía también. Quería saber cómo había sido su propia infancia y trabajé con historias que conocía bien, o que creía conocer muy bien, porque esa es la ilusión que tenemos de conocer a nuestros padres a la perfección y resulta que un día nos sentamos, como me ocurrió a mí, a conversar con ella y fuimos volviendo a contarnos, a repasar la vida juntas y fue como volver a conocernos. Entonces ahí supe más de esa niña que con solo 9 años, la misma edad en la que yo descubro que ella habla otra lengua, dejó su pueblo sola, tomó de la mano a una mujer a la que le pide ayuda para que se la lleve de allí. En esta conversación, fui descubriendo que además de la pobreza, del hambre, había otras razones que la empujaron a irse. Imaginen a una niña que tiene que dejar el único mundo que conoce, el único hogar al que pertenece.

¿Y fue cuando tuvo que irse que dejó de hablar su lengua?

-Supo que tenía que abandonar su lengua para no sufrir la discriminación que hay contra los pueblos indígenas en su propio país. Tuvo como que silenciar ese territorio de la lengua al mismo tiempo que se apartaba del territorio del hogar.

También cuenta que se fue porque no tenía qué darles de comer a sus hermanos, como si fuera una responsabilidad suya...

-Ella era la única niña entre varios hermanos varones y parecía corresponder, como todavía hasta nuestros días, que el cuidado de ellos era suyo, como que tenía asignada esa tarea. Ella casi no pudo ir a la escuela porque tenía que cuidar al hermano más chiquito, ayudarle a su mamá en la cocina y con las tareas domésticas por ser mujer. Sus hermanos tenían una libertad que ella no podía gozar. Y luego también, por mucho que tu madre te ame, hay ciertas estructuras patriarcales que en estas sociedades es muy difícil cambiar. Mi abuela materna, por ejemplo, terminó heredando las tierras de su padre que fue revolucionario zapatista en México y cuando hace su testamento, cuando decide qué va a dejarle a sus hijos, los deja más protegidos a ellos que a sus tres hijas, incluyendo a mi madre y mi mamá siempre resintió mucho eso, lo guardó en su corazón.

¿Cómo fue el desarrollo de esa lengua?

-Mi madre supo desde la escuela que si hablaba su lengua, el nahuatl, podía ser castigada, incluso físicamente entonces son lenguas que han ido desapareciendo. Ahora depende de estas subversiones individuales, personales, que se pueda seguir hablando, que se mantenga viva la lengua. Esta revisión vital que hemos hecho juntas para el libro, de alguna manera siento que me ha habilitado para emprender también mi propia revolución, mi propia subversión que es aprender esta lengua y poder tener con mi madre una conversación en nahuatl.

¿Y qué dijo ella cuando le contaste que estabas escribiendo sobre ella?

-Lo supo desde el principio porque le pedí que conversáramos. Aunque yo había escuchado muchas veces esta historia, quería que me la contara ella, quería ser la interlocutora en la que confiara. Ella supo siempre que esas conversaciones eran grabadas para este libro. También le dije que iba a escribir y que si había algo con lo que no se sentía cómoda, me lo dijera y lo sacábamos. Siempre he pensado que un libro no tiene que pasar por encima del corazón de nadie, y en este caso era mi madre. La gran fortuna fue que ella no quiso retirar nada aun cuando su historia fue muy fuerte, viviendo en contra de una sociedad racista, machista, clasista, con una valentía, una fuerza y un apego a la vida tremendos. Al contrario, ella cree que es un libro para ser leído porque sabe que las violencias siguen lastimando a las mujeres y que hay una vulnerabilidad especial entre las que quieren, con todo el derecho, hablar en su lengua, mantener una forma de pensar, de encontrarse en el mundo, que nos enriquece a todas y a todos.

¿Vos también sufriste esa discriminación?

-Sí, yo recibí también discriminación ya en un momento en el que por supuesto no había castigos físicos en la escuela, pero tenía 12 o 13 años -lo cuento en el libro- cuando mi profesora quiso en una clase que le diéramos un ejemplo de qué era ser bilingüe. Y entonces yo levanté la mano y le dije, “Mi madre es bilingüe porque habla español y habla nahuatl”. Y entonces un niño allí en la clase gritó, “Tu mamá no es bilingüe. Tu mamá es una india.” Lo dijo con toda la carga racista y despectiva que podía haber en esas palabras, porque se sintió autorizado por todo un país, por toda una sociedad que mira de esa manera a los indígenas, como si fuéramos personas de otra clase, por supuesto inferiores, y que solo puede haber bilingüismo si se consideran las lenguas hegemónicas.

