Feminismos y activismos en salud de las mujeres: saberes, prácticas y cuidados

Presentación

Victoria Raquel Rojas-Lozano

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

María del Rosario Ramírez Morales

Universidad de Guadalajara

El proceso salud/enfermedad/atención/cuidado (s/e/a/c), objeto de estudio de la antropología médica, ha experimentado una profunda renovación gracias a los activismos feministas que han intensificado su presencia en el siglo XXI. La intersección entre feminismos, salud y antropología representa uno de los campos empíricos más productivos y urgentes de sistematizar como campo de investigación contemporánea. El abordaje de la salud en su encuentro con los feminismos y los activismos emerge en un momento crucial, en que la necesidad de descolonizar y democratizar el conocimiento sobre la salud de las mujeres se ha vuelto imperativa.

Los feminismos han demostrado que las condiciones de salud de las mujeres están atravesadas por múltiples ejes de desigualdad: clase, etnia, territorio, edad, orientación sexual, entre otros. Esta mirada interseccional ha permitido visibilizar cómo las distintas opresiones impactan de manera específica en la salud y el bienestar de las mujeres, cuestionando el paradigma biomédico tradicional que ha ignorado estas particularidades. Un aporte fundamental de los movimientos feministas ha sido la revaloración de los saberes ancestrales y las prácticas locales de salud. Las comunidades de mujeres en barrios, pueblos originarios y periferias han desarrollado estrategias de cuidado y autocuidado que merecen ser estudiadas, visibilizadas y reconocidas en su dimensión política. Los activismos en salud emergen como espacios de sostén, resistencia y construcción colectiva, donde las mujeres se organizan para exigir su derecho a cuidar, ser cuidadas y autocuidarse.

Este número se propone como un espacio de diálogo y reflexión que integra diversos enfoques teórico-metodológicos sobre el proceso s/e/a/c desde una perspectiva feminista crítica, comunitaria y de cuidados, colocando en el centro la experiencia colectiva y el bienestar de las mujeres, considerando su carácter situado. El objetivo fundamental es identificar, a través de diferentes experiencias empíricas y ejes temáticos, el impacto que las epistemologías, metodologías y éticas feministas han tenido en la comprensión de la salud, el cuidado y el bienestar de las mujeres. Las contribuciones que conforman el dosier constituyen una cartografía plural de ese impacto, construida desde posicionamientos situados, metodologías comprometidas con la producción colectiva de conocimiento y apuestas que desafían las fronteras entre la investigación, el activismo y la vida desde sus sitios más profundos.

Para efectos de esta presentación, las contribuciones han sido agrupadas en tres ejes temáticos que orientan la lectura sin pretender fijar un orden único de recorrido. Cada eje nombra una preocupación común atravesada por varias colaboraciones, pero los textos también sugieren un diálogo de ida y vuelta. En este sentido, invitamos a leer el dosier como una trama y no como una secuencia.

Cuerpos, derechos y autonomía: el aborto como campo de disputa y cuidado

Una parte central del dosier articula la experiencia del aborto desde múltiples dimensiones. Olivia Mariana González-Márquez, en “Del silencio a la sororidad: el aborto como acto político y de cuidado”, explora los itinerarios abortivos a partir del concepto de agencia afectiva, mostrando cómo las emociones dejan de ser estados pasivos para convertirse en brújulas políticas que hacen del aborto autogestionado una práctica de cuidado colectivo. En sintonía con esta mirada, María Belén Herrero Martín, Alicia Sarmiento Velásquez y Victoria Raquel Rojas-Lozano hablan del acompañamiento emocional como práctica política y metodológica a través de la reseña del documental A todo lo que dije sí, producido por la Colectiva ADAS. Las autoras subrayan el carácter singular de esta organización, cuya metodología articula psicoterapia narrativa, psicoanálisis y feminismo para crear espacios de cuidado colectivo que honran la experiencia afectiva de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

