Dora Barrancos: el patriarcado es violencia

Dora Barrancos: oradora clara y dinámica

La socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos, encabezó un conversatorio, en el Centro Cultural Tiempos de Memoria, en Florida. Invitada por el Movimiento Derecho al Futuro Mujeres y Diversidades de Vicente López (MDF VL), en una charla dinámica y formativa –de a ratos hasta divertida- Barrancos señaló que el patriarcado es muy anterior al capitalismo; explicó la teoría de la matrilinealidad. También consideró que el patriarcado es “ínsito a la violencia” y no es privativo de las propias mujeres. Además, evaluó que las ultraderechas actuales son “reaccionarias, misóginas y homofóbicas”. 

“Estamos hartas de diagnósticos. Queremos que nos escuchen”, señaló la concejala, Marcela Cortiellas, como corolario de la situación actual de las mujeres en el campo político. Presentaba a la socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos (86). Fue en una charla que esta encabezó hace una semana en el Centro Cultural Tiempos de Memoria, en Florida.

La imagen de Barrancos, con un bastón de apoyo al caminar, contrastó ostensiblemente con el dinamismo de su charla, la claridad de conceptos, los guiños a sus compañeras de género y la precisión al referirse a autores, situaciones, y, en definitiva, a la situación política global actual y las mujeres, con las ultraderechas de avanzada en el mundo.

Barrancos primero describió la desigualdad que caracteriza a la geografía latinoamericana, no solo en materia de género. La feminista citó un trabajo de Oxfam federación global de ongs que, entre otros, trabaja en los derechos de las mujeres y la justicia de género- que señala que en Latinoamérica el 10% más rico de la población posee el 85% de la riqueza. 

El patriarcado no es natural

Consideró ese desnivel “groserísimo” pero advirtió que una de las primeras desigualdades humanas es la sexual o de género. Y aclaró de manera tajante: “El patriarcado se inventa. No viene de Marte, de Saturno. No viene de la naturaleza y no viene de Dios. Imaginen ustedes que a Dios no se le va a ocurrir crear la desigualdad humana”.

“Así que abandonen las tesis de la naturaleza y de lo sobrenatural. El patriarcado es estrictamente algo humano”, señaló. Luego, en una suerte de recorrido histórico, observó que “si 1789 (revolución francesa) inaugura una era notable de construcción de derechos individuales, división de poderes y menos arbitrariedad, para las mujeres fue retroceso”.

Recordó que la mujer en el siglo XVIII fue relegada al hogar, en tareas de cuidado y a parir. Citó a Friedrich Engels (1820/1895) como alguien crítico del patriarcado. . Consideró que la mujer quedó “fuera de un lugar social productivo importante”. Pero evaluó que “en el siglo XIX el patriarcado se tornó más feroz que en el siglo anterior. Algo increíble”, enfatizó.

Observó que Engels entendió que el patriarcado abrevó en “la privatización de rebaños, tierras, bosques; privatización desde los clanes, no burguesa”. Esa privatización devino “en la patrimonialidad de los cuerpos femeninos”. Y evaluó, no sin razón, que fue “una invención grotesca, la de que el cuerpo femenino era para la otra parte de la humanidad”.

Nunca hubo matriarcado

También destacó que esa visión persistió, “fue transhistórica”. Aunque reconoció que las feministas deconstruyeron ese orden natural descripto por Engels y “lo dieron vuelta”. Es decir, consideraron que “lo que primero se inventó es la privatización de los cuerpos”. De lo relatado por Barrancos, además, quedó claro que el patriarcado precede al capitalismo. 

Barrancos criticó la teoría de que hubo sociedades humanas organizadas en torno a poder femenino. “Nunca hubo matriarcado”, señaló. Y explicó que la matrilinealidad se explicaba por la evidente certeza de la maternidad, no así de la paternidad (la forma pícara en que lo relató Barrancos disparó carcajadas en el auditorio mayormente femenino).

En otro momento de su charla, la socióloga reflexionó: “¿Cuál es el mayor triunfo del patriarcado? El patriarcado que habita en muchas mujeres. Que tienen el vicio de la servidumbre voluntaria. Es notable esto de las patriarcas mujeres”. Y aseveró: “La extrema derecha está llena de mujeres patriarcales. Absolutamente”.

Barrancos también criticó las teorías de Auguste Comte que naturalizaban el rol doméstico de la mujer. Y sostuvo que, de hecho, el feminismo no debe pensarse como un tópico exclusivo de la mujer. “Les quiero decir que el feminismo no es una cuestión inherente solo a las mujeres. Es inherente a la condición humana debidamente dignificada”, enfatizó.