¿Cómo fue recibida la idea de escribir este libro en la editorial?

-Tuve una conversación con mi editor, Juan Casamayor de Páginas Espuma y le conté un poco sobre lo que quería escribir, un ensayo sobre el lingüisticidio, sobre cómo se mata las lenguas indígenas, pero también quería escribir sobre esa experiencia desde la propia vida de mi madre y mostrar qué pasa en la vida de una persona, de alguien sobre la que parece que no hay nada que contar y el editor se entusiasmó mucho con la idea. La verdad es que he tenido mucha suerte de que abrazara este proyecto con tanto cariño y tanta generosidad.

Es recuperar tu identidad

-Sí, escribí este libro para que la gente sepa quién soy, de dónde vengo. Ha sido como un trabajo de arqueología, de buscar en mis orígenes, en mis madres, lo digo en plural, tan lejos como pude mirar. Mi abuela trabajó en el campo, lavó ropa en el río para ella, para sus hijos, para alimentarlos. Cuando mi abuelo desapareció en este país donde ahora sufrimos el flagelo de las desapariciones forzadas, fue uno de los primeros desaparecidos. Y sobre eso también me pregunto, ¿cómo se puede borrar así a una persona?, ¿Cómo se puede borrar también una lengua? ¿Cómo se puede querer borrar toda una cultura, una cosmovisión?

Además de escribir, das clases en la Universidad de México reivindicando la literatura de los pueblos originarios

-Sí, sobre todo como editora he buscado mostrar que México no es un país monolingüe, porque en todos los espacios públicos y privados a veces funcionamos como si lo fuéramos, pero es un país en el que se hablan 68 lenguas originarias y publicamos en una sola. Me parece muy importante que procuremos la edición bilingüe y algo que me parece esencial y que hemos ido incorporando en los libros que publicamos en la universidad es que se puedan escuchar en las voces de sus autores y autoras por eso ponemos un código QR para que los lectores y las lectoras puedan escanearlo y puedan escucharlos en las voces de sus autores y autoras. Lo hemos hecho en una colección de poesía y aparecen estas lenguas que han sobrevivido gracias justamente a la transmisión oral, que vienen de muy lejos y han subsistido porque se siguen hablando, porque hay esfuerzos heroicos de personas que han resistido a la eliminación y han mantenido viva su lengua trasladándola a sus hijos. Mi madre estaba muy sola con eso, como muchas personas, y para proteger a sus hijos de la discriminación tuvo que ocultar esa lengua. Pero ahora estamos yendo en la dirección opuesta hablando de lo que significó ese borramiento, esa renuncia a la lengua y al mismo tiempo con decisiones individuales para recuperarla.

¿Recuperarlas desde ediciones nuevas?

-Me parece muy importante que estos esfuerzos no sean condescendientes. Durante mucho tiempo me ha parecido que cuando se hacen estas ediciones destinadas a difundir la literatura en lenguas indígenas, muchas veces son descuidadas, y yo he querido pensar que podemos ir en la dirección contraria, cuidar más esos libros, que sean bellos y que sean dignos precisamente porque nos trasladan a un tesoro lingüístico vivo que es nuestro patrimonio. Entonces en mis clases he procurado hacer visibles otras ausencias. Dirijo la colección Vindictas, donde estamos recuperando escritoras latinoamericanas del siglo XX que fueron marginalizadas, que quedaron fuera del canon a pesar de la gran calidad literaria de su obra y preguntarles a mis estudiantes si de verdad habremos leído ya lo mejor de la literatura latinoamericana cuando se invisibilizó a la mitad de la humanidad.

¿Qué otros mensajes te gustaría que llegaran con tu libro?

-Yo no quería que fuera una denuncia, ni un discurso para decirle a nadie lo que tenía que pensar. Quería mostrar nuestra historia y que se fuera adentrando en el imaginario de las lectoras y de los lectores para pensar que podemos acompañarnos y comprendernos en una historia como esta que podría ser mucho más cercana de lo que pensamos porque no necesariamente tenemos que tener en común una lengua indígena o una lengua distinta, a veces es reflexión puede centrarse en ese idioma, en esos códigos familiares, en esas conversaciones que no hemos tenido con nuestros padres. Un libro como este pone de relieve que las preguntas pueden ser interesantes y fructíferas y lo mucho que podemos aprender si tratamos de recuperar el léxico familiar del que hablaba Natalia Ginzburg, por ejemplo, el tejido inestable entre la ficción y la memoria.