Desde la dimensión institucional del aborto, Victoria Raquel Rojas-Lozano, en su “Análisis y reflexión del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México”, argumenta que este documento, publicado en 2021, no constituye una concesión gubernamental espontánea, sino la formalización institucional de más de seis décadas de praxis feminista. La urgencia de visibilizar esas tensiones y contradicciones institucionales, ahora en el ámbito cotidiano, es el eje de la reseña que María del Rosario Ramírez Morales hace del cortometraje documental Misocompra (2023). A través del análisis de este trabajo cinematográfico de Andrea Ro Riggen, la autora registra la paradoja entre el reconocimiento internacional del medicamento y las barreras morales, informativas e institucionales que lo hacen inaccesible en la práctica cotidiana. De la misma manera, Aitza Miroslava Calixto Rojas propone en “¿Este cuerpo es mío? Los derechos sexuales y reproductivos en tensión”, un ejercicio autoetnográfico que interroga los límites de la agenda de la marea verde al invisibilizar las realidades de las mujeres rurales y de los pueblos originarios. El texto revela la colonialidad que persiste en las políticas reproductivas y la urgencia de una agenda interseccional. Finalmente, el texto de María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Mariana Juárez Moreno y Leticia Martínez Martínez nos muestra el proceso de reconocimiento e implementación del derecho a decidir en San Luis Potosí, a un año de la despenalización del aborto, identificando los avances normativos, los límites institucionales y el papel del acompañamiento feminista en la garantía efectiva de la autonomía reproductiva.

Corporalidades en disputa: activismo, resistencia y re-existencia

Otro conjunto de contribuciones interroga las corporalidades marcadas por la enfermedad, la gordura, la menstruación y la experiencia sáfica como territorios de disputa y producción de saberes situados. Emma Magdalena Oropeza De Anda, en “Cáncer de mama: la cuerpA como archivo de opresiones, resistencias y re-existencias”, propone un análisis de la configuración subjetiva de mujeres que, tras ser diagnosticadas con cáncer de mama, transitan de pacientes oncológicas a activistas sociales. En este artículo, la autora reconstruye cómo la enfermedad activa sentidos subjetivos que permiten resignificar la corporalidad y convertir la experiencia del dolor en motor de organización colectiva e incidencia institucional. La corporalidad gorda es el centro de la reflexión de Izchel Adriana Cosio Barroso en “Sentipensar la salud: una praxis de los estudios críticos de la gordura”. A través de una revisión crítica de literatura sobre activismos gordos y fat studies, la autora cuestiona la patologización de la gordura bajo la categoría médica de obesidad y propone recuperar el sentipensamiento como base de una concepción de salud que reconoce el carácter situado de los saberes y los cuidados. Por su parte, Iris del Rosario Jiménez Serrano, en su texto “Menstruar en movimiento: Salud menstrual y derechos humanos en contextos de movilidad humana en México”, nos invita a comprender la dignidad menstrual como un espacio en disputa política y corporal. La autora analiza las experiencias menstruales y su dimensión corporal como elementos intrínsecos al fenómeno migratorio. A través de una etnografía con mujeres venezolanas en Ciudad de México, expone la diversidad de realidades y desafíos de la salud menstrual en tránsito. Por otro lado, la experiencia sáfica como territorio específico de salud y bienestar es abordada en el fotoensayo de Amir Samaria León, Amy Salazar Pantoja y Sofía Garduño Huerta, de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C., titulado “Repensando la salud desde la experiencia sáfica”. En él, las autoras argumentan que la mirada cisheteronormada genera omisiones estructurales que solo pueden revertirse construyendo comunidad desde la disidencia sexogenérica, con el placer como componente esencial de la salud y el cuidado como responsabilidad colectiva.