Varios feminismos no uno

La socióloga volvió a cargar contra los fascismos y ultraderechas. Sostuvo: “Ese sadismo, esa crueldad es ínsita en los modos que tienen las fórmulas fascistas de la existencia”. Y lo diferenció del feminismo: Vuelvo a decir, el feminismo es cuestión de dignidad humana”. Luego pasó revista por reivindicaciones de las luchas de las mujeres.

Consideró que existen, no uno, sino varios feminismos, contemporáneamente y a lo largo de la historia. “Tenemos feminismo de muchas características, felizmente. A veces las metodologías han resuelto divisiones dentro de los feminismos. Ciertas perspectivas mayores y menores, me refiero sobre todo a los temas que abordan”. 

Sobre reivindicaciones, enumeró la búsqueda del derecho al sufragio; las punkers con las acciones directas y la sexualidad; otras vertientes que buscaron la igualdad educativa. Y, siempre sobre el feminismo, descartó de plano la acusación de la ultraderecha de que es el “responsable” de la baja en la natalidad (el inefable Milei suele repetir esa barbaridad).

Al respecto, Barrancos evaluó: “Es ridículo que se asigne al feminismo el protagonismo central en la denatalidad. Es para cero si viene un alumno y lo dice”. Y señaló: “Eso se explica por la transición demográfica. Cae la tasa de natalidad, cae la tasa de mortalidad Viene desde mediados del siglo XIX. Es ridículo decir que las feministas tienen la culpa”.

Patriarcado es violenciaBarrancos: «la Argentina fue pionera en transición demográfica»

Recordó, además: “(…) Yo hace veinte años hice un trabajo sobre cómo las fuerzas regionales en la Argentina, en los años 20, preocupadísimas por la denatalidad, no le daban, por supuesto, esa categoría central a las feministas. Porque todavía no eran la masa que hoy somos”. Y sostuvo: “la Argentina fue pionera en transición demográfica, con Uruguay”.

Pero además explicó: “La transición demográfica la hicieron las mujeres sin saber nada de feminismos. Eso es extraordinario. Es una revolución silenciosa que hemos trabajado muchísimas historiadoras. Es extraordinario ese pacto. Es un cambio en la subjetividad de las mujeres, por lo cual se determinan a no tener más hijos”.

Barrancos retomó la idea de que “el patriarcado es violencia. Y mata a los propios varones. Entonces, para ir terminando, el sistema de crueldad, que imponen las extremas derechas en el mundo, ha renovado también su base de agresiones. Y ha puesto en la picota a las feministas, los feminismos y las diversidades sexogenéricas”.

.“Que las extremas derechas nos pongan en la punta de la ola no saben cómo nos llena de honor y nos envalentona (a las feministas) dijo casi al final de su ponencia, con ironía, Barrancos y el auditorio rompió en aplausos y vivas. Le dedicó un párrafo muy positivo al líder del MDF, Axel Kicillof, y se despidió, en medio de saludos y aprobación.

Por Gustavo Camps

Fuente: De norte a norte

La brecha de género olvidada en el agua: de la fuerza laboral a la gobernanza del agua

La brecha de género en el sector del agua no solo perjudica a las mujeres: también limita la capacidad de las instituciones para afrontar la creciente crisis hídrica.

Durante décadas, el debate sobre género y agua se ha centrado, con razón, en las mujeres y las niñas como usuarias del agua. El acceso al agua potable y al saneamiento ha sido una prioridad de la agenda internacional y un componente esencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Sin embargo, hay una dimensión que sigue estando ausente en este debate: las mujeres como profesionales del sector del agua.

Hoy, miles de mujeres son ingenieras, hidrólogas, científicas, emprendedoras, líderes comunitarias y responsables de políticas públicas. Negocian acuerdos sobre aguas transfronterizas, dirigen organismos operadores, desarrollan nuevas tecnologías y diseñan políticas para una gestión del agua más justa y sostenible.

Y, sin embargo, persiste una profunda contradicción. Aunque las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en la investigación, la gestión y la gobernanza del agua, continúan estando significativamente subrepresentadas en los puestos técnicos, de liderazgo y de toma de decisiones. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026 de la UNESCO señala que, a nivel mundial, menos del 20 % del personal de los organismos operadores de agua está compuesto por mujeres y que, en 2018–2019, ellas representaban apenas el 17.7 % de esta fuerza laboral.

Al mismo tiempo, dos de cada tres países necesitan aumentar en al menos un 75 % su fuerza laboral en agua, saneamiento e higiene, y el 40 % reconoce no contar con la capacidad suficiente para gestionar los crecientes conflictos entre los diferentes usos del agua. En otras palabras, el sector necesita con urgencia más profesionales, pero sigue desaprovechando una parte importante del talento disponible.

