Electoras, votadas y no elegidas en Brasil

Las brasileñas son clave para decidir el próximo gobierno, pero continúan excluidas de los principales espacios de poder político.

En octubre Brasil vivirá una elección presidencial que se perfila como una de las más disputadas de su historia, tras dos comicios que ya dividieron al país, en 2018 y 2022. Lula, cuenta hoy con ventaja en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas tras el más reciente escándalo de corrupción que salpicó al candidato de la familia Bolsonaro. Sin embargo, la campaña aún no está y a pesar de indicadores económicos muy positivos, el presidente Lula sigue enfrentando una baja popularidad. Jair Bolsonaro, el expresidente, está inhabilitado para competir y cumple arresto domiciliario; por lo que designó a su hijo como candidato. En medio de una disputa presidencial protagonizada exclusivamente por hombres, hay un actor político visiblemente ausente: por primera vez en veinte años, ninguna mujer disputará la presidencia.

Las mujeres son consideradas un electorado decisivo en estas elecciones. Conviene recordar que, el mismo día en que Brasil elija a su nuevo presidente, también se renovarán las cámaras de diputados/as estaduales y federales, se elegirán gobernadores/as y dos tercios del Senado.

Como en la mayoría de los países, las mujeres son mayoría en el electorado y, no por casualidad, en una disputa tan reñida sus votos son especialmente codiciados. Brasil, sin embargo, carga con una particularidad bastante vergonzosa: es el segundo peor país de América Latina en materia de representación política de las mujeres.

La importancia del voto femenino quedó especialmente en evidencia en las últimas elecciones presidenciales. En 2022, con la pandemia todavía fresca y el temor a que Bolsonaro continuara en el poder tras haber desalentado el uso y la producción de vacunas, las mujeres votaron mayoritariamente por Lula. Así lo sugieren la mayoría de las encuestas, que apuntan a una lectura pragmática vinculada con la protección de la salud. Lo que ya se sabe, en todo caso, es que las mujeres tienden a votar desde una perspectiva del cuidado, lo que incluye la preocupación por la calidad de la educación y la inflación de los alimentos.

Ahora, sin la pandemia como marco de urgencia y con un gobierno que no ha logrado entusiasmar plenamente a ese electorado, la disputa por el voto femenino vuelve a abrirse. En ambos lados existe una preocupación por conquistar ese voto que se refleja en los esfuerzos para endurecer las penas por feminicidio, una acción apoyada por ambos grupos políticos. Aunque son actos que llaman la atención, es curioso notar que, detrás de esas estrategias persiste una lectura bastante simplista: la de que las mujeres tienen preferencias políticas similares por el solo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, si la disputa por el voto femenino ocupa buena parte del debate, en estas elecciones del 2026 mucho menos se discute, dentro de los grandes partidos, el lugar de las mujeres como representantes. Así quedó en evidencia el 24 de junio, cuando Michelle Bolsonaro, precandidata a algun puesto, publicó un video en el que denunciaba a su hijastro y compañero de partido, Flávio Bolsonaro.

Actualmente, Brasil ocupa el puesto 135 en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los parlamentos: la segunda peor marca entre los países latinoamericanos, superado únicamente por Belice. Solo el 13% de los municipios tiene una alcaldesa; 18% de las diputadas federales son mujeres (la mayoría de ellas blancas y de partidos de derecha) y en casi 20% de las ciudades brasileñas no hay una sola concejala. Treinta años después de la ley de cuotas de género, el porcentaje de mujeres electas sigue siendo escaso y los avances han llegado a paso de tortuga.

En gran medida, esto se debe al sistema electoral brasileño, combinado con prácticas partidarias profundamente masculinizadas, que operan como un filtro y reducen sistemáticamente las posibilidades de las candidatas antes de que el electorado llegue siquiera a ver sus nombres en la urna.

Las cuotas que obligan a los partidos a incluir al menos un 30% de mujeres en las listas existen desde fines de los años noventa. Sin embargo, en un sistema de lista abierta, garantizan solamente la candidatura, no que esta mujer tenga visibilidad. En un sistema como tal, donde cada candidata compite individualmente por hacerse conocer, el acceso al financiamiento resulta determinante. Y los recursos públicos de campaña siguen fluyendo de manera desproporcionada hacia los hombres, sobre todo hacia quienes ya ocupan cargos y controlan las estructuras partidarias.

Pero el problema va más allá. Como aumentar la presencia de mujeres implica necesariamente reducir el espacio de algunos hombres, lo que predomina es la preservación del status quo. A ello se suman las barreras informales. En una investigación reciente, publicada en la revista Electoral Studies y desarrollada junto a Thiago Fonseca y João Victor Guedes Neto, identificamos que, tras los cambios legales destinados a promover candidaturas de mujeres y de personas negras, los partidos incrementaron el número de candidatas, pero principalmente de aquellas con escasas posibilidades de ser electas, garantizando apenas que aportaran más votos a sus respectivas siglas.

Muchas veces, aun cuando existen mujeres dispuestas a competir, aquellas que podrían ser candidatas potencialmente competitivas no llegan a serlo porque el partido no las financia, no las apoya y no las proyecta. Y cuando el electorado no las conoce, simplemente no puede votarlas. A estas barreras se suma, además, la persistente violencia política de género, que en estas elecciones se ha vuelto visible, alejando a muchas mujeres de la disputa electoral.

El resultado es un sistema que necesita el voto de las mujeres, pero que sigue dificultando su acceso al poder. Las reglas que estructuran el juego político en Brasil fueron hechas, históricamente, por hombres y para hombres, y continúan reproduciendo una representación profundamente desigual.

En 2026, mientras Lula y el hijo de Bolsonaro – o quien finalmente dispute la presidencia – compiten por el voto del grupo mayoritario del electorado, las mujeres, que siguen siendo indispensables para decidir quién gobierna, continúan lejos de ocupar, en la misma proporción, los espacios donde se ejerce el poder.

Por Débora Thomé

Fuente: Latinoamérica 21

Investigadora asociada en el LabGen de la Univ. Federal Fluminense - UFF (Brasil) Doctora en Ciencia Política por la UFF. Fue investigadora visitante en la Universidad de Columbia. Co-autora de "Mujeres y Poder" (con Hildete Pereira de Melo, Editora FGV, 2018).

Aida Quilcué: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica”

En la recta final de la campaña electoral, la candidata a vicepresidenta de Colombia por el Pacto Histórico, convoca a la unidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, populares, rurales y urbanos a continuar el camino de transformación que inició con la presidencia de Gustavo Petro. “Sueño con que exista la igualdad en Colombia”, afirma.

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Fuente: Marcha.org.ar

Mujeres afganas completan sus estudios de medicina, pero se les impide ejercer

La autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por razones de seguridad.

Entrada a un hospital en Kabul. En Afganistán se enfrenta una grave escasez de personal médico, porque las mujeres graduadas en medicina no pueden presentarse al examen indispensable para ejercer la profesión. Imagen: Learning Together

Afganistán se enfrenta a una grave escasez de médicos, pero aun así el régimen islamista del país ha impuesto restricciones a las estudiantes para que no puedan graduarse, lo que agrava aún más la la crisis. Para peor, a las licenciadas en medicina se les prohíbe presentarse a los exámenes que les otorgan la titulación profesional necesaria para ejercer como médicas.