Pedagogías, cuidados comunitarios y saberes encarnados

Las contribuciones restantes se interrogan sobre los espacios y vínculos desde los que se producen y transmiten saberes feministas sobre la salud: el aula universitaria, las comunidades de cuidados y la consulta de las parteras autónomas urbanas. María del Rosario Ramírez Morales, en “‘¿A ti qué te contaron sobre el sexo?’. Feminismo, sexualidad y afectividad en el ámbito universitario”, sistematiza su experiencia como docente feminista para proponer que el activismo también se ejerce desde las aulas. Su texto analiza cómo las emociones se constituyen en potenciadores de un aprendizaje significativo cuando la educación sexual adopta un enfoque afectivo, crítico y con perspectiva de género. Verónica Moreno Uribe, en “Comunidades de cuidados. Vincularidades e insubordinaciones”, ofrece una reflexión polifónica sobre las formas en que estas comunidades construyen vincularidades capaces de insubordinarse frente a las mediaciones capitalistas, patriarcales y coloniales que las explotan. Por otro lado, Yaredh Marín Vázquez, en su fotoensayo “Faldas, espejos y tejidos: contra-pedagogías del cuidado de la salud sexual por parteras autónomas urbanas”, articula la investigación antropológica, fotografía documental y práctica de partería para mostrar cómo objetos cotidianos –faldas, espejos, modelos tejidos, espéculos– se convierten en herramientas de contra-pedagogía frente al Modelo Médico Hegemónico y su historia de violencia sobre los cuerpos de las mujeres.

En conjunto, las contribuciones de este número dibujan un mapa heterogéneo de los feminismos en salud: desde la consulta ginecológica y el acompañamiento hasta el archivo comunitario y el aula universitaria; desde la corporalidad enferma y la gordura hasta el placer sáfico y los vínculos de cuidado en contextos de violencia. Este dosier es una invitación a habitar la incomodidad productiva de un campo que todavía se está nombrando y en el que la teoría, el activismo y la vida siguen siendo inseparables.

Por Laura Gutiérrez 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Ichan Tecolotl

Año 37, Número 404 (febrero 2026)

Feminismos y activismos en salud de las mujeres: saberes, prácticas y cuidados

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Fuente: COMECSO

Rebecca Solnit: "La credibilidad es una herramienta de supervivencia y de poder que históricamente se le ha negado a las mujeres"

Es algo que ocurre tanto en el ámbito público como en el laboral

Existe una forma de silenciar a una mujer que no consiste necesariamente en mandarla callar. Basta con conseguir que, cuando hable, nadie la considere una fuente fiable. Que sus palabras parezcan exageradas, sus recuerdos confusos, sus argumentos demasiado emocionales o su relato directamente imposible. Porque si nadie cree lo que dices, tu voz puede seguir existiendo y, sin embargo, haber perdido su poder.


Esta es una de las ideas que atraviesa 'Los hombres me explican cosas', el libro de ensayos que la historiadora y activista Rebecca Solnit publicó en 2014 y que se ha convertido en una de las obras de referencia del feminismo contemporáneo. Dos de las ideas más potentes que Solnit desarrolla en sus páginas son que la credibilidad es una forma de poder y que su distribución nunca ha sido completamente neutral.

Solnit define la credibilidad como una "herramienta de supervivencia" porque la capacidad de que una mujer sea considerada creíble constituye un poder fundamental. Y ahí está precisamente la cuestión...


Ser creída no es solo una cuestión de autoestima o de sentirse escuchada: determina quién puede denunciar, quién puede ser escuchado, quién puede ocupar un espacio de autoridad y quién consigue que su versión de los hechos sea tenida en cuenta.

Casandra, la mujer a la que nadie creía

Solnit explica este fenómeno con una poderosa metáfora de la mitología griega. Casandra, hija de Príamo y Hécuba y princesa de Troya, recibió de Apolo el don de la profecía. Podía ver acontecimientos futuros y advertir sobre ellos. El problema era que, después de rechazar al dios, recibió también una maldición: conservaría su capacidad para decir la verdad, pero nadie creería sus palabras.

La paradoja es perfecta porque ejemplifica cómo puedes tener la verdad de tu lado y, aun así, carecer del poder necesario para que esa verdad sea escuchada. De ahí procede el llamado "síndrome de Casandra" al que la autora dedica uno de los ensayos del libro.