Esto no es únicamente una cuestión de igualdad; es una cuestión de gobernanza, innovación y resiliencia institucional. El cambio climático, el crecimiento urbano, el envejecimiento de la infraestructura y la transformación digital exigen organizaciones capaces de atraer y retener al mejor talento disponible. Sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre las trayectorias profesionales de las mujeres en el sector.

¿Por qué siguen estando subrepresentadas en puestos directivos? ¿Qué políticas laborales favorecen realmente su desarrollo profesional? ¿Cómo influye una mayor diversidad en la calidad de las decisiones y en el desempeño de las instituciones responsables de la gestión del agua? ¿Qué barreras institucionales, culturales y organizacionales siguen limitando su desarrollo profesional?

Aún existen pocos datos comparables sobre contratación, promoción, liderazgo, remuneración o cultura organizacional en el sector hídrico. Sin evidencia, resulta difícil diseñar políticas públicas e institucionales que permitan aprovechar plenamente el talento disponible.

Las asociaciones profesionales también pueden contribuir a cerrar esta brecha de conocimiento. Redes como Women in Water & Sanitation Network (WWSN) demuestran el valor de conectar a mujeres profesionales mediante programas de mentoría, liderazgo e intercambio de experiencias. Del mismo modo, la Red de Politólogas ha contribuido a visibilizar a mujeres expertas y promover una participación más equitativa en los espacios de decisión.

Las consecuencias de esta brecha van mucho más allá de la igualdad de género. Al no atraer, retener y promover a un mayor número de mujeres, el sector del agua está perdiendo una oportunidad para fortalecer su fuerza laboral precisamente cuando más la necesita. Es una pérdida para las profesionales, pero también para las instituciones, las comunidades, los países y, en última instancia, para la seguridad hídrica mundial.

Las mujeres continúan estando subrepresentadas no solo en el sector privado, sino también en las instituciones públicas, el liderazgo científico, los espacios de decisión política y las conferencias internacionales. Su escasa presencia limita la diversidad de perspectivas necesaria para afrontar desafíos cada vez más complejos relacionados con el agua.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 representa una oportunidad para cambiar esta realidad. Además de debatir sobre financiamiento, resiliencia y gobernanza, debería impulsar una agenda internacional de investigación sobre las mujeres en la fuerza laboral del agua e incorporar esta dimensión en los futuros procesos de seguimiento de la gobernanza hídrica. Comprender quiénes trabajan en el sector, qué obstáculos enfrentan y qué condiciones favorecen su liderazgo permitirá diseñar mejores políticas laborales y fortalecer las instituciones responsables de garantizar la seguridad hídrica.

Cerrar la brecha de género en la fuerza laboral del agua no es únicamente una cuestión de justicia social. Es una condición necesaria para construir instituciones más sólidas, innovadoras y capaces de responder a los crecientes desafíos hídricos del siglo XXI.

El futuro del agua no dependerá únicamente de la infraestructura, la financiación o la tecnología. Dependerá también de nuestra capacidad para reconocer, retener e impulsar el talento de las mujeres que ya están construyendo ese futuro.

Por Ulrike KELM

Fuente: Latinoamerica 21

Presidenta de la Red de Mujeres en Agua y Saneamiento (WWSN por sus siglas en inglés). Diploma en Estudios Regionales de América Latina (Universidad de Colonia, Alemania). Executive Master of Science en Gestión de la Comunicación (Università della Svizzera italiana, Lugano, Suiza).

Feminicidios y violencia sexual en Cuba carecen de cifras claras

Varias mujeres van junto a sus hijos de camino a la escuela, en La Habana. Las mujeres entre 20 y 44 años comprenden el grupo con más víctimas de feminicidios en Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Los tribunales de Cuba cerraron el año pasado 49 casos de mujeres mayores de 15 años “asesinadas por razones de género”, lo que representa una tasa de 1,19 por cada 100 000 mujeres y una disminución con respecto a los 76 juicios de 2024 y los 60 de 2023, divulgó en agosto el gobierno de la isla.

“Esa estadística no me da triunfos de disminución real del problema, sino un reflejo de la demora de los procesos judiciales. No son las muertes de 2025”, dijo a IPS Arlín Pérez, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana con más de 30 años de experiencia en tribunales.

Según Pérez, los casos que se dieron por juzgados en 2025, no tratan de asesinatos de ese año, sino principalmente del 2023 y algunos de 2024.

“Por todas las carencias en Cuba, que incluyen la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana (una medida ahorrativa tras el bloqueo petrolero en enero), un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”, explicó.

Es tan irreal la cifra que, si de repente en 2027 mejoraran las condiciones del aparato jurídico y se cubrieran los atrasos de años atrás, ese año mostraría un récord en feminicidios, agregó.

