abril 25, 2024

Alejandra Luneke, académica y especialista en urbanismo e inseguridad: “Las mujeres hacen verdaderas planificaciones para salir. Eso atenta contra el bienestar subjetivo, y restringe el tiempo de ocio y diversión”

s
Foto: Instituto Milenio VioDemos.

Cuando Alejandra Luneke, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Urbano comienza un nuevo semestre académico, les plantea una pregunta a sus alumnos y alumnas: ¿Cómo viven la ciudad? El resultado siempre es el mismo: los hombres salen de noche, sin miedo y casi sin analizar ningún eventual riesgo. Las mujeres, en cambio, cuentan que realizan una serie de prácticas para prevenir desde delitos hasta posibles situaciones de acoso.

“Lo que más cuentan las estudiantes es que se mandan la ubicación en tiempo real, se mueven en grupo cuando toman Uber y se escriben avísame cuando llegues. Con las amigas, ellas generan verdaderos sistemas de cuidado. Los compañeros quedan así plop, y les dicen: mentira que haces todo eso para salir de tu casa”, relata la académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES) y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC - UdeC.

Eso, que Alejandra lleva haciendo por más de siete años en su curso de Género, Violencias y Ciudad, no se trata de un mero ejercicio situacional, sino que da cuenta de cómo las diferencias de género influyen en la experiencia urbana y en la movilidad pública. De acuerdo a datos de Ipsos, publicados en abril, 6 de cada 10 mujeres en Chile han dejado de salir, viajar o conducir solas por la inseguridad en el país.

Así, un 90% se siente siempre o casi siempre insegura cuando camina de noche, 78% insegura cuando toma transporte público, y un 77% insegura cuando va hacia el trabajo y/o lugar de estudio. Como consecuencia, un 41% ha dejado de usar ropa que -según el sondeo- podría ser considerada como “provocativa”, un 39% sostiene que evita tomar transportes por aplicación a causa del miedo a viajar con un desconocido y un 26% indica el uso de aparatos de defensa personal, como el spray pimienta.

“Esta encuesta viene a confirmar datos a nivel internacional donde las mujeres reportan más temor frente al delito que los hombres”, dice Luneke y agrega: “Aunque los índices de delitos o criminalidad objetiva en nuestro país son comparativamente más bajos que los de otros lugares como Brasil o México, se ha visto en las investigaciones que las chilenas reportan mayor temor que sus pares en dichas zonas”.

- La encuesta Ipsos muestra un aumento en casi todos los indicadores de sensación de inseguridad pública respecto a 2020. Eso considerando también las medidas que las mujeres toman para poder evitarla. ¿Qué explica el incremento de las cifras?

- Dentro de los factores que explican el temor al delito y la percepción de sentirse insegura en la calle, hay algunos individuales y otros de carácter social que tienen que ver con la confianza en los otros y las instituciones. ¿Me siento protegida por el Estado en materia de seguridad? ¿Conozco a mis vecinos? ¿Confío en ellos? En Chile, esos niveles de cohesión social han ido decreciendo. Además, hay variables del entorno: la calidad del equipamiento, la falta de iluminación, el deterioro urbano. Todo eso incide en la percepción de inseguridad, sumado al consumo de noticias de carácter policial. Si bien siempre Chile ha reportado esta brecha entre la dimensión objetiva y subjetiva de la criminalidad, hoy ésta es más alta, y en las mujeres es mayor. Y ahí la existencia de la noticia con el concepto de la ‘crisis de seguridad’ o ‘crimen organizado’ suma otra capa, aunque no es el único factor que explica este sentimiento.

- Que 6 de cada 10 mujeres en Chile haya dejado de salir no es una cifra menor. ¿Cómo ellas están viviendo y transitando por la ciudad hoy?

- Los estudios de movilidad en general muestran que las mujeres tienden a moverse menos que sus pares masculinos en la ciudad, en tiempo y espacio. Es decir, sus trayectos son más cortos en distancias físicas y pasan menos horas en lo público. Eso tiene que ver con las brechas de género.

La inseguridad golpea o moldea esas prácticas. O sea, se ha visto que en condominios de vivienda social, por ejemplo, las mujeres arreglan las escaleras de los edificios para que los niños jueguen porque no quieren que ellos salgan al espacio público. Se trata de un efecto sustantivo, e incide tanto en la confianza interpersonal, es decir, en cuánto se confía en el otro; y también en las prácticas cotidianas que las mujeres desarrollan.

- ¿En qué sentido?

- En noviembre del año pasado, con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto IDAES de la Universidad de San Martín, hicimos un estudio espejo entre Buenos Aires y Santiago con mujeres jóvenes, donde encontramos un mayor miedo a moverse por parte de las chilenas en relación a las argentinas, aún cuando los indicadores de criminalidad eran bastante similares en las dos ciudades.