En la lectura de Solnit, la metáfora sirve para describir una situación que se repite cuando una mujer cuestiona a un hombre (especialmente cuando ese hombre tiene poder) o a una institución. El problema deja de ser entonces aquello que está denunciando y pasa a ser ella misma.


¿Es demasiado sensible? ¿Está confundida? ¿Exagera? ¿Tiene algún interés oculto? ¿Está siendo maliciosa? ¿Se lo está inventando? La estrategia resulta especialmente eficaz porque desplaza la conversación. Ya no hace falta responder a lo que la mujer esté diciendo si antes conseguimos que el resto de personas deje de considerarla una narradora fiable.


Cuando el problema deja de ser lo que dices y pasa a ser quién eres

Solnit señala precisamente que, cuando una mujer cuestiona una estructura de poder, puede ponerse en duda no solo la veracidad de los hechos que cuenta, sino también su capacidad para hablar y hasta su derecho a hacerlo.

No se trata simplemente de que alguien diga que no está de acuerdo contigo, se trata de convertir a la persona que habla en el problema. De este modo, si una mujer denuncia acoso, el foco puede desplazarse hacia su comportamiento. Si señala una injusticia laboral, hacia su carácter. Si contradice a un hombre en una conversación, puede interpretarse como agresiva o conflictiva. Si insiste en que algo ocurrió, puede ser acusada de estar obsesionada.

La cuestión deja de ser "¿qué ha pasado?" para convertirse en "¿qué le pasa a ella?". Solnit recuerda cómo términos como "histérica" han servido históricamente para asociar determinados comportamientos femeninos con una supuesta incapacidad emocional o racional. Uno de los ejemplos que utiliza es el de Rachel Carson, autora de 'Primavera silenciosa', cuya investigación sobre los efectos de los pesticidas cuestionó los intereses de una poderosa industria.

En lugar de limitarse a discutir sus argumentos científicos, algunos de sus detractores atacaron también su condición de mujer y calificaron su trabajo en términos asociados a la supuesta emocionalidad femenina. Para Solnit, Carson representa así a una de esas Casandras modernas: una mujer que advierte sobre algo que otros no quieren escuchar y cuya autoridad se intenta erosionar desacreditándola.

El trabajo también es un territorio de credibilidad

Por todo ello, esta idea resulta especialmente interesante cuando hablamos de mujer y trabajo. Porque la credibilidad no es cuestión únicamente en los grandes debates políticos o cuando una mujer denuncia una agresión. También aparece en situaciones aparentemente mucho más pequeñas y cotidianas.

¿A quién se escucha primero en una reunión? ¿A quién se atribuye autoridad? ¿Quién tiene que aportar más pruebas para defender una idea? ¿Quién puede equivocarse sin que ese error se convierta en una demostración de incompetencia? ¿Quién es percibido como experto y quién tiene que demostrar constantemente que merece estar en esa posición?

Solnit relaciona precisamente las batallas históricas del feminismo contra la violencia doméstica y el acoso sexual en el trabajo con una cuestión fundamental: hacer que las mujeres fueran creíbles y audibles.


Y esto cambia bastante la forma de entender algunos de los grandes avances feministas. No se trataba únicamente de conseguir nuevas leyes, sino también de conseguir que aquello que las mujeres llevaban años contando pudiera finalmente ser reconocido como un problema real.

Porque durante mucho tiempo, que una mujer dijera que estaba siendo maltratada no significaba necesariamente que las instituciones consideraran que aquello constituía una cuestión que debían investigar. Que denunciara acoso en su puesto de trabajo no implicaba automáticamente que su relato tuviera el mismo peso que el de quien tenía más poder dentro de la organización.

Por eso, la credibilidad es también una cuestión de acceso al poder.

El círculo perfecto del silencio

Hay otra idea especialmente interesante al respecto en 'El síndrome de Casandra' y es que el silenciamiento no comienza necesariamente cuando una mujer abre la boca. Puede empezar mucho antes.