El artículo 345.2 del nuevo Código Penal aprobado en 2022, estipula que la persona que “dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”, incurre en sanciones de 20 a 40 años de privación de libertad, cadena perpetua o muerte, las mismas que se juzgarían si se tratara de otro tipo de asesinato.

“Por todas las carencias en Cuba, que incluye la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana, un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”: Arlín Pérez.

Según Pérez, en el corpus legal de Cuba no se utiliza textualmente el término feminicidio o femicidio —aunque dijo que lo preferiría— para referirse a estos casos, como sucede en otros países latinoamericanos, que lo han incorporado como delito en sus códigos penales o leyes específicas.

En esta nación insular caribeña de 9,4 millones de habitantes, la razón para diferenciar los motivos de género de un asesinato no es porque constituya un agravante en la sanción —de por sí, ya tiene las penas máximas—, sino por una cuestión de técnica del derecho y, sobre todo, de estadística.

Participantes en el Taller de Transformación Integral del Barrio de Alamar Este durante una sesión de trabajo previa a una de las anuales Jornadas por la No Violencia hacia Mujeres y las Niñas. Los observatorios de violencia de género en Cuba, sean oficiales o independientes, llevan menos de una década funcionando en Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Falta de estadísticas

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), plataforma vinculada a la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), actualizó el 18 de agosto algunos indicadores de femicidios en la isla.

De esas 49 mujeres asesinadas, cuyos casos fueron juzgados en 2025, 47 % falleció a manos de su expareja, casi 90 % lo hizo en su hogar y 75,5 % no tenía vínculo laboral. En su mayoría, eran blanca y con una edad entre 20 y 44 años (38 casos).

El Ocig, que surgió en 2023 y desde entonces actualiza una vez en el año un grupo de indicadores relacionados con género, registró además 33 casos en zonas urbanas y 16 en áreas rurales, donde la tasa de femicidios alcanzó 1,65 por cada 100 000 mujeres.

Si bien el dato decreciente de femicidios juzgados reportado por el Ocig no es por ahora un termómetro real de la violencia hacia la mujer, Pérez tampoco se atreve a afirmar que la tendencia ha ido aumentando.

Por su parte, el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) es otra organización que lleva desde 2019 su propio registro, elaborado a partir de denuncias ciudadanas, sobre todo a través de redes sociales.

El Ogat ha reportado este año 47 mujeres asesinadas hasta el 24 de agosto, así como ha llevado la cuenta, caso a caso, de 350 víctimas de feminicidio desde 2019 hasta el primer semestre de 2026.

“Aunque el Observatorio de Alas Tensas esté políticamente comprometido (contra el gobierno cubano), no quita que coloca en redes muchas veces la existencia de casos reales”, dijo Pérez.

Para la jurista, los datos más fidedignos son los que vienen de los tribunales, pero no son suficientes.

Por ejemplo, el llamado Registro Interoperable —que no es público y al que solo tienen acceso la fiscalía, la policía, la instrucción penal y, próximamente, los tribunales—, ofrece “una información muy clara de lo que sucede en los procesos desde la denuncia oficial”.

De hecho, varios casos de femicidios no han juzgamientos porque el victimario se hubo suicidado justo después, y es un dato que no se procesa, ni se refleja en la estadística de la Ocig, dijo.

Violencia sexual

Otro dato importante divulgado por la Ocig fue que, en 2025, los tribunales cubanos procesaron 173 casos de violencia sexual contra mujeres de 15 años y más, de los cuales, 90 correspondieron al delito de agresión sexual y 83, a otros tipos de violencia sexual.

Las mujeres de 20 a 44 años comprendieron la mayoría de las víctimas (73, 5,33 por cada 100 000 mujeres), pero las adolescentes de 15 a 17 años fueron las más afectadas (49 víctimas, 31,52 por 100 000 mujeres).

“La agresión sexual vino a incluir todos los ataques de mayor lesividad contra la libertad y la indemnidad de las personas”, dijo la jurista.

En el artículo 395 del Código Penal, la agresión sexual se sanciona con privación de libertad de siete a 15 años, a quien, “empleando fuerza, violencia o intimidación tenga acceso carnal con otra persona”, por la vía o los métodos que fueran.

La sanción es de 8 a 20 años si, por ejemplo, el delito es consecuencia de la violencia de género o familiar, o por motivos discriminatorios.

Con menor gravedad, entran otras formas de violencia sexual como el “abuso sexual” —a diferencia del delito anterior, no tiene el componente del “acceso carnal”—, o “el acoso y ultraje sexual”, que incluye formas de acoso de forma directa o a través de cualquier medio de comunicación. En ambos casos, las sanciones son multas o estancias de seis meses a dos años en prisión.