La joven Nilab (nombre ficticio para proteger su identidad) se licenció en Medicina hace tres años en la Universidad Al-Birun, en la oriental provincia de Parwan. No ha podido ejercer su profesión porque los talibanes han prohibido a las mujeres presentarse al examen final de Medicina.

Ese examen final es una prueba destinada a evaluar la competencia de los licenciados en Medicina. Se realiza tras siete años de estudios. Una vez superado el examen, se concede al licenciado la licencia para ejercer la medicina. Quienes han obtenido la licencia también pueden solicitar formación de especialización en hospitales universitarios.

«Si un médico no aprueba el examen final obligatorio, la situación es la misma que si fuera un estudiante que acaba de terminar el instituto. Al solicitar un puesto de trabajo en cualquier centro de salud, la primera pregunta es: ‘¿Ha realizado el examen final?’. Sin él, no se puede trabajar en ningún hospital, ni siquiera como enfermera», afirma Nilab.

El examen final se celebró por última vez para las mujeres en 2021, el año que en agosto retornaron al poder los talibanes, tras haber gobernado el país entre 1996 y 2001. Desde entonces, solo se ha permitido a los hombres presentarse al examen.

Esa situación está agravando la ya grave escasez de médicos en Afganistán

«Estudié durante 19 años. De ese tiempo, viví en una residencia en otra provincia durante siete años, lejos de mi familia. Fue una época difícil. En la etapa final, un solo examen, el examen final, ha frenado todo mi progreso. Ahora me han arrebatado mi futuro», detalla apesadumbrada Nilab.

Ella vive con su madre en Kabul, y su familia tiene siete hermanos: cuatro chicas y tres chicos.

Dos de sus hermanas y dos de sus hermanos también se han graduado en la universidad, pero su futuro es incierto.

Su hermana menor obtuvo una de las puntuaciones más altas en el examen nacional de acceso a la universidad y fue admitida para estudiar medicina, pero no pudo completar sus estudios. Otro de los hermanos de Nilab se graduó en literatura rusa, pero está desempleado.

Los únicos ingresos de la familia provienen de su madre y de una de sus hermanas, otra médica llamada Khalida (otro nombre ficticio), que trabajan como profesoras de niñas de primaria en una escuela pública. Con sus escasos salarios, soportan la carga económica de toda la familia.

Nilab ha intentado ganarse la vida por otros medios. Hasta hace poco, a las mujeres se les permitía estudiar en escuelas técnicas de salud no universitarias.

«A pesar de todas las dificultades, trabajé como profesora en una escuela de salud de dos años. Sin embargo, en enero de 2025, también perdí esa oportunidad cuando los talibanes cerraron las escuelas de técnicas de medicina», dice Nilab.

Los años de educación desperdiciados le han causado una pesada carga psicológica, estrés y ansiedad.

«Hemos visto cómo muchas mujeres jóvenes se han quitado la vida en los últimos años. La confianza de las jóvenes en el gobierno, la justicia y los derechos humanos se ha desplomado hasta llegar a cero. Cuando se silencian las voces de las mujeres y estas permanecen encerradas dentro de nosotras, se convierte en un dolor insoportable. El dolor nos desgasta, se convierte en una herida que no cicatriza», describe.

La decisión de los talibanes ha afectado a todas las estudiantes femeninas de último curso de medicina que completaron sus estudios en 2022 y años posteriores. Ahora hay escasez de mujeres en medicina interna, odontología, cirugía, cardiología e incluso obstetricia y ginecología.

Khalida, la hermana de Nilab, tuvo la suerte de graduarse en una universidad privada de medicina de Kabul en 2022, cuando las restricciones talibanes para las mujeres aún estaban en proceso de consolidación.

Una calle de Kabul, donde como en otras partes de Afganistán las restricciones a la educación y el empleo de las mujeres están agravando la crisis sanitaria. Imagen: Learning Together

«Nuestras vidas han quedado completamente destrozadas al no poder presentarnos al examen final. El futuro con el que una vez soñamos se ha esfumado. Trabajamos duro para este futuro, lo que incluyó 12 años de colegio, un año de preparación para el examen de acceso a la universidad y siete años en la universidad, pero todo ese esfuerzo se ha perdido ahora», indica Khalida.

Tras graduarse, Khalida trabajó durante un tiempo en varios hospitales privados sin cobrar para adquirir experiencia en el campo. Al mismo tiempo, se especializó en ecografías. Sin embargo, no se organizó el examen final ni el examen necesario para la especialización, y finalmente se vio obligada a quedarse en casa.

A veces, las médicas se ven obligadas a realizar trabajos que no se ajustan a su formación y que están muy mal remunerados.

«También trabajé durante un tiempo en un hospital distribuyendo suplementos nutricionales a pacientes desnutridos. Sin embargo, este es un trabajo que puede hacer incluso alguien con estudios de secundaria. Somos médicas que hemos estudiado medicina durante siete años, y deberíamos atender a las mujeres en los ámbitos relacionados con nuestra profesión», cuenta.

Khalida está estudiando inglés fuera de la universidad, con la esperanza de aprobar el examen nacional de dominio del inglés para poder obtener una beca y continuar sus estudios en el extranjero.

Como su hermana, lamenta que 19 años de estudios en Afganistán no le han permitido aliviar el sufrimiento de los demás ni el suyo propio. Sigue dependiendo del apoyo económico de su familia. Sin él, teme verse obligada a permanecer entre las cuatro paredes de su casa.

Como consecuencia de las numerosas restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres, muchas han perdido interés en sus propias vidas. Algunas han perdido la fe en el matrimonio, mientras que otras se han visto obligadas a casarse.

«Soy soltera y no tengo ningún deseo de casarme en Afganistán en las circunstancias actuales. No quiero permitir que la sociedad tenga una nueva generación que sea aún más infeliz que la mía», afirma Khalida.

Los expertos de las Naciones Unidas han advertido de que las restricciones a la educación y el empleo de las mujeres en Afganistán están agravando la crisis sanitaria del país, sobre todo al reducir el número de médicas y otras profesionales sanitarias que podrían tratar a las mujeres.

«Las médicas no podemos atender a las mujeres de nuestra sociedad a pesar de nuestros años de formación. En cambio, nos hemos convertido en una carga para nuestras familias. No hay nada más difícil para una mujer con estudios que esto. Sufrimos simplemente por ser mujeres que vivimos bajo el régimen talibán», lamenta Khalida.

Fuente: IPS

Tres latinoamericanas están en la carrera para liderar la ONU

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa (iz), la costarricense Rebeca Grynspan, y la chilena Michelle Bachelet, son candidatas para liderar la ONU. EFE

La diplomática ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa ha sido nominada por Antigua y Barbuda para unirse a la contienda por suceder a António Guterres como secretario general de la ONU, lo que la convierte en la tercera latinoamericana en la carrera, en la que están también la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

Además de las tres latinoamericanas, también se han postulado el actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Cada vez son más las voces que reclaman que la próxima persona al frente de la ONU sea una mujer y, además, latinoamericana. En los 80 años de historia de la organización, todos los secretarios generales han sido hombres, y una candidatura de América Latina permitiría cumplir con la norma no escrita de la rotación regional.