A diferencia de Buenos Aires, -con mi colega, Brenda Focas- descubrimos que aquí hay una transmisión intergeneracional del miedo. Es decir, cuando les preguntábamos cómo se informaban o qué hacían frente al miedo, las chilenas decían que desde muy pequeñitas sus madres y sus abuelas les enseñaban a cuidarse en los espacios públicos, elemento que no salió tan contundentemente en las argentinas. Es un hallazgo que no esperábamos.

Además, en el caso de las chilenas, el despliegue de micro-prácticas para moverse y protegerse ante la inseguridad era mucho más variado y diverso, ya sea a través de métodos defensivos, como enrejar la casa o comprar spray pimienta o evitativos, como no ir a ciertos lugares.

- ¿Hay grupos de mujeres que tengan una mayor afectación en relación a los efectos de la inseguridad?

- La evidencia dice que quienes tienen mayores índices de temor son las mujeres pobres y mayores. Lo curioso es que en Chile en los últimos dos o tres años, eso se ha ido trasladando a las más jóvenes, especialmente de grupos socioeconómicos altos. Una posible explicación a esto es que cuando se tematiza el acoso, por ejemplo, como problema público, tú te haces más consciente. Si bien este tipo de prácticas siempre ha existido, hoy las mujeres están más alerta frente a estas situaciones, lo que genera una mayor disposición a identificarlas.

- ¿Qué consecuencias genera la inseguridad en la movilidad urbana de las mujeres?

- Dejas de salir de noche e ir a determinados lugares porque te da miedo hacerlo a ciertas horas. Eso es una vulneración al desarrollo pleno de las personas, porque el derecho a la ciudad, y por tanto, a la vida, se ve restringido. En el fondo, el espacio privado se configura como lo seguro y lo público como lo inseguro.

Además, inviertes mucho más tiempo, preocupación y recursos, en prácticas asociadas a la seguridad. Por ejemplo, tienes que conseguir que alguien te vaya a buscar al paradero de micro en la noche. En el estudio Santiago-Buenos Aires, las chicas nos contaban que si el papá o el hermano no podía ir a buscarlas, ellas se quedaban en la universidad hasta más tarde. Eso es una agencialidad que también es costosa.

Al final, las mujeres hacen verdaderas planificaciones para poder salir. Eso atenta contra el bienestar subjetivo, y restringe el tiempo de ocio y diversión. Además, disminuye los contactos sociales y aumenta el temor a los otros, lo que tiene un efecto en la cohesión social a una escala mayor.

- ¿Nos podemos volver a apropiar del espacio público sin perpetuar la narrativa del temor aún siendo conscientes de la realidad en relación a la seguridad pública?

Para prevenir, creo que las personas ya hacen lo suficiente considerando especialmente estos agenciamientos y micro-prácticas que realizan las mujeres jóvenes. Pero a escala de barrios, lo que se denomina como prevención situacional del delito, no solo sirve para disminuir las infracciones, sino también la percepción de inseguridad. Esto implica un cuidado social que invita a tener un espacio bien cuidado, embellecido, iluminado, ordenado, con poca concentración. El concepto que se usa en urbanismo es que las calles sean completas para que las personas puedan transitar, moverse y caminar de manera segura.

También hay experiencias internacionales que muestran, por ejemplo, la importancia de hacer un diseño de barrios considerando metodologías participativas. Canadá es una muy buena experiencia porque en ciudades como Vancouver, desde hace 20 años se realizan caminatas para identificar cuáles son los factores que inciden sobre el miedo. Con esa información, los municipios se hacen cargo. En esos ejercicios han descubierto que ciertos diseños laberínticos producen mayor propensión al acoso y violación. Lo mismo ocurre con las calles cuando hay un muro ciego. Entonces es clave hacer diagnósticos para el espacio público con perspectiva de género.


Por Trinidad Rojas 
Fuente: La Tercera, Paula

El programa que redujo el embarazo adolescente en la Argentina en casi un 60% hoy corre peligro

El Plan Enia logró reducir el embarazo adolescente a la mitad en algunas de las provincias más afectadas, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero; hoy no sabemos cómo seguirán las políticas que protegen los derechos reproductivos y sexuales. El gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, junto a sus aliados provinciales y nacionales, no anunció aún la continuidad de programas fundamentales para garantizar derechos y políticas de género. Por el contrario, el discurso explícito de oposición a la perspectiva de género y la falta de definiciones políticas ponen a los derechos de diversidades, mujeres, niñas y adolescentes en una zona de riesgo.

Foto: Plan Ania


La violencia que percibe Ana Morillo en las calles de Córdoba es cada vez mayor. Ella es trabajadora social y coordinadora del área de Salud del colectivo feminista Católicas por el Derecho a Decidir y a través de una llamada por Zoom cuenta a LATFEM que los hospitales están colapsados, con adolescentes que en muchos casos llegan sin dinero para comprar medicamentos y otros productos de farmacia.

Algo similar pasa en Tucumán, donde representantes de organizaciones feministas advierten que mujeres que necesitan acceder a un aborto deben demorarlo porque no pueden pagar el boleto del colectivo; o porque la falta de estructura de sostén les impide llegar ese día al turno.