Por Ines Hayes

Fuente: Las/12

Denuncian “plan regional” para “limitar el espacio cívico” de organizaciones feministas en América Latina y el Caribe

 

Viviana Krsticevic, Catalina Martínez, Ana Piquer y Laura Malajovich, el 18 de agosto, en la VI Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.Foto: Rodrigo Viera Amaral

Esta semana Montevideo fue sede de la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, un encuentro en el que autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil de distintos países de la región convergieron para dialogar sobre los efectos del cambio demográfico con el foco puesto en derechos sexuales y reproductivos, envejecimiento, migración e igualdad de género, entre otros temas asociados. La reunión –organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– también sirvió como plataforma para analizar avances, retos, buenas prácticas y prioridades en la implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante de la región en materia de población y desarrollo, firmado en 2013 en la capital uruguaya.

Como pasa en cada edición de la conferencia, además de las actividades oficiales hay una serie de “eventos paralelos” llevados adelante por organizaciones civiles. En esta ocasión, uno de esos eventos fue Causa abierta, un “espacio de reflexión, discusión y deliberación técnico-política que tiene como objetivo colaborar para que las medidas acordadas por los gobiernos en el Consenso de Montevideo se cumplan”, según describieron en sus redes sociales Cotidiano Mujer y la Articulación Feminista Marcosur (AFM), que coordinaron la actividad realizada el martes en una sala desbordada del hotel Radisson.

Allí, activistas de Perú, Paraguay y El Salvador expusieron patrones que prueban la existencia de un “plan regional” que tiene como objetivo “recortar y cerrar el espacio cívico” en el que actúan las organizaciones feministas y de mujeres. Las exposiciones se apoyaron en el estudio Limitando la acción de las organizaciones feministas y de mujeres. Normas restrictivas y cierre del espacio cívico en América Latina, realizado por la AFM en 2025. El informe identificó restricciones legales, financieras y políticas que impactan en el funcionamiento, la autonomía y la participación de las organizaciones en esos tres países y también en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. A su vez, detectó patrones comunes: cargas “desproporcionadas y arbitrarias”; uso del poder punitivo del Estado; ambigüedad conceptual en las normas aprobadas; falta de garantías y debido proceso; y pérdida de la confianza y el riesgo para la sostenibilidad de las organizaciones.

Durante la apertura del evento, Lucy Garrido, integrante de Cotidiano Mujer y de la AFM, dijo que la idea de hacer el estudio surgió después de que activistas paraguayas alertaron que “no podían decir ‘género’ en ninguna parte”. A partir de eso, decidieron investigar “qué estaba pasando y por qué se parecían tanto estas leyes, estas prohibiciones, y por qué en todas partes estaban levantando quejas tremendas de que el espacio cívico estaba cada vez más chico”, explicó. Los casos fueron presentados por Myrian González, del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay; Liz Meléndez, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; e Ivonne Polanco de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto Legal y las Maternidades Elegidas, de El Salvador.

Después de las exposiciones, aportaron sus análisis y comentarios cuatro expertas convocadas: Viviana Krsticevic (directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil), Ana Piquer (directora de Amnistía Internacional para las Américas), Catalina Martínez (vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos) y Laura Malajovich (encargada de presupuesto y responsabilidad social de Fos Feminista).

Paraguay: un “laboratorio” antigénero

González aseguró que Paraguay es “un laboratorio” donde se “gestan” las ideas antigénero y se detuvo específicamente en la legislación que busca “amedrentar” a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. En concreto, mencionó la llamada “Ley de control, transparencia y revisión de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, aprobada en 2024, que “multiplica todos los requisitos legales que una organización debe cumplir para poder accionar” y exige estar en un registro, a través de un proceso que calificó de “bastante engorroso” y “burocrático”. A su vez, dijo que la norma “pone en grave peligro la cooperación internacional”, en tanto “exige que las organizaciones cooperantes estén inscritas y cumplan los mismos requisitos que impone esta ley”. “En Paraguay le llamamos ‘ley garrote’ porque su objetivo es solamente darnos palo para amedrentarnos, amenazarnos y lograr que una gran cantidad de organizaciones sociales no pueda continuar trabajando en fortalecer la participación ciudadana, que es a fin de cuentas lo que nos permite luchar y demandar al Estado”, apuntó.