Las tres latinoamericanas tras el cargo más importante en la ONU

Espinosa, que ejerció como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre 2018 y 2019, convirtiéndose en la cuarta mujer en ese puesto, también fue ministra de Defensa (2012-2014) y canciller (2017-2018) de Ecuador, durante los mandatos de los expresidentes Rafael Correa (2007 - 2017) y Lenín Moreno (2017 - 2021).

Su candidatura fue presentada por Antigua y Barbuda y no por su país natal, que no se ha pronunciado a favor ni en contra de la postulación.

"La gran deuda que tiene la ONU en este momento es fortalecer una arquitectura de prevención de conflictos. La Carta de la ONU dice 'prevenir conflictos futuros, proteger a la humanidad de las amenazas de la guerra'. (...) Lo más importante es poder invertir en prevenir conflictos y no llegar siempre tarde", ha dicho Espinosa a EFE en la sede de la ONU en Nueva York un día después de que se oficializara su candidatura.

Preocupación por el retroceso de los derechos de las mujeres

La expresidenta Bachelet fue postulada por Chile, y aunque el nuevo Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró su apoyo, su candidatura siguió adelante con el aval de México y Brasil.

La también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido recientemente en Montevideo sobre el "preocupante retroceso" de los derechos de las mujeres en el mundo, impulsado por el auge de proyectos políticos autoritarios y de ultraderecha que, bajo una "retórica populista", buscan erosionar la igualdad y la democracia desde dentro.

Sin mencionar naciones específicas, la ex jefa de Estado ha lamentado que "en los países donde gobierna la ultraderecha no se considera que la igualdad de género es importante; la palabra género está prohibida".

Y ha enfatizado que esta amenaza "no es abstracta", sino que ya se materializa en "legislaciones regresivas, censura y discursos de odio que apuntan especialmente a mujeres, niñas, jóvenes y personas trans".

Apuesta por la paz y la inclusión

Grynspan, por su parte, fue postulada por el Gobierno costarricense, que la considera una candidata "excepcional", con un perfil que "refleja autoridad política, experiencia de gobierno, liderazgo institucional, conocimiento profundo de las Naciones Unidas y una trayectoria diplomática de décadas, orientada a la construcción de consensos y a la gestión eficaz de crisis globales con un reconocido liderazgo transformador e inspirador".

La también secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aboga por la reforma del organismo, la construcción de la paz y un futuro en el que se garantice la inclusión de todos los países.

Además, la candidata ha subrayado que la ONU debe colaborar con la sociedad civil y, en particular, con las mujeres y sus organizaciones "para maximizar el impacto" del organismo.

"Las mujeres no son una cuestión secundaria. Somos la mitad de la población. Se nos debe considerar no por nuestras vulnerabilidades sino por nuestra capacidad", ha señalado.

Fuente: Efeminista 

La brecha de poder en el Congreso colombiano: más mujeres, mismos límites

Aunque más mujeres compiten en la política colombiana, su llegada efectiva al poder se estanca —e incluso retrocede—, evidenciando que la paridad no se resuelve solo con cifras, sino con condiciones reales de acceso y agendas comprometidas con la igualdad.

Colombia enfrenta una paradoja persistente en su democracia, cada vez más mujeres participan en la contienda electoral, pero su presencia efectiva en los espacios de poder no crece al mismo ritmo y, en algunos casos, incluso retrocede. En materia de representación femenina, hay avances que vale la pena destacar: el 40,9 % de las candidaturas al Congreso corresponden a mujeres, lo que significa un incremento frente a procesos electorales anteriores.

Este dato no es menor, pues refleja, al menos en el plano formal, una mayor presencia de mujeres en la contienda electoral, impulsada en parte por mecanismos como las listas cerradas y de cremallera, a pesar de las críticas que han suscitado.

Se trata, además, del resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Colombia, que han promovido reformas legales, acciones afirmativas y transformaciones culturales para abrir espacios en la política. La ley de cuotas, la incidencia en los partidos y la presión constante por la paridad han sido claves para que hoy más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular. En ese sentido, el aumento en las candidaturas es una conquista colectiva sostenida en el tiempo.

Sin embargo, al contrastar este avance con los resultados en términos de representación efectiva, es decir las curules obtenidas, la narrativa se complejiza. En medio del proceso de escrutinio y a la espera de la entrega de credenciales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte un estancamiento en la participación de mujeres en el Congreso para el periodo 2026–2030: la representación femenina alcanza el 29,98 %, lo que incluso supone una leve caída frente a las elecciones de 2022. Esto indica que, aunque formalmente se cumple la cuota del 30 %, el dato evidencia un problema estructural y es que persisten barreras en el acceso real de las mujeres a cargos electivos.

La distancia entre candidaturas y resultados pone en evidencia una tensión persistente en la democracia colombiana: no basta con que las mujeres estén en las listas, es necesario que estén en posiciones competitivas y de toma de decisión. La cuota, sin mecanismos efectivos de ubicación y alternancia, puede convertirse en un cumplimiento formal sin impacto sustantivo. En otras palabras, más mujeres compiten, pero no necesariamente más mujeres llegan a los cargos.

A esta tensión se suma una paradoja aún más compleja. Algunas de las mujeres que sí logran acceder al poder lo hacen desde agendas políticas abiertamente conservadoras o religiosas que, en muchos casos, se oponen a avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, la lucha contra las múltiples formas de violencias basadas en género e incluso la misma paridad. Incluso, en ocasiones, desconocen o minimizan el papel de los movimientos sociales y feministas en la apertura de estos espacios.

Esto plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué significa realmente avanzar en representación política? ¿Es suficiente contar cuántas mujeres hay en el Congreso o debemos preguntarnos también qué agendas impulsan y qué derechos están dispuestas a defender? ¿Existe el riesgo de retroceder en materia de igualdad? La presencia de mujeres no garantiza, por sí sola, una representación sustantiva ni la defensa de los derechos de las mujeres. Además, la política, e incluso la democracia misma, está atravesada por ideologías, proyectos de sociedad y disputas de poder. Que una mujer ocupe una curul no implica automáticamente un compromiso con la igualdad de género o con otro tipo de derechos. Sin embargo, sí resulta problemático que se desconozca que esas mismas curules son, en gran medida, producto de luchas colectivas que buscaron ampliar derechos para las mujeres, no restringirlos.

En este contexto, el 8M adquiere una carga simbólica particular. Una fecha históricamente asociada a la reivindicación de derechos, la memoria feminista y la exigencia de igualdad coincide con un escenario en el que aumenta la participación formal, pero se estanca (e incluso retrocede), la representación efectiva. A ello se suma la posibilidad de que lleguen al Congreso personas con agendas regresivas, lo que evidencia tensiones no resueltas en torno a la igualdad política y el avance de sectores conservadores.