Estas son solo algunas escenas de la película completa. Según el último reporte publicado por la Universidad Católica Argentina (UCA), en enero de 2024, la pobreza alcanzó un 57,4%, el récord de los últimos 20 años. Y en una sociedad en la que el dinero alcanza para cada vez menos, un país donde la emergencia alimentaria es uno de los problemas más graves, asusta que los derechos reproductivos y sexuales de mujeres, niñas y adolescentes pasen a un segundo plano.

Pero existen grupos de mujeres de distintos organismos e instituciones que están preparadas para hacer lo imposible para que esto no suceda, particularmente en dos problemáticas que las —y se— unen: la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el acceso a un aborto seguro.

“Estamos en un estado de incertidumbre total, sumado a que percibimos que el riesgo es inminente porque, en general, La Libertad Avanza no ha mostrado ningún tipo de interés en priorizar a niñas, adolescentes y mujeres”, explica Ana.

La activista tiene razón. En los primeros meses del gobierno del presidente Javier Milei se oficializó la suspensión del Plan Potenciar Trabajo, con un 65% de beneficiarias mujeres; el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la prohibición de la perspectiva de género en la administración pública; y la feminización de la pobreza es una realidad, con un 67% de las mujeres que maternan empleadas, pero tres de cada cuatro no registradas. Además, el panorama respecto de la continuidad de programas vinculados con los derechos sexuales y reproductivos es incierto. Pero Ana remata: “No podemos dejar que se releguen nuestros derechos”.


Desde 2005 en adelante los embarazos no intencionales en las adolescentes bajaron en casi un 60%

La prevención del embarazo no deseado en la adolescencia es un factor clave, no solo en términos de derechos sociales, sino también económicos. Aunque desde 2005 en adelante los embarazos no intencionales en las adolescentes bajaron en casi un 60%, los efectos de la brecha económica existente entre quienes maternaron en la adolescencia y quienes tuvieron hijes más de grandes son visibles.

Solo el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia terminaron la secundaria, según datos de 2019. Como consecuencia, la maternidad adolescente afecta la inserción en el mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad, generando una mayor brecha salarial respecto de sus pares varones y contribuyendo a la reproducción de ciclos intergeneracionales de pobreza.
Un abordaje colectivo para prevenir el embarazo no deseado

Hacer que las niñas y adolescentes tengan más oportunidades depende, en gran parte, de sostener políticas para prevenir el embarazo no intencional. Entre ellas, está el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que cuenta con la participación de escuelas, servicios de salud y la comunidad.

Hasta hace cinco años, la problemática del embarazo en la niñez y en la adolescencia, particularmente en el norte del país, parecía ser un tabú sin respuesta. Solo en 2017, más de 90.000 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo/a en la Argentina, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. Entre las provincias más afectadas se encontraban Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes.


La tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) da cuenta de que en la mayoría de los casos (siete de cada diez), los embarazos en la adolescencia son no intencionales. Y aunque las causas son muchas, hay una que prevalece por sobre el resto: la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos, particularmente los de larga duración.

En la niñez, la principal causa de embarazo es el abuso sexual y, según las especialistas, el acceso a una Educación Sexual Integral de calidad puede ser una gran herramienta no solo para la prevención, sino también para generar espacios seguros: según un informe publicado en 2019 por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 70% y el 80% de los niños entre 12 y 14 años pudieron comprender que fueron abusados luego de sus clases de ESI.

“En niños y niñas pequeñas, estos espacios suelen ser los primeros en los que tienen la posibilidad de darse cuenta que eso que pasa en la casa —muchos de los abusadores suelen ser familiares directos— es una situación de abuso”, señala Valeria Isla, que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2020-2023), ente que gestionó el Plan ENIA durante el mandato de Alberto Fernández.


Además de la prevención del abuso y la contención, entre las adolescentes que han participado en actividades de ESI existe un 20% más de adhesión a métodos anticonceptivos. “Más allá de entender a la ESI como un derecho, esta es la principal evidencia que nos llevó a diseñar el Plan ENIA: básicamente, entender que la cobertura de anticonceptivos sin ESI no es suficiente”, explica Silvina Ramos, investigadora de CEDES y coordinadora del diseño del Plan ENIA.

Es que, el embarazo adolescente —como toda problemática social— es una que debe abordarse de forma multidisciplinaria y multisectorial. Por eso, a comienzos de 2017, se comenzó a pensar un abordaje integral desde el Estado con el apoyo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Los orígenes del Plan ENIA se remontan a una serie de condiciones que contribuyeron a su implementación a mediados de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. En enero de 2017, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia —que pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social— se reunió con representantes de CIPPEC y CEDES para elaborar una estrategia de abordaje integral. También participaron los ministerios de Salud y Educación y agencias de organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de Desarrollo (PNUD) y UNICEF.

“A partir de estas reuniones, logramos armar un equipo técnico que trabajaría en la investigación, el diseño y la implementación del plan”, describe Silvina. “Ese fue un aspecto fundamental del programa: un equipo técnico que siempre dialogó con las autoridades políticas, no solo de uno, si no de dos gobiernos”, agrega.