Los 173 casos de violencia sexual juzgados en 2025 son una gran disminución con relación a los 230 casos de 2024 y los 378 de 2024, al punto de que la tasa de hechos de este tipo llevados ante la justicia ha disminuido de 8,62 por cada 100 000 mujeres en 2023 a 4,19 en 2025.

De ese total de 781 casos, 419 (53,6 %) corresponden a agresiones sexuales y 362 (46,4 %) a otros tipos de violencia sexual.

“Esas cifras son muy poco representativas de la realidad. Una sufre mucho acoso cada día para que esos números digan algo. En todo caso, hablan de lo poco que funciona la justicia cubana para estos casos de violencia sexual”, dijo Claris, una estudiante de la Universidad Tecnológica de La Habana que prefirió mantener en anonimato su apellido.

Muchos especialistas y activistas cubanos coinciden en que las estadísticas disponibles apenas ofrecen un acercamiento parcial a una problemática que, según grupos feministas independientes, enfrenta un alto subregistro.

Los aportes Ocig se ven limitados, además, por brindar solo datos de casos juzgados e invisibilizar la violencia sexual hacia niñas menores de 15 años y niños.

“En la violencia sexual sí hay un subregistro siempre muy grande. Primero, por el silencio de la víctima y, segundo, porque los delitos de violencia sexual, por ley, tienen un requisito de perseguibilidad: requieren una denuncia oficial de la víctima o de los padres, si es menor de edad. Eso son delitos, como clásicamente se dice, delitos de soledad”, acotó Pérez.

Pese de los avances legislativos, estudios confirman la persistencia a escala global de desafíos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual como puede ser la vergüenza y el miedo a represalias; la revictimización y falta de sensibilización de los operadores judiciales; la carencia de redes de apoyo y las desigualdades socioeconómicas.

Más de 12 % de las mujeres de 15 a 49 años en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja en el último año, de acuerdo con el Panorama de género (2025) de ONU Mujeres.

A la hora de denunciar los casos de violencia sexual, también el tiempo que demora en prescribir una acción penal, que en Cuba puede ser entre 3 y 25 años, según la sanción asociada a un delito determinado, aunque los casos de femicidios no deberían prescribir porque el asesinato incluye la pena máxima.

Para acompañar a las víctimas en el proceso, en noviembre de 2025, se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivo, que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla.

La abogada Ana Isabel Zamora, perteneciente a una de las oficinas en La Habana, explicó a IPS que el rol de la iniciativa es ofrecer asesoría legal, la representación procesal y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

Pero en sus primeros meses, su oficina ha atendido apenas unos 20 casos.

Zamora reconoció que “aún no está todo lo visibilizada que quisiéramos. Por miedo, por pena, por estereotipos, las víctimas no logran acudir a estos lugares donde se les puede prestar ayuda”.

Por Dariel Pradas

Fuente: IPS

La economía política feminista de los ecosistemas digitales

Fuentes: Rebelión

Los ecosistemas digitales no son neutrales. Son espacios donde se acumula riqueza, se organiza el trabajo, se sostiene la vida cotidiana y se disputa el poder político.

Detrás de cada aplicación hay infraestructuras, algoritmos y decisiones empresariales que determinan quién controla la tecnología, quién obtiene las ganancias y quién asume los costos. Una mirada feminista permite ver aquello que muchas veces queda oculto: este sistema se alimenta no solo del trabajo remunerado, sino también de los datos, la atención, la creatividad y los cuidados que millones de personas aportan todos los días. Por eso, la pregunta no es si debemos usar o no la tecnología, sino quién la gobierna, para quién funciona y qué vidas quedan expuestas cuando sus reglas se deciden lejos de las comunidades.

Capitalismo digital, trabajo y cuidados

Las grandes plataformas concentran la propiedad de la infraestructura, los algoritmos y los datos, mientras millones de personas aportan el trabajo que las mantiene en funcionamiento. Una mujer que vende productos por medio de una red social, por ejemplo, paga el teléfono, la conexión a internet y otros costos de su actividad. Además, dedica tiempo a tomar fotografías, responder mensajes, preparar pedidos y atender reclamos. Sin embargo, no decide las reglas de la plataforma, no conoce los criterios del algoritmo y puede perder su cuenta o sus ingresos sin una explicación clara.

Este trabajo digital no reemplaza las responsabilidades de cuidado que el orden patriarcal asigna principalmente a las mujeres. Con frecuencia, se suma a la atención de niñas y niños, personas enfermas o mayores y a las tareas domésticas. Por eso, la supuesta flexibilidad de trabajar desde casa puede convertirse en una jornada sin límites, sin descanso y sin protección social. Una mirada feminista permite reconocer que las plataformas obtienen ganancias gracias a ese tiempo de trabajo visible e invisible, mientras trasladan sus costos a los hogares y, dentro de ellos, especialmente a las mujeres.