La referente dijo que la ley “alcanza a todas las organizaciones sin fines de lucro que participan, inciden o intentan incidir en políticas públicas que están a cargo del Estado central, nacional o local”, lo que supone que el gobierno tiene una “herramienta legal” para “utilizar de manera selectiva con aquellas organizaciones que molestamos”.

González recordó que una de las prioridades recogidas por el Consenso de Montevideo que firmó el Estado paraguayo tiene que ver con “cumplir con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación de las políticas, en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel”. Esto es difícil de cumplir cuando “todos los mecanismos y los compromisos a los cuales el Estado paraguayo se comprometió tienen la perspectiva de género y es justamente lo que ellos, en diferentes instituciones, están recortando”.

Meléndez puso el foco en los efectos que tuvo en Perú la llamada “Ley APCI”, aprobada en abril de 2025, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y da lugar a que esta entidad “pase de ser un espacio de coordinación y rendición de cuentas a uno de control y hostigamiento”. La directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán explicó que la norma obliga a las organizaciones que van a gestionar cooperación internacional a “inscribirse en los registros, mantener una información institucional y programática permanente”, e “incorpora la conformidad previa, que en realidad es un control político de los proyectos”, porque implica que “puedes ejecutar el dinero de la cooperación siempre y cuando el proyecto sea aprobado por el gobierno”.

“Es una ley que ha buscado generar una serie de inhibiciones y de temor en la sociedad civil, con multas que llegan a cerca de 81.000 dólares y que serían impagables para la gran mayoría de organizaciones”, enfatizó. Dijo que además “permite cancelar la inscripción de una organización, situación que vulnera profundamente el derecho a la asociación y a la libre expresión”. La activista también denunció que “prohíbe concretamente el litigio contra el Estado de parte de las organizaciones”, ya que establece la prohibición de “usar recursos para asesorar, asistir, financiar acciones administrativas o judiciales o de otra naturaleza contra el Estado peruano”.

Por otra parte, manifestó preocupación por “el tejido asociativo”. “El movimiento feminista se construye con organizaciones diversas, muchas de ellas sin una estructura administrativa y cuyos pequeños financiamientos podíamos administrar y solventar. Hoy no podemos hacerlo, porque tendrían que estar inscritas en este registro. La obligatoriedad del registro de quienes reciben directa o indirectamente cooperación internacional se constituye en una forma autoritaria de restringir y de acabar con el movimiento social”, advirtió Meléndez.

Pese al escenario adverso, la directora destacó algunos hechos recientes que generan “esperanza”, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en marzo de este año, responsabilizó al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos en 1997 durante la dictadura de Alberto Fujimori.

El Salvador: restricción, criminalización y el estado de excepción

Polanco, de La Movimienta, afirmó que desde la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, en 2019, El Salvador ha experimentado “un proceso de concentración de poder que ha destruido y eliminado los contrapesos y ha restringido también las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en las diferentes instancias”. De hecho, es en este contexto que su organización, antes conocida como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, anunció su disolución legal en marzo de este año y se refundó ya no como colectivo nacional sino regional.Apoyá nuestro periodismo. Suscribite por $255/mes

La activista dijo que la situación se complejizó en 2022, cuando Bukele instauró el régimen de excepción, “con reformas, leyes y políticas que acortaron la libertad de reunión y prohibieron el derecho a la defensa”, y luego en 2025, con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone distintas restricciones a las organizaciones sociales, crea un registro obligatorio e impone multas exorbitantes por incumplimientos. También aportó datos que ilustran el escenario: dijo que entre 2020 y 2025 se registraron 2.041 agresiones a defensoras -según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos- y que, al 31 de julio, la Asamblea Feminista registró 44 muertes violentas de mujeres, a lo que se suman tres muertes maternas.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, aseguró que “ha persistido la criminalización a mujeres por emergencias obstétricas” y que, de 2022 a 2025, su organización ha acompañado cinco casos: “De esas cinco [mujeres], tres han sido condenadas a entre 30 y 50 años [de cárcel], y les ponen medidas del régimen de excepción: las compañeras abogadas no las han podido ver cuando han estado dentro de la cárcel y no han podido ver sus expedientes”. Dijo, además, que cerraron 55 centros de salud comunitarios que brindaban atención en salud sexual y reproductiva.