Con estrategias de concientización y ESI, la facilitación del acceso a derechos y recursos, y un sistema de monitoreo propio, en junio de 2018, el Plan ENIA empezó a implementarse de forma incipiente en 12 jurisdicciones con situación crítica: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago de Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.


Cada uno de los objetivos del plan cuenta con especificidades que los hacen fácilmente medibles y, según los resultados más recientes, el programa está cumpliendo con sus objetivos hasta la actualidad, generando un impacto concreto.

Según el análisis de las últimas cifras (2022), en Formosa —una de las provincias con más embarazos de niñas entre 10 y 14 años hasta 2017, junto con Chaco— el número de partos bajó en un 30%; en Chaco y Santiago del Estero desciende a más del 40%. En Corrientes, el número de partos bajó a casi la mitad en adolescentes y alrededor de un 60% en niñas.

Además, se pueden ver diferencias sustanciales entre los departamentos de una misma provincia (entre dos y seis por jurisdicción) en los que se aplicó el plan. “En Santiago del Estero se puede ver que la disminución de la tasa de fecundidad adolescente fue muy pronunciada en los departamentos ENIA en comparación con los que no lo tienen”, comparte la coordinadora de Salud de Católicas, una de las organizaciones fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Para Silvina, esta podría decirse que es la mayor limitación del plan: su escala, ya que se inició en 12 de 24 provincias y, dentro de cada provincia, solo en algunos departamentos. “No es de cobertura universal, pero no le tuvimos miedo a la priorización porque creo que, en aras de la equidad, hay que ocuparse primero de las poblaciones en mayor desventaja”, explica.

Otro aspecto que hizo que el plan sea exitoso fue que, en general, las políticas públicas se arman de la noche a la mañana, “siempre con apuros”, define Silvina. Pero en el caso del ENIA, se le dio al equipo técnico entre seis y ocho meses para investigar y revisar experiencias similares y exitosas en otros países de la región, como la de Uruguay.

Una tercera clave a destacar es la identificación de que el sistema de salud por sí mismo, solo con los dispositivos que tiene, no llega a los adolescentes sanos para promover la salud. Ahí es donde entran en juego las escuelas y la comunidad. “Este programa cuenta con equipos propios instalados en los territorios, que van a donde las y los adolescentes están, ya sea en las escuelas como en los centros comunitarios de los barrios”, señala la ex titular de la DNSSR.


Desde la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la tasa de mortalidad materna por abortos bajó casi en un 50% solo en un año.

En cuanto al acceso a abortos seguros —tanto en el marco del ENIA como en mujeres adultas— la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo también hizo su parte. Según el analisis de datos publicados por el Ministerio de Salud, desde la legalización, la tasa de mortalidad materna por abortos bajó casi en un 50% solo en un año.

Además, según un informe de Católicas, en Formosa, por ejemplo, antes de la Ley, solo dos hospitales garantizaban interrupciones legales. Hoy, después de tres años, ya son 44 servicios los que acompañan y brindan información; y en Chaco, son un 50% mas los que proveen de abortos.

Los riesgos han aumentado y la situación ha empeorado durante los últimos meses con la aparición de redes anti derechos en hospitales de provincias del Norte y casos de niñas y adolescentes criminalizadas por abortar, específicamente en La Pampa y Tucumán.

“La narrativa abiertamente antagónica con el derecho a decidir del gobierno nacional legitima la objeción de conciencia, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y el mandato de la maternidad”, asegura Soledad Deza, abogada feminista y fundadora de la organización Mujeres x Mujeres. “Y esto es solo desde la construcción de sentido; en términos prácticos, se puede ver en el desfinanciamiento de programas sociales y la provisión de insumos”, agrega.
Un plan con impacto local y global

Durante su implementación, varios países de la región han consultado tanto a los equipos técnicos, como a los organismos de la ONU, sobre la posibilidad de articular programas similares al ENIA en otros territorios.

Entre ellos, se encuentran México, Panamá y Perú, aunque la principal diferencia con el ENIA es que estos no cuentan con un presupuesto propio. Es que el financiamiento del programa en la Argentina salió casi en su totalidad del presupuesto nacional, sin contar aportes excepcionales realizados por UNICEF que incluyen asesorías y otras actividades puntuales. “En sus inicios, la amplia mayoría del presupuesto se gestionaba a través del PNUD con la intención de darle más agilidad al programa. Es decir, el Estado transfería los fondos y el organismo de las Naciones Unidas lo gestionaba, generando una mayor flexibilidad en la gestión en términos, por ejemplo, de los recursos humanos”, explica Silvina.
Y ahora, ¿qué pasará con el Plan ENIA?

Hoy es momento de luchar por su continuidad: en agosto de 2023, se decidió que el plan se ampliara al resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la asunción de Milei, este convenio quedó en pausa. “Aunque desde el Consejo Federal de Salud se definió que hay que implementar el plan en todas las provincias, hoy los recursos todavía no están. Se sabe poco, como sucede con otras políticas”, afirma Silvina.