Aun así, es necesario reconocer que el hecho de que el 40,9 % de las candidaturas esté compuesto por mujeres es un logro significativo, independientemente de la orilla política de la que haga parte. Pero también es un recordatorio de que la igualdad no se agota en los números y tampoco es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. La democracia paritaria no solo implica abrir las puertas, sino garantizar que las mujeres puedan atravesarlas en condiciones reales de competencia y ejercer el poder en contextos que no reproduzcan las desigualdades que históricamente las han excluido.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, fortalecer los mecanismos que además de asegurar la inclusión, también sostengan la efectividad de la participación política de las mujeres: listas paritarias, alternancia real, garantías dentro de los partidos y eliminación de violencias basadas en género dentro de estos. Por otro lado, promover una representación que avance en la garantía de derechos para mujeres, niñas y otras poblaciones históricamente discriminadas.

Quizás, en medio de estas tensiones, el Congreso 2026–2030, aun con menos mujeres, termine debatiendo de fondo la paridad política y comprometiéndose con la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres, como condición para el ejercicio de la ciudadanía plena en una sociedad democrática. Y eso, en sí mismo, no dejaría de ser una nueva paradoja.

Por Laura Pedraza Estrada

Fuente: La Cadera de Eva

¿Importa que haya más mujeres en puestos de liderazgo?

La evidencia indica que sí: una mayor presencia de mujeres en cargos directivos dentro de una empresa se asocia con una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Imagen: Freepik.

Esta es la principal conclusión de un estudio reciente de Rodrigo Ceni, Estefanía Galván, Cecilia Parada y Agustina Romero , titulado “Are female bosses a path to equality? Evidence of their incidence on gender gaps”, que analiza los efectos de la participación femenina en puestos de liderazgo en empresas de Uruguay.

Los datos utilizados en el artículo

El estudio se basa en la trayectoria laboral de todas las personas empleadas en el sector formal (es decir, en actividades económicas, empresas y empleos que están registrados, regulados y supervisados legalmente) en Uruguay, un total de 839 480 trabajadoras y trabajadores, a lo largo de 26 años. Este conjunto de datos, especialmente detallado, permite identificar tanto a los compañeros de trabajo como a los supervisores de cada persona dentro de sus respectivas empresas.

Durante el período analizado (1997–2022), la brecha salarial en Uruguay es considerable: el salario medio de los hombres supera en un 39 % al de las mujeres, aunque ellos trabajan solo un 5 % más de horas mensuales. Las mujeres representan el 41 % del empleo total, pero ocupan apenas el 31,5 % de los 35 612 puestos directivos.

A partir de esta información, el artículo analiza cómo la presencia de mujeres en los niveles más altos de la jerarquía empresarial incide en la brecha de género dentro de las propias empresas.

Los resultados

El principal hallazgo del estudio es que la presencia de mujeres en puestos de dirección reduce de forma significativa la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que este efecto se intensifica a medida que aumenta la representación femenina en posiciones de poder. Además, el impacto de las directivas es especialmente notable entre las mujeres con salarios más bajos y en aquellos sectores o empresas donde la participación femenina ya es más elevada. En términos cuantitativos, un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo incrementa los salarios femeninos y reduce la brecha salarial total en torno a un 15 %.

Asimismo, el estudio muestra que una mayor presencia de mujeres en cargos directivos se asocia con un aumento en la contratación de trabajadoras y con una menor tasa de salida de mujeres de las empresas.

Mecanismos que pueden explicar los resultados

Las autoras y el autor examinan tres posibles mecanismos que podrían explicar los resultados.

En primer lugar, analizan si la composición de género en la dirección influye tanto en los salarios de las nuevas contrataciones como en los de quienes ya forman parte de la plantilla. Encuentran que, en empresas con mujeres en puestos directivos, la brecha salarial de género entre las nuevas incorporaciones se reduce entre un 20 % y un 25 %, mientras que la disminución es más moderada, alrededor del 8 %, para las personas ya empleadas.

En segundo lugar, muestran que el impacto del liderazgo femenino es mayor entre quienes cambian de empleador que entre quienes permanecen en la misma empresa: en el primer caso, la brecha salarial de género se reduce aproximadamente en un 20 %.

Por último, analizan las diferencias en las tasas de promoción, que podrían reflejar posibles sesgos o discriminación por parte de directivos hombres. En este aspecto, no encuentran evidencia de que el género del jefe influya de manera significativa en la probabilidad de promoción de las mujeres dentro de la empresa.

Conclusión

A pesar de los avances en educación y en la participación femenina en el mercado laboral, las desigualdades de género persisten. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres y siguen estando infrarrepresentadas en los niveles más altos de la jerarquía empresarial. Buena parte de la literatura se ha centrado en identificar las causas de esta baja presencia femenina en puestos de liderazgo y en proponer medidas para corregirla.

Este trabajo muestra que una mayor representación de mujeres en posiciones de liderazgo no solo responde a una cuestión de equidad, sino que también puede contribuir de manera significativa a reducir las desigualdades existentes dentro de las organizaciones.

Referencia

Rodrigo Ceni, Estefanía Galván, Cecilia Parada & Agustina Romero. (2025). Are female bosses a path to equality? Evidence of their incidence on gender gaps. SERIEs 1-53

Sobre el autor

David Pérez Castrillo es doctor en Economía y profesor emérito de la Barcelona School of Economics.

Fuente: Mujeres con Ciencia

En el exilio 400 mil feministas por alzar la voz contra la dictadura nicaragüense

Funciona la violencia política del patriarcado sin OSC ni prensa independiente 

Se estima que alrededor de 400 mil mujeres feministas nicaragüenses viven en el exilio por alzar la voz contra la dictadura de Daniel Ortega, muchas de ellas porque al salir por cualquier situación del país, ya no se les permitió la entrada, y otras por seguridad. Se estima en 800 mil las personas en el exilio por seguridad. Existen tres presas políticas de las cuales no se sabe su paradero. 

En una charla con la periodista Sara Lovera López en el Podcast “Feminismo desde Cero” de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Vanessa y Violeta que están en algún lugar, relatan cómo es la vida de una mujer en la dictadura en pleno siglo XXI donde las mujeres carecen de derechos por un dictador patriarcal que accedió al poder por un mito de heroísmo de izquierda, violador de su hijastra y que modificó la Constitución en 2025 para simular una equidad en el poder al nombrarse junto a su esposa Rosario Murillo que era vicepresidenta, copresidentes de Nicaragua.

Invitadas por el Comité Mexicano por la democracia y las Libertades en Nicaragua que trabajan en México, Violeta precisa que gran parte del movimiento feminista está en el exilio después del estallido social de abril de 2018 cuya violenta represión dio como resultados medio millar de asesinados, centenares de personas en el exilio. El cierre de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil incluidas las feministas. Allanamiento a las oficinas, procesos judiciales, estigmatización y desvinculación de las organizaciones feministas de cualquier esfuerzo institucional en la lucha de los derechos de las mujeres, el cierre de las Comisarías de la Mujer. La salida del liderazgo feminista del país, incluye el haber arrebatado la nacionalidad a 300 nicaragüenses entre las que hay feministas.