En este contexto, afirmó que “organizaciones, sindicatos, diferentes espacios organizativos a nivel ambiental temen a veces pronunciarse ante el Estado o realizar acciones públicas por temor a ser detenidos por el régimen” y que “al menos una decena de organizaciones” dejó de funcionar en 2025 a raíz de la Ley de Agentes Extranjeros.

En este panorama oscuro, Polanco destacó dos sentencias de la Corte IDH contra el Estado salvadoreño: una de 2021, por el “caso Manuela”, la mujer que sufrió un aborto espontáneo en 2008 y fue condenada por eso a 30 años de cárcel; y otra de 2024 por el “caso Beatriz”, que en 2013 fue forzada a continuar con un embarazo inviable que puso en riesgo su vida. Para la referente, esto refleja que “las luchas han continuado a pesar de los contextos”.

Los comentarios del Comité de Expertas

La primera experta en intervenir fue Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, que reafirmó que “se están dando patrones” de “violencia letal, discriminación y violencia a través de redes, procesos de estigmatización, de criminalización y a su vez de impunidad, como el abuso de herramientas legítimas del Estado para perseguir y habilitar distintos tipos de exclusión, de lenguaje habilitador de la violencia, de amenazas”. La abogada dijo que las leyes descritas por las activistas en cada uno de los países “no solo vulneran muchos de los compromisos que se han asumido en el Consenso de Montevideo”, sino que “expresan violaciones a derechos protegidos en tratados internacionales”. En particular, señaló que el “quiebre del derecho de asociación” vulnera “en cascada” una “serie de derechos adicionales”, como “el derecho a defender derechos, que ha sido reconocido autónomamente por la Corte IDH, el derecho a la participación y el derecho a la igualdad”.

En ese sentido, recordó que, “a nivel interno, en los estados hay muchos actores que tienen un papel fundamental en el control de los derechos” y en el monitoreo para que se cumplan las obligaciones internacionales, como defensorías del pueblo, instituciones de derechos humanos, fiscalías, defensorías, altas cortes o procuradurías. En paralelo, apeló a “usar los distintos mecanismos que hay a nivel internacional de los distintos comités, de la Comisión y la Corte IDH, de las relatoras y relatores de Naciones Unidas”, para denunciar la situación.

Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, analizó el caso de El Salvador, aunque aclaró que los comentarios “se aplican a los otros casos porque se están repitiendo patrones en estos tres países y en otros de la región”. “No es casualidad que estos gobiernos que están tratando de minar nuestras instituciones democráticas, que buscan la reelección indefinida, el estado de excepción, la concentración del poder, el debilitamiento de la independencia judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas y que están pasando estas leyes para cerrar el espacio cívico son también aquellos que tienen unas agendas antiderechos”, advirtió.

Sobre el país centroamericano, en particular, dijo que el Estado vulnera varios de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo como “la protección del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la participación plena de la sociedad civil, el acceso efectivo a la Justicia, el acceso universal a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y la igualdad y la no discriminación”.

Martínez nombró a Uruguay, México y Brasil como los pocos países “defensores de los derechos sexuales y reproductivos y de las instituciones” que quedan en la región, y llamó a “seguir trabajando” con ellos, porque “los retrocesos de un país no pueden ser tratados únicamente como problemas domésticos nacionales”, sino que “implican una responsabilidad colectiva de seguimiento”.

Piquer, de Amnistía, contó que su organización documentó patrones en la aprobación e implementación de “leyes anti ONG” en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela en el informe Rompiendo el tejido social (2026), sin saber que la AFM estaba haciendo un estudio que detectó lo mismo. La experta dijo que uno de los hallazgos de la investigación fue que en todos esos países hubo “un proceso de estigmatización previo a la aprobación de las leyes” y “una falta de justificación con evidencias de por qué la ley es necesaria”. Al mismo tiempo, en todos los casos existieron “requisitos de registro extremadamente difíciles de cumplir” y “sanciones exorbitantes que arriesgan la existencia misma de las organizaciones y en algunos casos incluso la criminalización”.