Lo que sí se sabe: los contratos del personal se renovaron hasta el mes de marzo inclusive; y en cuanto a los insumos, se dejaron para abastecer hasta abril, pero el plan de compras 2024 necesita de voluntad política para empujarse. Y el gobierno no lo está haciendo.

“La situación es difícil y te diría que es debido a dos puntos críticos: el tema de insumos por un lado; y que el alma del ENIA son sus recursos humanos y equipos consolidados de hace tantos años”, destaca Valeria, que explica que el proceso de selección del personal del programa toma al menos cuatro meses, ya que consta de una selección por terna en el que participaban el Estado y los organismos internacionales. “Formar esa masa humana crítica en territorios que son hostiles con las perspectivas de derechos humanos lo hace aún más complicado”, agrega.


A pesar de las dificultades, Silvina encuentra lo que parecería ser una luz al final del túnel: el impacto económico de la prevención del embarazo en la adolescencia. “El encuadre político y ideológico de la actual gestión me lleva decir que difícilmente empuje una política de este tipo. Ahora, al mismo tiempo, te diría que el ENIA ha conseguido reducir la fecundidad adolescente en la Argentina, generando un impacto concreto en el gasto público”, asegura la especialista, citando el estudio Milena, realizado en conjunto con la UNFPA.

Según los análisis presentados en este informe, el Estado argentino destina alrededor de 200 millones de dólares, una importante porción del gasto del sistema público de salud, a la atención del embarazo y parto de madres adolescentes. Pero si se tomara la decisión de continuar con los esfuerzos del ENIA, se podrían ahorrar hasta 140 millones de dólares (ocho veces lo invertido en el programa) por el solo hecho de prevenir estos embarazos.

Sin embargo, el embarazo adolescente es un fenómeno complejo y Silvina asegura que atribuir la baja de la tasa de fecundidad adolescente en la Argentina a un solo factor, como podría ser el ENIA, sería muy reduccionista. “Hubo una confluencia de factores. Sin dudas, el Plan ENIA, el resultado acumulado de la ESI que se implementó durante muchos años en la Argentina, y la disponibilidad del misoprostol,” explica la especialista. Luego de reflexionar unos segundos, Silvina agrega un último factor, pero no menos importante: “También influyó el cambio aspiracional que trajo la marea verde. Fue gracias a la combinación de un clima de época y las corrientes feministas que las adolescentes empezaron a darse cuenta que su destino no era ser madre necesariamente. Y una vez que las personas tienen aspiraciones distintas, buscarán los medios para cumplir sus nuevos objetivos”.

Por Victoria Mortimer
Fuente: Latfem

abril 24, 2024

Entrevista a Verónica Amarante: la incorporación de mujeres al mercado de trabajo “podría aliviar” presión sobre las cuentas fiscales

Ilustración: Luciana Peinado

Dada la situación demográfica de Uruguay, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo “podría aliviar y ser una contribución” en materia de reducción del déficit en la seguridad social, dijo a la diaria la doctora en Economía por la Universidad de Sussex Verónica Amarante.

La economista consideró que el hecho de que no todas las mujeres estén incorporadas al mercado de trabajo durante ciertas etapas de su vida “tiene implicancias a nivel macroeconómico y en términos de la capacidad de producción de la economía, ya que al aumentar la cantidad de personas activas generando ingresos es mayor el margen para sostener a la población dependiente o inactiva”.

“Esa es una carga que se puede ver, y por eso cuando se discute con una proyección de más largo plazo sobre la seguridad social, el único margen que hay extensivo de incorporar trabajadores, más allá del aumento de la productividad de quienes ya están activos, es la incorporación de las mujeres que hoy no están en el mercado de trabajo y que en general son de nivel educativo más bien bajo”, agregó.

Amarante, que es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República e integrante el Sistema Nacional de Investigadores, consideró que “para que la incorporación de las mujeres al mercado laboral suceda, es necesario un reordenamiento en el interior de los arreglos familiares y un sistema de cuidados fuerte, algo que sigue siendo un debe en el Estado uruguayo”.

“En materia de brechas en el mercado de trabajo, Uruguay presenta diferencias que se materializan en tasas de actividad menores en las mujeres, tasas de desempleo más altas e ingresos mensuales y por hora más bajos”, señaló la especialista, y si bien la diferencia entre hombres y mujeres se ha acortado en cuanto a las tasas de actividad y también en cuanto a diferencias de ingresos, persiste una brecha importante que es diferencial por niveles de ingreso y es más grande para los niveles educativos más bajos”.
¿Cómo se encuentra Uruguay en materia de brechas de género a nivel de la economía?

En una sociedad hay muchas dimensiones que uno puede analizar. En la economía se suele considerar el mercado de trabajo y las brechas de género en términos de la participación, el empleo, el desempleo y las remuneraciones o los salarios. Sin embargo, también podríamos pensar en las brechas que tienen que ver con el trabajo no remunerado, que son una parte muy importante de esas desigualdades y que están directamente relacionadas con lo que sucede en el mercado laboral.