Actualmente realizan una campaña desde el exilio para la localización de tres presas políticas de las cuales no se sabe su paradero porque lo ha ocultado el régimen, pero también hacen campaña para las mujeres trabajadoras públicas que reciben chantaje si quieren conservar su trabajo. “Sabemos que la dictadura también realiza persecución transnacional”.

El ataque a las organizaciones feminista comienza desde que acuerparon a Zoilamérica Narváez cuando hizo pública en mayo de 1998 una denuncia formal contra su padrastro Daniel Ortega acusándolo de abuso sexual, violación y hostigamiento desde que ella tenía 9 años. Las cuotas de poder de Rosario Murillo tienen que ver con este ataque sexual, señalan. 

Detallan que en su momento la denuncia fue un terremoto, pero no es ajeno al mundo que los cuerpos de las mujeres se vuelven objeto de negociación. Tiene que ver con las cuotas de poder de Rosario Murillo. Hoy en Nicaragua hay un Rey y una Reyna para lo cual se reformó la Constitución en 2025.

Escucha el pod cast de la Lovera: 

La denuncia se hizo en 1998, la investigación judicial no prosperó debido a que Daniel Ortega gozaba de inmunidad parlamentaria, la cual fue ratificada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en ese entonces, archivando el caso. Zoilamerica Narváez enfrentó una fuerte persecución política y mediática por parte del gobierno de Ortega. Posteriormente, se exilió en Costa Rica.

Mencionan que la persecución es un componente misógino de la estructura del estado, además de las campañas de desprestigio a las organizaciones feministas, que incluye insultos de los medios oficiales, no existe una prensa independiente desde 2019.

También existe otro tipo de persecución a las poblaciones indígenas y las campesinas. En el caso de las indígenas miskistas son desplazadas de su territorio por grupos de colonos con el aval de la dictadura, que son personas que manejan armas que funcionan como grupos paramilitares. Las barreras lingüísticas afectan a las mujeres que tienen que exiliarse en Costa Rica porque no hablan español. También hay persecución a mujeres trans, las encierran con los hombres. 

Señalan que las voces más beligerantes han sido las feministas que advierten al mundo del mito de la izquierda de los 80s en el que se arropa la dictadura, que incluyo llego a encarcelar a líderes sandinistas como en el caso del general Hugo Torres Jiménez preso por órdenes de Daniel Ortega en junio de 2021 y que falleció a los 73 años, tras más de dos meses en que la dictadura mantuvo oculto su paradero. Torres era el único ex guerrillero sobreviviente que participó en las dos operaciones militares más emblemáticas efectuadas por el FSLN en la lucha contra la dictadura de Somoza. Se trata de la toma de la casa de José María Castillo, conocido como “Chema” Castillo en 1974.

Las feministas en el exilio siguen dando la lucha piden respaldo fuerte para el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que ha solicitado diversas acciones tanto al Gobierno de Nicaragua como a la comunidad internacional debido a las graves violaciones documentadas desde abril de 2018. 

Estas son: Cese a la represión contra opositores, periodistas, defensoras de derechos humanos tanto dentro como fuera del país.

Restablecimiento de libertades, como garantizar la seguridad, la libertad de expresión, la autonomía universitaria y revertir el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil. Liberación de presos y presas políticas. 

Nota: La entrevista se llevó a cabo el 6 de marzo, el 8 de marzo en El Día Internacional de la Mujer como hace siete años, las mujeres exiliadas se manifestaron en Ciudad de México, en San José, Costa Rica y en Madrid, Barcelona denunciando la violación de los derechos humanos en su país.

Por Elda Montiel 

Fuente:SemMéxico

La estela feminista que deja la primera presidenta en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habla en un evento, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/STR

El primer Gobierno de una mujer en Honduras, bajo el mandato de la izquierdista Xiomara Castro, deja un legado feminista basado en leyes que fortalecen la defensa de los derechos igualitarios en el país, que continúa siendo uno de los más peligrosos de la región para el género con altos índices de feminicidios.

Pese a los avances en materia de igualdad, Honduras mantiene una de las leyes más rígidas frente al aborto al no permitirlo bajo ninguna circunstancia, aunque la presidenta firmó una norma que tumbaba la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia tras ser prohibido en 2009, un progreso en esta materia.

Entre esos "logros" está la elevación a Secretaría de Estado de la Mujer, antes un instituto, y la Ley de 'Casas Refugio', orientada a regular espacios seguros para proteger a mujeres maltratadas, desplazadas por la violencia o víctimas de trata, según activistas consultadas por EFE.

A ello se une la creación del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, la Ley de Protección a las Mujeres en Situaciones de Emergencia, Desastres Naturales y Multicrisis y el fortalecimiento de 'Ciudad Mujer', un programa público e interinstitucional que busca brindar servicios de manera integral.

"(Hay que) aclarar que Xiomara Castro jamás se identificó como feminista ni con el feminismo, sino que estas son propuestas que las mujeres llevamos años demandando", ha señalado a EFE la activista y feminista Jessica Sánchez.

Los feminicidios, una leve tendencia a la baja

"Creo que sí nos quedó a deber en materia de violencia contra las mujeres. Aunque su Gobierno haya destacado que los femicidios bajaron en un 20 %, cuando vemos las cifras del Observatorio de la Violencia (...) durante el periodo hubo más de 1.000 muertes de mujeres, femicidios y muertes violentas de mujeres", ha resaltado Sánchez.

Desde enero de 2022, cuando Castro asume la presidencia, hasta diciembre de 2025 hubo 1.221 feminicidios, siendo el año 2023 el que más registro con 411 mujeres asesinadas, según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En 2025 hubo 262 muertes violentas de mujeres, es decir, una mujer asesinada cada 33 horas con 26 minutos. De ese total, el 66,4 % de los homicidios de mujeres fueron con arma de fuego, el 53,8 % fueron encontradas en la vía pública y el 46,2 % de las víctimas tenía entre 30 y 59 años.

Los dos últimos años de la administración de Castro se registró un leve descenso en las cifras de feminicidios con 240 en 2024 y esos 262 en 2025. Aunque, el año más violento para las mujeres en Honduras fue en 2013 con 636 mujeres asesinadas, unos dos feminicidios al día.

Y, en lo que va de enero, la Defensoría del Pueblo ya registra "alrededor de una veintena" de mujeres asesinadas.

Una mujer participa en una manifestación convocada por colectivos feministas durante el 'Día de la mujer hondureña', en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

De progresistas a conservadores, temor ante un posible retroceso

"Al ser el gobierno de corte conservador sí esperamos retrocesos a los derechos de las mujeres", ha admitido la activista Sánchez ante la entrada del Gobierno del conservador Nasry 'Tito' Asfura, con el Partido Nacional, en sustitución de Castro, del izquierdista Partido Libre.

Tanto Sánchez como la activista hondureña Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, han denunciado que durante la instalación de la primera legislatura del Parlamento, se habría ondeado una bandera provida.

"Ese es un mensaje claro de la gente provida que va en contra de todos los derechos humanos de las mujeres hondureñas. Eso es grave", ha descrito Cruz.

Recientemente, el movimiento feminista se manifestó bajo tensión por las principales calles de Tegucigalpa en el marco del 'Día de la mujer hondureña' frente a un contingente militar que custodiaba los predios de la sede legislativa. La protesta culminó con un leve enfrentamiento entre feministas y militares.