Según señaló, esto tiene como efecto “el miedo, la autocensura, a veces el retraimiento forzado, la erosión de la capacidad operativa [...], la ruptura de vínculos comunitarios, la disminución de la confianza social, los impactos emocionales para quienes participan en esas organizaciones, un desgaste muy profundo, una descomposición social y, en definitiva, un debilitamiento de la resiliencia democrática”. “En el centro está una restricción no permisible a la libertad de asociación y que se hace con un objetivo muy claro de acallar a las organizaciones que molestan”, agregó.

Por otro lado, puntualizó que “lo autoritario y lo patriarcal van de la mano muchas veces y eso es algo que se ve muy claramente acá”, y alertó que esto además tiene un impacto en los derechos de las mujeres, “no solo en lo político, porque las organizaciones feministas muchas veces no están solamente promoviendo estándares, fiscalizando al Estado, documentando violaciones de derechos humanos, litigando; también están prestando servicios concretos a mujeres que de otra forma no acceden porque el Estado no los presta, y eso también está en juego”.

Finalmente, Malajovich, de Fos Feminista, destacó algunos puntos en común de los tres casos presentados: que la aprobación de las leyes fue “sin deliberación democrática”; que “se usa el lenguaje ambiguo como puerta a la discrecionalidad”; que se prohíbe el litigio estratégico contra el Estado, que es “una herramienta esencial de la democracia”; que se inscriben en “una agenda antiderechos explícita”; y que implican “el cierre acumulativo más allá de la prohibición expresa”, en tanto “el objetivo no era solo prohibir sino desgastar” a las organizaciones.

Los tres casos “confirmaron” que se trata de “una estrategia deliberada para agotar, aislar y silenciar a quienes sostienen las agendas de igualdad, autonomía y derechos sexuales y reproductivos”, detalló la referente, y agregó que, “en este escenario, nuestras redes regionales son ante todo espacios de protección, de articulación y de diálogo generando una comunidad de pertenencia. Tenemos la responsabilidad y hasta el mandato de mantener esta agenda viva y generar estos espacios de encuentro estratégico colectivo”.

Fuente: La Diaria.es

Las imágenes en Internet amplifican los sesgos de género

Cada vez dedicamos menos tiempo a leer y más tiempo a mirar imágenes. Buscamos información en Google, navegamos por Instagram, TikTok o Wikipedia y, casi sin darnos cuenta, construimos nuestra visión del mundo a partir de las imágenes que vemos.

En apenas dos décadas, Internet ha pasado de contener miles a tener miles de millones de imágenes. Hoy las fotografías y los vídeos dominan nuestra experiencia digital y son procesados por nuestro cerebro de forma más rápida, emocional y memorable que el lenguaje escrito.

Primeras imágenes que aparecen al buscar «engineer» en Google (5 agosto 2026).

Imaginemos que una niña de diez años busca en Internet «ingeniería», «investigación» o «ciencia». Antes incluso de leer una sola línea de texto, habrá visto decenas de fotografías. Esas imágenes no solo ilustran la profesión: también le transmiten, de forma casi imperceptible, quién parece pertenecer a ella.

Pero ¿qué ocurre si esas imágenes presentan una realidad sesgada? En el artículo «Online images amplify gender bias», publicado en la revista Nature, un grupo de investigadores e investigadoras se pregunta si las imágenes transmiten más sesgos de género que las palabras.

Para responder esta pregunta, analizaron más de un millón de imágenes procedentes de Google, Wikipedia e IMDb, junto con miles de millones de palabras extraídas de esas mismas plataformas. También estudiaron 3495 categorías sociales, incluyendo profesiones como medicina, ingeniería, enfermería o carpintería.

Los resultados mostraron un patrón muy consistente. Las imágenes no se limitan a reflejar los estereotipos de género existentes, sino que los amplifican mucho más que los textos.

Un sesgo mayor en las imágenes

El trabajo demuestra que, aunque tanto las imágenes como los textos muestran asociaciones de género similares, las imágenes presentan esos estereotipos de manera mucho más extrema. Por ejemplo, profesiones tradicionalmente asociadas con mujeres, como enfermería o peluquería, aparecían representadas con una proporción mucho mayor de mujeres en las imágenes que en los textos. Lo mismo sucedía con profesiones tradicionalmente asociadas a los hombres, como fontanería o ingeniería.

En otras palabras, si un texto ya sugiere que una profesión es «más masculina” o «más femenina”, la imagen correspondiente suele exagerar todavía más esa percepción.