Primero está el miedo, la vergüenza, la confusión o la dificultad para encontrar las palabras. Después pueden aparecer la humillación, el acoso o la violencia que buscan impedir que alguien hable. Y cuando finalmente consigue contar lo ocurrido, puede aparecer una última barrera: poner en duda su relato.

Es un mecanismo perverso porque cada etapa puede alimentar a la siguiente. Si una mujer tarda en hablar, alguien puede preguntarse por qué no lo hizo antes. Si su relato no es perfectamente lineal, puede utilizarse esa falta de precisión para cuestionarlo. Si muestra emociones, pueden considerarse una prueba de que no es objetiva. Si no las muestra, puede parecer fría o distante.

La exigencia de credibilidad puede convertirse así en una especie de examen imposible. Es muy importante tener todo esto presente porque todos atribuimos credibilidad de manera constante. Decidimos quién nos parece competente, quién nos parece exagerado, quién parece saber de lo que habla y quién necesita demostrarlo un poco más. Y esas decisiones están atravesadas por todo tipo de prejuicios y expectativas.

No obstante, Rebecca Solnit plantea que no estamos condenados a repetir la historia. Podemos decidir a quién damos credibilidad y, sobre todo, preguntarnos por qué se la damos a unas personas antes que a otras. Y quizá ahí empieza una forma mucho más profunda de igualdad.

Por María Yuste

Editor Senior

Fuente: Trendencias

Derechos humanos de las mujeres, igualdad e Inteligencia Artificial

La IA puede reproducir y profundizar desigualdades de género: desde los sesgos algorítmicos y la brecha económica hasta la vigilancia y la violencia digital. Organizaciones feministas llaman a poner los derechos de las mujeres y niñas en el centro de su gobernanza.

La Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), la Red UniTWIN de la UNESCO sobre Género, Medios y TIC y la WACC hicieron un llamado conjunto al Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial y a la Cumbre de la IA para el Bien (AI for Good Summit), que tuvieron lugar en la sede de la ONU en Ginebra a inicios de julio, a comprometerse con un sistema de inteligencia artificial al servicio de las mujeres y las niñas.

De acuerdo con estas organizaciones, los debates sobre la IA y los derechos humanos de las mujeres no son nuevos. Tanto las discusiones iniciales como las contemporáneas continúan girando en torno al poder, la desigualdad y la discriminación. En la década de 1990, la socióloga Judy Wajcman advirtió que las tecnologías no son dispositivos neutrales, sino espacios mediados por relaciones de poder que refuerzan la desigualdad entre mujeres y hombres. Wajcman subrayaba que la tecnología constituye un territorio dominado por los hombres y por el patriarcado, lo que explica por qué la desigualdad se reproduce y se refuerza a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En este contexto, señalan GAMAG, la UNITWIN y WACC, la inteligencia artificial se presenta como el nuevo paradigma capaz de resolver problemas que ni los Estados ni las sociedades han logrado solucionar en materia de derechos humanos. Lejos de ello, la IA ha profundizado la desigualdad social con consecuencias multiples: la erosión del derecho a la privacidad, la profundización de la discriminación y la desigualdad, los riesgos para la libertad de expresión y el acceso a la información, las amenazas a la transparencia y la rendición de cuentas y los daños estructurales a la autonomía y la autodeterminación.

En lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres, la IA representa un punto de inflexión crítico con efectos en varias direcciones:

Sesgo algorítmico y discriminación. Los sistemas entrenados con datos históricos reproducen con frecuencia la desigualdad de género en lugar de corregirla. Esto se traduce en resultados discriminatorios para las mujeres en ámbitos clave como los procesos de contratación, el acceso al crédito, el diagnóstico médico y la asignación de recursos.

Desigualdad económica. La automatización impulsada por la IA afecta de manera desproporcionada a los sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas, incluidos los trabajos administrativos y de servicios. Esta dinámica corre el riesgo de ampliar las brechas económicas de género ya existentes y limitar el acceso de las mujeres a empleos bien remunerados.