Varias activistas han confesado a EFE su preocupación ante un retroceso en los derechos de las mujeres en este nuevo Gobierno ante la posibilidad de recortar o fusionar las instituciones públicas en defensa de los mismos, como ha ocurrido o se proyecta en otros países de Centroamérica.

Link de la nota: https://efeminista.com/estela-feminista-primera-presidenta-honduras/

Por Anny Castro y Ana de León 

Fuente: Efeminista

Ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos: el primer voto femenino fue en Nueva Zelanda

Al contrario de lo que sucedía en otros países, la lucha por el sufragio femenino tuvo una amplia aceptación social en la Nueva Zelanda del siglo XIX, especialmente entre los sectores más conservadores.

Petición del sufragio femenino en Nueva Zelanda, 1893.CC

Que la revolución francesa sea el acontecimiento histórico que marca el inicio de la edad contemporánea, en la que se enmarca nuestra época actual, no es fruto del azar. Este episodio del pasado fue algo así como una tierra fértil en la que se cultivaron los ideales que hoy sostienen a la sociedades occidentales: los tan difundidos Derechos Humanos y, entre ellos, la semilla de unos derechos destinados a una mitad de la población que durante siglos vivió relegada a la otra. Las mujeres.

Condenada a muerte por sus ideas, la escritora francesa Olympe de Gouges fue una de las pioneras en esta lucha, al defender que “la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos” y redactar, en 1791, la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Más tarde, el movimiento de activistas británicas como Emily Davison, quien dio (literalmente) su vida por alcanzar el voto femenino en Inglaterra, se hizo eco en todo el mundo e impulsó también a las sufragistas estadounidenses.

Sin embargo, no fue en ninguno de estos países donde las mujeres adquirieron por primera vez el derecho a votar, blindado ahora por la mayoría de constituciones del planeta. Aunque la lucha en Francia, Reino Unido y Estados Unidos fue determinante a nivel global, lo cierto es que fue en Nueva Zelanda donde este se formalizó antes, y de una manera ciertamente transformadora para la época: considerando también a mujeres maoríes e indígenas como dignas de ejercer esa libertad democrática.

1893: LA LUCHA DE KATE SHEPPARD Y MERI TE TAI MANGAKĀHIA 

Nueva Zelanda fue un caso de éxito excepcional en un contexto global en que el movimiento feminista era visto con escepticismo: al contrario de lo que sucedía en otros países, donde las peticiones por el voto femenino tardaron décadas en materializarse, la propuesta en esta isla de Oceanía -que en el siglo XIX caminaba bajo la tutela de su padre, el Imperio británico- contó con una amplia aceptación social, especialmente entre los sectores más conservadores.

El país ejerció su soberanía en 1852 (al menos, en asuntos internos), pero desde entonces experimentó un período de decadencia que dio lugar a saqueos y desorden social. Eso, sumado a que, por causas no citadas en las fuentes, la población era mayoritariamente masculina, hizo que las mujeres —y, en consecuencia, sus peticiones— fueran muy valoradas por la sociedad y las instituciones: desde 1869, con la publicación de Un llamamiento a los hombres de Nueva Zelanda, escrito por Mary Muller, comenzó a abrirse el sendero hacia el sufragio femenino.

No fue, sin embargo, hasta inicios de la década de 1890 cuando aparecieron en escena Kate Sheppard y Meri Te Tai Mangakāhia. La primera, movilizó a las mujeres entre 1891 y 1892 y finalmente organizó una recogida de firmas masiva que fue considerada por el entonces gobernador neozelandés Lord Glasgow, quien aprobó la ley que dio respaldo al sufragio femenino, un 19 de septiembre de 1893.

Meri Te Tai Mangakāhia.

La segunda, por su parte, fue un paso más allá en la lucha. Como mujer que se enfrentaba una doble discriminación a causa de su origen indígena, Meri Te Tai Mangakāhia inició una reivindicación paralela a favor de la inclusión de las maoríes en esta nueva ley, que pronto tuvo éxito. Además, también se manifestó por el derecho de las mujeres a ocupar un escaño en el parlamento, si bien no fue hasta 1919 cuando pudieron finalmente presentarse a las elecciones.

DE NUEVA ZELANDA AL MUNDO ENTERO

El siguiente país en consolidar este derecho fue Australia, en 1902, aunque lo hizo con un ingrediente que hoy nos sabría amargo: sin englobar a las mujeres y hombres aborígenes. Le siguió un conjunto de países europeos: Finlandia en 1906, Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915. Y luego, esta libertad llegó a la Unión Soviética, en 1917.

Por Constanza V. Paura

Periodista especializada en historia, cultura y actualidad

Fuente: National Geographic

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum eligió un vestido morado con bordados indígenas para lucir la primera vez que estuvo frente a frente con su homólogo estadounidense Donald Trump. El color, ante los ojos de expertas en imagen, simboliza el poder de las mujeres.

El encuentro ocurrió a principios de diciembre durante el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 en Washington, donde la mandataria mexicana atrajo los reflectores al lado de Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. 

Esa misma semana The New York Times la incluyó entre las 67 personalidades con más estilo del planeta. Nombres como el de Bad Bunny, Rosalía y León XIV están en ese listado, en el que Sheinbaum es la única figura política.

Sheinbaum contó en una de sus conferencias de prensa que muchos de los bordados típicos de sus trajes son regalos que le hacen artesanos en sus recorridos por el país, y que un grupo de costureras y bordadoras le confeccionan los vestidos. 

«No es ninguna de estas marcas que son carísimas», aclaró.

El mérito es de «las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación», señaló la mandataria.

– «Resistencia feminista» –

En un pequeño taller hogareño en el pueblo de San Pedro Mártir, a las afueras de la Ciudad de México, la costurera Olivia Trujillo habla a la AFP de los gustos de la presidenta.

Sus colores «favoritos, con toda seguridad, le diría son el morado y el guinda. Y le quedan perfectos», dice la modista de 63 años, entre rollos de hilo montados en máquinas de coser y un maniquí en el que arma el vestuario presidencial.

Su trabajo consiste en elaborar moldes y coser los vestidos, incorporando bordados artesanales para que luzcan en «un diseño más bien hecho, más estilizado, de alta costura», explica.

La experta en imagen, Gabriela Medina, explica que «desde el punto de vista de la semiótica, el color púrpura tiene que ver con poder, autoridad, lujo, realeza, espiritualidad y sobriedad», pero también es el que «ha enarbolado el movimiento de resistencia feminista».

Sheinbaum se ha caracterizado por un estilo «natural clásico» de líneas rectas, colores sobrios y diseños cómodos, pero con el trabajo artesanal incorpora su ideología de izquierda «enfocada en la igualdad, en la lucha social», agrega Medina.

Otra de las prendas emblemáticas de la jefa de Estado es la de su toma de posesión. El vestido fue diseñado en una tela color perla con bordados en las mangas y en la falda. La parte superior quedó limpia «para que luciera la banda presidencial», recuerda la costurera Trujillo.