La gestión algorítmica profundiza esta desigualdad. Los sistemas automatizados asignan tareas, miden el rendimiento, fijan ritmos de trabajo y aplican sanciones sin transparencia ni posibilidad real de apelación. Quienes trabajan bajo estas reglas son vigilados de manera constante, pero no pueden intervenir en las decisiones que afectan sus ingresos y su estabilidad.

A finales de 2026, Meta eliminó alrededor de 8.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10 % de su plantilla, en medio de una reorganización orientada a ampliar sus inversiones en inteligencia artificial. Muchas personas conocieron su despido mediante comunicaciones digitales. La forma y la magnitud de estas medidas muestran el desequilibrio de poder entre las corporaciones y quienes trabajan para ellas: una decisión tomada en la cúpula empresarial puede destruir, en segundos, los ingresos y la seguridad de miles de familias. La tecnología, que podría reducir las jornadas y liberar tiempo para el descanso y los cuidados, se utiliza para disminuir costos laborales, aumentar ganancias y debilitar derechos. Así se expresa la lucha de clases en el entorno digital.

Datos, atención y acumulación de riqueza

Cada búsqueda, compra, conversación o desplazamiento puede producir información que las empresas convierten en mercancía. Con frecuencia se afirma que los datos son “el nuevo petróleo”. Sin embargo, esta comparación oculta algo fundamental: los datos no aparecen de manera espontánea ni son un recurso separado de las personas. Se originan en nuestras actividades, relaciones, cuerpos y necesidades. Desde una perspectiva feminista, extraer datos también significa apropiarse de fragmentos de la vida cotidiana.

Las plataformas transforman esa información en perfiles de consumo que alimentan la publicidad dirigida y los sistemas de inteligencia artificial. Si una mujer busca un medicamento, información sobre un embarazo o un servicio de salud, su actividad puede utilizarse para anticipar sus necesidades e influir en sus decisiones. Esto no solo produce ganancias; también puede exponer información sensible y reforzar formas de vigilancia o discriminación.

Netflix registra cada visualización para decidir qué contenidos producir, recomendar y distribuir. De esta manera, la creatividad queda subordinada a cálculos empresariales que buscan reducir riesgos y maximizar ganancias. Productoras, artistas y trabajadoras culturales dependen de algoritmos que determinan qué historias circulan y cuáles quedan ocultas.

Amazon convierte cada búsqueda y cada compra en información para perfeccionar su logística y ampliar su poder sobre el comercio electrónico y los servicios de nube. Mientras tanto, quienes trabajan en almacenes, entregas y atención al público enfrentan ritmos intensos y condiciones precarias. La riqueza se concentra en la cúpula corporativa, aunque una enorme red de trabajadoras y trabajadores sostenga la infraestructura material que hace posible el negocio.

TikTok y Meta diseñan sus algoritmos para prolongar el tiempo de permanencia en pantalla. La atención de las personas se transforma en datos y, luego, en ingresos publicitarios. Al mismo tiempo, usuarias y creadoras producen contenidos, mantienen activas las redes y realizan un trabajo que rara vez es reconocido o remunerado de manera justa. Las mujeres, además, están más expuestas al acoso, la sexualización, la apropiación de sus imágenes y otras formas de violencia digital.

La magnitud de este negocio permite comprender el poder en disputa. El mercado mundial de publicidad digital alcanzó 567.900 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a 662.300 millones en 2026 y a 1,69 billones en 2033 (Grand View Research, 2026). Por su parte, WPP Media estimó que los ingresos mundiales por publicidad llegaron a 1,08 billones de dólares en 2025. La publicidad exclusivamente digital representó el 73,2 % de ese total y el porcentaje aumentó al 81,6 % al incluir extensiones digitales como el streaming y la publicidad exterior digital (WPP Media, 2025).

Estas cifras muestran que cada clic y cada minuto de atención forman parte de un proceso económico de enorme escala. La respuesta no consiste en abandonar la tecnología, sino en disputar su propiedad, sus reglas y sus beneficios. Quienes producen la riqueza digital deben participar en las decisiones y recibir una parte justa del valor que generan.

Datos transnacionales y poder corporativo

La digitalización de los servicios públicos y privados ha acelerado la transnacionalización de los datos. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud no solo ofrecen infraestructura tecnológica: también administran o almacenan información estratégica de millones de personas. Cuando los registros educativos, tributarios, laborales o médicos dependen de empresas extranjeras, los Estados pierden capacidad para decidir de manera autónoma cómo protegerlos y utilizarlos.