Vigilancia y afectaciones a la privacidad. Tecnologías como el reconocimiento facial presentan menores niveles de precisión cuando se aplican a mujeres. Estas imprecisiones aumentan la probabilidad de identificaciones erróneas en actividades policiales y otros contextos de alto impacto, socavando el derecho de las mujeres a la privacidad y al debido proceso.

Violencia contra las mujeres y acoso en línea. Las herramientas de IA se utilizan cada vez más para generar imágenes deepfake, automatizar contenidos misóginos y amplificar campañas de acoso dirigido. Estas prácticas amenazan la seguridad, la dignidad y la participación de las mujeres en los espacios digitales. Se han documentado efectos particularmente graves sobre mujeres políticas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta escalada tiene consecuencias de gran alcance para la participación democrática, la libertad de expresión y la igualdad de género.

Un problema fundamental asociado a los identificados por las organizaciones, es la falta de datos y de mecanismos de rendición de cuentas, lo que dificulta la gobernanza de la IA, cuyos principios deberían situar los derechos humanos de las mujeres en el centro. En este contexto, advirtieron que se presta escasa atención a la relación entre innovación y derechos humanos, cuando la innovación debería entenderse precisamente como un medio para garantizar la protección de estos derechos.

Los problemas están vinculados al incumplimiento, por parte de los Estados, de las convenciones e instrumentos internacionales de derechos humanos destinados a garantizar los derechos fundamentales de todas las mujeres, así como al incumplimiento, por parte de las empresas de medios y tecnología, de las leyes y regulaciones vigentes. La estructura algorítmica está ampliando la opresión, la explotación y la subordinación de las mujeres y las niñas.

Por estas razones, académicas y activistas feministas de esas organizaciones, hicieron un llamado a una revolución de género en la inteligencia artificial y en las tecnologías del futuro, con el fin de impulsar una IA al servicio de las mujeres y las niñas.

Por Aimée Vega Montiel

Fuente: :La Cadera de Eva

Defensores de derechos de las mujeres en África coordinan acción contra ofensiva sobre el derecho de familia

Los activistas advierten que los movimientos contrarios a los derechos de las mujeres en África utilizan cada vez más el derecho de familia para cuestionar los derechos de las mujeres a la herencia, la propiedad, el divorcio y la custodia de los hijos.

Mumbi Ngugi, jueza del Tribunal de Apelaciones de Kenia, durante su ponencia durante la Red Africana de Derecho de Familia, celebrada en Nairobi. Imagen: Equality Now

Defensoras de los derechos de las mujeres, jueces y abogados lanzaron una campaña coordinada para reformar las leyes de familia que discriminan a las mujeres y las niñas en África.

Si bien la última década trajo importantes avances jurídicos en algunos países, el progreso también estuvo marcado por el estancamiento y los retrocesos. Cada vez más actores influyentes contrarios a los derechos, que suelen contar con abundantes recursos y estar muy bien coordinados, promueven ideologías conservadoras regresivas que buscan derogar las protecciones legales existentes y obstaculizar las reformas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas.

El derecho de familia regula algunos de los aspectos más importantes de la vida cotidiana, como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y los derechos de propiedad. Aunque las constituciones nacionales y los tratados regionales de derechos humanos garantizan numerosas protecciones para las mujeres y las niñas, esas garantías suelen verse socavadas por leyes discriminatorias, contradicciones entre las normas consuetudinarias y las leyes escritas, y una aplicación deficiente.

Las defensoras de los derechos advierten que el derecho de familia se convirtió en un objetivo clave de campañas coordinadas contrarias a los derechos que promueven interpretaciones restrictivas de la familia, los roles de género y los «valores tradicionales», porque determinar quién tiene derechos dentro de la familia establece las bases para decidir qué derechos son finalmente reconocidos y protegidos en toda la sociedad.

«Entienden que, si controlan la familia, controlan la sociedad», afirmó Irene Mbengue, asesora jurídica principal de la oficina de la relatora especial de la Comisión Africana sobre los Derechos de las Mujeres en África, durante la conferencia inaugural de la Red Africana de Derecho de Familia, celebrada en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de agosto. Mbengue habló en representación de la comisionada Janet Ramatoulie Sallah-Njie.