Después hay toda una serie de otras áreas que muestran diferencias de género, como la participación en la esfera política, la que tiene que ver con la toma de decisiones, etcétera, que pueden visualizarse como externas a la esfera económica, pero que finalmente están muy vinculadas también a lo que sucede en la economía.
¿Y cuál es la situación de Uruguay con respecto a las brechas en el mercado laboral?

Uruguay presenta, igual que todos los países, diferencias que se materializan en tasas de actividad menores, tasas de desempleo más altas e ingresos mensuales y por hora más bajos para las mujeres.

Si se observan las tasas de actividad con una mirada de largo plazo, la diferencia entre hombres y mujeres se ha cortado porque las mujeres aumentaron su tasa de participación en el mercado de trabajo. Los hombres ya tenían niveles muy altos y las mujeres los han aumentado. De todas maneras, hay una brecha importante y además es diferencial por niveles educativos. Es más grande para las personas con niveles educativos más bajos.

Además, los salarios o ingresos laborales de las mujeres en términos mensuales son mucho más bajos. También son más bajos cuando se consideran por hora, porque las mujeres trabajan menos horas aun cuando están empleadas y por eso también el ingreso laboral por hora es más bajo, aunque la diferencia entre hombres y mujeres es menor cuando se comparan salarios mensuales. Cuando uno analiza los datos con una mirada de más largo plazo, esas diferencias se han ido acortando.
Usted mencionaba que hay otras esferas que muestran estas brechas y que inciden en el mercado laboral. ¿Cuáles son?

Hay otra esfera que está sumamente vinculada al mercado de trabajo, que es lo que sucede en la esfera doméstica con los hogares. Y ahí la información no es tan buena, porque mientras que todo lo del mercado laboral se puede analizar con encuestas de hogares, que se realizan hace muchos años y que las tenemos de manera continua, los estudios de uso del tiempo, que son los que se utilizan para mirar las diferencias en trabajo no remunerado, son puntuales, se hacen cada cierto período de tiempo, por lo que la acumulación en términos de la fortaleza estadística que tiene el relevamiento es mucho menor en Uruguay y también en los países de la región.

Pero, aun así, tenemos tres encuestas que permiten analizar esas diferencias a nivel nacional y ahí se ven muy marcadamente. La carga de trabajo no remunerado es significativamente mayor para las mujeres que para los hombres, sobre todo en lo asociado tanto con el cuidado como con el trabajo doméstico.

En este tema ocurre lo mismo que en el mercado laboral, porque es un poco la contracara, hay muchas diferencias por nivel educativo y por nivel socioeconómico. Las brechas son más grandes en hogares que están en los niveles socioeconómicos más bajos. Pero igual son persistentes a lo largo de toda la distribución.Apoyá nuestro periodismo.
Suscribite por $220/mes


Verónica Amarante.

Foto: Mara Quintero
¿Se puede decir que las mejoras que han ocurrido en el mercado laboral no han sucedido con la misma velocidad en el ámbito del hogar?

Exactamente, por eso a veces se habla a nivel mundial de la mayor carga de trabajo o el hecho de que la modificación de la esfera doméstica no haya sido la contracara de los cambios en el mercado de trabajo. Eso quiere decir que al final la carga de trabajo termina siendo mayor para las mujeres. Se habla también de la famosa doble jornada. Justamente, en este momento estamos realizando una investigación en el Instituto de Economía, financiada por CSIC Sector Productivo y en conjunto con UNFPA, en la que se comparan las tres encuestas de uso del tiempo de Uruguay y se vislumbran algunos cambios, pero a un ritmo muy lento.
¿Cómo repercuten estas brechas en el desarrollo de un país?

Por un lado, el hecho de que no todas las mujeres se están incorporando al mercado de trabajo, o por lo menos durante ciertas etapas de su vida, tiene implicancias a nivel macroeconómico en términos de la capacidad de producción de la economía; de lo que podrían generar esas trabajadoras si tuvieran un empleo.

También esto se ve en las tasas de dependencia y de la economía, porque tiene que ver con cuántas personas están activas y por lo tanto generando ingresos para sostener a la población que es dependiente o inactiva. Entonces, eso es una carga que también se puede ver, y por eso muchas veces cuando se discute con una proyección de más largo plazo sobre la seguridad social el único margen que hay más extensivo de incorporar trabajadores es sumar a las mujeres que hoy no están en el mercado de trabajo que, como dije antes, son de nivel educativo más bien bajo. Hay, por supuesto, un desafío en términos de capacitación de estas trabajadoras y de la capacidad de la economía de incorporarlas en trabajos de calidad.
¿Está diciendo que una posible solución a este tema del déficit con respecto a las jubilaciones es el hecho de fomentar políticas que permitan una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral?