– «Alma y corazón» –

Claudia Vázquez, una indígena zapoteca, fue la que bordó en esa tela más de 100 diminutas flores silvestres, parecidas a las que crecen en los campos de su pueblo oaxaqueño de Santa María Xadani, en el suroeste del país.

En su tienda-taller de Oaxaca esta mujer de 43 años, que también es administradora de empresas, explica que definió su estilo evocando los «colores de pequeñas flores de cinco pétalos» de su tierra, ademas de las imágenes de su madre bordando durante su infancia y las historias que los mayores le contaban.

Durante una época, por falta de clientes, estuvo a punto de abandonar su pasión por el bordado. Ahora dice orgullosa que el interés de la presidenta por su trabajo le «cambió la vida».

En San Isidro Buen Progreso, un pueblo de las montañas boscosas de Tlaxcala (centro), vive Virginia Arce, otra bordadora náhuatl de 48 años que con su vieja máquina de coser de pedal e hilo color marfil decoró el traje de gala que portó Sheinbaum el 15 de septiembre para el grito de Independencia. Fue la primera vez que una mujer protagonizó esta tradicional celebración mexicana.

«La presidenta eligió los tonos y enfatizó en un ave que le gustó mucho, era una golondrina, (…) nos pidió que plasmáramos varias golondrinas» en el vestido. 

Arce confiesa que puso «alma y corazón» en este bordado que le llevó dos meses de trabajo.

La artesana no oculta la emoción que sintió cuando vio en la televisión a la mandataria salir con el modelo morado al balcón presidencial. Ese día fue «el que más satisfacción me ha dado», señala.

Se habla frecuentemente de sus vestidos, pero «¿quién quiere arriesgarse a reducir a la primera mandataria en Palacio Nacional a un análisis de guardarropa cuando las mujeres hemos sido evaluadas antes por el cuerpo que por las decisiones?», se pregunta en su cuenta de Instagram, Laura Raquel Manzo, analista en perspectiva de género.

Sin embargo, opina que «ignorar esto sería negar cómo la imagen moldea la autoridad».

Link orginal de la nota: https://www.swissinfo.ch/spa/colores%2c-bordados-ind%c3%adgenas-y-poder%3a-qu%c3%a9-comunica-la-imagen-de-la-presidenta-de-m%c3%a9xico%3f/90717769

Fuente: swissinfo.ch

Catalina Escobar, la lideresa que transformó la conversación sobre pobreza femenina en Latinoamérica

 Lidera uno de los cambios más profundos de la región: dignificar la maternidad adolescente y la migración femenina, y convertir la formación de mujeres en una oportunidad real para romper ciclos de pobreza

Catalina Escobar.KIKE PARA (CORTESÍA)

“Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más”.

Piedad Bonnett, Lo que no tiene nombre

Catalina Escobar comprendió esas palabras incluso antes de leerlas, cuando su vida se fracturó y se reordenó, en una extraña cadena de acontecimientos: en 2000, cuando era socia de una firma internacional, dedicaba horas de voluntariado en un hospital de Cartagena. Allí vio morir a un bebé porque su madre, una adolescente de 14 años, no tenía el dinero para pagar su tratamiento. Días después, eso que no tiene nombre la alcanzó también a ella: su hijo Juan Felipe, de 16 meses, murió en un accidente doméstico. Veinte días más tarde, en un restaurante de Bogotá, hizo una cuenta que le cambiaría la vida: lo que acababa de cenar su otro hijo sumaba el valor exacto del tratamiento con el que el niño del hospital se habría salvado. Esa reflexión fue un llamado, y supo que su dolor debía transformarse en propósito. Así nació la idea de la Fundación Juanfe.

Embestida de coraje y determinación y de su formación como administradora de empresas de Clark University, en Estados Unidos, con estudios de Economía, esta bogotana no improvisó. Se asesoró de expertos: “Sabíamos que Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera de América Latina. Era también la ciudad con mayores indicadores de pobreza. Investigué cómo y por qué”. Entonces, decidió que su misión era romper el ciclo de pobreza de las madres adolescentes con un programa que combinara salud, educación, formación y empleo.

La Fundación Juanfe empezó a operar en 2001. En su primer año atendió el 60% de los partos de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en Cartagena, salvando la vida de 4.449 recién nacidos. En 2005, fundaron la IPS Juan Felipe, y para 2008 la tasa de mortalidad infantil en los sectores más vulnerables de la ciudad se redujo un 81%. Para 2011 esa transformación social se consolidó con la inauguración del Complejo Social Fundación Juanfe, en Cartagena. De 13.000 metros cuadrados y operado 100% con energía solar, lo que le ha valido una Certificación Leed Platinum, se ha convertido en referente latinoamericano de arquitectura sostenible e innovación social al servicio de comunidades vulnerables.

Un modelo para América Latina

Hoy, 24 años después de su nacimiento, la Juanfe tiene un modelo de economía de desarrollo que ha sido premiado internacionalmente, tiene presencia en Cartagena, Medellín, Urabá, Chile y Panamá, y avanza en planes de expansión hacia Ecuador, República Dominicana y Guatemala. Solo en Colombia 323.223 personas han sido beneficiadas por sus programas, y cada madre formada multiplica el impacto, extendiendo su transformación a sus hijos, sus familias y sus comunidades, en una verdadera cadena de cambio.

Su Modelo 360°, como lo llama, es el corazón de la Juanfe. Se trata de una metodología integral que Escobar diseñó con precisión y sensibilidad. Articula cinco frentes: salud física y mental, educación, formación técnico-laboral, empleabilidad formal y atención a la primera infancia. Todo para romper un ciclo intergeneracional de pobreza que atrapa a miles de madres adolescentes.

Mientras ellas estudian o se capacitan, sus hijos reciben estimulación temprana y cuidado especializado; mientras se fortalecen emocionalmente, adquieren competencias laborales reales; mientras recuperan la autoestima, encuentran oportunidades de trabajo formal. Esta estructura ha permitido que el modelo se adapte a distintos contextos y poblaciones, incluida la población venezolana migrante, una de las más golpeadas por la precariedad en la región.

Escobar explica: “El costo es mayor al enfrentar el fenómeno de la migración masiva. Nuestro modelo es tan determinante en sacar a las mujeres de la pobreza mental y monetaria que estuvimos sentados con la Conrad N. Hilton Foundation y empezamos a trabajar desde hace tres años con mujeres venezolanas de 24 a 44 años). Hacemos un proceso psicosocial migratorio con ellas, las instruimos para que queden capacitadas y empoderadas para retomar una mejor vida. Hicimos un cierre con la Hilton después de tres años de trabajo y desde septiembre volvimos a arrancar con un proyecto grandísimo, de 2,5 millones de dólares de inversión, para los próximos tres años. Comprobamos que el Modelo Juanfe no solo sirve para el embarazo adolescente, sino para la población femenina en riesgo”.

Así, la Juanfe se ha convertido en un referente regional: un sistema medible, replicable y sostenible que demuestra que la inversión social, cuando se gestiona con método, transforma destinos.