«Si se define quién forma parte de una familia, quién tiene derechos dentro de ella y quién puede tomar decisiones en la familia, se modifica todo el orden social”, agregó.

Esta disputa se está desarrollando en Uganda, donde las defensoras de los derechos sostienen que las modificaciones propuestas a la legislación matrimonial podrían dejar a muchas mujeres divorciadas con escasos derechos sobre los bienes acumulados durante los años que dedicaron a criar a sus hijos, administrar sus hogares y sostener a sus familias.

Jackie Bless Pinyoloya, coordinadora nacional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (Siha, en inglés) en Uganda, explicó que el proyecto de ley no garantiza una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y obliga a las mujeres a demostrar el valor de su trabajo de cuidado no remunerado para poder reclamar su parte.

«En el momento del divorcio, a una mujer le dicen que solo se va con aquello a lo que contribuyó económicamente… Pero ¿quién tiene en cuenta los años que dedicó a cuidar a su familia?», señaló.

Pinyoloya afirmó que la débil aplicación de las protecciones existentes también dejaba a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Los casos de violencia doméstica suelen resolverse de manera informal por las familias o los líderes comunitarios, en lugar de llegar a los tribunales, mientras que las sanciones leves no logran disuadir a los agresores.

Un estudio regional de Igualdad Ahora de 2024 sobre las leyes de familia en 20 países africanos encontró que esta disputa en torno a los bienes matrimoniales se extiende más allá de Uganda. En países como Kenia, Nigeria y Tanzania, la insistencia de los tribunales en demostrar una contribución económica directa perjudica sistemáticamente a las amas de casa, mientras que los jueces tienen dificultades para asignar un valor económico al trabajo de cuidado no remunerado.

El estudio también determinó que muchos países mantienen leyes desiguales en materia de herencia y propiedad, permiten el matrimonio infantil mediante excepciones legales, no tipifican como delito la violación conyugal y siguen reconociendo normas consuetudinarias y religiosas que discriminan a las mujeres y las niñas.

Rehema Namukose, responsable regional sénior de programas para África subsahariana de Musawah, un movimiento mundial por la igualdad y la justicia en las leyes de familia musulmanas, señaló que expresiones como «valores familiares» suelen plantear interrogantes sobre a quiénes representan esos intereses y quiénes tienen la potestad de definirlos.

«Cuando utilizan estas palabras, también hay que preguntarse cuál es el parámetro para definir qué es una familia. ¿Cómo están definiendo palabras como familia? ¿Valores?», afirmó.

Para las defensoras de los derechos, la disputa no se limita a determinadas leyes, sino que también gira en torno a quién tiene el poder de definir la familia que esas leyes buscan proteger.

«Para los actores contrarios a los derechos, los valores familiares significan que el único tipo de familia que debería existir es una familia nuclear, patriarcal y heteronormativa, formada por un hombre, una mujer y sus hijos», sostuvo Deborah Nyokabi, gerenta asociada de Justicia Económica y Derecho de Familia de Igualdad Ahora, conocida en inglés como Equality Now.

Nyokabi agregó que estos argumentos se utilizan para justificar restricciones a la autonomía reproductiva de las mujeres y a sus derechos al divorcio, la herencia y la propiedad, al tiempo que se excluye a las minorías sexuales del reconocimiento legal.

Las personas que participaron de la conferencia de la Red Africana de Derecho de Familia dejaron en claro que defender los avances legales existentes requerirá una mayor coordinación regional, litigios estratégicos y una labor sostenida de promoción de derechos.

Anna Mutavati, directora regional de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional, habló sobre la necesidad de tomar la iniciativa y establecer la agenda. «No deberíamos estar tratando de ponernos al día ni tampoco deberíamos estar a la defensiva», explicó.