Dada la situación demográfica de Uruguay, la incorporación de mujeres al mercado de trabajo podría aliviar; no va a ser la solución claramente, pero sería un movimiento que entre otros beneficios podría generar una contribución en ese sentido. Igual es importante tener en cuenta que para que eso se produzca tiene que haber un cierto reordenamiento al interior de los arreglos familiares y de los hogares, para que la vida pueda continuar desarrollándose de una manera normal si no se cuenta con el trabajo no remunerado que están haciendo estas mujeres.

Si los hombres continúan trabajando en la esfera doméstica la misma cantidad de horas con las tasas de participación tan altas y las mujeres se incorporan, habría que tener entre otras cosas un sistema de cuidados muy fuerte, que no es el caso.

En general, lo que se ha visto en los países más desarrollados y especialmente en los países nórdicos, que son los estados de vanguardia en estos temas de la equidad de género, es que el proceso ha sido de aumento de las tasas de actividad de las mujeres y de empleo, y también, en cierta medida, los hombres presentan tasas de participación un poco menores. O sea que hay una búsqueda de un equilibrio para que la vida, la parte de la reproducción, que tiene que seguir ocurriendo, se pueda sostener.

En el caso de Uruguay, el estudio de la Cepal, llamado “Panorama social” y publicado en 2014, estimaba que el aumento de la actividad femenina permitiría reducir la pobreza en dos puntos porcentuales, así como alcanzar una reducción porcentual un poco más alta en el índice de Gini de desigualdad.
¿Cuánto alivio podría significar para el Estado?

Es difícil de medir, pero hay ejercicios que se han hecho. Por ejemplo, hay estudios que se han realizado en trabajos de la Cepal para varios países de la región, incluyendo Uruguay, así como trabajos de maestría en nuestro país, donde se hace una cuantificación de la generación de ingresos para los hogares y también de la potencial reducción de la pobreza. Los trabajos de los que te estoy hablando ya tienen un tiempo, pero sí hay alguna evidencia. En el caso de Uruguay, el estudio de la Cepal, llamado “Panorama social” y publicado en 2014, estimaba que el aumento de la actividad femenina permitiría reducir la pobreza en dos puntos porcentuales, así como alcanzar una reducción porcentual un poco más alta en el índice de Gini de desigualdad.
Siempre se dice en Uruguay que la pobreza tiene cara de mujer y de niño. ¿Cree que si se impulsan medidas para reducir las brechas de género también son acciones para luchar contra la pobreza?

Sí, ese perfil de los hogares pobres es bastante marcado. Los hogares con niños son los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, las políticas que apunten a mejorar las condiciones laborales de los adultos jóvenes, tanto los hombres como las mujeres, son siempre políticas que van a redundar en mejoras en el bienestar de los niños.

Además, hay bastante literatura y discusión sobre el uso que hacen de los ingresos propios hombres y mujeres, y qué parte de estos se dirigen más directamente a mejorar la situación de bienestar de los niños. En general, la evidencia a nivel mundial muestra que la parte que se destina del ingreso hacia los niños es mayor cuando el dinero lo reciben las mujeres, especialmente en los países menos desarrollados.
Usted mencionaba al inicio que las brechas en el mercado laboral han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero si tuviera que definir la situación de Uruguay, ¿cómo lo haría en comparación con el resto del mundo y América Latina?

En términos de América Latina está relativamente bien posicionado. Las tasas de actividad de las mujeres son relativamente altas si lo comparamos con los países de la región, pero si lo hacemos con otros estados más desarrollados, no necesariamente, lo mismo con las brechas.

Y en temas del uso del tiempo, ahí sí no es tan distinto lo que sucede en Uruguay de lo que sucede en el resto de la región, y a su vez es bastante peor la situación o más grande la brecha cuando se lo compara con países desarrollados.
¿Qué otras acciones podría impulsar un próximo gobierno para reducir estas brechas?

Por un lado, está todo el tema que tiene que ver con el sistema de cuidados, que está súper discutido en Uruguay y donde tenemos muchos aprendizajes también, y además hay avances, pero el desarrollo y el fortalecimiento de ese pilar, tanto en lo que tiene que ver con la cobertura como en la cantidad de horas que implican los servicios de cuidado infantil, etcétera, es un área muy importante en la que hay que seguir, en la que hay que trabajar.

Y después está todo lo que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, que, a su vez, además de los efectos positivos que puede tener en términos de liberación de horas de trabajo que las mujeres están dedicando a la labor no remunerada, también genera puestos de trabajo que pueden ser ocupados por las mujeres, porque en general los sectores de educación, salud, etcétera –todo lo asociado con la economía del cuidado–, son ocupaciones en que las trabajadoras tienen una participación muy fuerte.

Dentro del mercado de trabajo, siguen siendo necesarias y vigentes toda la regulación y la normativa que tienen que ver con la equidad en el pago. En ese sentido, tener un sistema de negociación salarial es muy importante porque las brechas de salarios entre hombres y mujeres tienden a ser menores cuando existe una negociación colectiva. Por supuesto, hay una cantidad de personas que trabajan y que no están en el mercado de trabajo cubierto por las negociaciones, ya sea porque están en el sector informal o porque son trabajadores independientes.