Las mujeres aparecen menos de lo que deberían

El estudio también encontró un problema adicional: las mujeres están infrarrepresentadas en las imágenes de Internet. Las imágenes no solo reflejan la realidad de forma imperfecta, sino que tienden a presentar una versión todavía más desigual que los textos.

Cuando las investigadoras y los investigadores compararon los resultados con datos reales del mercado laboral estadounidense y con encuestas de opinión pública, observaron que mientras que los textos se aproximan más a la realidad observada, las imágenes muestran una presencia masculina significativamente mayor. La infrarrepresentación femenina en las imágenes respecto a la realidad es cuatro veces mayor en las imágenes que en el texto. Incluso en aquellas profesiones en las que la realidad laboral es más equilibrada, las fotografías siguen mostrando muchos más hombres.

¿Influyen realmente en nuestra forma de pensar?

Para comprobar si el mayor sesgo observado en las imágenes respecto al texto tiene consecuencias psicológicas, se realizó un experimento con más de 400 personas. Cada persona debía buscar información sobre distintas profesiones utilizando Google. Un grupo de esas personas solo podía consultar imágenes, mientras que otro grupo debía leer descripciones textuales de esas mismas profesiones. Tras la búsqueda, todos respondieron a la pregunta sobre qué género asociaban con cada ocupación.

Aunque se trata de un experimento realizado en una única sesión, los resultados indican que incluso una exposición breve a imágenes sesgadas puede modificar las asociaciones de género de los participantes.

Quienes habían visto imágenes mostraban estereotipos de género significativamente más fuertes que quienes habían leído textos. Por ejemplo, la profesión de modelo fue considerada mayoritariamente femenina por ambos grupos, pero esa percepción casi se duplicó entre quienes habían visto fotografías. Es decir, la mera exposición a imágenes sesgadas modificó la percepción de los participantes sobre quién «pertenece” a determinadas profesiones.

Una posible explicación del resultado anterior es que los textos pueden describir una profesión sin mencionar el género. Una frase como «el hospital realizó la operación” puede escribirse de forma neutra o incluso evitar cualquier referencia al sexo de la persona que realizó la intervención. Las imágenes funcionan de otra manera. En una fotografía, el género suele percibirse inmediatamente mediante rasgos físicos, ropa o peinado. La información demográfica es mucho más visible y, por tanto, mucho más difícil de ignorar.

Un reto para la inteligencia artificial

Los resultados del trabajo adquieren todavía más importancia en la era de la inteligencia artificial generativa. Muchos sistemas capaces de crear imágenes a partir de texto se entrenan utilizando enormes colecciones de imágenes disponibles en Internet. Si esas bases de datos contienen sesgos de género, la inteligencia artificial puede incorporarlos y reproducirlos automáticamente.

Así, cuando un usuario solicita una imagen de una profesión, el sistema puede tender a generar representaciones estereotipadas porque es precisamente lo que ha aprendido del contenido existente en la web. El problema, por tanto, no se deriva únicamente de la inteligencia artificial, sino de los datos con los que se alimenta.

Conclusión

La psicología lleva décadas mostrando que las imágenes se recuerdan mejor que las palabras y producen un mayor impacto emocional. Es famosa la frase “una imagen vale más que mil palabras” (atribuida generalmente a Fred R. Barnard), que influyó significativamente en el uso de las imágenes en publicidad. Por eso su capacidad para reforzar asociaciones y estereotipos resulta especialmente potente.

Las imágenes no son un simple reflejo de la realidad, sino que contribuyen a construirla. Cada fotografía que aparece en un buscador, una red social o una campaña publicitaria transmite información sobre quién ocupa determinados espacios sociales. Cuando millones de personas consumen diariamente esas representaciones, los estereotipos se refuerzan de forma silenciosa.

En un mundo cada vez más visual, las imágenes que encontramos en Internet no solo muestran cómo es la sociedad: también influyen en cómo imaginamos quién pertenece a cada profesión o espacio social. Diseñar plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial que representen mejor la diversidad no es solo un reto tecnológico. Es también una forma de evitar que los estereotipos del presente se conviertan en los del futuro.

Referencia

Guilbeault, Douglas; Solène Delecourt; Tasker Hull; Bhargav S. Desikan; Mark Chu; and Ethan Nadler (2024). “Online images amplify gender bias”. Nature 626 (8001), 1049-1055

Sobre el autor

Por David Pérez Castrillo es doctor en Economía y profesor emérito de la Barcelona School of Economics.

Fuente: Mujeres con Ciencia