Mutavati instó a las defensoras de los derechos a coordinarse entre los distintos países para hacer frente a movimientos contrarios a los derechos cada vez más organizados y destacó la necesidad de «…seguir impulsando más derechos y ampliándolos, en lugar de limitarnos a proteger lo que ya tenemos», ya que defender los avances legales del pasado ya no es suficiente.

El mayor desafío ahora es garantizar que las protecciones legales lleguen a las mujeres a las que están destinadas, agregó.

Robert Eno, secretario del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, explicó que muchas de las protecciones legales más sólidas de África para las mujeres y los niños todavía no se traducen en la vida cotidiana, ya que las garantías constitucionales y los tratados regionales a menudo no consiguen modificar lo que sucede dentro de las familias.

«Existen importantes reformas consagradas en disposiciones constitucionales, leyes y compromisos regionales», afirmó Eno. «Sin embargo, en muchas comunidades, la distancia entre la ley y la realidad cotidiana sigue siendo considerable”.

Señaló como ejemplo el histórico fallo del Tribunal Africano contra Mali, que rechazó el argumento del Gobierno de que las leyes consuetudinarias o religiosas podían prevalecer sobre sus obligaciones en virtud del Protocolo de Maputo. El fallo confirmó que el matrimonio requiere el consentimiento libre de ambos cónyuges y que la igualdad dentro de la familia no puede separarse de la igualdad ante la ley.

Integrantes de la Red Africana de Derecho de Familia durante su conferencia celebrada en Nairobi, la capital de Kenia. Imagen: Chemtai Kirui / IPS

Sin embargo, las sentencias judiciales por sí solas no podían desmantelar la discriminación arraigada, afirmó ante IPS Mumbi Ngugi, jueza del Tribunal de Apelaciones de Kenia.

«La legislación avanzó considerablemente. La jurisprudencia favorece los derechos de las mujeres y de los niños. El problema es la aplicación», señaló.

Muchas mujeres, particularmente en las comunidades rurales, desconocían que esos derechos existían o no podían afrontar los costos de hacerlos valer, explicó. Agregó que las garantías constitucionales tenían poco significado si las mujeres no podían acceder a los tribunales o ejercer los derechos que ya tenían.

Chikwangu Katana, un anciano de la aldea de la subdivisión de Digirikani, en el condado keniano de Kilifi, afirmó que muchas familias seguían resolviendo sus conflictos mediante sistemas consuetudinarios.

«Las personas tienen que entender por qué las cosas están cambiando. Si no lo entienden, no lo van a aceptar», sostuvo.

Nyokabi señaló que para convertir las protecciones legales en una realidad cotidiana será necesario que los gobiernos y la sociedad civil trabajen con líderes religiosos y tradicionales y, al mismo tiempo, fortalezcan las redes regionales, como la Red Africana de Derecho de Familia, que permite a las defensoras compartir estrategias jurídicas y promover leyes de familia más igualitarias y compatibles con las sociedades africanas.

Uno de estos esfuerzos ya está en marcha a través del Comité de Derecho de Familia de la East African Law Society. Abogados de ocho países están documentando desafíos jurídicos comunes, desde disputas transfronterizas por la custodia de los hijos y adopciones hasta tecnologías de reproducción asistida, mediación y arbitraje, con el objetivo de elaborar recomendaciones para los organismos de reforma legislativa de toda la región.

Patricia Mundia, presidenta del comité, señaló que el proceso también ayudará a los profesionales a desarrollar enfoques comunes frente a cuestiones de derecho de familia que cada vez trascienden más las fronteras nacionales.

Sin embargo, mantener estos esfuerzos requerirá recursos, en un contexto en el que las organizaciones de derechos de las mujeres compiten por fondos de donantes cada vez más escasos.

Rose Buabeng, responsable sénior de programas de financiamiento del Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres, afirmó que el financiamiento destinado a los derechos de las mujeres y al activismo feminista se estaba volviendo cada vez más limitado en medio de una creciente reacción contra estos avances. A

Agregó que el AWDF adaptó sus procesos de financiamiento para responder con mayor rapidez a las necesidades de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Por Chemtal Kirui

Fuente: IPS