En 2025, el mercado mundial de servicios de nube alcanzó aproximadamente 680.000 millones de dólares y se proyectó que llegaría a 947.000 millones en 2026 y a 2,4 billones en 2030. AWS controlaba cerca del 28 % del mercado, Microsoft Azure el 21 % y Google Cloud el 14 %. En conjunto, estas tres empresas concentraban más del 60 % de la infraestructura mundial de nube (Synergy Research Group, 2026). Esta concentración condiciona la soberanía digital de los Estados y aumenta su dependencia de contratos privados sujetos a intereses comerciales y geopolíticos.

En México, la contratación de proveedores globales para digitalizar y almacenar información pública puede colocar datos escolares, tributarios y administrativos bajo infraestructuras que el Estado no controla plenamente. Aunque el portal datos.gob.mx reúne decenas de miles de conjuntos de datos federales, la apertura de información no garantiza, por sí sola, soberanía tecnológica ni protección frente al uso comercial de los datos.

En Brasil la Rede Nacional de Dados em Saúde integra historiales médicos mediante la interacción de instituciones públicas y privadas. La Ley General de Protección de Datos reconoce que la información médica es sensible, pero su protección también depende de quién controla la infraestructura, de las condiciones de los contratos y de la capacidad estatal para fiscalizar a las empresas.

En India, el sistema Aadhaar centraliza los datos biométricos de más de mil millones de personas y permite que empresas privadas participen en procesos de autenticación. Este modelo muestra cómo puede debilitarse la frontera entre lo público y lo privado cuando la expansión tecnológica avanza más rápido que los controles democráticos.

DoctorSV, en El Salvador, forma parte de esta tendencia mundial. La plataforma reúne información clínica y familiar de quienes utilizan el servicio. La digitalización puede facilitar la atención médica, pero también crea riesgos si no existen reglas claras sobre quién accede a los datos, dónde se almacenan, con qué fines se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan. Estos riesgos tienen una dimensión de género: la información sobre salud sexual y reproductiva, embarazos, violencia, identidad de género u orientación sexual puede utilizarse para vigilar, excluir o discriminar a mujeres y personas LGTBIQ+. El respaldo financiero de organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), no sustituye la obligación del Estado de garantizar transparencia, consentimiento, seguridad y control público.

Estos casos revelan un problema estructural: la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para influir en las decisiones públicas y convertir servicios esenciales en nuevos mercados. La soberanía de los datos no es un asunto meramente técnico. Es una cuestión de democracia, justicia económica y autonomía colectiva. También es una demanda feminista, porque proteger los datos relacionados con los cuerpos, la salud, los cuidados y la vida familiar resulta indispensable para ejercer derechos y vivir sin vigilancia ni discriminación.

Autoritarismo digital y colonialismo cultural

Las plataformas también ejercen poder al decidir qué contenidos pueden circular, cuáles pierden visibilidad y qué cuentas son suspendidas. Estas decisiones se presentan como procesos técnicos y neutrales, aunque responden a reglas empresariales y a algoritmos diseñados desde contextos culturales dominantes. En América Latina ese poder puede silenciar expresiones indígenas, feministas y comunitarias y reforzar el racismo, el patriarcado y el colonialismo cultural.

Como documentan Lindero Cortez, Scarlet et al. (2026), en Brasil algunas comunidades indígenas, entre ellas los Kalapalo del Xingu, han visto cómo YouTube e Instagram eliminan videos de ceremonias tradicionales por considerarlos “contenido sensible”. Cuando las imágenes de vestimenta ancestral son clasificadas como inapropiadas, las personas creadoras se ven obligadas a modificar sus publicaciones para evitar bloqueos. Así, una regla privada impone criterios ajenos a la comunidad y limita la transmisión de sus saberes.

En México, organizaciones feministas han denunciado la reducción del alcance de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y diversidad sexogenérica. Aunque el contenido no siempre desaparece, deja de circular y pierde impacto político. En 2024, Meta bloqueó las cuentas de WhatsApp Business de Telefem y después eliminó su perfil de Instagram, que tenía 45.000 seguidoras. La organización atendía a más de 4.000 mujeres al mes en procesos de aborto seguro. La medida interrumpió servicios de salud, debilitó la credibilidad construida durante años y borró parte de la memoria digital de la organización.

En Guatemala, Facebook, TikTok y X han sido utilizados para difundir campañas de desprestigio contra liderazgos mayas, defensoras ambientales y activistas contra la corrupción. En el caso de Lesbia Artola, circularon acusaciones falsas que buscaban responsabilizarla por asesinatos de defensores de la tierra. La desinformación digital no permanece encerrada en una pantalla: puede preparar el terreno para amenazas, criminalización y persecución judicial.