A pesar de que el modelo está sistematizado, Escobar considera que hay un aprendizaje no cuantificable recibido de las miles de adolescentes que han pasado por la Juanfe. “El modelo es el modelo, pero el resto es lo que les pasa a ellas en su transformación espiritual. Cada niña es un universo, tiene una vida y una realidad. Nosotros tenemos los protocolos, pero ocurren verdaderos milagros. Al final, ¿qué tenemos por transferir? Aquí se aplica la ley de la corresponsabilidad. El modelo nace desde ellas, desde sus dolores y realidades. Desde lo técnico, lo adaptamos a las estructuras, los procesos y los idiomas empresariales, pero ellas nos enseñan constantemente qué debemos mejorar”.

En 2021, la fundación se convirtió en la primera organización sin ánimo de lucro en América Latina en transar en bolsa, al lanzar sus bonos de impacto social, una idea que le surgió a Escobar después de estudiar en el MIT con la Premio Nobel de Economía Esther Duflo. La maduró durante la pandemia, cuando aprovechó un programa de pago por resultados del Gobierno Nacional y el financiamiento del Fondo A2censo, de la Bolsa de Valores. A los cuatro minutos de salir a bolsa había 1.000 personas en línea y recaudaron $300.000.000. “Le cumplimos a los inversionistas, al Gobierno, todo el mundo ganó, fue espectacular. El siguiente año se repitió, pero las tasas de rentabilidad obligada estaban al 12% y nos estaban cobrando unos fees muy altos. Hicimos unas llamadas y logramos una captación con los mismos aliados, pero con nuestro propio crowdfunding. Nos fue increíble y lo seguimos haciendo de esa manera”, relata. Este caso se estudia en las escuelas de negocios, pues demostró que la inversión social puede ser rentable a gran escala.

El trabajo de Escobar la ha convertido en una de las líderes sociales más reconocidas de Colombia y América Latina. Ha sido galardonada con el Premio Fundación Mapfre Europa al Mejor Proyecto de Impacto Social (2021), finalista del Top 10 de CNN Heroes, reconocida como Emprendedora Social Destacada por el Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab y ganó el Women Who Make a Difference Award del International Women’s Forum.

Es un liderazgo que formó desde su infancia, explica. A pesar de crecer rodeada de privilegios, Escobar desarrolló un alto nivel de empatía debido a que su padre no solo le inculcó la disciplina, sino la certeza de que ayudar al otro es el verdadero camino hacia la felicidad: “No puedes ser feliz ni ser una persona exitosa si el de al lado no está bien. Lo tengo muy claro”, dice. La relación con su madre le enseñó a empatizar con el dolor de las mujeres. “Fue una mujer muy fuerte, de hecho fue mi agresora física y emocional. Eso tuvo un papel fundamental, porque lo que yo veo, sobre lo que les pasa a las mujeres y niñas de Colombia, nadie lo reconoce. Si lo entendiéramos, no seríamos el segundo país con las más altas tasas de violencia contra la mujer; tendríamos eso integrado y humanizado para que no volviera a suceder. Por eso me convierto en líder, porque no puedo ser cómplice de lo que veo”.

Hoy, mientras la Juanfe se prepara para celebrar sus 25 años, esta melómana que se inspira en Martin Luther King ha decidido dejar más legado. Está trabajando un programa propio de mentorías en el que comparte sus experiencias y conocimientos sobre emprendimiento social, liderazgo transformador e inspiración para crecer. Un programa con el que espera que más personas encuentren su propósito y se conviertan en líderes para fortalecer el ecosistema: “Uno no puede irse de este mundo sin saber cuál es su propósito. Todo el mundo tiene un propósito para servir. Dejar huella es más profundo de lo que uno cree”, asegura. Y, más adelante, retoma: “Colombia es un país que vale la pena”.

Link de la nota original: https://elpais.com/america-colombia/branded/los-lideres-de-colombia/2025-12-11/catalina-escobar-la-lider-que-transformo-la-conversacion-sobre-pobreza-femenina-en-latinoamerica.html

Por Mónica Suárez Ramos

Fuente: El Paí

Gloria Ana Chevesich Ruiz será la primera mujer en asumir como presidenta de la Corte Suprema de Chile, en más de 200 años de historia

La ministra fue escogida de manera unánime en una sesión el Pleno realizada hoy 15 de diciembre de 2025 y llega a la cúspide del Poder Judicial luego de una carrera de casi 40 años y más de 14 años en el máximo tribunal del país.

La ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz será la primera mujer presidenta de la Corte Suprema a partir del 6 de enero de 2026, luego de que el Pleno la eligiera para encabezar el máximo tribunal para el bienio 2026-2027

En votación unánime -realizada hoy 15 de diciembre de 2025- la ministra Chevesich fue elegida para encabezar la Corte Suprema y será la primera mujer en más de doscientos años de historia en dirigir la institución. 

Con una vasta carrera judicial de casi 40 años, Gloria Ana Chevesich es abogada de la Universidad de Chile. Inició su carrera como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en junio de 1986 y en marzo de 1995 asumió como relatora de la Corte Suprema, llegando a ser relatora del Pleno.

En octubre de 2002, juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, llegando a ser su presidenta en el año 2013. 

En su gestión, la magistrada creó una Unidad Especial de Tablas para ordenar la tramitación de las causas que se ven en el tribunal de alzada y fortaleció el trabajo de la Unidad de Recursos de Protección. En este último aspecto, estableció la tramitación vía portal web de los recursos de protección presentados en contra de las isapres por alza en planes de salud y estableció un sistema de entrega digital de cheques para el cobro de costas.

En agosto de ese año fue nombrada como ministra del máximo tribunal, siendo la octava mujer en llegar a la Corte Suprema.

Le tocó integrar la Cuarta Sala Laboral o Mixta y asumir diversas labores administrativas y de gestión como miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuatro bienios e integrante del Comité de Personas, entre los años 2022 y 2023.

Asimismo, fue la primera vocera de la Corte Suprema entre los años 2019-2022 y fue la responsable de encabezar las gestiones del Poder Judicial en medio de la pandemia, los cambios derivados de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley de Monitoreo Telemático en Casos de Violencia Intrafamiliar, entre otras materias. 

La ministra Chevesich valoró el nombramiento realizado por el Pleno y el respeto a la tradición de elegir a la primera antigüedad para escogerla en el cargo y aseveró que asume en un periodo complejo pero con los desafíos muy claros.

“Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen”, dijo.

Agregó: “En mi opinión, el trabajo a efectuar no solo debe estar enfocado en que la justicia debe ser oportuna y de calidad, y las personas usuarias del sistema, sino también en aquel que trabajan en el Poder Judicial, por lo que mi gestión las tendré en el centro, valorándolas, potenciándolas y generando buenas condiciones laborales. No olvido que las instituciones están formadas por personas que tienen sus propias vivencias, que a veces surgen como obstáculos en su desempeño y que por lo mismo hay que abordar”.

La ministra Chevesich fue consultada del desafío de asumir como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema, a lo que respondió: “Obviamente, ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante, aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo, sino que fue respetar una tradición. Pero en todo caso, entiendo que puede haber muchas mujeres que entienden que esto es un avance, que es una apertura y bueno, si eso inspira a muchas mujeres y genera apertura, igualdad y respeto, obviamente que me satisface plenamente y me congratula”.

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Fuente: PJUD