Y después hay otra área de política sobre la que se suele discutir menos, sobre todo en los países en desarrollo, pero que tiene que ver con las normas de género y las construcciones sociales con relación a la equidad de género y el rol de hombres y mujeres en la esfera doméstica y económica.
¿Qué desafíos tiene que enfrentar Uruguay pensando en los próximos cinco, diez o 20 años en este tema?

Radica en lo que decía antes, pensar en los temas de sistemas de cuidados, también de capacitación y de apoyo. Las mujeres alcanzan niveles educativos más altos que los varones; sin embargo, al colectivo de mujeres de niveles educativos menores le cuesta mucho más que a los hombres la inserción. Con sistemas de cuidados más fuertes se puede ayudar mucho. Sistemas de cuidados, incluso sistemas educativos, por ejemplo, la jornada más larga, todo eso es un cambio muy importante para poder pensar en la autonomía económica de estas mujeres.

Creo que todo el tema de las normas y la educación, la concientización de la población en los temas vinculados a la equidad de género son también áreas de trabajo importantes.
¿Cree que el sistema de cuidados es un gran debe del Estado uruguayo?

Sí, es un tema en el que Uruguay tiene que avanzar, que no va a poder seguir en su proceso de desarrollo si no se logran cambios importantes en esa área, y además tiene ciertas ventajas para hacerlo en el sentido de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación de los niños y niñas; como tenemos una tasa de fecundidad que está cayendo fuertemente, las cohortes son cada vez más chicas y por lo tanto la inversión necesaria es menor, por lo que hay un espacio fiscal que hay que usar de una manera inteligente para conseguir los objetivos. Se puede aumentar la inversión por niño, se puede pensar en innovaciones o mejoras en las políticas.

Lo mismo en las cohortes que van entrando a primaria, entonces, eso puede dar espacio para ofrecer otras alternativas en el sistema educativo. Y después está el tema del cuidado de los adultos mayores, que ante el proceso de envejecimiento en el que está Uruguay eso es un debe que va a haber que discutir. Ya es un tema importante para la vida de las personas, para la realidad que enfrentan día a día, y es muy distinta a la manera de enfrentar esta necesidad de cuidado cuando aparece, en los distintos estratos de la población. Hay una debilidad de la política pública uruguaya en esta área. Creo que hay que pensar y discutir cuál va a ser la respuesta.

Fuente: La Diaria

La Eurocámara valida la nueva ley contra la trata, que criminaliza la explotación de la gestación subrogada


Una mujer luce un cartel en el que se puede leer "Se alquila. Emma" (en alusión a los "vientres de alquiler" o gestación subrogada) durante una concentración en Toledo por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. EFE/Ángeles Visdómine/Archivo

El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a añadir el matrimonio forzado, las adopciones ilegales y la explotación en la gestación subrogada como nuevos delitos en la ya existente directiva europea contra la trata de seres humanos, que también prevé nuevas medidas para apoyar a las víctimas de estos delitos.

En el último pleno de la legislatura, los eurodiputados validaron el acuerdo ya negociado a principios de este año, que prevé que los Estados miembros actualicen sus ordenamientos jurídicos para armonizar definiciones y castigar este tipo de delitos con un máximo de al menos cinco años de cárcel o al menos diez en el caso de que concurran agravantes.

El acuerdo salió adelante con 563 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones.

El pacto, que actualiza la directiva europea de 2011 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, también incluye la penalización como delito de la utilización consciente de servicios proporcionados por las víctimas, que contarán con más apoyo y asistencia.

El objetivo es reducir la demanda de estos servicios que lleva a la explotación de las víctimas, que también deberían beneficiarse de una mejor coordinación entre las autoridades que gestionan las solicitudes de asilo y las que luchan contra la trata de personas para que, cuando sea el caso, se respete su derecho al asilo.
«Un paso adelante» para miles de víctimas

La eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que ha representado al Parlamento Europeo en las negociaciones con los Estados miembros, aseguró este martes que la UE da hoy «un paso adelante» por las «miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable».

«Que tomen nota los prostíbulos en los que no se cumpla con la legalidad. Buena parte de ellos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones», advirtió la eurodiputada.

«Cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual, pero esta directiva persigue también la explotación laboral que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios. Internas secuestradas, temporeras esclavizadas y personas migrantes de cuya vulnerabilidad se extrae un provecho económico», añadió Rodríguez Palop.

Además, en el ámbito judicial, los fiscales podrán optar por no imputar a víctimas que han sido coaccionadas para la comisión de ciertos delitos y se asegurará que puedan recibir apoyo aunque no cooperen en investigaciones judiciales; en paralelo, los jueces podrán considerar la diseminación de contenido sexual privado sin consentimiento como un agravante en estos casos.

Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos (ya mencionadas explícitamente en la directiva de 2011) y el matrimonio forzado y la adopción ilegal (que entran con esta revisión de la directiva) representaban el 11 % de todas las víctimas en la UE en 2020.

Por :  Laura Zornoza 
Editado por Miriam Burgués

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in