Estos hechos muestran que el autoritarismo digital empresarial tiene consecuencias materiales. Las plataformas favorecen los contenidos más rentables y pueden penalizar las voces que cuestionan el patriarcado, el racismo, el extractivismo o el poder político. Esta violencia afecta de manera particular a mujeres indígenas, rurales, trans, lesbianas, periodistas y defensoras, porque sobre ellas se cruzan distintas formas de discriminación. Descolonizar lo digital exige transparencia en las decisiones algorítmicas, mecanismos eficaces de apelación y políticas que protejan las lenguas, los saberes y la organización de los pueblos.

Violencia digital y exclusión política

Las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso sexual y las campañas de desprestigio no son simples insultos en redes sociales. Forman parte de una estrategia de control patriarcal que busca infundir miedo, disciplinar a las mujeres y expulsarlas de los espacios públicos. Periodistas, defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarias y candidatas enfrentan agresiones dirigidas no solo contra sus ideas, sino también contra sus cuerpos, su sexualidad, sus familias y su derecho a participar.

Cuando una mujer deja de opinar, organizarse o participar en política por temor a las agresiones, pierde ella, pero también pierde la democracia. Por eso, la violencia digital debe reconocerse como una forma de violencia política y estructural. Enfrentarla requiere prevención, atención, protección y sanciones efectivas, además de responsabilidades claras para las empresas que permiten o amplifican estos ataques.

Democratizar lo digital

Democratizar lo digital significa disputar el poder de las plataformas y construir alternativas colectivas. La soberanía de los datos debe garantizar que la información pública y sensible sea gestionada por instituciones democráticas, con control social y participación ciudadana. Se necesitan límites a la concentración empresarial, transparencia en los algoritmos y el derecho a recibir una explicación y apelar cuando una decisión automatizada afecta un empleo, un ingreso, un servicio público o la libertad de expresión.

La democratización también exige reconocer como trabajo las actividades realizadas mediante plataformas y garantizar derechos laborales, seguridad social y negociación colectiva. No basta con celebrar que las mujeres puedan vender productos o prestar servicios desde sus hogares. Es necesario asegurar ingresos dignos, descanso, protección frente a la violencia y corresponsabilidad social de los cuidados. De lo contrario, la inclusión digital solo agrega nuevas cargas a las desigualdades existentes.

Una agenda feminista debe incluir acceso universal y asequible a internet, formación tecnológica, protección de los datos personales y participación efectiva de las mujeres en el diseño y la regulación de los sistemas digitales. Esta participación debe incorporar la diversidad de experiencias de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y de las personas LGTBIQ+. No existe justicia digital si las decisiones continúan concentradas en élites empresariales y técnicas alejadas de las comunidades afectadas.

También es necesario invertir en tecnologías públicas, comunitarias y cooperativas que prioricen el bienestar colectivo. Las plataformas deben respetar las lenguas y los saberes locales, corregir los sesgos de sus sistemas y proteger la organización social. Democratizar la tecnología no significa añadir mujeres a un modelo injusto, sino transformar las relaciones de propiedad y poder que lo sostienen.

Conclusión

La disputa por los ecosistemas digitales no es un debate técnico reservado a especialistas. Es una discusión pública sobre democracia, justicia económica y derechos. Hoy, las grandes corporaciones concentran datos, infraestructura y ganancias, mientras los costos recaen sobre trabajadoras, hogares, comunidades y Estados. Desde una perspectiva feminista, esto obliga a mirar el poder allí donde suele presentarse como innovación: en la extracción de datos, en la vigilancia del trabajo, en la moderación privada de contenidos y en la violencia que busca expulsar a las mujeres del espacio público.

Democratizar la tecnología no significa rechazarla. Significa cambiar sus reglas. Implica reconocer el trabajo que sostiene la vida, garantizar derechos laborales, proteger los datos personales y públicos, regular los algoritmos, limitar los monopolios y construir infraestructuras públicas, comunitarias y cooperativas. También implica que mujeres, trabajadoras, pueblos y comunidades participen en las decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que contribuyen a crear.

Una agenda feminista para lo digital debe poner la vida en el centro. Eso supone cuestionar la concentración de la propiedad y de las ganancias, defender la autonomía de los pueblos, proteger las lenguas y los saberes locales, y exigir que las tecnologías no profundicen las desigualdades que prometen resolver. La inclusión digital, por sí sola, no basta si las reglas siguen siendo definidas por las mismas empresas que se benefician de la dependencia, la vigilancia y la precariedad.

Si queremos una democracia plena, también tenemos que democratizar lo digital. No se trata de pedir permiso para participar en plataformas diseñadas por otros, sino de disputar sus reglas, sus beneficios y su sentido. La tecnología puede servir para vigilar, precarizar y silenciar; pero también puede convertirse en una herramienta colectiva para cuidar, comunicar, organizar y ampliar derechos. Esa elección no es técnica: es profundamente política y feminista.

Por Por Julia Evelyn Martínez

Economista feminista, docente e investigadora.

Fuente: Rebelión